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Injusta justicia
Por: MAURICIO VARGAS | 8:29 p.m. |
05 de Febrero del 2012
Mauricio Vargas
El fallo sobre Plazas es el último
eslabón de una cadena de equivocaciones que premia a los guerrilleros y castiga
a los militares.
La duda favorece a Piedad Córdoba,
pero condena a Plazas.
Hace bien el presidente Juan Manuel
Santos en renegar de su promesa de inicios de mandato -durante la engañosa luna
de miel con las altas cortes- cuando aseguró que nunca criticaría un fallo
judicial, y proceder ahora a cuestionar el del Tribunal Superior de Bogotá que
condena a 30 años de prisión al coronel Alfonso Plazas Vega por su actuación en
la toma del Palacio de Justicia. Fallo que, además, demanda que el presidente
de entonces, Belisario Betancur, sea juzgado por la Corte Penal Internacional,
y ordena al Ejército pedir perdón por los hechos.
Aunque los magistrados se molesten,
todos los colombianos, incluido el Primer Mandatario, tenemos derecho a opinar
sobre las decisiones de los tribunales. Otra cosa es que estemos obligados a
acatarlas. Santos registra la misma molestia que millones de colombianos frente
a la evolución de los procesos judiciales sobre las horas de terror vividas
entre el 5 y el 6 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia.
Para las nuevas generaciones -y
para los olvidadizos-, recordemos los hechos. Decenas de guerrilleros del M-19
se tomaron a sangre y fuego el Palacio, asesinaron a guardias y custodios,
tomaron como rehenes a magistrados de las altas cortes, quemaron expedientes
para ayudar a grandes capos de la mafia, y pusieron al país al borde del
colapso absoluto. Pretendían hacerse fuertes, negociar un alto el fuego en el
edificio y obligar al presidente Belisario Betancur, que tanto se excedió en
generosidad e ingenuidad en su fallido proceso de paz, a hacerse presente para
ser juzgado por los guerrilleros.
La reacción de los militares no se
hizo esperar. Sin preparación alguna en este tipo de operaciones, pasaron una
veintena de horas tratando de recuperar el edificio, algo que sólo lograron con
su virtual destrucción y la muerte de decenas de empleados y magistrados, muchos
de ellos asesinados a sangre fría por los asaltantes. Aunque es verdad que los
militares salvaron la vida de muchos, también lo es que, en la paranoia
antisubversiva de entonces, cometieron excesos y, sin duda, barbaridades, al
detener a algunos de ellos, llevarlos sin orden judicial a instalaciones
militares y, según testimonios, torturarlos y desaparecerlos.
De eso último ha sido acusado el
entonces coronel Plazas, convertido en leyenda al responder en esas horas a un
periodista que le preguntaba qué estaba haciendo: "Defendiendo la
democracia", dijo sin titubeos. Ese protagonismo le granjeó odios que hoy
le pasan la cuenta. Lo menos que se puede decir del fallo que lo condenó es que
está lleno de vacíos y contradicciones, como lo demostró ayer en su columna de
este diario mi colega María Isabel Rueda.
El quid del asunto es que millones
de colombianos se niegan a entender que mientras algunos de los líderes del
grupo asaltante hoy gobiernan a Bogotá por el favor de la misma democracia que
Plazas decía defender, el militar retirado vaya a pasar el resto de sus días en
prisión. En conclusión, lo que a muchos indigna es que la sociedad aplique el
máximo castigo a los militares que defendieron a las instituciones
(imperfectas, pero en todo caso más legítimas que los terroristas), mientras
perdonó y ahora premia con honores democráticos a los líderes del grupo
terrorista asaltante.
En eso, el fallo de la justicia
contra Plazas es, en esencia, injusto. Y perfila una constante: durísimas -y
merecidas- condenas a los políticos aliados con los paramilitares, y la vista
gorda de la Corte Suprema frente a los políticos dedicados a hacerles mandados
a las Farc, a esas mismas Farc que siguen matando civiles. La duda favorece a
Piedad Córdoba, pero condena a Plazas.
Y la reacción de Santos, que tanto
molestó a las cortes, recoge esa honda indignación de millones de colombianos.
mvargaslina@hotmail.com
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