FAVOR
EXPRESAR SU OPINIÓN
Batería de Conceptos acerca de la Reforma del Fuero Militar y
la Justicia Penal Militar
PREOCUPACION EN LA RESERVA
ACTIVA POR PROYECTO DE REFORMA DEL FUERO
MILITAR
Por Brigadier General Jaime Ruiz Barrera
Candidato a la Presidencia de ACORE 2012-2014
Definitivamente este proyecto no está
llenando las expectativas de nuestros combatientes, ni de quienes hemos tenido
la oportunidad de conocerlo dentro de la Reserva Activa.
La última versión de esta
propuesta, presentada el pasado 24 de febrero en el almuerzo mensual de la
División Córdova (Escuela de Infantería), genero críticas substanciales en
diferentes sentidos por parte de varios de los asistentes. Corrigió respecto a
la primera versión, la exclusión del delito de homicidio en persona protegida
que antes figuraba de competencia exclusiva de la Justicia Ordinaria y lo
relacionado con el Tribunal de Garantías, que ahora permite que sus magistrados
puedan ser Oficiales en retiro de las FF.MM.
No hay claridad, ni mucho menos
razón suficientemente valedera, que justifique su retiro de la Comisión Primera
del Congreso, tal como lo anuncio recientemente el Señor Presidente de la Republica.
Su eventual “inconstitucionalidad”,
pretexto utilizado, no fue muy convincente. El concepto generalizado es que
obedeció a los pronunciamientos adversos de distintas ONGs internacionales, del
Departamento de Estado de los EE.UU., y de algunos sectores de la extrema
izquierda colombiana.
Al parecer jugo papel importante la
vigencia del TLC y las ayudas tradicionales que recibe el país dentro del Plan
Colombia
Es de suponer, que estas presiones
van a continuar más adelante, una vez se
proponga un nuevo proyecto ante el legislativo, tal como ya fue anunciado por el Ministro de Justicia. Es
decir, este proyecto ya estaría condenado de antemano a desaparecer, y por
tanto no existe garantía alguna que pueda subsistir. No sería una solución.
En estas condiciones, debería
continuar su proceso en la Comisión respectiva para no sacrificar los avances
logrados hasta el momento. Esta es quizás, la mejor opción.
Hasta donde se conoce, su ponente,
el Senador Juan Carlos Vélez, insiste en mantenerlo, y en estas condiciones, el
gobierno no tiene la facultad para retirarlo de este proceso. Al Senador ponente, lo respaldan en este
sentido, varios parlamentarios, entre ellos Juan Lozano, Miguel Gómez, Julio
Andrade y otros más.
Los principales vacíos de este
proyecto y que ojala puedan ser considerados, quizás en una Ley
Estatutaria, serian:
- Definición clara y pormenorizada de todas
las conductas punibles, incluyendo las de las violaciones al DIH de competencia
exclusiva de la JPM, que quedarían también bajo la competencia de esta misma
justicia.
- Blindaje a los distintos niveles del
mando para evitar la responsabilidad penal mediática o de autor mediato (teoría
Roxin) que actualmente se viene aplicando.
- Conceptos claros de favorabilidad para
garantizar la competencia de la JPM, incluyendo la retroactividad para casos
juzgados o en proceso de juzgamiento por pate de la Justicia Ordinaria.
- Exclusión total de la
aplicabilidad de delitos no existentes en nuestros Códigos en el
momento de la imputación de cargos.
Lunes, 20 de febrero de 2012 0:32
OTRA
DERROTA SUFRIDA
Algo muy extraño está ocurriendo en
relación con esta tan anunciada y esperada reforma a la Constitución, con la
cual se ha pretendido darle de una vez por todas, una clara y correcta
aplicación al fuero militar vigente. Inicialmente se coloco un artículo
adicional al proyecto que cursa en el Congreso de la Republica sobre la reforma
a la justicia. Al poco tiempo y sin explicaciones convincentes, el Ministro del
Interior intento retirarlo sin lograr su propósito. Se opuso el Ministro de
Defensa, quien logro salvarlo para que continuara en el trámite respectivo.
Hasta este momento, no ha tenido mayor tropiezo, logrando con facilidad su
aprobación en varias sesiones de Comisión en el Senado. Es más, en términos
comparativos, se dice que ha logrado mayor aceptación y mayor número de votos,
respecto a la otra reforma judicial que conjuntamente cursa en la misma
Comisión. El próximo mes entraría a segunda vuelta.
A mediados de diciembre del año
pasado, con el fin de agilizar y facilitar la aprobación del proyecto, el
gobierno anuncio la creación de una selecta comisión de expertos, tres de ellos
reconocidísimos exmagistrados de nuestras Cortes, (dos de estos ampliamente
identificados por sus continuas y sistemáticas posiciones adversas en contra de
las FF.MM.: Jaime Córdoba y Eduardo Montealegre). Según el Ministro de defensa,
estos comisionados deberían proyectar el o los incisos correspondientes, que se
agregarían al artículo 221. Se buscaba con esto, proporcionar plena garantía y
seguridad jurídica a los miembros de la fuerza pública, que en operaciones o en
distintas circunstancias del combate, pudieran verse inmersos en eventuales
conductas al margen de la ley o en crímenes de lesa humanidad.
Debería crearse igualmente un
mecanismo que estableciera formalmente y con absoluta claridad, las conductas
propias de la jurisdicción penal militar y las correspondientes a la justicia
ordinaria. Para este propósito, deberíase por igual, estudiar y tener en
cuenta, toda la normatividad jurídica internacional aplicable en nuestro caso
(derecho de guerra o derecho internacional humanitario).
El pasado 17 de febrero, un grupo
de Generales y Almirantes de la Reserva Activa, fuimos invitados por el Señor
General Comandante General de las FF.MM. con el fin de conocer el informe final
de la Comisión de Expertos, sobre la forma como se propondrían las adiciones
respectivas a la norma constitucional.
El documento fue leído en nuestra
presencia, con la participación de toda la cúpula militar, algunos miembros del
Estado Mayor Conjunto, Magistrados del Tribunal Superior Militar y del Doctor
Rafael Nieto Loaiza, (ex-viceministro de justicia y viejo amigo de las FF.MM.),
único miembro de la Comisión de Expertos presente en el lugar, quien tuvo a su
cargo la explicación y aclaración del contenido de este documento.
Terminada la lectura, la mayoría de
los Generales de La Reserva Activa allí presentes, intervenimos y dimos a
conocer nuestra opinión e inconformidad por algunas partes sustantivas de lo
propuesto.
Mis desacuerdos, los cuales
coincidieron con muchas de las críticas formuladas, fueron:
-La composición del Tribunal (de
garantías) encargado de determinar la competencia de la JPM o de la ordinaria.
Sus Magistrados serian nombrados únicamente por la Justicia Ordinaria. Es
decir, la situación sería igual o peor que lo que hoy acontece.
-La asignación a nivel
constitucional de varios delitos bajo la única y exclusiva competencia de la
justicia ordinaria, tales como: violación, abuso sexual, homicidio contra
persona protegida, tortura, ejecución extra-juicio, desaparición forzada y
crímenes de lesa humanidad. Por razones obvias, no consideramos racional y necesario,
darle rango constitucional a estas conductas delictivas, más aun cuando su
tipificación, como usualmente ocurre, se da en perjuicio de los inculpados y
también se presta o se podría prestar a tergiversaciones o falsas
interpretaciones.
-Poca contundencia respecto a la
inclusión de aquellos eventuales hechos punibles que pudieran tener relación
con el servicio (causa, ocasión u otras circunstancias), a diferencia muy
notoria de la forma expresa como se quieren introducir con carácter
constitucional, otros delitos o conductas ya señalados.
-Excesivos incisos y apartes no
propios de un artículo constitucional, sobre aspectos que a nuestro juicio,
deberían ser considerados en la ley estatutaria respectiva o en la eventual
modificación que requieran los códigos pertinentes, si esto es del caso.
Al final, el concepto general fue
el de catalogar este documento como una tímida propuesta, con un contenido algo
insubstancial y particularmente decepcionante frente a las grandes expectativas
que se habían generado.
No es lo que esperan nuestros
combatientes y no es una buena solución!...
Se hizo notoria la mayor influencia
y preponderancia de los conceptos de los dos magistrados oponentes de la
Comisión y las críticas lanzadas desde el exterior por parte de algunas ONGs y
grupos de extrema izquierda como Human Rights Watch, Polo Democrático y un
sector minoritario del Partido Liberal que lidera el Representante Guillermo
Rivera Flores.
Para completar esta gran decepción,
veinticuatro horas después, y en forma sorpresiva, nuestro Primer Mandatario,
anuncio públicamente que el gobierno nacional, retiraría el artículo relativo
al fuero militar del proyecto de reforma a la justicia que cursa en el Congreso
(¿?).
Como ya es costumbre, nuestro
Comandante en Jefe no soportó la presión nacional e internacional, depuso las
armas y aceptó la derrota.
Según el Ministro de Justicia, esta
iniciativa en un futuro, entraría a formar parte de un proyecto de acto
legislativo que se le presentaría al Congreso de la Republica.
¿Reanudaremos la lucha?....
¿Cuando, como y con quién?
¡Amanecerá y veremos!
¡Otra batalla perdida en esta
guerra política y jurídica, en la cual la extrema izquierda, nacional e
internacional, siempre resulta victoriosa!
Brigadier General Jaime Ruiz
Barrera - Reserva Activa Ejército Nacional y Candidato a la Presidencia de
ACORE 2012-2014
CONCEPTO CENTRO COLOMBIANO DE PENSAMIENTO
POLITICO MILITAR
Se había advertido desde un
principio que el Gobierno y los amigos del terrorismo eran adversos a la
inteligente y adecuada propuesta de reforma constitucional, que solucionaba el
grave problema del Fuero Militar.
Es un hecho que esta comisión fue
manejada y dirigida por los dos magistrados, sobre los cuales se conocían sus
tendencias y sentencias; resulta también notorio que nuestros representantes no
opinaron en la materia y si lo hicieron fue para crear el fuero de policía y
nada más.
Del único que se aprecia que
participó con el criterio de defensa de los militares al tratar de introducir
el tema de la aplicación del derecho de la guerra (DIH), se nota que no tuvo
apoyo, ya que sus opiniones al igual que su carácter, son por nosotros
conocidos.
El resultado, como se preveía, fue
el de tratar de tirarse la reforma que ya llevaba cuatro debates, con el
argumento de que sería declarada inconstitucional y de que ellos presentarían
una mejor. Lo que no aclararon en su informe es para quién era mejor. Al
consagrar en el texto constitucional todos los avances que la izquierda y el
terrorismo han ganado en los estrados judiciales, se elimina cualquier
posibilidad de revertir la terrible situación que viven los militares al ser
juzgados (y consecuencialmente condenados) con el derecho del enemigo, o mejor
dijéramos, con el derecho en poder del enemigo.
Como mínimo, se trataría de dejar
sin posibilidades la reforma que ya completó un ciclo completo, con la promesa
de otra reforma, la que, de eso podemos estar seguros, no presentarán con
cualquier disculpa.
Mientras tanto el Gobierno de
Santos gana por que logró sacar las castañas del fuego con mano ajena, aunque
bien escogida para lograrlo.
Creo que los únicos que con esta
comisión salieron ganado algo son los policías que ahora tendrán sus propios
jueces y tribunales, porque los que sí pierden son los militares.
Creo que no estuvieron bien
representados, ya que cuando el interés es de protagonismo, las causas se
pierden.
Editorial de la Orden Mensual del
Grupo Santa Bárbara
LA GRAN
CAUSA
El Grupo de Artillería Santa
Bárbara se une a la gran preocupación que existe en la Reserva Activa acerca de
la realidad de la guerra jurídica que se cierne sobre la Institución Ejército.
Persiste la inseguridad jurídica para los militares que se encuentran al frente
de las operaciones militares. Bandido muerto en combate hoy en día se
constituye en un verdadero problema para la patrulla o para todos los que de
una u otra manera participan en la operación. De inmediato proviene la
investigación por homicidio. Y en este transcurrir, los abogados de las
diferentes organizaciones y colectivos ponen en ejecución su predeterminado
plan para mandar a la cárcel los integrantes de la patrulla. Una denuncia de
los familiares del muerto en donde manifiestan que era un honrado campesino y
que la patrulla lo uniformó y que le acomodaron el fusil al lado, es
suficiente. Y allí comienza el martirio. Por eso, las cárceles militares están
llenas. Nos dice una fuente fidedigna, que ya el ejército recibió la cárcel de
alta seguridad de Guaduas para recluir a los militares que ya están condenados.
Para colmo, el artículo del Fuero
Militar que contemplaba la reforma a la justicia y que ya llevaba incólume
cuatro debates en el congreso y que se había constituido en una esperanza, está en proceso de ser retirado por el
gobierno por presiones de ONG´s y organismos nacionales e internacionales. La
propuesta hecha por la flamante comisión que integró el Ministro de Defensa,
para la reforma a la Justicia Penal Militar, con tres ex magistrados bien
conocidos por sus fallos adversos a la institución militar, por dos generales y
un constitucionalista, tampoco promete nada positivo.
Entre los temas de la propuesta se
encuentran dos que causan honda incertidumbre. Los delitos de lesa humanidad
tales como desplazamiento forzado, ejecución extrajudicial (el de los falsos
positivos), torturas, delitos sexuales, genocidio, seguirán siendo juzgados por
la Justicia Ordinaria, sólo que ahora serán elevados a rango constitucional
para atornillar más la estocada a los militares. Y el otro tema controversial
de grueso calibre es el de la creación de un tribunal con jueces de garantías,
todos civiles, sin ningún militar abogado que equilibre la balanza. Lo positivo
significativo, es que en esta propuesta se hace énfasis en la aplicación del
DIH y no en el juzgamiento por derechos humanos solamente como se viene
haciendo ahora. Según palabras del Señor General Harold Bedoya “en estas
circunstancias es mejor como estamos en este momento” a pesar de los miles de
militares activos y retirados que siguen
llegando a las cárceles. Lo anterior lo afirmo porque fui uno de los
privilegiados o mejor uno de los descorazonados que asistió el Viernes pasado
al Comando General a escuchar la recomendación de la comisión, que se
constituyó en algo “perverso” como la calificó un general.
No nos cabe la menor duda. Esto es
sistemático. Es la desinstitucionalización del país por la vía jurídica.
Colombia es la piedra en el zapato en la región para cumplir con los designios
del foro de Sao Paulo. Se siente la mano de Cuba, de Chávez, de Correa. Lo más
triste es que hay gente que no la cree. ¿O será mejor la dictadura del
proletariado para que dé el puntillazo final para igualar las clases sociales? Militares presos por
millares. Condena injusta al Coronel Plazas. El Ejército a pedir perdón por las
víctimas del palacio de justicia. Cayó el DAS. Petro al poder con billones en
sus manos producto de los impuestos que pagamos y todo para preparar el salto
de su movimiento a la presidencia. Mientras tanto, el ejército se prepara para
recibir nuevos golpes que poco a poco lo van debilitando, así, haya bajas de
bandidos importantes. Fácil desaparecer un ejército, si no, miremos el ejército
argentino. O al DAS, que desapareció de un plumazo.
“La gran causa” entonces la
constituye la defensa de nuestro ejército de ayer, de hoy y de siempre. Y la
gran pregunta es: ¿Cómo lo vamos hacer? Se oyen propuestas…
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