Golpe de
Estado al honor militar
Por: ÓSCAR IVÁN ZULUAGA | 8:29 p.m.
| 05 de Febrero del 2012
Tomado del diario El Tiempo
Los jueces tienen la última palabra
y esas son las reglas del juego democrático, pero la última palabra en este
caso no se ha dicho todavía.
Estoy seguro de que los militares
preferirían renunciar antes que ver mancillado el honor militar.
El reciente fallo promulgado por el
Tribunal Superior de Bogotá respecto a los hechos del Palacio de Justicia ha
generado una profunda indignación en la sociedad colombiana -y no sin razón-.
Es cierto que los fallos de la justicia deben respetarse. Pero no se sigue que sean
incontrovertibles, mucho menos cuando los errores de un juez ponen en juego la
credibilidad de las instituciones. Los jueces tienen la última palabra y esas
son las reglas del juego democrático, pero la última palabra en este caso no se
ha dicho todavía. Así las cosas, participar en esta necesaria polémica no
constituye desacato ni presión a la justicia.
El fallo en mención contiene tres
elementos preocupantes. En primer lugar, señala al expresidente Betancur como
responsable de delitos de lesa humanidad y pide su juzgamiento por parte de la
Corte Penal Internacional. Es muy grave que un alto tribunal haya llegado a
semejante conclusión, que entre otras cosas desconoce las fechas de aplicación
de las normas de la Corte Penal Internacional.
En segundo lugar, ratifica la
condena de 30 años contra el Coronel Plazas Vega, a pesar de la insistencia de
la Procuraduría General de la Nación sobre las inconsistencias del testimonio
del testigo base que sustentó la decisión del tribunal. Dichas inconsistencias
menoscaban la plena certeza de la prueba que debe sustentar toda decisión en
materia penal.
Como si esto fuera poco, el fallo
exige al Ejército pedir perdón en un acto público en la Plaza de Bolívar,
ignorando que desde mediados del siglo XIX se extinguió la pena de vergüenza
pública en el Código Penal Colombiano.
Las Fuerzas Armadas han sido pilar
fundamental para la construcción de la democracia y nuestro soldados y policías
han entregado sus vidas para defender la libertad y las instituciones de los
terroristas que sistemáticamente han atentado contra la sociedad colombiana.
Nuestro Ejército, además, se ha caracterizado por el respeto al Estado de
Derecho y el acatamiento de las decisiones de la justicia. A la luz de esos
hechos, la decisión del tribunal constituye un golpe de Estado al honor militar
y afecta la confianza en los jueces.
El caso del Palacio de Justicia es
uno de los más trágicos episodios de la historia colombiana. La guerrilla del
M-19, con el apoyo del narcotráfico, produjo un holocausto que comprometió la
estabilidad democrática del país. Pese a ello, la sociedad colombiana, en un
acto de generosidad, perdonó al M-19 y permitió su indulto a través de una ley.
¿Cómo es posible que un alto
tribunal pretenda ahora que el Ejército, que obró en defensa de los valores
democráticos, se declare culpable por actuar conforme a los principios
consagrados en su juramento?
Estoy seguro de que los militares
preferirían renunciar antes que ver mancillado el honor militar y el nombre de
su institución.
Razón tiene el presidente Santos
cuando, interpretando el sentir ciudadano, les pide perdón al expresidente
Betancur y a las Fuerzas Militares. La Procuraduría ha anunciado la impugnación
del fallo a través del recurso de casación ante la Sala Plena de la Corte Suprema
de Justicia. Este tribunal de máxima instancia, sabiendo lo que está en juego
para el país y sus instituciones, debería corregir la desviación de justicia
que se ha producido con absoluta celeridad.
Es momento de cerrar el capítulo
del Palacio de Justicia de manera definitiva. Por ello resulta oportuna la
propuesta del expresidente Uribe de que el Congreso adopte una legislación
especial para los militares involucrados. Por lo visto, solo así podremos
evitar que este episodio siga resucitando a través de decisiones judiciales tan
equivocadas como la que se produjo en estos días.
Comentario por Twitter: La solución
no es una “legislación especial”, ¿Qué se resolvería con crear un estamento
nuevo cuando la justicia está contaminada por el sesgo ideológico de sus operadores
judiciales? Hay que corregir la causa para evitar el efecto. Está probado que
los fallos se han producido basados en falsa pruebas y falsos testigos, en
“desaparecidos” que tiene la Fiscalía y que se resiste a probar y a que les
hagan las pruebas de ADN para que puedan ser entregados a sus dolientes y
puedan asumir el duelo develando esto una falta de humanidad de lo más
oprobioso; en darle la razón a un representante de las víctimas de manera
prevaricadora todos estos hechos, que no es otro, que Guarín, que es un miembro
del m-19, asaltante de bancos, secuestrador y en posesión de un arma de un
policía asesinado. Es de llamar la atención que el magistrado ponente Hermes
Lara deje un pulcro documento donde registra las razones por las que hace salvamento
de voto ante una fallo como el del otro magistrado Alberto Poveda, militante
del Polo, que evidentemente estaba impedido por esta razón.
Como decíamos, si
el magistrado ponente, conocedor a fondo del expediente proyectó un fallo para
que se liberara al Coronel Plazas Vega, los otros, al menos uno, con sesgada
carga ideológica y llegando en “paracaídas” procedan a inclinarse por lo
opuesto. No es vendiendo el sofá que se arreglan las cosas.
