La Opinión del día

La condena al General Jesús Armando Arias Cabrales es una

“ HIJUEPUTADA”

Coronel (RA) Gustavo Laino Moreno.

Cuando el Ejército Nacional rendía el homenaje  póstumo a un gran Soldado, al General  Luis Humberto Correa Castañeda en nuestra Escuela Militar de Cadetes, varios militares recibíamos la noticia de la condena a treinta y cinco años de prisión al integérrimo General Jesús Armando Arias Cabrales y al unísono se escuchó que esa decisión era una    "hijueputada".

Hijueputada es una palabra que no existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pero en el léxico inelegante militar se conoce como: algo incorrecto o inaceptable.

Todo proceso penal no es más que una controversia, donde por una parte la Fiscalía acusa  previa investigación pues le compete la carga de la prueba, otra parte llamada la Defensa que se enfrenta a la acusación,  y finalmente está la función de juzgamiento que la hace un Juez, pero en todo el proceso el inculpado espera que haya total imparcialidad, tanto en la etapa inicial de la Fiscalía, como en el neutral  juzgamiento.

En el caso del intachable General Arias Cabrales, la hijueputada existe desde el primer momento donde se le sindica por ser el  Comandante de las tropas que lograron salvar la democracia en los luctuosos hechos del Palacio de Justicia, acaecidos los días 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando la Empresa Criminal  M-19, asaltando a sangre y fuego el templo de la justicia colombiana, pretendió tomar el control del Estado, previo juicio al Presidente de la República, intento de Golpe de Estado que se abortó por la intervención de las diferentes fuerzas legales del Estado, que a pesar de su reacción descoordinada, neutralizó la demencial empresa.

Es una hijueputada todo el proceso porque ni la Fiscalía, ni la Juez aceptaron un sinnúmero de pruebas necesarias para demostrar la inocencia del General y creen erróneamente que hace 25 años existían medios técnicos como internet, celulares etc, para coordinar una operación de tal magnitud y no vetustos radios que normalmente estaban fuera de servicio por la falta de tecnología adecuada, por lo que era imposible mantener el mando y control, con pequeñas unidades, inclusive a pocos metros.

Una hijueputada, porque no existe ningún testimonio que inculpe al General Arias Cabrales, que lo relacione con cualquier delito, ni siquiera que lo refiera con la desaparición de personas, contraviniendo lo que dice la sentencia y se desconoce injustamente testimonios que reconocen el profesionalismo del oficial, en todo momento procurando la recuperación de civiles y de los honorables Magistrados secuestrados y asesinados por el M-19.

Nadie concibe que se ignore, que si hay desaparecidos, lo que no se concibe es  lo que pudo suceder, que fue la calcinación total de las víctimas, cuyos residuos se perdieron por acción de las llamas, las altas temperaturas  y o por la intervención posterior de bomberos y aseadores, que sin acatar normas modernas de preservación de la escena, removieron, limpiaron, recogieron restos humanos que fueron botados como basura sin intervención de ningún ente investigador.

Es una hijueputada que no acepten ni la Fiscalía ni la Juez,  que los requerimientos de la defensa son tan contundentes que echarían por tierra punto por punto de la sentencia.

Hoy la sentencia a treinta y cinco años proferida, no es más que una cadena perpetua para un señor de 75 años de edad, que a pesar de la indefectible inocencia que resultará en el fallo a la Apelación, no deja de ser una hijueputada, el que se haya condenado a un inocente y a los integrantes de la Empresa criminal M-19 se les considere honorables y hasta presidenciables y nadie los juzgue a pesar de la calificación posterior de los hechos como delitos de Lesa Humanidad.

A más de lo anterior, es una hijueputada aplicar delitos que a la época de los hechos no existían; recordemos que internacionalmente se habló de desaparición forzada en el 06/09/1994; y en Colombia hasta el año 2000; entonces a que juega la rama judicial del poder público?, muy seguramente:  a condenar a nuestros héroes, por el solo hecho de ser militares.

¿QUÉ HAY DETRÁS DE LAS CONDENAS?

Por Brigadier General (r) Adolfo Clavijo

Ante las condenas al Coronel Plazas (30 años) y ahora al General Arias (35 años), surge la pregunta de qué hay detrás de esas penas, porque con ellas se ve que la administración de justicia sigue demostrando perfidia. Un sucinto análisis a la forma en que se viene administrando la justicia en el caso del Holocausto del Palacio de Justicia demuestra que tanto en los procesos como en los fallos están terciando unos intereses de carácter ideológico y económico que vienen alcanzando sus mezquinas metas con base en el trabajo político que despliegan los que buscan sacarle provecho al caso.

Como se sabe, el Ejército hizo fracasar el golpe terrorista del 6 y 7 de noviembre de 1985, el cual tenía fines políticos y meollo ideológico. Frente a la acción del Ejército, que era la que le correspondía, ¿tiene alguna explicación el que, a través de la justicia, se les pase a los oficiales que actuaron una cuenta de cobro, veinticinco años después? Esa factura es el producto de que al proceso le mezclaron presiones e infiltraciones de tipo político con el fin de obtener las dádivas ideológicas y económicas que están dando los resultados planeados. Lo triste es que los administradores de la justicia les hayan hecho eco a esas coacciones y hayan permitido que los procesos y fallos contra los oficiales estén politizados. A la toma del Palacio, a pesar de ser un clásico acto terrorista, se le dio un manejo –político- que terminó brindándoles las mieles de la política a los agresores, gesto que no implicaba necesariamente que a los defensores se les traspasara la culpa de lo ocurrido, pero, lamentablemente, así se hizo. Esta fue una jugada sórdida pero magistral para quienes lograron politizar la justicia con el fin de lograr las condenas que surten sus intereses.

En el mismo proceso del Palacio de Justicia el interés ideológico entró en escena con dos actos. En el primer acto, con la revancha inmisericorde que el comunismo internacional, empleando la administración de justicia, pone siempre en juego contra quienes frustran sus empeños de hacerse al poder de una nación; el precio que cobran en estos dos casos que nos ocupan es alto en castigos judiciales (30 y 35 años, cuando a criminales terroristas se les imponen penas irrisorias). En el segundo acto, con la injuriosa tarea de minar la credibilidad oficial para mantener vigente la opción de un gobierno comunista, que sería eterno como todos los de este tenor. Esta tarea requiere aprovechar todas las oportunidades habidas y por haber para descalificar la institucionalidad y dejar en mente la posibilidad de que entren a gobernar fuerzas radicales. Para este efecto, nada mejor que meter entre las cuerdas de la justicia y el desprestigio a quienes conducen las acciones y reacciones gubernamentales. Estos dos puntos demuestran que en el caso del Palacio de Justicia el interés ideológico buscó y logró inclinar la balanza de la justicia hacia el lado que les conviene a los que quieren deshacerse de la democracia. Se concluye, entonces, que detrás de las condenas está la ambición de poder de ideología marxista, o algo parecido.

Ahora el interés económico. Las demandas contra militares buscan condenas que les abran las puertas a grandes indemnizaciones que lucran a ONG y a colectivos de abogados y, de paso, a reales o hipotéticos familiares de las presuntas víctimas. La inversión para el logro de la indemnización contempla toda forma posible de presión y coacción contra la administración de justicia; se hacen habituales las marchas y manifestaciones ante las sedes de la justicia para “reclamar justicia”, mientras los abogados les hacen la cacería a los reporteros para salir al aire a esgrimir argumentos falaces con los que se pueda distorsionar el pensamiento de la opinión pública. Con los fallos de primera instancia contra el Coronel Plazas y el General Arias el interés económico va ganando la partida pues, al haber condena, hay pago. Aquí se concluye que detrás de las condenas reina la voracidad económica de algunas organizaciones.

Y, ¿qué más hay detrás de las condenas? Una administración de justicia que deja todo por desear. Lo más seguro es que las falencias no están en la letra de los manuales de procedimiento y reglamentos ni en la normatividad en general (que si bien les cabe reformas, éstas no solucionarían el grave problema por el que atraviesa la justicia colombiana) sino en las actitudes y conductas que inciden en las actuaciones de los funcionarios que administran la justicia (magistrados, jueces, fiscales y otros; no todos, por supuesto). Las condenas a los oficiales citados y el desarrollo de los otros procesos que están en curso dejan ver que gran parte de las decisiones jurídicas están influenciadas por organizaciones y personas que manipulan los intereses ideológicos y económicos que acompañan los juicios a los militares. De ahí que, si en los procesos del Holocausto la justicia se tuerce es porque quienes tienen la facultad de manejarla lo hacen con falsedad, parcialidad, prevención, prejuicio. Incurren en lo que podrían llamarse los “falsos positivos de la justicia”, que se traduce, como en los otros falsos positivos, en convertir a alguien en víctima para cobrar o usufructuar dividendos.

Bogotá, D.C. mayo de 2011    

La Opinión de la Semana

¿QUÉ HAY DETRÁS DE LAS CONDENAS?

Por Brigadier General (r) Adolfo Clavijo

Ante las condenas al Coronel Plazas (30 años) y ahora al General Arias (35 años), surge la pregunta de qué hay detrás de esas penas, porque con ellas se ve que la administración de justicia sigue demostrando perfidia. Un sucinto análisis a la forma en que se viene administrando la justicia en el caso del Holocausto del Palacio de Justicia demuestra que tanto en los procesos como en los fallos están terciando unos intereses de carácter ideológico y económico que vienen alcanzando sus mezquinas metas con base en el trabajo político que despliegan los que buscan sacarle provecho al caso.

Como se sabe, el Ejército hizo fracasar el golpe terrorista del 6 y 7 de noviembre de 1985, el cual tenía fines políticos y meollo ideológico. Frente a la acción del Ejército, que era la que le correspondía, ¿tiene alguna explicación el que, a través de la justicia, se les pase a los oficiales que actuaron una cuenta de cobro, veinticinco años después? Esa factura es el producto de que al proceso le mezclaron presiones e infiltraciones de tipo político con el fin de obtener las dádivas ideológicas y económicas que están dando los resultados planeados. Lo triste es que los administradores de la justicia les hayan hecho eco a esas coacciones y hayan permitido que los procesos y fallos contra los oficiales estén politizados. A la toma del Palacio, a pesar de ser un clásico acto terrorista, se le dio un manejo –político- que terminó brindándoles las mieles de la política a los agresores, gesto que no implicaba necesariamente que a los defensores se les traspasara la culpa de lo ocurrido, pero, lamentablemente, así se hizo. Esta fue una jugada sórdida pero magistral para quienes lograron politizar la justicia con el fin de lograr las condenas que surten sus intereses.

En el mismo proceso del Palacio de Justicia el interés ideológico entró en escena con dos actos. En el primer acto, con la revancha inmisericorde que el comunismo internacional, empleando la administración de justicia, pone siempre en juego contra quienes frustran sus empeños de hacerse al poder de una nación; el precio que cobran en estos dos casos que nos ocupan es alto en castigos judiciales (30 y 35 años, cuando a criminales terroristas se les imponen penas irrisorias). En el segundo acto, con la injuriosa tarea de minar la credibilidad oficial para mantener vigente la opción de un gobierno comunista, que sería eterno como todos los de este tenor. Esta tarea requiere aprovechar todas las oportunidades habidas y por haber para descalificar la institucionalidad y dejar en mente la posibilidad de que entren a gobernar fuerzas radicales. Para este efecto, nada mejor que meter entre las cuerdas de la justicia y el desprestigio a quienes conducen las acciones y reacciones gubernamentales. Estos dos puntos demuestran que en el caso del Palacio de Justicia el interés ideológico buscó y logró inclinar la balanza de la justicia hacia el lado que les conviene a los que quieren deshacerse de la democracia. Se concluye, entonces, que detrás de las condenas está la ambición de poder de ideología marxista, o algo parecido.

Ahora el interés económico. Las demandas contra militares buscan condenas que les abran las puertas a grandes indemnizaciones que lucran a ONG y a colectivos de abogados y, de paso, a reales o hipotéticos familiares de las presuntas víctimas. La inversión para el logro de la indemnización contempla toda forma posible de presión y coacción contra la administración de justicia; se hacen habituales las marchas y manifestaciones ante las sedes de la justicia para “reclamar justicia”, mientras los abogados les hacen la cacería a los reporteros para salir al aire a esgrimir argumentos falaces con los que se pueda distorsionar el pensamiento de la opinión pública. Con los fallos de primera instancia contra el Coronel Plazas y el General Arias el interés económico va ganando la partida pues, al haber condena, hay pago. Aquí se concluye que detrás de las condenas reina la voracidad económica de algunas organizaciones.

Y, ¿qué más hay detrás de las condenas? Una administración de justicia que deja todo por desear. Lo más seguro es que las falencias no están en la letra de los manuales de procedimiento y reglamentos ni en la normatividad en general (que si bien les cabe reformas, éstas no solucionarían el grave problema por el que atraviesa la justicia colombiana) sino en las actitudes y conductas que inciden en las actuaciones de los funcionarios que administran la justicia (magistrados, jueces, fiscales y otros; no todos, por supuesto). Las condenas a los oficiales citados y el desarrollo de los otros procesos que están en curso dejan ver que gran parte de las decisiones jurídicas están influenciadas por organizaciones y personas que manipulan los intereses ideológicos y económicos que acompañan los juicios a los militares. De ahí que, si en los procesos del Holocausto la justicia se tuerce es porque quienes tienen la facultad de manejarla lo hacen con falsedad, parcialidad, prevención, prejuicio. Incurren en lo que podrían llamarse los “falsos positivos de la justicia”, que se traduce, como en los otros falsos positivos, en convertir a alguien en víctima para cobrar o usufructuar dividendos.

Bogotá, D.C. mayo de 2011