Proceso de Paz para los miembros de las FF.AA

MG (R) VICTOR ALVAREZ VARGAS

Miembro de la Mesa de Transición del MDN

Son muchas las discusiones, análisis y reflexiones que los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia, activos y de la reserva,  hemos realizado en estos dos últimos años sobre las incidencias, consecuencias y participación en el proceso de paz iniciado por el gobierno desde febrero del 2012.

El análisis ha sido basado en un cuidadoso estudio de procesos similares vividos en otras latitudes y en la experiencia adquirida durante muchos años de trasegar por nuestro territorio, del cual hemos sido testigos de excepción sobre la problemática social y de inseguridad que viven los colombianos, especialmente de las regiones más apartadas, donde la presencia del Estado ha sido precaria producto del desinterés, descuido y corrupción en muchos niveles de la dirigencia política del país.

La mayoría de las veces esa presencia se limitaba, y aún persiste, a un alcalde o inspector, un juez, ocasionalmente un puesto de salud mal equipado, en medio de la más absoluta carencia de oportunidades  de progreso y desarrollo.

En casi todos los casos, la respuesta a los brotes de violencia, fue el envío  de tropas para reducir o apaciguar el desorden público, pero casi nunca llegaron los recursos para mitigar las urgentes necesidades de esas poblaciones, lo que siempre reclamamos los militares como la consolidación, considerada esencial para erradicar definitivamente la violencia, que urgía la presencia de otras entidades del Estado, tales como: educación, salud, justicia, vías de comunicación, servicios públicos, entre muchos otros. 

De esa problemática social, la guerrilla de las FARC ha derivado sus exigencias en la mesa de conversaciones, no sin razón, pero sin autoridad moral, pues ella ha sido la principal  causante de la depredación y miseria del campo colombiano, a través de prácticas criminales como el asesinato, la extorsión, el reclutamiento forzado y la destrucción de la infraestructura económica, lo que ocasiono un gran atraso  económico y un irreparable perjuicio ambiental a la nación.

Sin embargo, ahora pretenden surgir como los grandes redentores, pretextando su lucha cruel y despiadada por la desigualdad social y el abandono del Estado en el campo colombiano. No obstante, de su fracaso en la lucha armada, esta negociación les ha traído grandes réditos políticos, entre ellos, el reconocimiento como actores legítimos del conflicto, además de obtener del gobierno el compromiso, por lo menos en el papel, de resolver las grandes necesidades del campo colombiano, así como otras urgentes reformas  del Estado que han estado pendientes por más de cincuenta años; validando con este compromiso, utópico por cierto, las razones de su ataque aleve contra el pueblo colombiano.

Después de recordar y analizar brevemente todo este devenir histórico de nuestro acontecer nacional, los militares y policías debemos meditar con profundidad, cuál debe ser nuestra actitud ante este proceso en que se ha empeñado el actual gobierno y del cual no nos podemos sustraer.

Es conveniente para nuestro equilibrio emocional, superar resentimientos y prevenciones, con el fin de concentrarnos en los aspectos en los cuales podemos influir, para tratar de salir lo mejor librados de una realidad que al parecer es irreversible.

Es razonable que la mayoría de los miembros la reserva activa, estemos abrumados por la incertidumbre, la desconfianza y el escepticismo, particularmente, por el doble lenguaje que se maneja en los diálogos, la actitud desafiante y mendaz de los terroristas, las concesiones que les puedan otorgar y particularmente por el desamparo jurídico en que nos encontramos.  

Aun con todos estos inconvenientes, debemos hacerle frente a esta realidad con criterio analítico sin pasiones que nos pueden desorientar. ¿Será que oponiéndonos ante una realidad política, en la cual nosotros no tenemos mayor injerencia por carecer de poder político, podremos cambiar la situación? Consideraría que no. Creo más bien, que debemos mantenernos al margen de la contienda política y dedicarnos a lo que nadie va a ser por nosotros, que es nuestra justa y legítima defensa, de la cual muy pocos están interesados.

De nuestros estudios y mesas de trabajo en la reserva, han surgido muchas posiciones, desde las más radicales hasta las más equilibradas, pero siempre con el mejor interés y preocupación por buscar un trato digno para nuestras Fuerzas Militares y de Policía, que tanto sacrificio  han tenido que aportar, para preservar la seguridad y supervivencia de la nación, unos con mayor dedicación que otros, pero siempre con la mayor voluntad por salvaguardar la legitimidad de nuestra Institución.

La verdad es que en el pasado poco pensamos en las consecuencias de una salida negociada del conflicto, y ahora ante esta realidad, la tenemos que afrontar con apremio para adaptarnos a una eventual negociación con los grupos de irregulares que combatimos durante los últimos sesenta años.

Cuando estuvimos en actividad y los que aún lo están, nunca analizamos en detalle cual podría ser el final del conflicto, sencillamente se avanzaba y avanzaba sin pensar cual sería el final, las ocupaciones del día a día, las responsabilidades de la guerra y los afanes por la victoria, no nos permitieron ver que el asunto tendría un final político, el cual podría traer graves consecuencias para nuestro futuro.

Es lógico entender que en nosotros exista prevención y resentimiento, son muchas las cicatrices producto de esta larga y sangrienta guerra, en la cual nos vimos involucrados en cumplimiento de una misión constitucional. Sobre esto último, no se puede olvidar lo que algunos quieren desconocer, que siempre estuvimos sujetos al poder civil legítimamente constituido, sin faltar a nuestro juramento.

Aun en medio de la injusticia con que se nos trata en algunos sectores del mismo Estado al cual defendemos. La injusta persecución, la incomprensión y la ingratitud de algunos colombianos, no nos deben amilanar; por el contrario, debemos hacerle frente y construir una memoria histórica que permita develar a los verdaderos culpables de la violencia.

No podemos llevarnos a equívocos, por la satisfacción y orgullo que nos producen las encuestas de aceptación y favorabilidad, donde las FFMM resultan ampliamente recompensadas por la gratitud del pueblo colombiano, pero desafortunadamente, esas mayorías no tienen capacidad de decisión ni influencia sobre la orientación pública del país, son los poderes del Estado y los medios de comunicación quienes dirigen nuestro destino, por tanto es allí donde debemos influir.

Por todas estas razones, nuestra atención se debe concentrar, no en oponernos al proceso, sino en procurar mantener la legitimidad e integridad de nuestra institución y  conseguir un tratamiento justo y equitativo para nuestros hombres que se encuentran privados de la libertad, por lo menos igual al que se propone a los alzados en armas en términos jurídicos, así haya sido por excesos en el cumplimiento de su deber, que en todo caso fue en legítima defensa de una agresión sistemática contra el Estado.

Nuestra preocupación no debe ser únicamente por lo que suceda en la mesa, allí existe una agenda previamente pactada que se deberá cumplir. Lo más grave está sucediendo aquí en el país y en la agenda internacional; en los últimos dos años se han desatado los peores agravios que menoscaban la integridad y prestigio de la institución armada y de sus miembros. La persecución judicial cada día se acentúa más, la inteligencia militar que es la base de los éxitos operacionales, es cada vez más difamada y puesta en la picota publica; tal pareciera que existiera una consigna para llevar la mayor cantidad de militares a la cárcel, que hoy superan ampliamente los detenidos por  actos terroristas y otros delitos de los grupos terroristas.

Tenemos que desarrollar una estrategia, con la ayuda de expertos y el apoyo de quienes creen en sus FFMM., con el fin de poner fin al desprestigio sistemático que  contribuye a los intereses de nuestros detractores, como es el caso de los llamados “falsos positivos”, un señalamiento en el que la ficción ha venido superando la realidad, y que de no ponerse en contexto, provocará graves lesiones a la institución y sus miembros. Recordemos que uno de los objetivos de quienes nos consideran sus enemigos es destruir nuestra legitimidad.

Así mismo, y en el supuesto caso de que se superen favorablemente los grandes escollos que aún quedan por discutir, debemos asumir una actitud positiva a la decisión que adopte el pueblo colombiano, cualquiera que esta sea en beneficio del futuro de nuestra nación. Me atrevo a pensar, que dicha decisión estará sujeta a una demostración sincera de arrepentimiento por los crímenes cometidos por parte de los  grupos que actuaron fuera de la ley, a la entrega de las armas y a la desmovilización definitiva como una muestra real de paz y reconciliación; claro está, que esto dependerá de cómo se desarrolle en punto cuarto de la Agenda, DDR (Desarme, Desmovilización y Reinserción).

También será necesario estar dispuestos a reconocer nuestros errores como producto de una guerra desigual y sin legislación adecuada, que se prolongó demasiado en el tiempo; a perdonar si la situación lo requiere (aunque es una decisión personal no colectiva), pero buscando siempre un tratamiento justo y por lo menos equitativo, que asegure a los militares y policías de retaliaciones y venganzas futuras, que pongan en peligro su seguridad jurídica y personal.

Es allí donde debemos concentrar nuestro esfuerzo, no para salvar el honor, como alguna vez se hizo, sino para sobrevivir a la indiferencia, la injusticia y la condena a la cual muchos nos quieren llevar.