jueves, 9 de noviembre de 2017

Autoridad y control territorial en Colombia

Autoridad y control territorial en Colombia

Mayor General (RA) Javier Arias Vivas

“Cuando un país es débil, los países poderosos ganan el control de sus regiones, de sus vías de comunicación y de sus recursos” (Agnew, 1998, p.129)

Resumen
Este escrito pretende demostrar que algunos de los elementos claves por los cuales, Colombia no ha consolidado la seguridad y el bienestar de sus habitantes, es por la falta de autoridad que raya en la ingobernalidad, el dudoso control total del territorio y las fallas del Estado para responder con eficiencia a los requerimientos y necesidades de la población.

Introducción 
La crónica de Salud Hernández Mora intitulada “Yo la paz aún no la veo, lo que tenemos es más desorden”, publicada en el diario El Tiempo del 1 de mayo de 2017, en donde, se relata la situación crítica en seguridad y bienestar de algunas comunidades del Departamento del Chocó, que se replica en muchas poblaciones de la periferia del país, sirve de fondo, para ambientar este escrito que se relaciona con la precariedad del Estado colombiano para imponer autoridad y hacer presencia llevando tranquilidad, orden y servicios esenciales a los ciudadanos en estado de vulnerabilidad.
En concordancia con lo anterior, del citado documento se extractaron los siguientes apartes, que constituyen una radiografía exacta de lo que sucede en muchas regiones de Colombia en cuanto a falta de autoridad, control territorial y solución a las necesidades de la gente:

“…En el momento en que la Armada se vaya, la gente sale detrás”; “Lo que necesitamos para volver es que se quede la infantería en Venado”; “Tampoco el San Juan es fuente de comida. A su caudal vierten aguas residuales los poblados ribereños y mercurio los mineros. Mataron la vida del río”; “Los proyectos que han traído son inservibles porque los hacen fundaciones, sin consultarnos. Y son muchos los que comen en el camino y poco lo que llega”; “hay un centro de salud para las comunidades de esta zona, pero no tiene médico, ni enfermera, ni drogas”; “Debían mandar tres profesores en enero y sólo llegó uno, que salió por miedo”; “En las demás poblaciones, la problemática es igual: ausencia de Estado, miedo a la confrontación armada, poblaciones en fuga, futuro incierto. “Plomo y desplazamiento es lo único que recibimos”, resume un funcionario de la Alcaldía” (1 de mayo de 2017, p.10).

El anterior contexto, conduce a la formulación de la siguiente pregunta: ¿Tiene gobernalidad un Estado que no ejerce autoridad con rigor, que es dudoso el control total de su territorio y que no soluciona los requerimientos básicos de sus pobladores? La respuesta que se plantea a este interrogante, que se incorpora como la tesis de este ensayo, es la siguiente: Colombia es un Estado, con una dudosa autoridad, que no controla la totalidad de su territorio, y que es incapaz de responder con prontitud y eficiencia a las necesidades de seguridad y bienestar de la población que habita el territorio nacional.

Para la argumentación de la anterior tesis se desarrollarán los siguientes temas generales: en primer lugar, se analizará si el ejercicio de la autoridad en Colombia es efectivo; luego, y en relación con lo anterior, se navegará en las cuestiones del control territorial donde subyace la geopolítica y la geoestrategia; y, por último, se abordarán los contenidos de la velocidad de respuesta a las necesidades más sentidas de la población en los diferentes territorios. Al final y agotada la argumentación, se concluirá si Colombia en esta coyuntura es viable o si, por el contrario, corre peligro su supervivencia e integridad como Nación.  

El ejercicio de la autoridad en Colombia

Thomas Hobbes (1588-1679), y su obra cumbre, El Leviatán, es uno de los artífices de la teoría del Estado Moderno. Al respecto, el profesor Augusto Hernández Becerra, en su libro “Las ideas políticas en la historia”, relata:

En el Estado de naturaleza, por ausencia de un poder común que los atemorice a todos, dice Hobbes, los hombres viven en constante guerra de todos contra todos. Siendo insoportable vivir indefinidamente en medio de tal zozobra e infelicidad, la racionalidad humana permite a los hombres discernir una solución. Es necesario prescindir de la violencia privada para la solución de los conflictos, y eso sólo será posible si, de común acuerdo, los hombres renuncian a su derecho de gobernarse a sí mismos a favor de un hombre (monarca) o una asamblea de hombres (república). Este es el pacto contrato de donde surge el Estado, que en adelante ejercerá el monopolio de la violencia para ponerla al servicio de la seguridad de los ciudadanos y la defensa exterior o, como Hobbes dice, para asegurar la paz y defensa común (Hernández, 2008, p.205).

La cuestión es que, el Estado para imponer el orden en una nación, debe someterse a la Constitución y las Leyes, teniendo para ello, unos órganos coercitivos tales como la Rama Jurisdiccional, los Organismos de Control con sus normas fiscales y disciplinarias y, unas Fuerzas Militares y de Policía que conservan el monopolio de las armas y de coacción para hacer cumplir la Ley. Explícitamente, el catedrático del derecho, Vladimiro Naranjo lo explica de la siguiente manera: “Todo Estado supone una estructura jurídica que lo soporte, llámese o no Estado de derecho. Es esa estructura la que le da vida y sustenta sus funciones. No sería dable concebir un Estado sin derecho. A la inversa, el derecho tiene su campo de aplicación natural en el Estado y deriva de este, sus instrumentos de coerción, que le son indispensables para garantizar el cumplimiento de su normatividad” (Naranjo Vladimiro, 2010, p.257).

Pero, la fatalidad de Colombia, es que el Estado ha sido incapaz de imponer a través de sus medios de coerción una autoridad lo suficientemente rigurosa y eficaz que asegure la paz, la tranquilidad y el bienestar de todos los colombianos sin menoscabar los derechos humanos. La Ley se cumple a medias, y por eso, la desconfianza de la ciudadanía en su operación y en sus determinaciones.
Además, en la actualidad la gran polémica surgida en el país en los medios académicos, es que, a criterio de muchos funcionarios judiciales la cárcel no restituye al hombre a la sociedad y argumentan que hay otras formas de resocialización diferentes al confinamiento. Por tal razón, los llamados delitos menores que son los que más daño le están haciendo a los ciudadanos, son excarcelables. Así las cosas, lo que existe es una justicia laxa que no disuade el delito y no sienta las bases de un Estado con suficiente autoridad.

Los procesos para impartir justicia en Colombia tienen unas demoras inusitadas, incluso los que se refieren a las pequeñas causas. Por el contrario, en algunas regiones abandonadas por las Farc, como consecuencia de su concentración en zonas acordadas en la negociación de La Habana, hay personas que añoran la justicia que imponía este grupo delincuencial. En la entrevista que le hizo María Isabel Rueda a Ariel Ávila, investigador y subdirector de la fundación Paz y Reconciliación, éste anota:

Le doy otro ejemplo: en el sur del Tolima, al frente 21 de las Farc lo llamaban “el juzgado 21” …era un sistema de regulación social. Regulaba desde las infidelidades hasta la toma de trago después de las 10 PM. Por ejemplo, en Antioquia, en el nordeste, colocaban multas hasta de $200.000 pesos al que se peleara con otro en una cantina…Montaron un sistema de regulación paralelo, vuelvo y repito, déspota, autoritario, pero eficiente…aquí hay un tema de conflictividad social que las Farc habían resuelto a su manera” (2017, p.13).

En esta época de postacuerdo con las Farc, la justicia en Colombia tiene que evolucionar hacia la eficiencia. Entendiendo ésta, como la capacidad de lograr decisiones jurídicas en derecho y en el menor tiempo posible. Según el abogado José Miguel de la Calle en el escrito titulado “Ensayo sobre una solución de los problemas de la justicia en Colombia”, la justicia es lenta e inoperante y afirma, además:
No es posible llegar a alcanzar verdaderamente la paz y mucho menos a consolidarla en el tiempo, sin haber logrado previamente un sistema sólido, eficaz, equitativo, abierto y rápido de justicia. Por esta razón, conseguir que el servicio de administración de justicia funciones es un asunto particularmente relevante para los colombianos (…) el elemento más notorio de toda la ineficiencia del sistema es la mora en el trámite y decisión en los procesos (…) el inventario de procesos civiles en retraso es de 1.800.000 expedientes y la mora judicial se calcula en más de 8 años (…) (De la Calle, 2005, p.103)

Aparte de la inoperancia del aparato judicial, la corrupción es un tema que marca hondamente la falta de autoridad del Estado colombiano. Es un poder judicial politizado y sindicalizado, en el cual, muchas de las decisiones y sentencias están marcadas por el sesgo ideológico, la retribución de favores y las conveniencias; y al lado de esto, el dinero y las dádivas para que la balanza de las decisiones se incline hacia el mejor postor (Revista Semana, 2006, p. Nación).

En este sentido, uno de los casos más sonados de la corrupción de la justicia en 2015, fue el ofrecimiento o exigencia de un soborno millonario en el cual se vieron involucrados un abogado y un magistrado de la Corte constitucional para favorecer a una empresa petrolera. El destacado columnista de El tiempo, Abdón Espinoza Valderrama no dudó en llamar este evento como un “Absceso purulento” y agrega: “(…) reviste gravedad inusitada en cuanto saca a la luz un caso específico de corrupción en la rama jurisdiccional al más alto nivel e indirectamente viene a corroborar la verosimilitud de rumores afrentosos sobre “carruseles” de testigos y otras irregularidades (…) (2015, p.19).

En síntesis, para componer el problema de la justicia en Colombia se requiere una reforma estructural que la haga accesible, imparcial, equilibrada, rápida, transparente, desideologizada, rigurosa y eficiente para que recobre su credibilidad y para que la gente “deje de añorar un sistema de justicia déspota autoritario pero eficiente”, que imponen los grupos armados ilegales en las zonas de su dominio.

El Control territorial

Sobre el control territorial, como elemento vital para construir la victoria sobre las organizaciones terroristas y delincuenciales, se puede afirmar con el profesor Carlos Alberto Patiño Villa, que: “en el siglo XX y hasta el comienzo del XXI, el Estado aún carece de un control territorial pleno de su geografía” (2010, p.291).

Por control territorial se debe entender el hecho de que el Estado ejerza soberanía sobre todo el territorio nacional, -incluyendo mares, ríos y espacio aéreo-, haciendo presencia con todas las instituciones nacionales encargadas de llevar bienestar y seguridad a la población, bajo la tutela de las fuerzas armadas. Algo muy importante que soporta este tema del control territorial es el mandato expresado en el Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia que a la letra dice:

Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (Art.2 CN, 2001, p.52).

Si las fuerzas militares y de policía en armonía con la rama judicial operaran el pleno control territorial, haciendo presencia permanente o transitoria sobre áreas geográficas  proclives a la acción de los grupos delincuenciales, ejerciendo con celo el monopolio de la coerción del Estado dentro de los parámetros de la normatividad vigente, para respetar los derechos de la gente, las organizaciones criminales de todo tipo estarían desmanteladas y todas las instituciones del Estado podrían llegar con todos sus servicios a las zonas remotas de la  Nación, para darle seguridad y bienestar a la población. Sin duda, las zonas de fronteras terrestres, marítimas y aéreas al estar protegidas con fuerzas rápidas y poderosas ejercerían disuasión a las ambiciones expansionistas de algunos países limítrofes.

De otro lado, se argumentará por parte de algunos políticos, economistas, sociólogos y académicos, que para hacer control territorial total en los términos ya descritos, se necesitaría ingentes recursos fiscales para mantener unas fuerzas armadas suficientes para este propósito, lo cual es cierto. Pero un gobierno que logre controlar la corrupción y desarrollar su economía en el largo plazo, tendrá los suficientes recursos para sostener un aparato de coerción poderoso que imponga el orden justo, la autoridad y al mismo tiempo, satisfaga con rapidez los requerimientos y las necesidades de la población.

Se arguye, que no es lógico que en ejercicio de un control total del territorio, haya bandas delincuenciales y terroristas, tales como:

 (…) el clan del Golfo que tiene ya cerca de 2000 efectivos (…) las autodefensas Gaitanistas de Colombia -dueños del comercio ilícito del oro y líderes indiscutibles del mercado de la droga en las pequeñas y grandes poblaciones- (…) con presencia en 23 departamentos y con cerca de 2000 efectivos (…) y se les añaden los 3500 miembros activos de los diferentes grupos subversivos como el ELN y el EPL, ya se acercan a 9000 bandidos. Si se agregan la infinidad de bandas organizadas, tipos los Urabeños y la Cordillera, dedicadas al microtráfico, a la minería ilegal y al contrabando, la cifra asciende a 12000, casi el doble de las Farc. Paz lo que se llama paz, no hay (Botero, C, M, 4 de junio 2017, p.41).

Además, con un control territorial eficiente, las rutas del narcotráfico por los dos mares y por las fronteras terrestres hacia Estados Unidos y Europa, estarían interceptadas y neutralizadas. Y, unas fuerzas armadas con capacidad de disuasión suficiente serían la clave para que países limítrofes como Venezuela y Nicaragua, no se atrevieran a pretender posesiones históricas colombianas marítimas y terrestres. Pero, el principal argumento de los políticos es que hay la necesidad de reducir presupuestos de la guerra para la paz, lo cual es ilógico en una situación tan conflictiva como la que se encuentra Colombia.

Así las cosas, lo que ha faltado es voluntad política para financiar, organizar y entrenar, un aparato coercitivo contundente, eficaz y de largo plazo para sentar rigurosa autoridad y  controlar el territorio. Con los dineros del Estado perdidos por la corrupción, el clientelismo y las malas administraciones fácilmente se puede financiar un sistema judicial eficiente y unas fuerzas armadas lo suficientemente poderosas para controlar totalmente el territorio, disuadir las intenciones de los vecinos y responder de inmediato los requerimientos de la población para evitar el inconformismo, los paros y las huelgas que tienen azotado el país.   

Velocidad de respuesta a las necesidades de la población

Norberto Bobbio, filósofo y académico de la ciencia política, en su libro Estado, gobierno y sociedad, refiriéndose a la gobernalidad y a la legitimidad de un gobierno afirma:

(…) una sociedad se vuelve más ingobernable en cuanto más aumentan las demandas de la sociedad civil y no aumenta paralelamente la capacidad de las instituciones para responder a ellas. Más aún: la capacidad de respuesta del Estado ha alcanzado límites quizás insuperables (de donde proviene el tema, por ejemplo, de la crisis “fiscal”). Estrechamente relacionado al tema de la gobernabilidad, aparece el tema de la legitimación: la ingobernabilidad produce crisis de legitimidad (p.44).

Los bajos resultados de las encuestas del actual gobierno y de las instituciones, los paros en Quibdó y Buenaventura, sumados a la huelga de maestros, hechos que se realizan en la actualidad, hacen pensar en la incapacidad que tiene el Estado para responder rápidamente a las demandas de la población. Lo anterior, sumado a los graves actos de corrupción que estremecen al país como los casos de Obebrecht, Reficar, Interbolsa, la alcaldía de Cartagena y la gobernación de La Guajira, para mencionar unos pocos, confirma la percepción de ingobernabilidad que se cierne sobre el actual gobierno y sus instituciones.

Al respecto, el profesor Fukuyama afirma:

“Hay una estrecha relación entre la eficacia del gobierno y el control de la corrupción. Tener un Estado fuerte y eficaz implica algo más que el simple control de la corrupción, pero los gobiernos muy corruptos acostumbran a tener grandes problemas a la hora de prestar servicios, hacer cumplir las leyes y representar el interés general” (Fukuyama, 2016, p.114).

El otro aspecto que genera incertidumbre y decepción, es el incumplimiento de las empresas privadas nacionales y extranjeras, en el desarrollo de los proyectos de infraestructura. La obra para habilitar el túnel de La línea está paralizada; la construcción de la autopista del Sol que comunica el centro del país con la Costa atlántica, está detenida en muchos de sus tramos por incumplimiento de los consorcios. Alguien comentaba que las empresas ganadoras de licitaciones para las grandes obras del país, en vez de ingenieros contrataban una legión de abogados para demandar al Estado y apoderarse de los presupuestos, sin terminar las obras que se comprometieron; de tal manera, que aquí se configura también una especie de corrupción en cadena donde intervienen funcionarios públicos y privados y la reacción del Estado es lenta para la solución de estos problemas.

Conclusión

Las declaraciones obtenidas de la población en general y de las autoridades en el Departamento del Chocó, por la periodista Salud Hernández, que se replican en otras regiones del país, ya relatadas en la introducción de este ensayo, y con  los argumentos esgrimidos, confirman que Colombia es un Estado, con una dudosa autoridad, que no controla la totalidad de su territorio, y que es incapaz de responder con prontitud y eficiencia a las necesidades de seguridad y bienestar de la población que habita el territorio nacional. En estas circunstancias, Colombia como Estado se acerca a la categoría de inviable.

Consecuentes con lo anterior, se requiere para la solución de estos problemas: 1. Voluntad política inquebrantable para asegurar los recursos necesarios y suficientes para la Justicia, la Seguridad y Defensa. 2.  La reestructuración de las instituciones de justicia. 3. Combatir la corrupción. 4. Entender que el Estado es un sistema en que todos sus componentes deben trabajar interconectados y en armonía, para buscar un destino manifiesto que esté por encima de las ambiciones políticas y del corto plazo que impone el gobierno de turno. 5. Aplicar con rigor la autoridad, respetando los derechos. 5. Controlar totalmente el espacio terrestre, marítimo y aéreo. 6. Y por último, solucionar y mejorar rápidamente las demandas y las condiciones  de la población menos favorecida.

Referencias
Agnew, J. (2003). Geopolitics. New York: Routledge
Ávila, A. (15 de mayo de 2017). ¿Qué está pasando en los territorios abandonados por las Farc? El Tiempo. P.13. Bogotá
Bobbio, N. (1997). Estado, gobierno y sociedad. Santa Fe de Bogotá: Fondo de Cultura Económica
Botero, C, M. (4 de junio, 2017). Una falsa dicotomía. El Espectador. P.41
De la Calle, J, M. (2007). Ensayo sobre una solución de los problemas de la Justicia en Colombia. Recuperado de http://sitemasjudiciales.org/content/jud/archivos/notaarchivo/697.pdf
Espinoza, V, Abdón. (5 de marzo de 2015). Absceso purulento. El Tiempo. p.19. Bogotá
Fukuyama, F. (2016). Orden y decadencia de la política. Bogotá: Editorial Planeta
Hernández, A. (2008). Las ideas políticas en la historia. Bogotá: Ed. Universidad Externado de Colombia
Naranjo, V. (2010). Teoría constitucional e instituciones políticas. Bogotá: Ed. Temis
Patiño, V, C. (2010). Guerra y construcción del Estado en Colombia.1810-2010. Bogotá: Debate
Revista Semana. (2006). El juez y la mafia. Recuperado de http://www.semana.com/nacion/articulo/el-juez-mafia/82276-3


  


No hay comentarios.: