La
politización de la justicia
Por: Paloma Valencia Laserna
Determinar si la justicia está
politizada podría ser un debate hondo y difícil, al menos debería serlo; pero
hay varios hechos que muestran sin dificultad que el fenómeno está apareciendo
en Colombia.
No se trata de un hecho local; en
varios países la justicia ha empezado a exhibir un factor político que para
unos estabiliza y para otros hace lo contrario. Creo que el debate debe –él
mismo- despolitizarse. Evaluar si la situación actual -las decisiones
politizadas- son buenas o malas; se resuelve con la postura política de quien
lo mide; se trataría de subir a un nivel de abstracción más alto y considerar
filosóficamente si conviene a una democracia que la justicia tenga decisiones
cargadas políticamente.
La justicia debería intentar
decisiones justas e imparciales. Sin embargo, cuando analizamos el proceso de
todo juzgamiento vemos que, por un lado, el juez tiene un sentido de justicia
enmarcado –y no definido- por las leyes y que en esa medida, sus decisiones son
primero viscerales y luego se soportan en la normativa. Conviene, entonces,
pensar si las nociones de justicia pueden ser independientes de las
convicciones políticas. Soy de la opinión de que muchas veces no es posible
diferenciarlas; la justicia viene amarrada a la educación; más aún la valoración
de los hechos históricos y de sus consecuencias está anclada en las posturas
ideológicas. En esa medida, casi ninguna
decisión podría estar exenta de una valoración política. Sin embargo, hay un
tema de gradualidad en el asunto que no podemos desconocer. Una cosa es que yo
considere justo castigar un militar por una violación de derechos humanos y
otra distinta que yo presuma que todos los militares violan los derechos
humanos; Peor aún, que yo tenga una agenda política e intencionalmente utilice
mis fallos judiciales para imponerla.
No es aceptable que la ley se
aplique selectivamente y sólo se persiga a unos, escogidos por su postura
política. No conviene que de la rama judicial se pase a la política o
viceversa. No es deseable que los delincuentes utilicen a la jurisdicción para
cobrar sus venganzas personales. No es justo que algunos militares inocentes
paguen por el sólo hecho de estar en las FF.AA. Tampoco es aceptable que los
Fiscales utilicen el principio de oportunidad para tejer entramados novelados y
perseguir a algunos ciudadanos. No hay justicia cuando esto pasa. Estos
síntomas son el resultado de una enfermedad que puede ser terminal para un
Estado de Derecho y para una democracia.
Las dolencias avanzan y entonces,
el problema de la politización de la justicia genera un caos mayúsculo que los
culpables utilizan para camuflarse. Si ya no hay confianza en las decisiones
judiciales incluso aquellos fallos donde un culpable ha sido condenado empiezan
a quedar en entredicho. Los culpables se confunden con los inocentes y la
posibilidad de administrar justicia disminuye hasta el punto en que la sociedad
repele el sistema judicial. ¿Estamos cerca de que algo así pase? Sería
lamentable y destruiría la institucionalidad que tanto nos ha costado construir.
No importa que los casos sean pocos
o muchos, la politización y la condena de inocentes es algo que el sistema no
puede tolerar, sin importar la ideología, pues por encima está el deber de
construir un Estado y una democracia para Colombia. Hay que atender estos
signos de alerta y unirnos como país para evaluar sin pasiones lo que está
sucediendo. La rama jurisdiccional es uno de los pilares que justifica y
legitima el Estado, su mal funcionamiento puede destruirlo todo. Hay mucho para
pensar: el caso del Comisionado de Paz Restrepo acusado hasta de fabricar armas
y las declaraciones de Saldaña diciendo que él lo engaño y que está presionado
para mentir. El caso de los funcionarios del Ministerio de Agricultura en la
cárcel o en procesos por hechos que son usuales en la administración pública.
Lo que ha sucedido con Baltasar Garzón condenado en España y respaldado por el
Gobierno colombiano. El que haya más militares en la cárcel que guerrilleros.
Un fallo que condena al Ejército sin que haya sido parte en el proceso.
Magistrados dejan esa labor para iniciar carreras políticas; peor aún, que
pasen de ser políticos beligerantes a jueces imparciales con un nombramiento;
como que uno de los dos Magistrados ponentes del fallo que condena a Plazas
Vega que fue militante activo –candidato a la Cámara de Representantes- por la
izquierda y luego falla sobre un caso en el que debería estar inhabilitado.
@PalomaValenciaL
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