Golpe de Estado al honor militar

Golpe de Estado al honor militar

Por: ÓSCAR IVÁN ZULUAGA | 8:29 p.m. | 05 de Febrero del 2012

Tomado del diario El Tiempo

Los jueces tienen la última palabra y esas son las reglas del juego democrático, pero la última palabra en este caso no se ha dicho todavía.

Estoy seguro de que los militares preferirían renunciar antes que ver mancillado el honor militar.

El reciente fallo promulgado por el Tribunal Superior de Bogotá respecto a los hechos del Palacio de Justicia ha generado una profunda indignación en la sociedad colombiana -y no sin razón-. Es cierto que los fallos de la justicia deben respetarse. Pero no se sigue que sean incontrovertibles, mucho menos cuando los errores de un juez ponen en juego la credibilidad de las instituciones. Los jueces tienen la última palabra y esas son las reglas del juego democrático, pero la última palabra en este caso no se ha dicho todavía. Así las cosas, participar en esta necesaria polémica no constituye desacato ni presión a la justicia.

El fallo en mención contiene tres elementos preocupantes. En primer lugar, señala al expresidente Betancur como responsable de delitos de lesa humanidad y pide su juzgamiento por parte de la Corte Penal Internacional. Es muy grave que un alto tribunal haya llegado a semejante conclusión, que entre otras cosas desconoce las fechas de aplicación de las normas de la Corte Penal Internacional.

En segundo lugar, ratifica la condena de 30 años contra el Coronel Plazas Vega, a pesar de la insistencia de la Procuraduría General de la Nación sobre las inconsistencias del testimonio del testigo base que sustentó la decisión del tribunal. Dichas inconsistencias menoscaban la plena certeza de la prueba que debe sustentar toda decisión en materia penal.

Como si esto fuera poco, el fallo exige al Ejército pedir perdón en un acto público en la Plaza de Bolívar, ignorando que desde mediados del siglo XIX se extinguió la pena de vergüenza pública en el Código Penal Colombiano.

Las Fuerzas Armadas han sido pilar fundamental para la construcción de la democracia y nuestro soldados y policías han entregado sus vidas para defender la libertad y las instituciones de los terroristas que sistemáticamente han atentado contra la sociedad colombiana. Nuestro Ejército, además, se ha caracterizado por el respeto al Estado de Derecho y el acatamiento de las decisiones de la justicia. A la luz de esos hechos, la decisión del tribunal constituye un golpe de Estado al honor militar y afecta la confianza en los jueces.

El caso del Palacio de Justicia es uno de los más trágicos episodios de la historia colombiana. La guerrilla del M-19, con el apoyo del narcotráfico, produjo un holocausto que comprometió la estabilidad democrática del país. Pese a ello, la sociedad colombiana, en un acto de generosidad, perdonó al M-19 y permitió su indulto a través de una ley.

¿Cómo es posible que un alto tribunal pretenda ahora que el Ejército, que obró en defensa de los valores democráticos, se declare culpable por actuar conforme a los principios consagrados en su juramento?

Estoy seguro de que los militares preferirían renunciar antes que ver mancillado el honor militar y el nombre de su institución.

Razón tiene el presidente Santos cuando, interpretando el sentir ciudadano, les pide perdón al expresidente Betancur y a las Fuerzas Militares. La Procuraduría ha anunciado la impugnación del fallo a través del recurso de casación ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Este tribunal de máxima instancia, sabiendo lo que está en juego para el país y sus instituciones, debería corregir la desviación de justicia que se ha producido con absoluta celeridad.

Es momento de cerrar el capítulo del Palacio de Justicia de manera definitiva. Por ello resulta oportuna la propuesta del expresidente Uribe de que el Congreso adopte una legislación especial para los militares involucrados. Por lo visto, solo así podremos evitar que este episodio siga resucitando a través de decisiones judiciales tan equivocadas como la que se produjo en estos días.

Comentario por Twitter: La solución no es una “legislación especial”, ¿Qué se resolvería con crear un estamento nuevo cuando la justicia está contaminada  por el sesgo ideológico de sus operadores judiciales? Hay que corregir la causa para evitar el efecto. Está probado que los fallos se han producido basados en falsa pruebas y falsos testigos, en “desaparecidos” que tiene la Fiscalía y que se resiste a probar y a que les hagan las pruebas de ADN para que puedan ser entregados a sus dolientes y puedan asumir el duelo develando esto una falta de humanidad de lo más oprobioso; en darle la razón a un representante de las víctimas de manera prevaricadora todos estos hechos, que no es otro, que Guarín, que es un miembro del m-19, asaltante de bancos, secuestrador y en posesión de un arma de un policía asesinado. Es de llamar la atención que el magistrado ponente Hermes Lara deje un pulcro documento donde registra las razones por las que hace salvamento de voto ante una fallo como el del otro magistrado Alberto Poveda, militante del Polo, que evidentemente estaba impedido por esta razón. 

Como decíamos, si el magistrado ponente, conocedor a fondo del expediente proyectó un fallo para que se liberara al Coronel Plazas Vega, los otros, al menos uno, con sesgada carga ideológica y llegando en “paracaídas” procedan a inclinarse por lo opuesto. No es vendiendo el sofá que se arreglan las cosas.