La Opinión de la Semana

Bogotá D.C., 19 de octubre de 2011

Doctor

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

Presidente de la República

La ciudad

Señor Presidente:

Interpreto el sentimiento de los Generales y Almirantes de la Reserva Activa de la República de Colombia, para manifestarle nuestra frustración por la intención de retiro del Proyecto que ratifica el Fuero militar, consagrado en el Artículo 221 de la Constitución Política de Colombia, como parte de la Reforma a la Justicia.

Estábamos fervorosamente complacidos con la leal, conveniente y bienintencionada actuación del Ministro de la Defensa Nacional, doctor Juan Carlos Pinzón Bueno, quien con visión estratégica de los altos intereses del Estado, del rol primordial de las Fuerzas Militares, y con sentido de responsabilidad, espíritu patrio y preocupación por el bienestar y moral de la Fuerza Pública, incluyó el tema del Fuero en el texto del proyecto de la Reforma Judicial aludida.

Tenemos el convencimiento, que usted señor presidente Santos Calderón, habrá reflexionado sobre el grave daño que le causó el Ministro de la Defensa Nacional, Camilo Ospina, a las Fuerzas Militares, a la Seguridad Democrática y a Colombia, con la signatura del injustificable y absurdo acto administrativo, violatorio de la Carta Magna, que hiciera con el Fiscal General de la República de ese momento, Mario Iguarán Arana, concertación ratificada por la Directiva N° 19 de noviembre de 2007, en la cual se amenaza con sanciones para los funcionarios que no den cumplimiento a dicho compromiso.

Una vez más se pretende dar la espalda a nuestras Fuerzas Militares, se las deja solas, en total indefensión en el estado de guerra que, como usted mismo lo ha reconocido, afronta la Nación, requiriéndose que el Comandante Supremo de las mismas, que es el Presidente de la República, asuma su defensión.

No existe en el Mundo un ejército fuerte sin un Fuero militar, y mucho menos afrontando la amenaza de dos enemigos, el terrorismo y el narcotráfico, como el que enrostra la Fuerza Pública de Colombia.

Nuestras valerosas y sacrificadas Fuerzas Militares están cediendo la iniciativa en el combate, no por falta de coraje, pues su valor ha sido puesto a prueba en múltiples ocasiones y escenarios; es que nadie está dispuesto a arriesgar su vida, a sacrificar su patrimonio y el de su familia, cuando después de un combate contra los grupos narcoterroristas, si es que conserva su vida, debe enfrentarse en un estrado judicial a las infamias y falacias de testigos falsos o venales, y someterse a las acusaciones y juicios de fiscales y jueces, unos bienintencionados pero carentes del conocimiento y la preparación requeridas para entender, investigar y juzgar las operaciones militares, y algunos otros, infiltrados por la ultraizquierda o presionados por organismos nacionales e internacionales de la misma tendencia, con claros móviles políticos y económicos, que nos hacen víctimas de su ruin proceder.

No hay otra forma de recuperar la moral de combate, la iniciativa y la voluntad de lucha de nuestras Fuerzas Militares, definitiva en estos aciagos momentos de la situación Nacional, para lograr la esquiva y ansiada paz de nuestro pueblo y evitar que el narcoterrorismo se reorganice y recupere el espacio que la Fuerza Pública le ha arrebatado a costa de su sacrificio y del de las vidas de muchos de sus hombres, que la de la convalidación del Fuero militar consignado en nuestra Constitución Política.

No entendemos cómo el Gobierno demanda y exige de su Fuerza Pública sacrificios, esfuerzos y privaciones, y hasta el riesgo de sus propias vidas para neutralizar el accionar criminal de los grupos armados, si cuando debiera, por responsabilidad y obligación moral y jerárquica, enfrentar la batalla jurídica y política que las organizaciones de extrema izquierda plantean contra los militares, le da la espalda a sus tropas, las abandona y por el contrario negocia sus garantías y derechos, como acaeció recientemente con el representante de una ONG internacional, quien en una rueda de prensa desde la Casa de Nariño anunció su satisfacción por la promesa que le hiciera el Presidente, que la justicia ordinaria juzgaría y condenaría a los Militares.

En ningún momento hemos pretendido la impunidad, ésa ha sido la premisa falaz que han empleado como bandera organizaciones, medios de comunicación y personajes proclives a los grupos terroristas o a ideologías de extrema izquierda. Al contrario, reclamamos justicia imparcial en un marco especializado que posea la formación pertinente requerida.

Los terroristas solapados y ex miembros de grupos terroristas, que ahora hasta gozan de estatus como el de asesores del Gobierno, están creando en el imaginario de la opinión pública un cuadro distorsionado de lo que realmente representa el Fuero Militar, pretenden que se perciba como un privilegio o una prerrogativa que persigue la exención de los militares.

Los miembros del Cuerpo de Generales y Almirantes de la Reserva Activa demandamos el respeto a una garantía constitucional, como lo es el Fuero Militar, establecida por el Estado para aquellos miembros, que en defensa de éste, desarrollan una actividad especial y del más alto riesgo.

Fuimos partícipes del proceso histórico de Colombia, poseemos la experiencia, madurez y el conocimiento de las estrategias políticas y del mecanismo del Congreso de la República, que nos permiten vislumbrar, que si el Gobierno retira en este momento el proyecto de fortalecimiento del Fuero Militar, con el sofisma de que posteriormente se hará un análisis particular detallado y ampliado del mismo, tendríamos que esperar la próxima legislatura para iniciar nuevamente el trámite establecido para las leyes y actos legislativos, lo cual incrementaría la desmoralización y generaría en las Fuerzas Militares desilusión y pérdida  de confianza en su Comandante Supremo: el Presidente de la República.

Señor Presidente, tenga la certeza, que no obstante la voluntad, el esfuerzo y sacrificio del Ministro de la Defensa y los distinguidos Generales y Almirantes que conforman esa Cúpula Militar de lujo que usted y el mismo Ministro de la Defensa Nacional, Juan Carlos Pinzón Bueno, recientemente designaron, no logrará recuperar la iniciativa en el combate de nuestras Fuerzas Militares, pues mientras no les garantice un Fuero militar adecuado a la situación que vive la Nación y un debido proceso en sus investigaciones, la Seguridad Democrática se irá diluyendo en el pasado y el actuar de los narcoterroristas será cada vez más sangriento.

Así como el Gobierno ha requerido vehementemente al Congreso de la República que le otorgue el “marco jurídico para hacer la paz¨, también las Fuerzas Militares requieren del marco jurídico para hacer la guerra que plantea la amenaza terrorista.

Atentamente,

General HÉCTOR FABIO VELASCO CHÁVEZ

Presidente

La injusta Justicia

El affaire misterioso de Carlos Horacio Urán

Eduardo Mackenzie

Por Eduardo Mackenzie

El arte de resucitar los muertos tiene un secreto: sólo se puede hacer en el mundo de la imaginación y de la escritura.

Viernes, 14 de Octubre de 2011

 El arte de resucitar los muertos tiene un secreto: sólo se puede hacer en el mundo de la imaginación y de la escritura. La ex fiscal Ángela María Buitrago, creyendo que podía imitar a San Lucas, quien resucitó a Lázaro en el conocido episodio de Betania, trató de resucitar a Carlos Horacio Urán, un  magistrado auxiliar del Consejo de Estado que murió durante  la matanza organizada por el M-19 en el Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985.

Antes de abandonar el cargo que tenía, del cual fue destituida por  haber cometido graves faltas profesionales, la ex fiscal decidió que  el doctor Urán había salido vivo del Palacio y que alguien (un militar, según ella) lo había asesinado después.  Todo ello para poder llamar a indagatoria a los generales Jesús Armando Arias Cabrales, Carlos Alberto Fracica y Rafael Hernández López. Después, para colmo del absurdo, la Comisión de la Verdad, de origen judicial, se apresuró a comprometerse con la hipótesis de la ex fiscal pero presentando esa alegación como un hecho comprobado.

El problema es que cuatro personas que estaban cerca del doctor Urán durante la tragedia del Palacio de Justicia, lo vieron caer acribillado, al lado de ellos, por las balas que disparaban, dentro del edificio, en el fragor del combate, los terroristas y las fuerzas del orden.  Cayó acribillado, con otros rehenes, pues Almarales, uno de los jefes del asalto terrorista,  se opuso a que salieran de allí cuando los soldados estaban dispuestos a acogerlos, como habían acogido al consejero de Estado Reinaldo Arciniegas.

Otros dos consejeros de Estado, Aydée Anzola Linares y Samuel Buitrago Hurtado, declararon ante el juez 27 de instrucción criminal, el 5 de diciembre de 1985, que Urán había muerto en el Palacio de Justicia. Samuel Buitrago ha sostenido eso siempre ante los jueces, la radio y la prensa colombiana. Samuel Buitrago afirma que vio con sus propios ojos que Carlos Horacio Urán, así como el magistrado Manuel Gaona Cruz y Luz Stella Bernal, cayeron tras los impactos de bala que recibieron “y  quedaron ahí tirados en el piso".

Otra persona que hacía parte, como Buitrago y Anzola, del grupo de rehenes que estaban confinados en el baño del segundo-tercer piso del palacio con Urán, Luz del Carmen Lozano, auxiliar del Consejo de Estado, dijo exactamente lo mismo al juez 30 de instrucción criminal el 27 de noviembre de 1985. El magistrado Hernando Tapias Rocha también  fue testigo de la muerte de Urán. Un quinto testigo presencial, Francisco Camargo, ratificó lo dicho por la señora Lozano, ante el juez 30. Otra auxiliar del Consejo de Estado que estaba con ese grupo, María Humbertina Hernández de Díaz, dijo: "...Yo vi cuando le dispararon a la doctora Luz Stella [Bernal], le disparó un guerrillero con metralleta...». La autopsia dice que Luz Stella Bernal murió “como consecuencia de una ráfaga (cuatro heridas) y no por estallido o explosión”.

¿Por qué la palabra de los únicos testigos de esos crueles instantes son descartados? ¿Todos ellos mentían?  ¿Si mentían por qué lo hicieron? ¿Se habían concertado para ello? La justicia no parece estar en condiciones de cuestionar esos testimonios. Pues ningún reproche ni acusación en ese sentido ha sido formulado contra esas víctimas-testigos. Sin embargo,  la justicia de 2011 se empeña en descartar esos testimonios haciendo gala del poco respeto que le merecen las personas que sobrevivieron al sangriento ataque de los terroristas.

Alguien trata de desacreditar los testimonios del doctor Buitrago pues él, junto con los magistrados Nemesio Camacho y  Hernando Tapias Rocha y con la funcionaria Alba Inés Rodríguez, así como María Humbertina Hernández de Díaz y el conductor José William Ortiz y el abogado Gabriel Salom, acusan a los guerrilleros de haber disparado contra ellos, rehenes, dentro del baño, ocasionando la muerte de Manuel Gaona Cruz y de Horacio Montoya Gil y, probablemente, del mismo Carlos Horacio Urán, si no la de otros. Ver al respecto el excelente informe del Tribunal Especial de Instrucción en:ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/decreto/1986/decreto_1917_1986.html

La ex fiscal Buitrago, quien se atrevió a utilizar métodos atroces en su “investigación” contra el Coronel Alfonso Plazas Vega, comandante de la unidad blindada que entró al palacio, insiste en negar esos testimonios para poder construir la hipótesis de que Urán, cual Lázaro moderno, se levantó del lugar donde había sido abatido violentamente casi por la misma ráfaga que mató al magistrado Manuel Gaona, y salió poco después a la calle, saltando en un pié, acompañado por un soldado. ¿Puede una persona que ha recibido un tiro en la cabeza a menos de un metro de distancia, como dijo la autopsia, salir sobre sus dos pies horas más tarde?

Los autores de la leyenda sobre la resurrección de Urán pretenden eclipsar el testimonio directo de los  testigos citados mediante un video borroso de la televisión colombiana de 1985 en donde la ex fiscal Buitrago creyó ver al doctor Urán saliendo del palacio. La historia de esa “prueba” es conocida. Nueve días después de la tragedia, la señora Ana María Bidegaín, viuda de Urán, declaró ante el juez segundo especializado: “… conseguí copia del video y lo vimos con mi hija mayor y estábamos convencidas que era él hasta ese momento, por la estatura, el físico, el movimiento, salía tenido por los soldados, la ropa era muy borrosa. Después vimos otra de los americanos de la CBS. La imagen era un poco más nítida, pero  a la vez esa imagen no corresponde a la de 24 Horas. Sobre esa imagen [la de CBS] no puedo asegurar que era él, era muy parecido, es decir no tengo certeza de que sea él”. Es decir, tras examinar el video más nítido, la viuda del doctor Urán llegó la certidumbre de que no podía afirmar que él había salido vivo del Palacio.  Un día después, el 16 de noviembre de 1985, ella ratificó eso mismo ante El Mundo, de Medellín: la persona vista en esos videos no era su esposo. Sin embargo, más de veinte años después, la señora  Bidegaín, cambió de parecer y ahora proclama que su marido salió vivo del palacio.

El magistrado Samuel Buitrago Hurtado vio esos mismos videos y concluyó, pese a la sospechosa presión que sufría de parte de gente de la Fiscalía, que quien se veía salir del palacio no era su amigo Carlos Horacio Urán. 

Medicina Legal trató, en enero de 2010, de resucitar otro muerto: el magistrado Manuel Gaona Cruz. Mediante un “estudio”, hecho 25 años después de la catástrofe,  se permitió afirmar que también Gaona había salido vivo del Palacio y “ajusticiado” después no se sabe por quién. Contra ese curioso dictamen  se pronunciaron varios testigos irreprochables como Alba Inés Rodríguez y el magistrado Samuel Buitrago, entre otros. Ver:http://www.vanguardia.com/historico/50995-el-magistrado-gaona-no-salio-vivo-del-palacio-testigo

Ahora esa misma entidad saca otro “estudio” para resucitar (por unas horas) a Carlos Horacio Urán. El Tiempo publicó, en efecto, el 11 de octubre de 2011, un artículo sin firma en el que asegura que una “nueva necropsia” hecha por Medicina Legal dice haber descubierto una “segunda herida de bala” en la cabeza del cadáver, que no había sido vista en la primera autopsia de 1985. Dice que el nuevo examen descubrió que Urán había sufrido “dos tiros de gracia”. Más exactamente: “uno en la frente y otro en la nuca”. El artículo saca entonces la conclusión: “el jurista fue ejecutado y no murió en medio de los combates”.

De ser cierto lo de los dos tiros “de gracia”, la nueva necropsia debería esbozar, al menos, una explicación de por qué la primera autopsia no vio, ni habló, ni registró ese segundo impacto mortal de bala. Si el examen fue manipulado, el autor o los autores del mismo deben ser llamados a juicio por falsedad y ocultación de pruebas. ¿Por qué la Fiscalía no dice nada al respecto? 

El informe de Medicina Legal entregado, según El Tiempo, al fiscal del caso, parece querer desentenderse por completo del punto tan importante de saber qué pasó en la primera autopsia. El Tiempo dice esto: "’No hay ninguna explicación para dichas discrepancias, salvo que se acepte que en la necropsia inicial no se hizo una exploración completa (...) lo que indicaría que se pasaron por alto algunos conjuntos de lesiones’ que quedaron marcadas en los restos óseos”.

El argumento de que “no hay ninguna explicación” al silencio (supuesto) de la primera necropsia, es inadmisible. Una de dos: en los restos de Urán examinados en 1985 no había el segundo impacto en la cabeza y éste fue fabricado después para dar la impresión de que el funcionario había sido ultimado mediante “dos tiros de gracia”, o el médico o médicos que hicieron la primera necropsia vieron esos impactos y ocultaron ese hecho capital en su informe. ¿Por qué lo hicieron? El país debe saber quien o quienes hicieron esa primera necropsia y por qué no vieron, o por qué callaron, el punto de los dos “tiros de gracia” que invoca ahora Medicina Legal.

Molesta saber que el artículo de El Tiempo es anónimo. Un artículo de ese alcance, que hace afirmaciones tan graves, debe ser firmado por alguien y no por la vaga apelación “redacción justicia”. ¿Quién saca la conclusión de que “jurista fue ejecutado y no murió en medio de los combates”?  ¿El autor del artículo o Medicina Legal?  ¿Toda la “redacción justicia” comparte esa hipótesis?  ¿El autor del artículo investigó cómo fue hecha la segunda necropsia, y, sobre todo, que pasó con la primera?  El Tiempo tendrá que responder a eso. ¿Los abogados de los generales tienen derecho a pedir que se practique una tercera necropsia por una entidad independiente?

Otra anomalía: el artículo parece indicar que la reciente necropsia es provisional pues unos puntos siguen sin aclarar. Dice que los legistas observaron que en los restos de Urán “también hay rastros de lesiones en brazos, manos y piernas, que no necesariamente serían producto de las esquirlas” y que (los legistas) “intentan determinar si fueron el resultado de torturas”. Conclusión: la tal necropsia no ha terminado, o el informe dado a la fiscalía es incompleto. ¿Si eso es así por qué lanzar a través de la prensa la idea de que Urán salió vivo?

Quienes estudian el caso Urán saben que éste no recibió “esquirlas” pues en el baño donde él y otros magistrados estaban no estalló granada alguna. Quienes murieron o fueron heridos allí lo fueron por disparos de armas de fuego. ¿Alguien construye otra historia para seguir confundiendo a la opinión y a la justicia?  ¿Esperan pasar a otra fase cuando todo el mundo haya tragado la culebra de que Urán salió vivo?

Cada día que pasa, la investigación sobre los hechos del Palacio de Justicia muestra un cariz cada vez más esotérico, absurdo y forzado. Ello es así pues hay un grupito empeñado en torcer los hechos para disculpar al M-19 y sus comanditarios y desplazar la culpa hacia otros, hacia los ex rehenes víctimas, y hacia los heroicos militares que rescataron el palacio, salvando la vida de más de 250 personas  y frustrando el golpe de Estado contra Belisario Betancur.

Ante las migajas de información sesgada que están lanzando los resucitadores de muertos lo mejor es conservar el espíritu crítico y examinar todo eso con lupa y ofrecer otros análisis a la opinión. 

La inseguridad jurídica

Del desengaño a la rabia

Cristina De Toro R. | Medellín | Publicado el 13 de octubre de 2011

En cuanto al tema de la aprobación, en primer debate, de la reforma a la justicia, prometida desde su campaña por el presidente Juan Manuel Santos, no se sabe qué fue más desconcertante: si el engaño o la manera en que fuimos subestimados los colombianos.

Porque haber tardado un año, con la disculpa de que se estaba discutiendo y elaborando una verdadera reforma de fondo, una "reforma estructural a la justicia", para salir luego con una modificación que no es más que un paquete de medidas que, no solamente no resuelve el preocupante panorama en que se encuentra sumida nuestra justicia, sino que, por el contrario, lo que hace es aumentar y proteger las prerrogativas de las altas cortes y de los congresistas, es un grosero engaño.

Para muestra una sarta de botones: no se eliminó el Consejo Superior de la Judicatura (eliminación que se convirtió en razón para la dichosa reforma) y, más bien, se lo favoreció.

Se ha extendido cuatro años el período de los omnipotentes magistrados de las altas cortes (de 8 a 12 años) y se les aumentó la edad de retiro forzoso en cinco años (de 65 a 70 años).

No se modificó la facultad que tienen los togados para intervenir en la elección de Fiscal, Contralor y Procurador, lo que significa que sigue campante su politización.

No se crearon herramientas para atacar la impunidad, pero en cambio, se da más dinero del presupuesto judicial, a los sufridos y orondos magistrados, etc.

Ahora bien, lo que es francamente descarado es que el presidente Juan Manuel Santos, intentando defender ese esperpento de los centenares de críticas que le han caído encima, se hubiera puesto a exaltar las bondades del consenso y lo calificara como "ejemplo maravilloso de coherencia y armonía entre las distintas instituciones del Estado", en las que "no hubo vencedores".

Los colombianos no somos tan bobos como para no darnos cuenta de cómo fue que se repartieron la torta de privilegios de la reforma judicial, en la que cada quien sacó su mejor tajada y por eso no hubo vencedores pero sí, un vencido, el eterno perdedor: el pueblo colombiano, ese que diariamente padece, de una u otra manera, la inoperancia del aparato judicial.

Como nos damos cuenta también de que una reforma estructural y profunda de la rama judicial no será posible mediante el armonioso consenso (con el que el actual gobierno pretende resolver todos los problemas), mientras los mismos integrantes de la rama que debe ser intervenida sean quienes tracen las directrices y, por supuesto, inclinen la balanza hacia lo que les convenga.

Nos tocará, por lo pronto, seguir padeciendo esta infame dictadura del cartel de las togas.

Si la reconciliación del presidente Juan Manuel Santos con su "nuevo mejor amigo", el presidente venezolano, Hugo Chávez, y el haberle cambiado la terna para que la Corte Suprema de Justicia le nombrara un Fiscal General de la Nación en propiedad, me habían hecho pasar del desconcierto al desengaño, ahora es su notoria falta de carácter (pantalones) para resolver problemas la que me ha hecho pasar del desengaño a la rabia.

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/D/del_desengano_a_la_rabia/del_desengano_a_la_rabia.asp?CodSeccion=219

La reforma a la Justicia en Colombia

UNA REFORMA SOSPECHOSA

Por: MARÍA ISABEL RUEDA

·       Diario El Tiempo

·       Eltiempo.com

María Isabel Rueda

Ministro Esguerra: retire usted esa reforma, antes de que terminemos dándonos golpes de pecho por haber restablecido el Ministerio de Justicia.

08 de Octubre del 2011

Ministro Esguerra: retire usted esta reforma de la justicia. Y le voy a decir por qué: para que le evite esta gran frustración al país.

Porque estamos a bordo de una reforma que no está montada sobre el chasis de una profunda meditación acerca de las causas de la crisis de la justicia. Aquí no ha habido previamente una sinceración, como requisito indispensable para saber a dónde queremos llegar en la manera como se imparte justicia.

¿Acaso nos hemos preguntado a qué se debe su ineficacia? ¿A qué se debe su morosidad? ¿A qué se debe su congestión? ¿A qué se debe su decaimiento?

En lugar de esas preguntas, aquí lo que ha habido es un acuerdo subterráneo entre las cortes, el Congreso y el Gobierno, fraguado detrás de un biombo de Palacio, para negociar de manera tripartita unos puntos de honor que permitan sacar avanti esta reforma a como dé lugar, no importa si es a costa de los cambios que verdaderamente necesita el país.

Y como parte de esa negociación, se salva el Consejo Superior de la Judicatura, con unos cambios que degenerarán en un ente peor que el Consejo Nacional de Televisión. Se les amplía en cuatro años, hasta doce, el período a los actuales magistrados. No se les quitan las facultades electoreras a las cortes. Y a la Suprema se le permite sostener la farsa de que la doble instancia del juzgamiento a los congresistas se puede surtir entre sus propios magistrados, que funcionan bajo el aberrante "pacto de caballeros" de votar unánimemente las decisiones de su sala penal. ¿Qué tipo de doble instancia puede salir de eso?

Pero la negociación no incluye la solución de ninguno de los siguientes gravísimos diagnósticos: que la justicia en Colombia se politizó. Se corrompió. Aquí no hay una política criminal. Y que como no la hay, en Colombia nos gobierna una inseguridad jurídica apabullante, por cuenta de que la Constitución, las leyes, los códigos, las penas y los delitos se cambian permanentemente. Todo el tiempo estamos improvisando. Es decir que la justicia en Colombia está convertida en una colcha de retazos. Esta reforma de la justicia, ministro Esguerra, será un retazo más.

Ministro: retire usted esta reforma, porque lo poco que tiene de positiva es mínimo, comparado con sus gigantes omisiones y sus equivocados diagnósticos.

¿Qué tipo de reforma es la que queremos hacer para salvar la justicia de este país? ¿Una constitucional, que cambie el modelo creado por la Constitución del 91? ¿Una legal, con medidas temporales para descongestionar la justicia? ¿Será que más bien hay que descargar de trabajo a la Fiscalía, desconcentrando el monopolio de la acción penal? ¿O será que debemos comenzar por recuperar el nivel ético de abogados y funcionarios judiciales?

Pero, sobre todo, Ministro, este no es un Congreso con la libertad de espíritu suficiente para producir una reforma de la justicia, con la independencia necesaria para acertar.

El único espacio que tienen para legislar los congresistas en esta reforma es el que les permite darle gusto a su juez natural, la Corte Suprema, que no quiere que le quiten sus funciones electorales. No veo al primer parlamentario capaz de pararse a decir que a la Corte Suprema hay que despolitizarla. Y mucho menos para reclamar una verdadera doble instancia, por miedo a que mañana a ese parlamentario lo destituya la Corte, con razón o sin ella. En esas condiciones, el contenido de esta reforma de la justicia es extraordinariamente sospechoso.

¿Y cómo van a juzgar en adelante los magistrados a quienes tan generosamente les alargaron el período? Esta no es una reforma consensuada, como nos la han querido vender. Es una reforma negociada.

Ministro Esguerra: retire usted esa reforma, antes de que terminemos dándonos golpes de pecho por haber restablecido el Ministerio de Justicia.

¡SE ME OLVIDA! Julio Mario Mario Santo Domingo insertó la empresa colombiana en la economía mundial.

INSEGURIDAD JURÍDICA DE LOS MILITARES

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CCPPM

Centro Colombiano de

Pensamiento Político-Militar

Editorial

DEFINITIVAMENTE ACORRALADOS

Se ha puesto de moda retirar del servicio activo a los soldados profesionales investigados después de dos meses de su detención. Ello ha traído como consecuencia que, además del gasto ingente para asumir su defensa por parte de cada uno, el Estado, las Fuerzas Militares, su EJÉRCITO,  aquellos por los cuales estuvieron dispuestos e entregar sus vidas, se encarguen de dejarlos en la más absoluta desprotección moral y económica.

Esta agresión, que no de otra cosa se trata, ha generado una reacción negativa y peligrosa, que conduce a que sintiéndose abandonados a su suerte, sea mejor acogerse a la llamada  sentencia anticipada o a aceptar cargos, por ser más favorable que los riesgos de un juicio sin defensa. La estrategia de la fiscalía ha surtido efectos y son muchos los subalternos que buscan garantías, si ello implica llevarse por delante a los superiores, como perversamente lo proponen los investigadores a quienes se ven involucrados.

Cuando el barco se hunde, y ese pareciera ser el caso, aunque parezca una perogrullada, la razón indica que es mejor salvarse; cuando la desesperación es el estímulo de las acciones, y ese es también el caso, la lógica desaparece y la cordura se reemplaza por la sinrazón y la locura; entonces, lo que pareciera ser irracional, como no defenderse en un juicio cuando se tiene la más absoluta conciencia de la inocencia propia, se muestra como la mejor alternativa y de pensar que, injustamente, puede ser condenado a cincuenta años, se opta por cualquier medida que parezca mejor: 25 años o menos de prisión, siempre y cuando acuse a sus superiores, como es la fórmula que hoy se les propone

Los militares no solo están cercados hoy por el terrorismo en sus diferentes expresiones (guerrilla, narco, organizaciones de fachada, etc.) sino, más grave aún, por la justicia que cambió de bando y, finalmente por ellos mismos.

Que sean acciones que provengan de sus enemigos naturales, es lo que se espera en una guerra; que el ataque emane de los jueces y los fiscales, en la situación actual resulta comprensible ya que aquellos se sumaron a la lucha de los primeros, producto de una larga labor de infiltración en la rama judicial, pero, lo que finalmente si desconcierta y no tiene explicación, es que la agresión provenga de quienes tienen la obligación de protegerlos de los ataques de los anteriores. No resulta para nada lógico que quienes tienen la obligación legal y moral de asumir los retos y contrarrestar los ataques se sumen a aquellos. Ello parece absolutamente irracional, descabellado, absurdo e inconcebible.

Quienes lo promueven, por guardar las apariencias o mantenerse aislados y alejados de cualquier sospecha o simplemente, para cubrirse del mismo tipo de acciones en su contra, esperanzados tal vez en que por ello se apartan de las represalias, olvidan que los promotores de la guerra jurídica y sus discípulos no necesitan hechos reales, ciertos, solo aprovechan las oportunidades sin consideración de sus autores, los cuales, entre más alta jerarquía tengan, mejor; ya que solo requieren de la ocasión y esa es la que se brinda con las medidas como la que se reseñaba al inicio.

Olvidan los comandantes que para el montaje de pruebas  el terrorismo cuenta con verdaderos especialistas, incrustados o no en las estructuras del poder judicial, quienes  asumirán esta tarea a la perfección para fabricar las que se requieran, especialmente cuando el paso de los años ha llevado a la pérdida de la memoria y de las evidencias que no fueron recolectadas. En esta actividad tienen la mejor experiencia y son los maestros; sino, mírense los resultados, porque, no nos llamemos a equivocaciones, si bien es cierto que hay personas que se extralimitaron, la gran mayoría, un altísimo porcentaje de quienes hoy están procesados o condenados, nada tuvieron que ver con los hechos delictuales con los que hoy se los vincula, son, simplemente,  víctimas de la persecución desatada por la guerra jurídica.

Camuflarse detrás de medidas que van en contra de sus subalternos caídos en desgracia, es propiciar la desmoralización que reina actualmente  en el estamento militar, es dar garantías a la subversión y el terrorismo para que continúen en el mismo camino de éxito. Pretender que por ello no van a ser también víctimas, es ingenuo y cándido. Las herramientas con que están dotando hoy a sus enemigos, serán las armas que mañana aquellos utilizarán contra quienes las suministraron. La miopía para analizar los hechos, para examinar la realidad, no es la mejor de las técnicas; ella conduce a la subvaloración de las amenazas y a equivocaciones en el tratamiento.

No es una medida afortunada el lanzar a los tiburones a una pléyade de muchachos, los soldados profesionales expertos en la guerra militar, especialistas en el combate, pero inexpertos e inhábiles en la lucha jurídica en cuyas lides se mueven con la torpeza y la impericia propia de la ignorancia, frente a quienes desde hace cerca de cincuenta o más años decidieron  prepararse para crucificarlos. 

Constituye negligencia extrema no tomar las acciones que se requieren para preservar la integridad de la Fuerza, así como constituye falta de entereza y carácter sacar el cuerpo y eludir las responsabilidades para no tener que enfrentar a quienes tienen en sus manos la conducción política de la guerra y la obligación de suministrar los recursos, entre ellos, el principal, una normatividad que asegure que los militares no sean tratados como delincuentes por las acciones lícitas de la guerra a la luz del Derecho Internacional Humanitario, del Derecho de la Guerra. 

Por igual, es reprochable la actitud indolente, ya no solo de los mandos militares, sino de la población en general, quienes  miran preocupados, pero impávidos, como sus Fuerzas Militares se desmoronan y caen abatidas a punta de carcelazos  y destituciones, lo que ha llevado a que en el 2011 estemos a las puertas del 2000 en lo que a materia de inseguridad se refiere.

No es encubriéndose en acciones contra sus subalternos como la guerra se va a ganar, ya que ello solo conduce a acelerar la derrota; es mostrando carácter para exigir las garantías que permitan adelantar con éxito la guerra.

www.pensamientopolitico-militar.blogspot.com

CRISIS DE VENEZUELA CON COLOMBIA DEL 2009

CRÓNICA DE UN ATROPELLO

Carta de Jorge Noguera Cotes a la Fiscal General Viviane Morales

Bogotá, septiembre 25 de 2011

Doctora

VIVIANE MORALES

Fiscal General de la Nación

Ciudad

Señora Fiscal:

A pesar del sistemático ataque y la infame condena que me dictaron muchos medios de comunicación en Colombia desde los tiempos de la reelección presidencial haciendo uso de la entrevista periodística realizada al hampón confeso y resentido de Rafael García a quien yo mismo sometí ante la justicia, y de la inmensa influencia que esto tiene sobre funcionarios sin el carácter ni la honradez necesarios para imponer su criterio, acudí siempre ante las autoridades colombianas esperando encontrar un escenario justo, imparcial e independiente donde demostrar mi inocencia.

Por el contrario, a lo que me enfrenté desde un principio tanto en la Procuraduría General de la Nación como en la Fiscalía General, fue al evidente afán por complacer a los medios que exigían mi condena anticipada. Ese propósito vil e ilegal de estos organismos dio lugar a la apertura de múltiples investigaciones contra mí, pero también a la comisión de diversas  irregularidades de fondo y procedimentales, entre las cuales se cuenta la ocurrida durante toda la etapa de indagación preliminar en el proceso por el cual fui injustamente condenado. Esta indagación fue adelantada enteramente por un Fiscal delegado ante la Corte Suprema por designación expresa del Fiscal General, quien, por disposición de la Constitución Política es el único funcionario competente para investigarme y le está especialmente prohibido delegar su función. La inconstitucional delegación decidida por el Fiscal General dio lugar a que el fiscal incompetente, bajo su propio criterio, condujera la investigación, ordenara pruebas, negara otras y practicara las múltiples diligencias decretadas por él, que finalmente y bajo una valoración absolutamente parcializada, fueron indebidamente consideradas como soporte de las decisiones del Fiscal General en mi contra. Jamás la indagación preliminar conducida por el Fiscal delegado o las pruebas indebidamente ordenadas y recolectadas por él fueron anuladas, como correspondía.

Insistiendo en el caso por el que injustamente acabo de ser condenado (Radicado 32.000), quiero resaltar que de nada valió que en más de 60.000 folios y más de cien videos que componen el expediente se evidencie que:

No existen registros telefónicos, de correo electrónico, fotográficos, fílmicos, documentales, informes de inteligencia, archivos de computadores, acuerdos, pactos o prueba física alguna mía o ajena, que me vincule con paramilitares o con alguna otra organización delincuencial, así como con homicidios, borrados de antecedentes, o entrega de información privilegiada. Al contrario, las investigaciones efectuadas por cada uno de estos delitos arroja que no existe referencia a mí o prueba material alguna en ellas, que me vincule con esos hechos.

Ningún comandante, mando medio o paramilitar raso de este país me señaló como colaborador de las AUC. Al contrario, los principales comandantes de las autodefensas en el Bloque Norte: Mancuso, Jorge 40, Don Antonio, Hernán Giraldo, José Gelves, Nodier Giraldo y Javier Ochoa, han señalado expresamente lo contrario ante justicia y paz y en mi proceso.

No existe prueba o indicio alguno siquiera, de mi participación en el homicidio de Alfredo Correa de Andreis u homicidio alguno. Al contrario, Edgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, determinador del homicidio de Correa, aseguró expresamente ante Justicia y Paz en el año 2007 y en mi Juicio en 2010, que ni yo ni funcionario alguno del DAS participó en tal homicidio. Incluso en el proceso por la muerte de Correa tampoco surgió indicio alguno de tal participación.

No existe registro, informe de inteligencia o prueba alguna en general, de la pertenencia de Rafael García a las AUC, sin embargo, la administración de justicia lo graduó como paramilitar al darle credibilidad a lo afirmado por él en este sentido, con el fin de justificar el supuesto conocimiento de García sobre mis presuntas relaciones con los paramilitares. Al contrario de esta supuesta membresía, todos los paramilitares y comandantes que declararon en el proceso tales como  Mancuso, Jorge 40, Hernán Giraldo, Don Antonio, José Gelves Albarracín y Nodier Giraldo, entre otros, aseguran que García jamás perteneció a las autodefensas y que es un mentiroso. Llama la atención que a pesar de la posición adoptada por el poder judicial, éste jamás haya investigado a García por paramilitarismo, ni este delincuente se haya desmovilizado, si fuera cierto que fue paramilitar.

Frente a la falta de credibilidad de Rafael García, puede agregarse que fueron comprobadas oficialmente sus falsedades en las acusaciones que me hizo por mi supuesto complot contra el Gobierno de Venezuela y el asesinato del Fiscal de ese país, Danilo Anderson (caso archivado por la Fiscalía); por mi supuesta conspiración con la DEA y Presidencia de la República, contra la empresa Llanos Oil (archivado por la Fiscalía); por mi presunta celebración indebida de contratos (archivado por la Fiscalía); por mi supuesta concusión y cohecho (archivados por la Fiscalía); por mi supuesto fraude electoral presidencial en 2002 (archivado por la Fiscalía), entre otros. Naturalmente, la joya de la corona para los medios y la Fiscalía era el tema del paramilitarismo y los homicidios de sindicalistas y personas de izquierda, así no se contara con más elementos para perseguirme, que los contradictorios y profusamente desmentidos señalamientos de Rafael García.

En el proceso por el cual acabo de ser injustamente condenado, absolutamente todas las personas que Rafael García señaló como testigos de sus acusaciones contra mí, lo desmintieron categóricamente. Igualmente evidencié documentalmente en varias oportunidades ante la Fiscalía y la Sala Penal de la Corte Suprema, la infinidad de contradicciones en que incurrió García en sus múltiples testimonios ante la administración de justicia.

En contraste con todo lo mencionado anteriormente sobre García, el Ministerio Público y el Fiscal General se expresan de él en los siguientes términos:

“Para ir sintetizando, en criterio del Ministerio Público. RAFAEL ENRIQUE GARCÍA TORRES es un testigo preciso y ordenado en su discurso, moderado y, sobre todo, altamente creíble e idóneo.” (folio 172 del escrito de acusación que presentó el Fiscal General en la Corte Suprema de Justicia)

Otro ejemplo que evidencia la parcialidad del  Fiscal General en su indebido propósito de acusarme en cumplimiento del mandato de algunos medios de comunicación, lo constituye la cantinflesca reflexión que hace este funcionario acerca de las negativas que hacen los jefes paramilitares sobre los señalamientos falaces de García:

“Que no tenga respaldo la declaración de García Torres, según planteamientos de la defensa, en lo atinente a los cargos que le hace a NOGUERA COTES, por parte de los reconocidos miembros de los grupos criminales de las autodefensas: Nodier Giraldo, Hernán Giraldo, José del Carmen Gelves Albarracín, Jorge Cuarenta y otros testigos citados, no tienen el alcance de desvirtuar lo afirmado por Rafael García. Es entendible que estas personas, no quieran comprometerse en respaldar las deposiciones y cargos que le hizo García a NOGUERA, en primer lugar porque les puede implicar acciones penales en su contra, no renuncian a la protección constitucional de guardar silencio o de autoincriminación, están dentro de un proceso de verdad y justicia, con puntuales beneficios por su colaboración y reparación a víctimas.”  (Providencia del Fiscal General del 30 de julio de 2007, mediante la cual niega reponer la medida de aseguramiento proferida en mi contra el 6 de julio de 2007.)

Lo propio hizo la Sala Penal de la Corte Suprema, tanto en lo cantinflesco como en lo absurdo de la “reflexión”, al despreciar los desmentidos que hacen comandantes paramilitares como Hernán Giraldo y José Gelves Albarracín, entre otros, cuando se refieren a los señalamientos de García sobre una supuesta filtración que habría hecho yo de información referida a una operación exitosa contra bienes de esa organización paramilitar y que fue convertida por la Corte, en la prueba reina de mi supuesta cooperación con los paramilitares. Desmentidos estos que son ratificados por el fiscal que investigó el caso, por varios funcionarios del DAS y por los documentos de la operación, que dan cuenta de su cumplimiento absoluto. Esto dijo la Corte en el fallo frente a este tema:

“Ahora, es cierto que Hernán Giraldo Serna , Nodier Giraldo Giraldo  y José del Carmen Gelvés Albarración , -líderes de la organización criminal contra la cual iba dirigida la acción de extinción de derecho de dominio- negaron haber obtenido información del proceso, como lo resalta el acusado para restarle credibilidad a las denuncias del Jefe de Informática; sin embargo, sí aceptaron haber recibido ayuda de Rafael García para borrar sus antecedentes del sistema del DAS, manifestaciones éstas que contrastan si se tiene en cuenta cómo una y otra actividad se identificaban en su finalidad, esto es, en evadir la acción de la justicia.” (pag. 71 del fallo). Valga la pena resaltar que, tal como lo declararon bajo juramento todos los citados, jamás los he conocido o tenido trato directo o indirecto alguno con estas personas.

A lo largo del juicio surtido ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se cometieron mayores irregularidades aun. Pese a que mi abogado defensor advirtió al magistrado ponente Alfredo Gómez Quintero cuando éste comenzó a interrogar a un testigo sobre el tema de las supuestas interceptaciones ilegales que sobre este asunto se me seguía en la Fiscalía un proceso puntual, el magistrado no solo insistió en esta práctica con éste y muchos otros declarantes, sino que permitió que los demás sujetos procesales hicieran lo propio, a tal punto que se convirtió éste, en un tema fundamental del juicio. En contraste, cuando me iba a referir a este asunto durante mis alegatos, el mismo ponente me requirió para que no lo hiciera porque este tema, ahora sí, hacía parte de otro proceso. Prueba de esto se encuentra en los registros fílmicos del juicio.

En otro momento, cuando mi abogado quiso interrogar a alias Don Antonio, comandante paramilitar determinador de la muerte de Alfredo Correa de Andreis, sobre la eventual participación del detective del DAS Javier Valle Anaya, el magistrado ponente Gómez Quintero se lo impidió, alegando que la acusación sobre ese hecho se refería a mí y no a este ex funcionario. Sin embargo, el fallo de la Corte Suprema me condena por dicho homicidio, por la supuesta participación de Javier Valle en él (la cual presume, porque Valle no ha sido juzgado y condenado por ese hecho) y haber sido yo el jefe de ese funcionario. Prueba de esto se encuentra también en los registros fílmicos del juicio.

A este aparte de mis alegatos presentados ante la Sala Penal de la Corte, el cual se encuentra contenido en el video que transcribo a continuación por su importancia, lo llamé “La distinción entre Jorge Noguera y Javier Valle Anaya”. Con él pretendía recordarle a la Sala la manera en que ella misma estableció la diferencia entre cualquier conducta del ex detective Valle y la mía, al negarle a la defensa la posibilidad de abordar el tema de ese ex funcionario frente al homicidio.

Interroga: Dr. José Fernando Mestre Ordóñez, abogado defensor.

Objeta: Dra. Ángela María Buitrago, Fiscal delegada ante la Corte Suprema.

Decide: Dr. Alfredo Gómez Quintero, Magistrado Ponente y Presidente de la Sala.

Testigo: Edgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, determinador confeso del homicidio de Alfredo Correa de Andreis.

Así transcurre el interrogatorio:

“El Abogado defensor se dirige al testigo: ¿El señor Javier Valle, detective del DAS, tuvo algo que ver con la muerte del profesor Correa de Andreis?

Fiscal delegada: Objeción señor Presidente

Magistrado Ponente: Sí señora fiscal?

Fiscal delegada: Si el testigo desconoce la fuente de la información que llevó al asesinato de Correa de Andreis, estas tres preguntas sobran por sustracción de materia porque no puede conocer aspectos que ya manifestó que desconoce.

Abogado defensor: Su señoría si me permite intervenir antes de su respuesta…

Magistrado ponente: Excúseme señor defensor, el testigo ha dicho que desconoce las fuentes. La pregunta va encaminada es acerca de si un detective, no capté exactamente, del Valle?

Abogado defensor: Javier Valle

Magistrado Ponente: Javier Valle, si tuvo participación en el delito. Luego es una pregunta que nada tiene que ver con la fuente de información, de tal manera que de otro lado también es improcedente la pregunta en la medida en que el señor del Valle o el señor Valle no está siendo investigado o sujeto o ha sido sujeto de acusación. Entonces por favor pasamos a la siguiente pregunta.

Abogado defensor: Su señoría, para claridad en relación con esta indicación que usted me hace, si cualquier persona que fuera detective del DAS tuvo alguna participación en alguno de los hechos que aquí se ha investigado, eso no tiene que ver con lo que aquí se investiga?

Magistrado Ponente: La acusación, en relación con los homicidios de Zully Codina, Fernando Pisciotti y Alfredo Correa, se limita al cargo de determinador del doctor Jorge Aurelio Noguera, no en relación con otras personas, salvo que se pretenda alguna vinculación, algún nexo, entre la posible participación de ese particular o de ese individuo con el doctor Noguera, mientras tanto no tendría procedencia la pregunta.

Abogado defensor: Muchas gracias por la aclaración.” 

Así terminó el interrogatorio a alias Don Antonio respecto de este tema.

A pesar de haber confesado y haber sido condenados los determinadores y autores materiales del homicidio de Correa de Andreis y aunque expresa y categóricamente han negado participación alguna de funcionarios del DAS o la mía en particular, fui injustamente condenado por este hecho. De nada valió la inexistencia de indicio alguno acerca de esta supuesta participación o conocimiento siquiera mío sobre este ilícito, para aplicar, además desfigurada, la tesis de la autoría mediata con el fin, según muchos, de ir construyendo los antecedentes que el día de mañana servirán para llamar indebidamente a cuentas al ex presidente Uribe.

Si el motivo del comportamiento irregular del poder judicial conmigo es el resultado del enfrentamiento entre éste y el ex presidente Uribe, así como del afán de aquél por llevarlo ante la justicia a toda costa, como afirman muchos colombianos, reitero una vez más, que nunca el ex presidente Uribe me dio instrucción o insinuó siquiera comportamiento indebido alguno durante mi paso por más de tres años al frente del DAS, ni antes, ni después, ni he cometido yo delito alguno jamás. Además, quiero manifestarles con total firmeza que ni los 25 años de cárcel a que he sido condenado de manera injusta y deshonesta, ni la amenaza de los procesos y seguras condenas que pretenden los corruptos aparatos de poder que representan en los últimos tiempos la Fiscalía General de la Nación y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia colombianos, me harán faltar a la verdad o mentir en contra del ex presidente Uribe, para complacer oscuros intereses o lograr beneficios frente a mi injusta condena.

Para la mayoría, el fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia les parecerá una condena justa, en cuanto se acomoda a la muy mala opinión que de mi caso y de mí les han formado (entiéndase deformado) muchos medios de comunicación durante tanto tiempo y de manera tan insistente. Pero además,  la sentencia seguramente es percibida por la generalidad como de una legitimidad a prueba de toda duda, en cuanto fue promovida por el Fiscal General de la Nación y dictada por el máximo tribunal de justicia penal del país, los cuales se supone, desarrollan las más altas garantías de respeto por los derechos de los investigados y juzgados, así como por los principios y valores que orientan la administración de justicia en un país. Nada más alejado de la realidad. En Colombia son precisamente estas instituciones y particularmente a ese nivel, las que hoy más están violando estos sagrados principios, no sólo conmigo, sino con muchas personas de bien que han sido injustamente condenadas con la mirada complaciente de una opinión pública terriblemente deformada por la sevicia de la mayoría de los medios de comunicación. Durante mis alegatos le expresé a los magistrados que era mucho más grave la discriminación judicial que se está aplicando hoy en el país, que la social.

El aberrante neopunitivismo que está utilizando la Fiscalía General de la Nación y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Colombianas, dio lugar a mi injusta e ilegal condena, la cual desatiendo por completo y no respeto, por ser el resultado de un acto ilegítimo.

El irregular tratamiento recibido de esos organismos y la injusta sanción final aplicada, me hacen tomar la decisión de desconocer  por completo la autoridad de la Fiscalía General de la Nación para investigarme, así como la de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para juzgarme, en los casos de su competencia.

Ni en los procesos por las supuestas interceptaciones ilegales donde no he contado con garantía alguna para el ejercicio de mis derechos constitucionales de defensa, ni en el referido al homicidio de Adán Pacheco, en el que no tiene ningún sentido siquiera mi vinculación, ni en proceso alguno que me siga esa Fiscalía hoy, me prestaré más para participar en este macabro juego de apariencia de justicia en el que no existe posibilidad alguna de investigación ni juicio imparcial. No legitimaré con mi presencia y actuación el corrupto e injusto accionar de esa fiscalía y de la Sala Penal de la Corte Suprema como equivocada y confiadamente lo hice en el pasado. Así como no rendí indagatoria hace más de un año en los procesos que acabo de mencionar, no la rendiré en los que se me vincule formalmente en el futuro. No pediré prueba alguna, ni alegaré, ni me defenderé de ninguna manera ante estas instituciones colombianas. Desde ya revoco los poderes que les haya otorgado a abogados en estos y en cualesquiera otros procesos que se tramiten ante esas instituciones, de igual forma que desconozco y rechazo la designación de cualquier abogado defensor que se me pretenda imponer para aparentar la salvaguarda de mis derechos.

Con esta decisión le facilito a la institución que usted dirige al igual que lo hago con la Sala Penal de la Corte Suprema, la toma de las decisiones adversas que igualmente sé que seguirán tomando impunemente, independientemente de mi participación, pues evidentemente no están actuando en derecho, sino política y mediáticamente.

Si el mundo conociera estos procesos por un medio distinto a las amañadas noticias que publica buena parte de la prensa y despojara además estas decisiones de la presunción de legalidad y justicia que el nivel de los organismos que las dictan supone, se percataría de la masacre de derechos humanos que están cometiendo hoy la Fiscalía General de la Nación y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia colombianas. Seguramente así no solo entendería mi posición, sino que además actuaría en consecuencia.

Con esta aberrante sentencia me habrán robado ustedes algo de libertad, pero ni un segundo de paz.

Firmado

JORGE AURELIO NOGUERA COTES

C.C. 12.558.712 de Santa Marta

Ex Director del Departamento Administrativo de Seguridad

Copia: Comité de Derechos Humanos de la ONU,

Comisión Interamericana de Derechos Humanos,

Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia