Políticos con toga
Autor: Iván Garzón Vallejo
Tomado de www.elcolombiano.com
3 de Febrero de 2012
Cuando los jueces defienden sus providencias eminentemente políticas aduciendo que se trata de decisiones ajustadas a Derecho, les pasa como al pastorcito mentiroso del cuento infantil: la gente ya no les cree. Pues para el ciudadano de a pie parece un desafío a la inteligencia creer que el derecho sea un mero instrumento de venganzas políticas e ideológicas, o que desde el derecho no se puedan redactar fallos que no susciten tantas dudas sobre su legitimidad y apego a la justicia material. Incluso, paradójicamente, ¡que no despierten dudas sobre su legalidad! La prudencia, virtud del buen obrar, brilla por su ausencia cuando los jueces les pretenden dar a sus sentencias alcances de políticas públicas, cuando suscriben exabruptos constitucionales o interpretaciones amañadas o, simplemente, cuando satisfacen el deseo de venganza y retaliación de víctimas, activistas y periodistas ideologizados.
No obstante, la politización de la justicia no se evidencia sólo en fallos cuestionables, en sentencias que imponen penas desproporcionadas (¡hacia arriba o hacia abajo!) o en procesos que van acompañados de un linchamiento mediático. Aquella se expresa también en el rol público del juez, asistente asiduo a desayunos y cocteles políticos, protagonista de las noticias de farándula, voz familiar en las emisoras radiales, entrevistado favorito de los reporteros por su capacidad de hablar con pose de autoridad sobre todo lo humano.
Entretanto, la ciudadanía acrecienta su desconfianza en la Justicia cuando los jueces, en vez de asumir una actitud autocrítica y proponer reformas audaces, se victimizan y ¡reclaman más poder! De este modo, las expresiones “complot”, “desprestigio”, “desmantelamiento de la justicia”, “ataque contra la autonomía e independencia de la Rama” se vuelven caballitos de batalla esgrimidos una y otra vez, pues en el fondo esperan reivindicaciones maximalistas e insaciables. Para colmo, pretenden imponer una tiranía de opinión en la cual, quien no está con ellos, está contra ellos. Como un Partido único. Pero, al mismo tiempo, los togados suelen “tomar partido”, como hacen (y deben hacer) los políticos. Que ello sea entendido como “prejuzgar” o cuando menos indiscreto, no parece ser obstáculo para que lo hagan sistemáticamente: en la época de la justicia mediática, los jueces creen que tienen muchas cosas por decir –no sólo mediante sus sentencias, pues al fin y al cabo la gente sólo lee los comunicados que son publicados meses y meses antes de éstas–, y no están dispuestos a renunciar al aplauso de los defensores del activismo judicial (y de los incautos).
Los medios, grandes aliados suyos, aunque usualmente incisivos y hasta despiadados con ciertos personajes públicos, a los jueces sólo les hacen reclamos y críticas en tono menor. La irreverencia de la que se precian algunos periodistas queda sutilmente domesticada cuando el interlocutor ostenta el título de magistrado. Mientras tanto, los ciudadanos van tomando nota de que ciertos funcionarios públicos no le rinden cuentas a nadie. Son irresponsables. Políticamente, por supuesto. Y la democracia, ahí.
Más allá de este penoso escenario, subyacen algunas cuestiones institucionales fundamentales: ¿Qué van a hacer el Congreso y el Gobierno para restablecer el maltrecho equilibrio de las ramas del poder público en el país? ¿Legislativo y Ejecutivo aceptarán con resignación que el siglo de los jueces los tenga a todos, sin excepción, potencialmente en capilla para recibir el escarnio público en cualquier momento? Si es así, deberían recordar que este siglo apenas comienza…
Apostilla: Presidente Santos, a propósito del NOPECU (no pelear con Uribe): a quienes dicen una cosa y hacen (o mandan a hacer) otra, la gente también les deja de creer.
* Jefe del Área de Filosofía del Derecho y Derecho Constitucional, Facultad de Derecho, Universidad de La Sabana
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