LAS INJUSTICIAS CONTRA LAS FUERZAS MILITARES

La justicia en Colombia está en un impasse

Por Eduardo Mackenzie

22 de septiembre de 2011

La justicia en Colombia está en un impasse. Ninguno de sus problemas graves se resolverá realmente hasta que los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá absuelvan, con todas las de la ley, al Coronel Alfonso Plazas Vega.

El TSB lo debe declarar inocente pues al hacerlo le dará de nuevo vida, y un impulso considerable, al debido proceso en Colombia, el cual ha sido pisoteado y abolido de hecho por el mal ejemplo que se desprende de ese proceso-montaje.

Con su absolución, el TSB podrá destapar los horrores que cometieron la fiscal Buitrago y la juez Jara. Esos horrores, si el sistema judicial no los repudia con franqueza y con entereza de carácter, abordando no un punto o dos del mismo sino todos los que constituyeron ese engendro, seguirán alentando a otros operadores venales a seguir en eso. Toda la justicia terminará devorada por esos demonios. Pues ese proceso es un modelo que quiere penetrar todo el cuerpo judicial colombiano. Es un cáncer que amenaza todo el edificio.

En el proceso del coronel Plazas no sólo hubo un ataque ilegal contra la dignidad de un hombre inocente, héroe de Colombia,  que no ha cometido delito alguno. Hubo también un ataque frontal contra las Fuerzas Armadas y contra la tradicional juridicidad colombiana, de la cual millones de colombianos vivíamos orgullosos.

En ese proceso no sólo hubo dos falsos testimonios acusadores (T. Sáenz y R. Gamez), sino que un tercer actor, que fue mostrado como el principal testigo de cargo (E. Villamizar), resultó ser inexistente: un impostor sin nombre substituyó la palabra y la presencia de un hombre real y todo bajo la complicidad de la fiscal. Y algo más: un ex secuestrador del M-19 (R. Guarín) orientaba a su antojo la investigación y alimentaba a la prensa con falsas noticias.

Peor: en ese proceso ocurrió algo mucho más insólito, que produce escalofríos a quien lo descubre por primera vez: 27 cadáveres fueron refundidos, escondidos, escamoteados en circuitos laberínticos de tres instituciones nacionales, durante 25 años, con la venia de la Fiscalía, para que un triste “colectivo de abogados” pudiera fabricar la leyenda de los “11 desaparecidos del Palacio de Justicia”, en desprecio total de la verdad procesal y burlándose miserablemente, durante todo ese tiempo, hasta hoy, de las familias de esas víctimas del terrorismo del M-19.  Pues había que fabricar esa grotesca leyenda para poder inculpar al coronel Plazas, al general Arias Cabrales y a  nueve militares más.

¿Cómo Colombia podrá seguir su camino sin un restablecimiento pleno de la verdad y de la justicia? ¿Sin que la mancha que deja esa farsa procesal, digna de las peores dictaduras, sea lavada? ¿Qué respeto podrán tener los colombianos de la justicia si ésta se agacha y, por cobardía ante los violentos que montaron y sostienen ese complot, deja  que éste, mediante una sentencia inicua, haga tránsito a cosa juzgada?

¿Cómo Colombia puede seguir creyendo que es una nación libre si el poder judicial, una parte de la clase política y los medios de información más prestigiosos, se dejan imponer semejantes  manipulaciones?

Hay que saludar el enorme servicio que el Coronel Plazas le sigue prestando al país. A pesar de estar detenido, y bajo una presión psicológica bestial, el no ha dejado un minuto de luchar y de resistir contra la arbitrariedad. Gracias a él, a su examen crítico constante del expediente, a los excelentes libros que ha escrito sobre el tema, y gracias a su abogado Jaime Granados, y a un puñado de periodistas independientes, dentro del cual se destaca Ricardo Puentes Melo, la verdad ha salido a flote. Gracias a ellos ahora conocemos muchos detalles de cómo fue lanzado y estabilizado ese montaje. Hoy está al alcance del público conocer la relojería más íntima de esa farsa judicial. El país quiere ir más lejos y conocer cada uno de los engranajes de ese asunto y lo sabrá un día. Cuando los intrigantes escogieron al coronel Plazas para cobrarle su combate por la democracia no sabían que el terminaría desnudándolos y mostrando las sofisticadas técnicas que ellos usan para intoxicar a la opinión y a los gobiernos. ¿Por eso fue que trataron de callarlo definitivamente cuando la fiscal Buitrago lo sacó violentamente de un hospital para inyectarle una substancia misteriosa y enviarlo ilegalmente a La Picota? 

El ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra debería enterarse de estas cosas y  tomar cartas en el asunto. El no puede darle la espalda a lo que ha pasado y a lo que está pasando.

Colombia no puede seguir viviendo en la mentira. No puede seguir  creyendo las falsas explicaciones. ¿Qué sabemos de la masacre de las bananeras de 1928, del 9 de abril de 1948, de la terrible explosión de Cali en 1956, del asesinato de José Raquel Mercado en 1976, del asalto y destrucción del palacio de justicia en 1985? Muy poco o nada. Pues ante esos terribles eventos, ante la falta de investigaciones eficientes, siempre la patraña logró imponerse sobre la verdad, siempre una mistificación inventada por la minoría asesina, trató de robarle al país la verdad.

¿No dijeron acaso que la masacre de las bananeras había sido el Gobierno, que el 9 de abril fue el Gobierno (y el “imperialismo”), que a José Raquel Mercado lo asesinó “el pueblo” pues no se “pronunció” para que sus verdugos lo perdonaran? ¿No dijeron que el culpable del palacio de justicia fue el Gobierno por haberle “incumplido” al M-19? Y seguimos en eso.

O seguíamos, pues gracias al proceso del Coronel Plazas y a la tenacidad de unos pocos, es decir a una sociedad civil que se cansó de tragar embustes, la falacia que el terrorismo inventó para culpar al Gobierno y vengarse de los militares y  para evitarle la cárcel a los autores intelectuales de ese abrumador golpe a la democracia, se ha venido al suelo.

Fue muy reveladora la reacción de Alfredo Molano ante la carta firmada por 30 personalidades que preguntan por qué el coronel Plazas sigue en prisión. Con su vulgaridad habitual, Molano dijo que  “los cacaos” querían impresionar a la justicia. ¿Los “cacaos”? ¿Sabe el lector qué es eso? En el lenguaje de los leninistas, “cacao” quiere decir “enemigo del pueblo”, es decir gente fusilable en cualquier momento y sin pretexto. Esa es la visión y ese es el lenguaje cifrado que utilizan algunos, veinte años después del fin de la guerra fría, para tratar a sus “enemigos de clase”.