PARA NO OLVIDAR EL PASADO

MASACRE DE LAS FARC . El 29 de Diciembre de 2000, hace 10 años, las FARC cerca a Puerto Rico Caqueta, asesinaron a la familia Turbay, compuesta por Diego Turbay, quien era Representante a la Camara e integrante de la Comisión de paz del Congreso. Inés de Turbay su madre, también fué masacrada al igual que el arquitecto Jaime Peña y los escoltas Rafael Ocasiones, Edwin Angarita, Hamil Bejarano y Dagoberto Samboní. Su hermano Rodrigo tambien había muerto cuando se encontraba en cautiverio secuestrado por este mismo grupo terrorista.

La Opinión del día

Silencio, no. Claridad, en todo

Editorial de Fernando Londoño Hoyos

La Hora de la Verdad

Radio Super, Bogotá

Transcripción de Colombian News

10 de diciembre de 2010

No voy a aprovechar estos micrófonos, ni nunca lo he hecho, para librar batallas personales, ni para tratar de rescatar mi nombre al que le ha caído un alud de basura de parte de dos altos funcionarios del antiguo ministerio de Defensa, del viceministro y del Inspector general de las Fuerzas Militares. No, no es mi tema. De lo que se me acusa queda constancia en un escrito que publiqué en el diario El Tiempo. No oculto las cosas, y las propongo en una de las tribunas más altas de la prensa colombiana. Dije, para que lo sepan todos, ese día 12 de febrero de 2009, que se le había causado un daño inmenso al Ejército de Colombia el 29 de octubre cuando habían sido destituidos 27 oficiales de quienes tengo la convicción de que son inocentes, impolutos, grandes servidores del Ejército de Colombia, víctimas de algo que jamás debió ocurrir.

Y entonces aquí si vamos al tema de la cuestión militar que está comprometida en esos cables que salieron de la embajada de los Estados Unidos en Colombia con destino a la Secretaria de Estado y que tuvieron que causar un daño inmenso a la imagen del país y a las perspectivas de que el país obtuviera el TLC, puesto que esos cables confirmaban la violación sistemática de los derechos humanos de parte de las Fuerzas Militares de Colombia.

Lo primero que me molestó y que me sigue molestando y me molestara siempre de los actos del 29 de octubre es que se hubiera condenado a 27 personas sin oírlas. Como abogado, como jurista, yo no puedo aceptar que a alguien se le niegue el derecho a la defensa. Y esos 27 oficiales nunca fueron llamados a explicar su conducta. Si esto se hubiera tramitado decentemente, el inspector general y el comandante de las fuerzas militares hubieran debido haber llamado a estos hombres y decirles: tenemos contra ustedes estos cargos, que tienen ustedes que decirnos.

Tengo que agregar, además, que en los pesados informes que hizo el general Suarez con respecto a estos oficiales no hay una sola palabra, ni una, que los comprometan en las muertes de civiles inocentes, contra lo que fue a decir a la embajada americana, o lo que dijo en una ocasión con funcionarios de la embajada americana en Bogotá cuyo texto es clarísimo. Desde octubre del 2008, el ministerio de Defensa ha dado de baja a 51 oficiales, hombres bajo las banderas implicados en muertes extra judiciales. 27 hombres del Ejército fueron expulsados en octubre de 2008 por las muertes de Soacha. Eso que dijo el general Suarez en la embajada americana es una mentira. El señor éste que tiene soles del Ejército de Colombia, miente: no han sido implicados estos 27 oficiales en las muertes de Soacha, no fueron implicados por él, como él mismo lo ha dicho, bajo la gravedad del juramento en los procesos que esos oficiales están siguiendo contra el Estado colombiano para que les indemnicen los gigantescos perjuicios de orden material y moral que les produjo la destitución con vinculación a lo de Soacha.

No es verdad que en los informes de Suarez  estas personas hayan sido implicadas en esas muertes. No es verdad que la Fiscalía General de la Nación haya iniciado un proceso en contra de ellos. No existe, no es verdad que la Procuraduria General de la Nación tenga un proceso conocido contra ellos. No es verdad. No es verdad siquiera que al interior del Ejército hayan sido víctimas de unas acusaciones en ese sentido.

Eso pues por lo que respecta a los 27 del 29. Pero aquí hay una cosa de mucho más de fondo. En las páginas de este informe dramático queda con toda evidencia que para el vice ministro de  Defensa del entonces ministro Juan Manuel Santos, y para el Inspector general de las Fuerzas Militares, el general Mario Montoya y el general Oscar González, son un par de asesinos. Eso lo dicen con toda claridad. Dicen, lo de los muertos de Soacha es una práctica que se extendió por el Ejército, lo que da lugar a la conclusión obvia de que en el Ejército de Colombia está largamente extendida la práctica de asesinar inocentes para producir la apariencia de éxitos en combate, pero que eso se inició en la IV Brigada y pasó al comando conjunto de Santa Marta,  en manos, ambos, del general Montoya y del general González.

Y entonces aquí saltan a la mesa de este análisis, a las cartas que tenemos sobre la mensa, unos problemas de una magnitud gigantesca. ¿Sabía o no sabía el doctor Juan Manuel Santos que su vice ministro y el inspector general de las fuerzas militares estaban en contactos con Estados Unidos para denunciar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de parte del Ejército de Colombia?  ¿Lo sabía?  ¿Podía saber el ministro Santos que quienes eran acusados eran nada menos que el general Mario Montoya, antiguo comandante del Ejército de Colombia y embajador de Colombia ante un país amigo, la República Dominicana?  ¿Podía saber el doctor santos que estaba siendo implicado el comandante del Ejército de Colombia que lo fue hasta el 7 de agosto del 2010, es decir, tiempo después de salir el doctor Santos del ministerio de la Defensa?  ¿Lo sabía? Primera pregunta para hacer. Y en todo caso, estas acusaciones del general Suárez, y del doctor Sergio Jaramillo, plantean un problema evidente y de una gravedad extraordinaria.  ¿Puede el gobierno de Colombia, si no está de acuerdo con estos dichos y con este daño colosal que se le produjo a la imagen del país mantener al doctor Sergio Jaramillo como asesor presidencial en materia de seguridad y defensa nacional y al general Suarez Bustamante como general en activo y además como director de derechos humanos del ministerio de la Defensa?  ¿Puede ser eso posible? ¿Puede ser posible que sabiendo estos antecedentes  como criminal avezado y contumaz, permanente, del general González, no se le hayan hecho las correspondientes denuncias? Aquí si hay un caso de encubrimiento gravísimo. El general Suarez deberá responder por qué no ha acusado antes al general Montoya y al general González ante la Fiscalía General de la Nación y, desde luego, ante la justicia penal militar, si es que fuere el caso,   pero como se trata de delitos aleves cometidos fuera de combate contra personas inocentes esto es de resorte de la Fiscalía General de la Nación. ¿Será posible? Y, por supuesto, por la calidad de los implicados, generales de la República, de la Corte Suprema de Justicia.  ¿Será posible que el inspector general de las Fuerzas militares esté ocultando semejantes hechos?

¿Será posible que el general Freddy Padilla de León conociera estas acusaciones que su inspector estaba haciendo ante la embajada americana contra el general Montoya y contra el general González? ¿También cayó culposamente, criminalmente, el general Freddy Padilla de León al no poner  estos denuncios ante quien los debía poner?

¿Y qué pasa con el señor ministro de Defensa de entonces cuyos actos en defensa de los derechos humanos estaban siendo desconocidos por generales que obviamente tienen que estar comandados por González y antes por Montoya y por civiles en cuya lista me incluyen, tema al que no me voy a referir. Me refiero a mi artículo del 12 de febrero de 2009 en el diario El Tiempo que lo voy a incorporar inmediatamente en la página web de La Hora de la Verdad, para que cualquiera lo lea y para que se forme de eso la impresión que quiera formarse.

¿Pero cuál es la actitud de Juan Manuel Santos, hoy presidente de la República, frente a estos hechos? Aquí no cabe el silencio. Aquí no cabe el desvío. Aquí no cabe decir que eran documentos secretos. Esos documentos secretos le hicieron un daño a Colombia incomparable e inenarrable. El TLC se frustró porque Colombia era violadora de los derechos humanos y aquí, en este documento, queda claro que el ministerio de defensa decía que el ejército de Colombia era violador sistemático de los derechos humanos. La actual cúpula militar del Ejército de Colombia está compuesta por hombres que eran subalternos de Mario Montoya y subalternos de Oscar González. ¿Sabían que estaban dirigidos por un criminal?  ¿Tienen esa opinión de sus antiguos jefes?  ¿Recibieron noticias de estos hechos que se dicen “extendidos” por el Ejército de Colombia y eran ellos, los actuales miembros de la cúpula del Ejército, los ejecutores de esta política de exterminio contra inocentes para probar éxitos militares?  Esa es la gran pregunta.

Y queda el tema final. Aquí se dice que esta política de derechos humanos, que, dice también el informe, según algunos, y eso me lo imputan, habría “castrado” al Ejército de Colombia, esa política le ha producido o no lo ha producido daños importantes a la moral del Ejército de Colombia? ¿Hemos seguido siendo los mismos, hemos seguido teniendo los mismos combatientes resueltos, aguerridos, de antes del 27 de octubre? Porque todos los éxitos posteriores se le deben imputar a la Fuerza Aérea, a la Policía y a unos comandos especiales que no han sido tocados por la acción de la Fiscalía y por la acción del mando militar.

Entonces, las preguntas están sobre la mesa. El país no puede acomodarse a un silencio cobarde con respecto a estas materias. El señor ministro de la Defensa, el señor Presidente de la República, se deben dirigir al país para explicarle el alcance de estas revelaciones asombrosas y trepidantes. Aquí trepida el ánimo de cualquiera cuando ve que del propio seno del Estado colombiano salía con destino a los Estados Unidos para acabar con el honor de Colombia y con sus perspectivas de obtener un TLC unos informes dramáticos sobre la manera como el Ejército de Colombia en su cúpula es un nido de asesinos. Silencio, no. Claridad, en todo. Quienes amamos nuestro Ejército, quienes seguimos sus banderas con pasión porque nos parece que es un Ejército grande, un Ejército limpio, un Ejército ejemplar para el mundo, no podemos aceptar que estas cosas ocurran y no nos podemos consentir con un silencio cobarde y con un silencio gravemente dañino en esos momentos culminantes en la vida de la nación.

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La Opinión del día

Las víctimas de las guerrillas terroristas en Colombia, advierten pelea de tigre con burro amarrado

Por Jaime Arturo Restrepo Restrepo

Una vez leído este artículo, antes de dormirse medite un poco en el futuro de sus hijos y de su país.

Lunes, 20 de Diciembre de 2010

SEGURIDAD DEMOCRATICA INCOMPLETA. INCONCIENCIA PELIGROSA EN LOS MILITARES

Un análisis de fin de año 2010

Si bien la política de seguridad democrática implantada durante el gobierno del presidente Uribe fue prolija y efectiva en lo táctico, con resultados operacionales en contra de las FARC, en materia de capturas, desmovilizaciones y bajas en combate, no podemos decir lo mismo en lo estratégico, toda vez que la política de seguridad democrática fue muy pobre, por no afirmar que nula, en materia de resultados contra las estructuras jurídicas, políticas y comunicacionales del terrorismo comunista.

En Colombia los militares desconocen o no quieren ver, el espejo retrovisor de los países del sur del continente, en donde los militares ganaron la confrontación armada en lo táctico, derrotando militarmente en la década de los setentas a los terroristas Montoneros y ERP (Argentina), Tupamaros (Uruguay), pero treinta años después se advierte que perdieron en lo estratégico, vislumbrándose a los militares en prisión, mientras los terroristas actualmente ocupan cargos de poder político, jurídico, judicial y comunicacional en esos países y en el escenario internacional de los Derechos Humanos, cual pederastas dirigiendo guarderías.

Mientras los militares defendían a la población civil del brazo militar de Montoneros, ERP y Tupamaros, se olvidaron de la cabeza, de la dirección política, quienes sagazmente y prolongado en el tiempo, utilizaron la combinación de todas las formas de lucha, montando ONGs, y tomándose los espacios, políticos (partidos), jurídicos (El congreso), judiciales (Los tribunales) y comunicacionales (medios de comunicación).

La formula de franquicia inventada con perfectos frutos a favor del terrorismo internacional, la han exportado, magnificado y multiplicado desde el sur, para todo el continente Americano. Los terroristas camaleónicos, están soltando los fusiles y se han apropiado de las leyes, de los tribunales y del discurso Internacional de los Derechos Humanos y del DIH.

Millones de colombianos obviamente agradecidos eternamente con nuestros militares, observamos con preocupación, la debacle de más de 1.500 militares privados de la libertad, cientos de condenados, frente a la antítesis, de terroristas beneficiarios de amnistías, indultos, leyes de perdón y olvido, punto final, justicia y paz, constituyendo claramente una muestra de justicia asimétrica y politizada.

Lo más grave de advertir, es que parte del problema se desarrolla al interior de la fuerzas militares (“Caguan Interior”), cuando han permitido enquistar a oficiales de alta graduación, amigos de ONGs (Pertenecientes al enemigo), que se resisten a salir de la institución no obstante ostentar mayor antigüedad que el mismo Comandante General de las Fuerzas Militares, cuando observamos la salida inexplicable, de militares troperos o artífices de operaciones de interés general para los colombianos, como la Operación Jaque. 

Preocupación que exacerbamos cuando observamos direccionar la inteligencia en busca de operaciones que otorguen resultados estadísticos inmediatos, para las hojas de vida de los oficiales: capturas, desmovilizaciones y bajas en combate, abandonando y prohibiendo cualquier conato de inteligencia estratégica (con resultados a mediano o largo plazo), encaminada a judicializar las maquinarias políticas, jurídicas, judiciales y comunicacionales al servicio de las FARC y del ELN.

Ustedes los militares, más que nadie conocen la sangrienta historia de nuestro país, en donde el Partido Comunista Colombiano, la UP y actualmente el Polo Democrático, han sido el cerebro del terrorismo armado, los autores intelectuales de ese brazo armado llamado FARC, ELN, M-19, EPL, ERG, ERP, Quintín Lame. Conocen de la creación del Foro de Sao Paulo en donde se sentaron a manteles en la misma mesa fundacional el Polo Democrático con las FARC y el ELN.

Conocen las relaciones de la horda de ONGs con los grupos terroristas. Luego entonces nos preguntamos la población civil, porque no hacen nada al respecto? Sera que piensan esperar hasta que destruyan nuestras fuerzas militares, posteriormente la democracia y el futuro de nuestros hijos?, Que intereses políticos o económicos de vende patrias, están de por medio, para hacer intocables a tantos terroristas sin fusil? , La aprobación del TLC, los dineros del Plan Colombia?

Recuerden que en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, los comunistas se tomaron estratégicamente el poder sin hacer un solo tiro.

Sigan interesándose por la leche y olvídense de la vaca, sigan sacando la fruta podrida sin observar que la peste esta en el árbol, sigan estudiando la miel mientras desconocen la existencia de la aveja, sigan cuidando el puesto, mientras día a día el enemigo, los destruye desde adentro, acaba con la voluntad combativa de las tropas, mancilla los valores y principios democráticos, creando el clima propicio para la toma del poder. Ese día ya será demasiado tarde para ustedes, nuestros hijos y el futuro de nuestro país.

Perdonen amados militares por pedirles tanto en esta navidad, pero si no es a ustedes, quienes han ofrendado por nosotros los colombianos hasta la vida misma, entonces a quien? A una clase política moderada que se mueve al vaivén de intereses politiqueros, entregándole medio país al enemigo?

Perdonen la crítica de Colombianos angustiados, agradecidos y enamorados de las fuerzas militares que todos los días piden más de ustedes.

De nuevo gracias a nuestros militares y sus familias, por todo lo que han hecho a favor del interés general de los colombianos, sacrificando sudor, sangre y lágrimas.

Que Dios los bendiga y los proteja.

Cordialmente,

Jaime Arturo Restrepo Restrepo

Presidente Asociación de Víctimas Civiles de la Guerrilla Colombiana.

El Programado final de los Ejércitos Latinoamericanos

Fuerzas Armadas Latinoamericanas y un Enemigo Común

Por el Lic. Jorge P. Mones Ruiz (x) 

Hace pocas semanas (mediados de noviembre) tuve el honor de ser recibido por el Señor Vicepresidente del Perú, Vicealmirante Luis Giampietri Rojas, Presidente en ejercicio en ausencia del titular del ejecutivo Alan García, a la sazón de visita en China. Fue en mi calidad de delegado de la Unión de Organizaciones Democráticas de América - UnoAmérica -  y luego de haber mantenido contactos con especialistas en Defensa en otros países de la región.

Se trató de una amena y afable reunión que se prolongó aproximadamente durante dos horas, en la cual rápidamente las coincidencias afloraron como consecuencia de las comunes percepciones respecto a la situación regional, los sistemas de defensa de los países y las amenazas y riesgos presentes en el continente. Y sobre todo, el peligro que se cierne sobre las Fuerzas Armadas Latinoamericanas.

Las perspectivas compartidas motivaron al Sr. Almirante a facilitarme un documento de su autoría y publicado en el Diario “La Razón” del Perú el 24 de noviembre del 2004. Sostiene en el mismo: “Se han incentivado los conflictos étnicos-raciales, regionales, y militares financiados por el narcotráfico y algunas importantes ONG ambientalistas, en convivencia con grandes transnacionales. Esto, unido a la cosa pública, así como el uso de la justicia por mano propia, en reemplazo de los pésimos sistemas judiciales de la región han posibilitado pretextos para que los subversivos hayan puesto en serias dificultades a más de un presidente de América Latina, y en algunos casos, produciendo golpes civiles”.

En el mismo documento alerta sobre un plan perfectamente concebido y que hoy comprobamos fehacientemente su alcance y desarrollo. “Dice este plan en relación con:

Fuerza Espiritual:

Religión: ataque sistemático a la Iglesia Católica, incentivación de corrientes internas de la misma Iglesia opuestas al Papa (Teología de la Liberación).

Cultura: Modificar el sentimiento nacional y el consecuente derrumbe nacional y del espíritu nacional, impulso del indigenismo desplazando a la vertiente occidental.

Fuerza Política: Subordinar a las naciones iberoamericanas al nuevo orden internacional, impulsar poderes ejecutivos conformados por hombres comprometidos y subordinados con ese nuevo orden.

Población: Control de la natalidad, reducción de presupuestos, ejecución de acciones racistas, propagación de enfermedades endémicas.

Defensa: Reducción del presupuesto militar, eliminación del servicio militar obligatorio, eliminación de las reservas de hombres y equipos, reemplazo del actual sistema previsional, pensiones (por un sistema privado), eliminación de parte de los institutos de formación, bajas de personal que no se alineen al nuevo orden, imposición de bajos sueldos reduciendo la calidad del personal, subordinar la inteligencia militar al de la región, desaparición de la hipótesis de guerra, eliminación de las misiones tradicionales, creación de fuerzas expedicionarias (ej.: Haití), fuerzas de lucha contra el narcotráfico, fuerzas de represión interna”.

Finaliza el Sr. Vicepresidente del Perú en el mismo artículo advirtiendo: “…Vamos camino a la destrucción de las Fuerzas Armadas Iberoamericanas…”. En ese sentido sostuvimos que existen proyectos para transformarlas en Guardias Nacionales con misiones pretorianas.

Concluimos la audiencia compartiendo la opinión de que en la gran mayoría de los países que combatieron militar y exitosamente al terrorismo marxista (y algunos hoy lo siguen haciendo), observamos claramente el desmantelamiento militar de sus FFAA, pero sobre todo y es lo más grave, la prisión arbitraria y anticonstitucional de centenares de militares, policías y civiles, producto de una justicia vindicativa y persecutoria, con leyes inicuas y bajo una nueva forma de lucha: El Terrorismo Jurídico. Y no es grave, únicamente, por las situaciones personales de estas víctimas, sino porque lo que se encuentra tras las rejas es la dignidad, el espíritu de lucha y la moral de combate de los ejércitos, otrora victoriosos y hoy sujetos a la perfidia “progresista”, a la hipocresía de una “derecha” cobarde y amnésica y, por cierto, a la complicidad de ciertos altos mandos prebendarios y claudicantes. 

América necesita nuevos Chacabuco(s), Maypo(s), Junín(s), Ayacuchos(s), Pichincha(s), Boyacá(s), para que se reencuentre consigo misma y alcance el destino signado por nuestros verdaderos Libertadores, que no fueron (ni serán) ni el Che, Fidel, Tiro Fijo, Abigail Guzmán, y mucho menos la comparsa caribeña-andina de Chávez y Evo, y otros socialistas del Siglo XXI de la región, funcionales, varios de ellos, al Nuevo Orden Mundial.               

(x) Ex Mayor de Caballería del Ejército Argentino

jorgemonesruiz@yahoo.com.ar

UNA CARTA INNOBLE QUE LLEGÓ DE ALEMANIA

Por Eduardo Mackenzie

Las críticas que está recibiendo la sentencia que condenó, en primera instancia, al coronel Alfonso Plazas Vega a 30 años de cárcel están aumentando y ganando en amplitud y calidad. En días pasados, un debate académico organizado por la universidad Sergio Arboleda de Bogotá, reunió un grupo de distinguidos juristas. Todos emitieron conceptos serísimos sobre  ese tema y el resultado es inequívoco: la sentencia de la juez María Stella Jara es una aberración, un mal ejemplo de lo que no debe hacer  un juez que se respete y de lo que no puede tolerar el poder judicial en una democracia. 

El director del departamento de Derecho Penal de la Universidad Sergio Arboleda, profesor Fernando Velásquez, estimó que al coronel  Plazas no se le puede dar el tratamiento de “autor mediato” porque no se dan los presupuestos jurídicos para ello. El admitió que es importante para Colombia establecer la verdad acerca de los hechos del Palacio de Justicia pero que ello no se puede hacer a cualquier precio.

El profesor Christian Wolfhügel, de la misma universidad, dijo que imputarle al coronel un delito que no existía en la época de los hechos (la desaparición forzada de personas), equivale a violentar el principio de legalidad que prohíbe la aplicación retroactiva de la ley penal en disfavor del acusado. La juez hizo eso con el agravante de que ella conocía la situación, pues en la sentencia admitió que en 1985 ese delito no hacía parte del código penal colombiano.

El profesor Ricardo Posada Maya, director del Área Penal de la Universidad de los Andes, declaró, entre otras cosas, que no ve claro que en los hechos del Palacio de Justicia se hubiesen cometido crímenes de lesa humanidad. Sostuvo que para predicar que un delito es de lesa humanidad se deben adoptar los criterios del Derecho internacional. Lo que no parece haber respetado la juez Jara quien llegó a creer que los tratados internacionales habían reemplazado el Código Penal colombiano.

No por casualidad el rector de la Universidad invitante, Rodrigo Noguera Calderón, había subrayado minutos antes en ese panel que el Derecho Penal en Colombia vive un momento de “alto grado de postración” y que ello exige que la Universidad examine esa problemática “en debates académicos”.

El presidente de la Asociación Nacional de Profesores de Derecho Penal y Ciencias Penales, Jaime Enrique Granados, intervino en calidad de abogado del coronel Plazas. El reiteró que no hay prueba alguna que incrimine a su defendido. Señaló que las pruebas aportadas por la juez Jara reposan sobre declaraciones anómalas y contradictorias de dos testigos y sobre la evocación de una transcripción de una grabación cuyo soporte material nunca apareció en el juicio.

Granados denunció que entre los 36 cadáveres calcinados encontrados en el Palacio de Justicia hay nueve sin identificar y que éstos pueden ser de los llamados desaparecidos. Denunció, además,  que hay gente interesada  en bloquear los análisis científicos que permitirán identificar esos cadáveres y derrumbar la hipótesis de que hubo “desaparecidos” en el trágico episodio.

En disonancia con los oradores, el profesor Kai Ambos, de la Universidad Georg-August de Göttingen, Alemania, declaró que “en el Palacio de Justicia el Ejército cometió atrocidades” y que la justicia colombiana “está llena de errores”.  El estima que la juez Jara salió de Colombia por haber sido “amenazada”. Aún así, el jurista alemán tuvo que admitir que él no puede decir  si la sentencia de esa juez “era correcta o no”.

Ofuscada por esos comentarios, la juez Jara respondió violentamente desde Alemania, una semana después. Empero, la carta incendiaria que envió a El Espectador, donde ella ataca acerbamente al ex presidente Álvaro Uribe, a las Fuerzas Armadas, al Consejo Superior de la Judicatura, a la prensa y, en particular, a dos brillantes periodistas que fustigaron, con razón, la esperpéntica sentencia contra el  coronel Plazas, confirma que María Stella Jara está lejos de ser una juez serena y alejada de los tumultos de la agitación política.

Todo lo contrario. El lenguaje de odio que ella utiliza, el rencor que vierte en su carta, corresponde a alguien de perfil fanático, propio de un militante comunista que no tiene escrúpulos y se permite difamar a las autoridades elegidas de un país democrático y a la prensa libre y, sobre todo, que pone su cargo y su misión al servicio de una obscura causa política.

La juez Jara no es como los demás jueces. Ella condenó a 30 años de cárcel a una persona inocente y sin haber hallado contra ella una sola prueba. Los jueces no hacen eso. Ella lo hizo. Ella no podrá escapar a esa responsabilidad. La sentencia que firmó el 9 de junio de 2010 está ahí para probar su felonía. Ella tendrá que explicar eso algún día a sus colegas alemanes y a los colombianos todos. Estar en Alemania no la eximirá de esa obligación legal y moral.

María Stella Jara es una juez rarísima: es quizás la única juez del mundo que después de condenar a alguien, y de dejarlo enfermo y en una prisión militar,  se vuelve contra él, y en carta pública desde el extranjero, intenta agobiarlo aún más con las más aleves calumnias, como si la condena de 30 años no hubiera satisfecho sus bajos instintos. Según la juez, el coronel Plazas está detrás de las amenazas de muerte que ella dice haber recibido. Todo eso es infame y destinado a golpear a la familia y a los amigos del Coronel.

La carta de la juez Jara, que ella dice haber enviado a una asociación alemana de jueces, afirma que las “amenazas [contra ella] provienen de los “más altos funcionarios del Estado”, que el poder ejecutivo lanza “agresiones” contra la Corte Suprema de Justicia, que el DAS, un organismo de seguridad, realizó contra ella  “interceptaciones telefónicas ilegales”, que examinó sus “cuentas bancarias y sus propiedades”, que “orquestó una campaña de desprestigio” contra ella.

El problema de esas acusaciones es que no están acompañadas de prueba. Sólo reflejan la íntima convicción de la interesada. Y, cosa curiosa, son copia literal de la retórica de ciertos magistrados y de los grupos extremistas en guerra contra el gobierno y contra las mayorías que rechazan su pobre visión de la vida. Esas acusaciones no han sido probadas siquiera por la Fiscalía ni por la Corte Suprema de Justicia.

La juez Jara debería explicar a sus colegas alemanes por qué rechazó la investigación, tan independiente y completa, del Tribunal Especial de Instrucción de 1986, realizada por dos magistrados y diez jueces de instrucción criminal, y por qué substituyó ese valioso documento por una serie de afirmaciones endebles  de familiares de los supuestos “desaparecidos” quienes admitieron que sus informaciones venían de unas “llamadas anónimas”.

La juez Jara deberá explicar por qué le dio credibilidad al testimonio de Ricardo Gámez Mazuera, cuando ese testimonio fue totalmente desvirtuado y descartado por la Procuraduría General de la Nación  en 1990.

La juez Jara deberá explicar por que aceptó como válida la declaración de Edgar Villamizar Espinel, quien habría rendido “testimonio” en un potrero (un polígono de armas largas en la Escuela de Caballería de Bogotá) sin la presencia del defensor del Coronel Plazas, y sin que tal prueba hubiera sido decretada por la Fiscalía. Deberá explicar por qué no aparece la fecha de la recepción de tal “testimonio” y por qué tal “declaración” fue firmada por un Edgar Villamil (y no Villamizar). Deberá explicar por qué ella aceptó ese testimonio a sabiendas de que éste contenía mentiras sobre  la identidad y la condición del declarante, y a sabiendas de que no había la menor prueba de que Villamizar hubiera ingresado al citado polígono.

Ella deberá explicar por qué aceptó la versión de Villamizar sin que éste se haya presentado jamás al proceso, y cuando está comprobado que Villamizar no es testigo de nada pues no estuvo en las operaciones del palacio de justicia. Deberá explicar por qué ella rechazó las pruebas que demuestran que Villamizar, durante los hechos del Palacio de Justicia, estaba lejos de Bogotá, en el batallón Vargas de Granada (Meta), pues esa unidad probó que no había enviado a Villamizar, ni a ningún otro sub oficial, a la contienda del Palacio de Justicia. Ella aceptó ese testimonio que contiene otras falsedades: como la de que el jefe de Villamizar era un “Mayor Jairo Alzate Avendaño”, nombre que no existe en el los registros del Ejército de Colombia.

La juez Jara tendrá que explicar por que desestimó las declaraciones del civil José Vicente Rubiano Galvis, quien  como capturado durante los hechos del palacio de justicia, pasó la noche del 7 de noviembre de 1985 en instalaciones de la Escuela de Caballería, junto con tres personas más,  sin haber visto ni oído las pretendidas torturas y vejámenes de “rehenes” que Villamizar trató de  introducir al proceso. Tendrá que explicar por qué en la escuela de Caballería del Cantón Norte no fueron hallados cadáveres ni restos humanos como mencionaba Villarreal.

Las altas esferas de la justicia y de la Procuraduria conocen perfectamente estas cosas y saben que en ese proceso se violaron las leyes del país y que algún día esas violaciones saldrán a la faz del mundo. Quizás por eso, luego de la sentencia en primera instancia, ellos ordenaron una serie de movimientos curiosos en el personal judicial involucrado: la juez Jara fue enviada a Alemania y la fiscal que instruyó el caso fue destituida por faltas profesionales cometidas en el ejercicio de su cargo.

Con su carta de insultos contra Colombia la juez Jara trata de sepultar éstas y otras preguntas que saltan a la vista tras la lectura de su desdichada sentencia. Con su gritería desde Alemania ella no sofocará el gran malestar que ha dejado en Colombia su actuación.

25 de noviembre de 2010