Autoridad y control territorial en
Colombia
Mayor General (RA) Javier Arias Vivas
“Cuando un país es débil, los
países poderosos ganan el control de sus regiones, de sus vías de comunicación
y de sus recursos” (Agnew, 1998, p.129)
Resumen
Este escrito
pretende demostrar que algunos de los elementos claves por los cuales, Colombia
no ha consolidado la seguridad y el bienestar de sus habitantes, es por la
falta de autoridad que raya en la ingobernalidad, el dudoso control total del
territorio y las fallas del Estado para responder con eficiencia a los
requerimientos y necesidades de la población.
Introducción
La crónica de
Salud Hernández Mora intitulada “Yo la paz aún no la veo, lo que tenemos es más
desorden”, publicada en el diario El Tiempo del 1 de mayo de 2017, en donde, se
relata la situación crítica en seguridad y bienestar de algunas comunidades del
Departamento del Chocó, que se replica en muchas poblaciones de la periferia
del país, sirve de fondo, para ambientar este escrito que se relaciona con la
precariedad del Estado colombiano para imponer autoridad y hacer presencia
llevando tranquilidad, orden y servicios esenciales a los ciudadanos en estado
de vulnerabilidad.
En
concordancia con lo anterior, del citado documento se extractaron los
siguientes apartes, que constituyen una radiografía exacta de lo que sucede en muchas
regiones de Colombia en cuanto a falta de autoridad, control territorial y
solución a las necesidades de la gente:
“…En el momento en que la Armada se vaya, la gente
sale detrás”; “Lo que necesitamos para volver es que se quede la infantería en
Venado”; “Tampoco el San Juan es fuente de comida. A su caudal vierten aguas
residuales los poblados ribereños y mercurio los mineros. Mataron la vida del
río”; “Los proyectos que han traído son inservibles porque los hacen
fundaciones, sin consultarnos. Y son muchos los que comen en el camino y poco
lo que llega”; “hay un centro de salud para las comunidades de esta zona, pero
no tiene médico, ni enfermera, ni drogas”; “Debían mandar tres profesores en
enero y sólo llegó uno, que salió por miedo”; “En las demás poblaciones, la
problemática es igual: ausencia de Estado, miedo a la confrontación armada,
poblaciones en fuga, futuro incierto. “Plomo y desplazamiento es lo único que
recibimos”, resume un funcionario de la Alcaldía” (1 de mayo de 2017, p.10).
El anterior
contexto, conduce a la formulación de la siguiente pregunta: ¿Tiene
gobernalidad un Estado que no ejerce autoridad con rigor, que es dudoso el
control total de su territorio y que no soluciona los requerimientos básicos de
sus pobladores? La respuesta que se plantea a este interrogante, que se
incorpora como la tesis de este ensayo, es la siguiente: Colombia es un Estado,
con una dudosa autoridad, que no controla la totalidad de su territorio, y que
es incapaz de responder con prontitud y eficiencia a las necesidades de
seguridad y bienestar de la población que habita el territorio nacional.
Para la
argumentación de la anterior tesis se desarrollarán los siguientes temas
generales: en primer lugar, se analizará si el ejercicio de la autoridad en
Colombia es efectivo; luego, y en relación con lo anterior, se navegará en las
cuestiones del control territorial donde subyace la geopolítica y la
geoestrategia; y, por último, se abordarán los contenidos de la velocidad de
respuesta a las necesidades más sentidas de la población en los diferentes
territorios. Al final y agotada la argumentación, se concluirá si Colombia en
esta coyuntura es viable o si, por el contrario, corre peligro su supervivencia
e integridad como Nación.
El ejercicio de la autoridad en Colombia
Thomas Hobbes
(1588-1679), y su obra cumbre, El
Leviatán, es uno de los artífices de la teoría del Estado Moderno. Al
respecto, el profesor Augusto Hernández Becerra, en su libro “Las ideas políticas en la historia”,
relata:
En el Estado de naturaleza, por ausencia de un poder
común que los atemorice a todos, dice Hobbes, los hombres viven en constante guerra de todos contra todos. Siendo
insoportable vivir indefinidamente en medio de tal zozobra e infelicidad, la
racionalidad humana permite a los hombres discernir una solución. Es necesario
prescindir de la violencia privada para la solución de los conflictos, y eso
sólo será posible si, de común acuerdo, los hombres renuncian a su derecho de
gobernarse a sí mismos a favor de un hombre (monarca) o una asamblea de hombres
(república). Este es el pacto contrato de donde surge el Estado, que en
adelante ejercerá el monopolio de la violencia para ponerla al servicio de la
seguridad de los ciudadanos y la defensa exterior o, como Hobbes dice, para asegurar la paz y defensa común
(Hernández, 2008, p.205).
La cuestión
es que, el Estado para imponer el orden en una nación, debe someterse a la
Constitución y las Leyes, teniendo para ello, unos órganos coercitivos tales como
la Rama Jurisdiccional, los Organismos de Control con sus normas fiscales y disciplinarias
y, unas Fuerzas Militares y de Policía que conservan el monopolio de las armas
y de coacción para hacer cumplir la Ley. Explícitamente, el catedrático del
derecho, Vladimiro Naranjo lo explica de la siguiente manera: “Todo Estado
supone una estructura jurídica que lo soporte, llámese o no Estado de derecho.
Es esa estructura la que le da vida y sustenta sus funciones. No sería dable
concebir un Estado sin derecho. A la inversa, el derecho tiene su campo de aplicación
natural en el Estado y deriva de este, sus instrumentos de coerción, que le son
indispensables para garantizar el cumplimiento de su normatividad” (Naranjo
Vladimiro, 2010, p.257).
Pero, la
fatalidad de Colombia, es que el Estado ha sido incapaz de imponer a través de
sus medios de coerción una autoridad lo suficientemente rigurosa y eficaz que
asegure la paz, la tranquilidad y el bienestar de todos los colombianos sin
menoscabar los derechos humanos. La Ley se cumple a medias, y por eso, la
desconfianza de la ciudadanía en su operación y en sus determinaciones.
Además, en la
actualidad la gran polémica surgida en el país en los medios académicos, es que,
a criterio de muchos funcionarios judiciales la cárcel no restituye al hombre a
la sociedad y argumentan que hay otras formas de resocialización diferentes al
confinamiento. Por tal razón, los llamados delitos menores que son los que más
daño le están haciendo a los ciudadanos, son excarcelables. Así las cosas, lo
que existe es una justicia laxa que no disuade el delito y no sienta las bases
de un Estado con suficiente autoridad.
Los procesos
para impartir justicia en Colombia tienen unas demoras inusitadas, incluso los
que se refieren a las pequeñas causas. Por el contrario, en algunas regiones
abandonadas por las Farc, como consecuencia de su concentración en zonas
acordadas en la negociación de La Habana, hay personas que añoran la justicia
que imponía este grupo delincuencial. En la entrevista que le hizo María Isabel
Rueda a Ariel Ávila, investigador y subdirector de la fundación Paz y
Reconciliación, éste anota:
Le doy otro ejemplo: en el sur del Tolima, al frente
21 de las Farc lo llamaban “el juzgado 21” …era un sistema de regulación
social. Regulaba desde las infidelidades hasta la toma de trago después de las
10 PM. Por ejemplo, en Antioquia, en el nordeste, colocaban multas hasta de
$200.000 pesos al que se peleara con otro en una cantina…Montaron un sistema de
regulación paralelo, vuelvo y repito, déspota, autoritario, pero eficiente…aquí
hay un tema de conflictividad social que las Farc habían resuelto a su manera”
(2017, p.13).
En esta época
de postacuerdo con las Farc, la justicia en Colombia tiene que evolucionar
hacia la eficiencia. Entendiendo ésta, como la capacidad de lograr decisiones
jurídicas en derecho y en el menor tiempo posible. Según el abogado José Miguel
de la Calle en el escrito titulado “Ensayo sobre una solución de los problemas
de la justicia en Colombia”, la justicia es lenta e inoperante y afirma, además:
No es posible llegar a alcanzar verdaderamente la paz
y mucho menos a consolidarla en el tiempo, sin haber logrado previamente un
sistema sólido, eficaz, equitativo, abierto y rápido de justicia. Por esta
razón, conseguir que el servicio de administración de justicia funciones es un
asunto particularmente relevante para los colombianos (…) el elemento más
notorio de toda la ineficiencia del sistema es la mora en el trámite y decisión
en los procesos (…) el inventario de procesos civiles en retraso es de
1.800.000 expedientes y la mora judicial se calcula en más de 8 años (…) (De la
Calle, 2005, p.103)
Aparte de la
inoperancia del aparato judicial, la corrupción es un tema que marca hondamente
la falta de autoridad del Estado colombiano. Es un poder judicial politizado y
sindicalizado, en el cual, muchas de las decisiones y sentencias están marcadas
por el sesgo ideológico, la retribución de favores y las conveniencias; y al
lado de esto, el dinero y las dádivas para que la balanza de las decisiones se
incline hacia el mejor postor (Revista Semana, 2006, p. Nación).
En este
sentido, uno de los casos más sonados de la corrupción de la justicia en 2015,
fue el ofrecimiento o exigencia de un soborno millonario en el cual se vieron
involucrados un abogado y un magistrado de la Corte constitucional para
favorecer a una empresa petrolera. El destacado columnista de El tiempo, Abdón
Espinoza Valderrama no dudó en llamar este evento como un “Absceso purulento” y
agrega: “(…) reviste gravedad inusitada en cuanto saca a la luz un caso
específico de corrupción en la rama jurisdiccional al más alto nivel e
indirectamente viene a corroborar la verosimilitud de rumores afrentosos sobre
“carruseles” de testigos y otras irregularidades (…) (2015, p.19).
En síntesis,
para componer el problema de la justicia en Colombia se requiere una reforma
estructural que la haga accesible, imparcial, equilibrada, rápida,
transparente, desideologizada, rigurosa y eficiente para que recobre su
credibilidad y para que la gente “deje de añorar un sistema de justicia déspota
autoritario pero eficiente”, que imponen los grupos armados ilegales en las
zonas de su dominio.
El Control territorial
Sobre el
control territorial, como elemento vital para construir la victoria sobre las
organizaciones terroristas y delincuenciales, se puede afirmar con el profesor
Carlos Alberto Patiño Villa, que: “en el siglo XX y hasta el comienzo del XXI,
el Estado aún carece de un control territorial pleno de su geografía” (2010,
p.291).
Por control
territorial se debe entender el hecho de que el Estado ejerza soberanía sobre
todo el territorio nacional, -incluyendo mares, ríos y espacio aéreo-, haciendo
presencia con todas las instituciones nacionales encargadas de llevar bienestar
y seguridad a la población, bajo la tutela de las fuerzas armadas. Algo muy
importante que soporta este tema del control territorial es el mandato
expresado en el Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia que a la
letra dice:
Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica,
política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica
y la vigencia de un orden justo (Art.2 CN, 2001, p.52).
Si las
fuerzas militares y de policía en armonía con la rama judicial operaran el
pleno control territorial, haciendo presencia permanente o transitoria sobre áreas
geográficas proclives a la acción de los
grupos delincuenciales, ejerciendo con celo el monopolio de la coerción del
Estado dentro de los parámetros de la normatividad vigente, para respetar los
derechos de la gente, las organizaciones criminales de todo tipo estarían
desmanteladas y todas las instituciones del Estado podrían llegar con todos sus
servicios a las zonas remotas de la
Nación, para darle seguridad y bienestar a la población. Sin duda, las
zonas de fronteras terrestres, marítimas y aéreas al estar protegidas con
fuerzas rápidas y poderosas ejercerían disuasión a las ambiciones
expansionistas de algunos países limítrofes.
De otro lado,
se argumentará por parte de algunos políticos, economistas, sociólogos y
académicos, que para hacer control territorial total en los términos ya
descritos, se necesitaría ingentes recursos fiscales para mantener unas fuerzas
armadas suficientes para este propósito, lo cual es cierto. Pero un gobierno
que logre controlar la corrupción y desarrollar su economía en el largo plazo,
tendrá los suficientes recursos para sostener un aparato de coerción poderoso
que imponga el orden justo, la autoridad y al mismo tiempo, satisfaga con
rapidez los requerimientos y las necesidades de la población.
Se arguye,
que no es lógico que en ejercicio de un control total del territorio, haya bandas
delincuenciales y terroristas, tales como:
(…) el clan
del Golfo que tiene ya cerca de 2000 efectivos (…) las autodefensas Gaitanistas
de Colombia -dueños del comercio ilícito del oro y líderes indiscutibles del
mercado de la droga en las pequeñas y grandes poblaciones- (…) con presencia en
23 departamentos y con cerca de 2000 efectivos (…) y se les añaden los 3500
miembros activos de los diferentes grupos subversivos como el ELN y el EPL, ya
se acercan a 9000 bandidos. Si se agregan la infinidad de bandas organizadas,
tipos los Urabeños y la Cordillera, dedicadas al microtráfico, a la minería
ilegal y al contrabando, la cifra asciende a 12000, casi el doble de las Farc.
Paz lo que se llama paz, no hay (Botero, C, M, 4 de junio 2017, p.41).
Además, con
un control territorial eficiente, las rutas del narcotráfico por los dos mares
y por las fronteras terrestres hacia Estados Unidos y Europa, estarían
interceptadas y neutralizadas. Y, unas fuerzas armadas con capacidad de
disuasión suficiente serían la clave para que países limítrofes como Venezuela
y Nicaragua, no se atrevieran a pretender posesiones históricas colombianas
marítimas y terrestres. Pero, el principal argumento de los políticos es que hay
la necesidad de reducir presupuestos de la guerra para la paz, lo cual es
ilógico en una situación tan conflictiva como la que se encuentra Colombia.
Así las
cosas, lo que ha faltado es voluntad política para financiar, organizar y
entrenar, un aparato coercitivo contundente, eficaz y de largo plazo para
sentar rigurosa autoridad y controlar el
territorio. Con los dineros del Estado perdidos por la corrupción, el
clientelismo y las malas administraciones fácilmente se puede financiar un sistema
judicial eficiente y unas fuerzas armadas lo suficientemente poderosas para
controlar totalmente el territorio, disuadir las intenciones de los vecinos y
responder de inmediato los requerimientos de la población para evitar el
inconformismo, los paros y las huelgas que tienen azotado el país.
Velocidad de respuesta a las necesidades de la
población
Norberto
Bobbio, filósofo y académico de la ciencia política, en su libro Estado, gobierno y sociedad, refiriéndose
a la gobernalidad y a la legitimidad de un gobierno afirma:
(…) una sociedad se vuelve más ingobernable en cuanto
más aumentan las demandas de la sociedad civil y no aumenta paralelamente la
capacidad de las instituciones para responder a ellas. Más aún: la capacidad de
respuesta del Estado ha alcanzado límites quizás insuperables (de donde
proviene el tema, por ejemplo, de la crisis “fiscal”). Estrechamente
relacionado al tema de la gobernabilidad, aparece el tema de la legitimación:
la ingobernabilidad produce crisis de legitimidad (p.44).
Los bajos
resultados de las encuestas del actual gobierno y de las instituciones, los
paros en Quibdó y Buenaventura, sumados a la huelga de maestros, hechos que se
realizan en la actualidad, hacen pensar en la incapacidad que tiene el Estado
para responder rápidamente a las demandas de la población. Lo anterior, sumado
a los graves actos de corrupción que estremecen al país como los casos de Obebrecht,
Reficar, Interbolsa, la alcaldía de Cartagena y la gobernación de La Guajira,
para mencionar unos pocos, confirma la percepción de ingobernabilidad que se
cierne sobre el actual gobierno y sus instituciones.
Al respecto,
el profesor Fukuyama afirma:
“Hay una estrecha relación entre la eficacia del
gobierno y el control de la corrupción. Tener un Estado fuerte y eficaz implica
algo más que el simple control de la corrupción, pero los gobiernos muy
corruptos acostumbran a tener grandes problemas a la hora de prestar servicios,
hacer cumplir las leyes y representar el interés general” (Fukuyama, 2016,
p.114).
El otro
aspecto que genera incertidumbre y decepción, es el incumplimiento de las
empresas privadas nacionales y extranjeras, en el desarrollo de los proyectos
de infraestructura. La obra para habilitar el túnel de La línea está
paralizada; la construcción de la autopista del Sol que comunica el centro del
país con la Costa atlántica, está detenida en muchos de sus tramos por
incumplimiento de los consorcios. Alguien comentaba que las empresas ganadoras
de licitaciones para las grandes obras del país, en vez de ingenieros
contrataban una legión de abogados para demandar al Estado y apoderarse de los
presupuestos, sin terminar las obras que se comprometieron; de tal manera, que
aquí se configura también una especie de corrupción en cadena donde intervienen
funcionarios públicos y privados y la reacción del Estado es lenta para la
solución de estos problemas.
Conclusión
Las
declaraciones obtenidas de la población en general y de las autoridades en el
Departamento del Chocó, por la periodista Salud Hernández, que se replican en
otras regiones del país, ya relatadas en la introducción de este ensayo, y con los argumentos esgrimidos, confirman que
Colombia es un Estado, con una dudosa autoridad, que no controla la totalidad
de su territorio, y que es incapaz de responder con prontitud y eficiencia a
las necesidades de seguridad y bienestar de la población que habita el
territorio nacional. En estas circunstancias, Colombia como Estado se acerca a
la categoría de inviable.
Consecuentes
con lo anterior, se requiere para la solución de estos problemas: 1. Voluntad
política inquebrantable para asegurar los recursos necesarios y suficientes
para la Justicia, la Seguridad y Defensa. 2.
La reestructuración de las instituciones de justicia. 3. Combatir la corrupción.
4. Entender que el Estado es un sistema en que todos sus componentes deben
trabajar interconectados y en armonía, para buscar un destino manifiesto que
esté por encima de las ambiciones políticas y del corto plazo que impone el
gobierno de turno. 5. Aplicar con rigor la autoridad, respetando los derechos.
5. Controlar totalmente el espacio terrestre, marítimo y aéreo. 6. Y por
último, solucionar y mejorar rápidamente las demandas y las condiciones de la población menos favorecida.
Referencias
Agnew, J. (2003). Geopolitics.
New York: Routledge
Ávila, A. (15
de mayo de 2017). ¿Qué está pasando en los territorios abandonados por las
Farc? El Tiempo. P.13. Bogotá
Bobbio, N. (1997).
Estado, gobierno y sociedad. Santa Fe
de Bogotá: Fondo de Cultura Económica
Botero, C, M.
(4 de junio, 2017). Una falsa dicotomía. El
Espectador. P.41
De la Calle,
J, M. (2007). Ensayo sobre una solución de los problemas de la Justicia en
Colombia. Recuperado de http://sitemasjudiciales.org/content/jud/archivos/notaarchivo/697.pdf
Espinoza, V,
Abdón. (5 de marzo de 2015). Absceso purulento. El Tiempo. p.19. Bogotá
Fukuyama, F.
(2016). Orden y decadencia de la política.
Bogotá: Editorial Planeta
Hernández, A.
(2008). Las ideas políticas en la
historia. Bogotá: Ed. Universidad Externado de Colombia
Naranjo, V.
(2010). Teoría constitucional e
instituciones políticas. Bogotá: Ed. Temis
Patiño, V, C.
(2010). Guerra y construcción del Estado
en Colombia.1810-2010. Bogotá: Debate
Revista
Semana. (2006). El juez y la mafia. Recuperado de http://www.semana.com/nacion/articulo/el-juez-mafia/82276-3
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