El proceso para el fin del conflicto armado y las víctimas.

LA ANOMALÍA DE LAS VICTIMAS

Por: MG Ricardo Rubianogroot Román. (28-07-14)

“El Estado no es culpable; en algunos casos puede ser

responsable, por ello repara”[1]

El ciudadano que se declara víctima, prefiere ser reconocido por el Estado y no por las FARC, les asiste esperanzas que el Estado los reparare”[2]

“Los responsables de las víctimas de guerra en Colombia van más allá de los contendientes y llega al Palacio Presidencial  y a los sectores pudientes de la sociedad”[3]

Con estas frases introductorias, se puede claramente deducir los inconvenientes y dificultades y el arduo trabajo que está por darse, especialmente para el Gobierno, para llegar a un acuerdo justo y conveniente en este tema de víctimas de la agenda de conversaciones.

Pero qué es lo que realmente se busca al tratar este tema que está consignado en el punto número cinco (5) de la Agenda de negociaciones? Y que es lo que se va a tratar en el desarrollo del mismo?  Los numerales señalados en ese punto son dos:

1.     Derechos humanos

2.     Verdad.

La realidad es que existe como es lógico en este asunto, una observancia e influencia de organismos internacionales pues este es un contenido relativo a la justicia transicional, que busca precisamente resarcir a las víctimas y que aflore la verdad, justicia y reparación, requisito y exigencia sine qua non, [4]  de estas colectividades, por la jurisprudencia existente en ese mecanismo; más claro aún, de lo se trata es legitimar y validar el proceso; de allí la importancia que el Gobierno lo maneje en forma acertada y no permita ningún tipo de manipulación.

Los preparativos para acometer el punto, siguiendo los lineamientos señalados en el pasado con los temas ya abordados, territorio, participación en política y drogas ilícitas, ha sido precedido por unos foros organizados por la ONU por petición del Gobierno, y  la Universidad Nacional específicamente su Centro de Pensamiento, por postulación de las FARC.

A la fecha, se han cumplido tres (3) foros regionales en Villavicencio, Barrancabermeja y Barranquilla y está previsto un foro Nacional en la Cuidad de Cali.

La participación en los foros regionales ha sido de aproximadamente unas 1.700 personas, para el foro Nacional  se tiene previsto que asistan unas 1.200. Se aprecia que de ese número citado, la participación de víctimas de las FARC, ha sido tan solo de 165, (proyectando incluso el foro de Cali), se puede mencionar dentro de ese último grupo a víctimas presentadas por ACORE[5], Colombia herida, Damas verdes, Confecore[6] y la División Córdova. Se atribuye esa anomalía del bajo número de asistentes a fallas en el sistema de información o bien que existe algún tipo de aprensión por agresiones que ya se han presentado en los foros iniciales o simplemente no hay garantías y confianza en ese proceso. Entre tanto la contraparte ha estado muy activa en foros y en las actividades relativas.

Las víctimas seleccionadas se encontrarán por primera vez con las Farc en la Habana; Los delegados del presidente Juan Manuel Santos y de las Farc han decidido invitar a la Habana a una delegación de víctimas por cada ronda negociadora sobre ese tema, al menos durante cinco ciclos. El primer grupo de víctimas irá a La Habana el 16 de Agosto. La conformación  de  los grupos de víctimas será de 12 personas, en cinco ciclos en total, para un total previsto de 60 personas. Allí podrán exponer sus puntos de vista sobre lo que debe ser y se espera, sobre verdad, justicia y reparación.

Los mecanismos de participación están acordados, pero a pesar de estar establecidos los mismos, no son del todo claros y son manejados por un sector cerrado donde no hay cabida al pluralismo, no hay la claridad esperada; se  registra en gran actividad a Piedad Córdoba y el Senador Iván Cepeda, a pesar  de no tener una función específica en esta actividad están apropiados del tema, y en comunicación permanente con Alejo Vargas uno de los principales organizadores, el sí, con responsabilidades específicas en este asunto.

La selección se dejó en manos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Universidad Nacional, que antes de determinar quiénes serán los escogidos, “consultan” a la Iglesia Católica específicamente a la Conferencia Episcopal manejada por Monseñor Luis Castro[7] que junto con la Organización de víctimas y la Mesa Nacional de víctimas, siguiendo los criterios de: equilibrio, pluralismo y sindéresis[8], y el análisis de cada hecho victimizante [9] y enfoque diferencial, [10] finalmente eligen las personas asistentes a la Habana catalogadas como víctimas.

Al escribir este artículo el proceso descrito se encuentra en plena ejecución. Se han dado manifestaciones de inconformidad de todo tipo, algunos sectores del Gobierno se han manifestado, [11] "Para la Procuraduría General de la Nación es fundamental que se tenga claridad sobre las reglas de juego establecidas en un aspecto de tanta trascendencia, y que se asegure una representación justa al universo de víctimas del conflicto armado colombiano".

De otro lado, y no menos importante, actualmente están debidamente inscritas a nivel Nacional, más de 6,500.000 víctimas (aproximadamente la población de la cuidad de Bogotá urbana), se estima un promedio por cada víctima de cuatro (4) mas, llamadas víctimas secundarias (familiares especialmente); mediante un procedimiento establecido se  declara  un hecho equidistante [12] que determina que se ha cometido un daño que a la vez genera una atención y una asistencia de emergencia; es claro y así debe ser que el Estado va a reparar a las víctimas, reparaciones que están previstas en algunos casos de por vida, gran responsabilidad y mucho dinero del fisco Nacional se deberá considerar; podremos imaginar los colosales recursos que se debe presupuestar en lo sucesivo para atender este tema. Pero y las víctimas de las FARC? Cómo se maneja esa otra cara de la misma moneda? Que se tiene previsto? De eso no se ha hablado y es el momento de precisar.

En todo lo que acontece en este punto, se señala y advierte una situación grave y preocupante, el Estado acepta su responsabilidad y reconoce a las víctimas que están inscritas, al aceptar y dar el reconocimiento a las mismas, bien puede darse la circunstancia  que se va a reclamar por parte de entusiastas abogados y colectivos, la investigación correspondiente para determinar que agente del Estado, que entidad y finalmente que persona es la directamente responsable jurídicamente.

Esa responsabilidad aceptada por el Estado, y cuando en la actualidad se discute arduamente sobre las responsabilidades políticas versus las responsabilidades Institucionales y apalancada aún más por las manifestaciones del señor Presidente de la Republica, [13] el 23 de Julio/14 cuando “señaló que todos los involucrados deben reconocer la responsabilidad que han tenido; empresarios, trabajadores, medios de comunicación,……., todos somos culpables” lo mencionado, dará paso a que esa responsabilidad admitida, sea un “auto cabeza de proceso”[14]; podremos imaginar también, el cumulo de investigaciones que se abrirán; los comandantes militares y policiales y las autoridades civiles de cada sector, estarán a la orden del día.

Las manifestaciones de las Farc en este sentido no se hacen esperar [15]“Al hablar de máximos responsables, debemos afirmar claramente, que la cadena de mando no se agota en los Estados Mayores del Ejercito y Policía, sino que va mas allá y toca al Palacio de Nariño”

Esperemos entonces que todo este episodio no resulte en que el Estado es el único responsable por las víctimas de esta guerra interna. Una vez más estamos en manos de los plenipotenciarios y del Gobierno como tal y confiamos que su inteligencia, astucia y sagacidad sea más aguda que la del otro lado de la mesa. La historia los sabrá juzgar por sus aciertos y sus errores.

ENCARGO: El Estado como tal debe constituirse como una víctima.

Cada vez que se atenta y golpea un oleoducto, se da una depredación inclemente, se atenta contra pobladores, la naturaleza representada en seres vivos, objetos, agua, suelo, subsuelo y el aire; el medio ambiente y los ecosistemas se degradan, la flora y la fauna se ve afectada.

Quienes son los victimarios y quienes responden por esos incontables daños?

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[1] Apreciaciones del articulista.

[2] Apreciaciones del articulista.

[3] Iván Márquez, Diario “El País, El Tiempo”, sábado 19 de Julio.

[4] «Condición sin la cual no». Se refiere a una acción, condición o ingrediente necesario y esencial de carácter más bien obligatorio para que algo sea posible y funcione correctamente.

[5] Asociación Colombiana de Oficiales en retiro.

[6] Confederación Colombiana de Organizaciones del Personal en Retiro y Pensionados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. 

[7] La Conferencia Episcopal de Colombia, es una institución administrativa y de carácter permanente de la iglesia católica, integrada por todos los obispos de las diócesis de Colombia en forma colegiada.

[8] Sinónimos en español de "sindéresis": buen juicio, discreción, prudencia, sentido común, tino. Discreción, capacidad de pensar rectamente. Hoy en desuso, el término fue utilizado por los filósofos escolásticos para defender que el ser humano, en general, está capacitado para reconocer el bien (al que daban un valor absoluto) y distinguirlo del mal.

[9] 1. La vida y la libertad. 2. Integridad física. 3. Violencia sexual. 4. Desplazamiento forzado.

[10] 1. Mujeres víctimas. 2. Víctimas jóvenes. 3.Adultos mayores, en condición de discapacidad,

[11] El Tiempo Sección Política viernes 25 de Julio/14.

[12] Se habla de una actitud que es equilibrada con respecto a cada una de las partes de unconflicto un mediador equidistante

[13] Editorial del programa “la Hora de la verdad” el día 24  de Julio y otros medios noticiosos.

[14] Auto de oficio que provee un juez para iniciar una investigación

[15] Periódico “El Nacional” y correo electrónico de Márquez el 25 de Julio/14, a varios medios noticiosos.

EDITORIAL

Editorial

La distorsión de la verdad

En el reciente Informe de la ONG Fundación FOR (Fellowship of Reconciliation), de los EEUU, que bien merece un profundo análisis, resulta clara la intención de sus autores de afectar la Asistencia Militar de los Estados Unidos a Colombia, al demeritar su desempeño en materia de derechos humanos, para lo cual ladinamente, cuestiona la ayuda al pretender relacionarla con supuestas violaciones a los derechos humanos y argumentar que dicha asistencia ha sido negativa para los propósitos para la cual fue creada.

Por otra parte, el documento demuestra el intenso esfuerzo político que han adelantado las Farc, sus aliados y militantes no armados, para atribuir los orígenes y desarrollo de la violencia en Colombia, exclusivamente en cabeza del Estado y sus instituciones armadas.

Lo que sí es absolutamente seguro, es que de no existir una estrategia que contrarreste estas acciones, las Fuerzas Militares y particularmente el Ejército, van a salir muy maltrechas en las negociaciones, particularmente en su legitimidad. Con este objetivo de desprestigio, las Farc han obtenido grandes logros a través de un eficiente aparato propagandístico, apoyado en “estudios e investigaciones” de intelectuales, organizaciones de izquierda y tendenciosas ONG de Derechos Humanos, que han escrito su propia versión de lo acontecido en Colombia en los últimos sesenta años, sustentada en falsedades, calumnias, exageraciones y verdades a medias, que han sido repetidas permanentemente por su aparato político- ideológico. Esta estrategia resulta evidente en el reciente estudio de la Fundación FOR, donde casi todas sus citas y notas bibliográficas pertenecen a los mismos autores, referenciándose unos a otros en sus investigaciones, en un círculo perverso y malintencionado. Como este informe se han publicado decenas en los últimos años, cuya clara intención es torcer la verdad de acuerdo con sus intereses políticos e ideológicos.

El esfuerzo político de las Farc, siempre presente como complemento de la acción armada, manejado a través de organizaciones nacionales e internacionales, que gozan de prestigio y adelantan un trabajo paralelo a las pretensiones de las Farc está encaminado a establecer una “Comisión de la Verdad” que, en forma similar a como ha ocurrido en todos los procesos de paz adelantado con organizaciones terroristas, siempre señalará al Estado y sus fuerzas de seguridad como los responsables ante la historia, mientras que sus acciones terroristas se minimizan y exculpan y presentan como necesarias o altruistas.

Como un modelo estandarizado, producto de todos los procesos de negociación, lo que se asumió como compromiso del Estado, desde los preacuerdos, fue la forma unilateral de hacer la depuración de la FFAA, por lo que resulta cierto, como lo afirma persistentemente el Gobierno, que en la mesa de diálogos de La Habana no se negociarán las FFMM; lo fueron previamente con el argumento de que deben transformarse para enfrentar los nuevos retos del posconflicto.

En forma similar a como ocurriera en otras naciones, las primeras transformaciones, esas que actualmente se planean y adelantan, no deben inquietar extraordinariamente a aquellos a quien se dirigen, deben aparecer naturales y convenientes, y sus promotores en las instituciones armadas se presentarán a la opinión como personas de avanzada; posteriormente vendrán las más significativas y revolucionarias transformaciones, cuando ya se haya perdido la capacidad de reacción. Las reformas y reestructuración parecerán surgir del interior y haber sido adoptadas por las propias fuerzas. Nunca ellas fueron una imposición ni obedecieron a una estrategia oculta; por supuesto, nada de ello se negoció en La Habana.

¿Cuál ha sido la estrategia de los grupos terroristas? Crear todo un escenario respaldado en investigaciones de sus aliados, para mostrar una Fuerzas Armadas causantes de la guerra, violadora de los DDHH y del DIH y, de esta forma, condicionar al Mando, a los organismos de control, al Legislativo a adoptar las medidas necesarias para depurarlas, castigar a los corruptos y violadores de los DDHH. Adicionalmente, buscan demostrar que existe una política sistemática de la institución en la ejecución de delitos de lesa humanidad, con el fin de involucrar a los mandos en los altos niveles y, en últimas, buscar un cambio estructural en las Fuerzas Armadas de Colombia.

A este respecto, el Estado colombiano muy poco o casi nada ha realizado para contrarrestar esta manipulación de la verdad; la iniciativa la han tenido los intelectuales e ideólogos de izquierda, que han contribuido con los grupos armados, como una forma de lucha bien estructurada, a crear su propia versión de los hechos y mostrar una historia distorsionada y envilecida que invierte las cargas, los valores y deforma la realidad.

El Gobierno y las Fuerzas Armadas no han sido lo suficientemente dinámicos y proactivos para contrarrestar este esquema de lucha propuesto por las agrupaciones terroristas, quienes centraron su accionar hacia el aparato militar extremista, olvidando tomar acción sobre otras formas de lucha, que a la larga, resultan más eficaces que la misma derrota militar, como si lo hizo el terrorismo, el que volcó su esfuerzo principal hacia lo político o aquellas otras formas de lucha que promulgaron desde hace más de medio siglo.

La reciente publicación del informe “Basta ya” y el informe de cuatro tomos titulado "Huellas y rostros de la desaparición forzada, 1970-2010”, producido por el Centro Nacional de Memoria Histórica, organismo adscrito a la Presidencia de la Republica, puso en evidencia estas falencias del Estado colombiano. Allí se consigna, una narrativa de mentiras y verdades a medias, presentadas como una investigación seria, aunque carentes de todo rigor científico, las cuales fueron difundidas en todos los estamentos académicos nacionales y del mundo entero, causando gran daño a la legitimidad y el prestigio de las FFMM desfigurando la historia.

Aunque con mucho retraso, más vale tarde que nunca, el Comando General de las FFMM, a través de la Escuela Superior de Guerra creó el Centro de Memoria Histórica de las FFMM, el cual cuenta con un equipo de expertos investigadores que ha venido  trabajando intensamente, en una tarea ardua y compleja por la dificultad de tener que recopilar archivos y documentos que ayuden a esclarecer la verdad, este trabajo viene siendo coordinado con la Comisión Nacional de Memoria Histórica. Se anhela que este compromiso arroje resultados imparciales y sin carga ideológica, para que salga a la luz la verdad que tanto esperamos los colombianos y en particular las Fuerzas Militares.

EL HERALDO,

Barranquilla domingo 18 de mayo de 2014 - 12:05am 

La trampa de Santos y las Farc 

Por: Abelardo De la Espriella 

Entró en funcionamiento una estrategia perversa que tiene como único propósito proteger los intereses del presidente de la República y de los miembros del secretariado de las Farc. Tanto Santos como Timochenko y sus alegres muchachos requieren con urgencia hacerle creer a la población, hastiada de la violencia irracional de la guerrilla, que soplan vientos de paz y que ese barco del proceso que hoy se tramita en La Habana solo puede llegar a buen puerto si Juan Manuel Santos continúa atornillado al timonel del poder. 

El irrisorio cese al fuego (apenas 8 días) propuesto de manera unilateral por las Farc tiene como objetivo manipular la voluntad popular para incidir de manera directa en el resultado electoral de los próximos días. A Santos no le ha bastado aliarse con Samper, Gaviria, Vargas Lleras, Yair Acuña, Petro y demás especímenes de la pintoresca fauna política, sino que, además, en medio del desespero por una inminente derrota, hace gala de su oportunismo proverbial y echa mano de la paz para utilizarla con fines personales, a través de una alianza política descarada con las Farc. ¡Qué horror!: terroristas pronunciándose a favor del presidente, y este, a su vez, haciéndose el de ‘la vista gorda’ ante las atrocidades de aquellos. Por algo similar fueron a la cárcel un centenar de políticos relacionados con las Autodefensas. 

No es casualidad, ni mucho menos un acto de generosidad, que el cese al fuego propuesto por las Farc empiece a operar justo una semana antes de la primera vuelta presidencial. El tal cese tiene dos propósitos, es una jugada a dos bandas: por una parte, busca desviar la atención sobre un hecho de una monstruosidad indescriptible: las Farc utilizaron a dos “niños bomba” para a atacar a la fuerza pública, y, por otro, favorecer de frente la reelección de Santos, pues ya las Farc le cogieron ‘el bajito’ al presidente y saben que pueden hacer y deshacer con él. 

Si a Santos de verdad le importara Colombia, habría mandado al carajo a las Farc, tan pronto se conoció la noticia de los “niños bomba” de Tumaco. No puede haber indulgencias o perdón para aquellos que cometen crímenes tan abominables; mucho menos en medio de un proceso de paz. Como a Santos solo le importa reelegirse, en ese cometido hará alianzas con el mismísimo Lucifer, de ser necesario. 

Las cosas están así: de seguro habrá segunda vuelta. Si Santos gana la primera vuelta (algo francamente improbable), las Farc mantendrán el cese al fuego hasta la segunda; pero si Santos pierde en la primera vuelta (que es lo más seguro), las Farc arreciarán los ataques a la población civil, la quema de pueblos, los asesinatos y demás crímenes a los que están acostumbrados, con la intención de presionar por cuenta del terror y el miedo a los votantes, para que en segunda vuelta elijan despavoridos a Santos. 

La trampa está clara y no podemos caer en ella. No debemos hacerle el juego a Santos y a las Farc. Lo que viene ocurriendo es una señal inequívoca de que, si Santos llega a reelegirse, las Farc ejercerán el poder a su lado y tendrán la batuta en las decisiones importantes del Estado. Con el candidato-presidente vamos rumbo al castro-chavismo versión santista, que ha de ser peor. 

Ningún proceso de paz justifica que se le entregue en bandeja de plata el país a quienes tanto daño han causado. 

La ñapa I: desde hace 2 años vengo sosteniendo que Santos no se reelige. El tiempo me está dando la razón. La gente votará contra Santos. 

La ñapa II: el Consejo Nacional Electoral es una cloaca. Lo que le hicieron a Marta Lucía Ramírez es un burdo prevaricato. 

La ñapa III: Electricaribe y sus directivos dan asco. 

La ñapa IV: la ruptura entre lo que piensan los grandes medios de comunicación y la gente en las calles es total. Ya es hora de que se sintonicen con el pueblo. 

abdelaespriella@awyersenterprise.com 

¿Colombia al estilo de la Venezuela actual?

¿Montealegre es  el Fiscal de quién?

                                                                                                                                                                

Por Eduardo Mackenzie

9 de mayo de 2014

Tres preguntas. ¿Desde cuándo las comunicaciones clandestinas de las Farc son un secreto de Estado?   ¿Desde cuándo las Farc son un Estado?  ¿Desde cuándo las Farc hacen parte del Estado colombiano?  Esos interrogantes emanan de las recientes declaraciones del Fiscal General a una radio colombiana en las que él trata de explicar porqué el domicilio y la oficina  del ingeniero informático Andrés Fernando Sepúlveda Ardila fueron brutalmente allanados por 30 agentes del  CTI, el 5 de mayo de 2014.

En declaraciones a Caracol Radio, 32 horas después de la detención de Sepúlveda y de la incautación de sus computadores y demás material informático, el Fiscal General acusó al ingeniero y especialista en marketing electoral de “interferir el proceso de paz”, por haber  “interceptado correos electrónicos” de varios jefes de las Farc, los unos en La Habana, como alias Iván Márquez,  y los otros, como los de alias Timochenko, jefe supremo de la banda narco terrorista, en no se sabe qué lugar. Por eso, dijo Montealegre, “se le va a imputar [a Sepúlveda]  el delito de espionaje” porque él “estaba obteniendo indebidamente secretos de Estado”.

En esa entrevista, el Fiscal repitió dos veces la frase: “él [Sepúlveda] va a ser imputado por el delito de espionaje”. En otras palabras, a la misma hora (si no fue antes) que un juez de la República realizaba la audiencia para legalizar la captura de Sepúlveda, y antes de que ese u otro  juez  hubiera podido valorar las “pruebas” que el CTI dice haber encontrado en  los dos lugares allanados --convertidos por la magia de las palabras de Eduardo Montealegre en “salas de interceptaciones”--,  el Fiscal Montealegre ya había condenado al detenido.  Ese abuso de procedimiento cometido por el Fiscal General va a tener necesariamente un fuerte impacto dentro del proceso que sigue. En un Estado de derecho ese tipo de arbitrariedad desemboca en la anulación del proceso.

Al hablar a Caracol, Montealegre no empleó siquiera la expresión “presuntas intercepciones” o “presuntos delitos”. El presentó al ingeniero como un delincuente acabado que, además, había cometido otro gran crimen: el de tener un “sesgo ideológico” contra el “proceso de paz”. 

El ingeniero fue satanizado ante los medios sin que pudiera defenderse. Fue recluido en el “bunker” de la Fiscalía y presentado ante la juez 49 de garantías pero “a puerta cerrada”, para que no pudiera hablar a la prensa,  pues se trata, según Montealegre,  de un individuo de la más alta peligrosidad pues es un “espía” que conoce “secretos de Estado” que pueden poner  en peligro “la vida de muchas personas que están metidas (sic) en este proceso de negociación en La Habana”. Sin embargo, hasta la víspera, Andrés Sepúlveda era un hombre respetado y respetable. El experto en desarrollo web y seguridad informática había trabajado con la presidencia de la República de Colombia, bajo Santos, y en las campañas del ex presidente Álvaro Uribe (2006) y en la de Juan Manuel Santos (2010) y hasta en la de un candidato que ganó la presidencia de México,  Enrique Peña Nieto. También ha trabajado en Venezuela y Honduras.  Al momento de set detenido, Sepúlveda trabajaba  con la campaña de Oscar Iván Zuluaga, candidato del partido de oposición Centro Democrático.

La ley obliga al Fiscal General a ser el primero en respetar la presunción de inocencia de los ciudadanos. No obstante, Montealegre pateó ese principio de derecho. Abrumó a un acusado, lo declaró “espía”, sin tener ni exhibir prueba alguna de eso, y no lo envió a un centro de reclusión. Había que mostrarlo como un monstruo para que el escándalo cuajara y golpeara, con la ayuda de cierta prensa, a Oscar Iván Zuluaga, y ahogara, de paso, el escándalo destapado horas antes por las revelaciones de que el principal asesor de la actual campaña del presidente-candidato Juan Manuel Santos había estado en andanzas secretas con  traficantes de drogas y paramilitares y hasta recibido de ellos la suma de 12 millones de dólares para que ambientara  unas negociaciones con el actual gobierno (que nunca comenzaron).

Ante lo de JJ Rendón, Montealegre reaccionó con parsimonia. JJ Rendón no fue detenido y todo el asunto depende ahora, según explicó Montealegre, de que un jefe de los Combas, encarcelado en Estados Unidos, “confirme o no” las acusaciones. No se sabe cuando ese preso podrá ser interrogado. ¡Qué contraste con la actuación precipitada y con la satanización de Sepúlveda! 

Montealegre inventó el cuento (hasta el momento no hay ninguna prueba que permita creerle) que Sepúlveda estaba robando “secretos de Estado” de las Farc. La detención del ingeniero obedece a que interceptó correos electroncitos de jefes de las Farc, no del presidente Santos. Pues ante esto último Montealegre confirmó que no sabe nada, que son meras “hipótesis de trabajo” y “posibilidades”. Es decir, no hay ningún hecho que confirme que Sepúlveda interceptó mensajes de JM Santos. 

Conclusión: lo que desató el furioso allanamiento y la destrucción de la oficina  del ingeniero informático fue el hecho de que él trataba de saber qué están planeando las Farc desde sus guaridas y desde La Habana.

Luego surge la pregunta: ¿Por qué Montealegre considera los correos electrónicos de los jefes de las Farc como “secreto de Estado”?  ¿Por qué el Estado colombiano, a través del Fiscal General, trata de proteger las informaciones de una banda narco terrorista que está en guerra contra el Estado y contra la sociedad colombiana? ¿Por estar en diálogos de paz? Pero esos “diálogos”  no han hecho sino aumentar la ferocidad de las Farc.

El fiscal pide “sigilo” con lo que se complota en La Habana contra todos los colombianos. Lo que están tramando allá los terroristas debe ser algo muy grave pues el Fiscal dice que “de llegar a ser públicos pueden llevar al traste las negociaciones”. ¿Llevar al traste las negociaciones? Si lo que están pactando es tan bueno para la democracia, para las libertades y para la prosperidad de Colombia  ¿por qué saberlo tendría tan terribles efectos?

No, quien debe explicar muchas cosas sobre este obscuro episodio es el Fiscal General Montealegre.

El funcionario dejó ver que actúa con criterio político, que es capaz de favorecer a una campaña presidencial, la de Santos, obrando con toda prudencia ante el escándalo de JJ Rendón, y obrando con precipitud y violencia en el caso de Sepúlveda.

Cuando se dió cuenta de que jamás podría probar que la campaña de Oscar Iván Zuluaga había “comprado” informaciones “ilegales” sobre el proceso de paz, Montealegre echó máquina atrás y afirmó, en tono de perdonavidas: “Aún no hay evidencias entre actividades ilegales y la campaña de Zuluaga”. Ese “aún” quiere decir que él tratará de mostrar algo al respecto. Esa es la pretendida “neutralidad” de Montealegre ante el candidato uribista.

El Fiscal General dice que Sepúlveda fue capturado pues fue encontrado en “estado de flagrancia”. Eso también es improbable. Sólo hasta dentro de dos semanas los técnicos de la Fiscalía  podrán saber si el acusado había obtenido información ilícita, pues sus archivos informáticos estaban “encriptados”, según Montealegre.  Luego ni el Fiscal General, ni los agentes del CTI, pudieron ver si lo que estaba haciendo el detenido en su oficina, al momento del allanamiento, era ilegal. El ingeniero estaba trabajando en su computador. Eso no es un delito. Su detención y encarcelamiento fueron actos arbitrarios. Esa detención y lo que ha seguido, muestra un odio profundo, no un interés en averiguar la verdad.

El Fiscal tampoco ha probado que Sepúlveda desarrollaba  “actividades ilícitas”. No ha probado que el tuvo acceso  a “correos electrónicos” sobre lo que se dice en la mesa de La Habana. El Fiscal no ha probado que Sepúlveda controla un “mercado negro de información”. Dijo: “nosotros ya tenemos establecido” (¿quién es ese “nosotros”?) que Sepúlveda ha vendido información “por varios cientos de millones de pesos”. ¿Pero donde están las pruebas de eso? El Fiscal lo supone. Eso es todo. No tiene certeza de nada. Lo supone porque la oficina de Sepúlveda estaba bien ubicada y bien equipada. Una deducción no es un hecho.    

La prensa sin haber visto una sola prueba de nada, se sintonizó con Montealegre de la manera más dócil y abyecta. Montealegre habla y lanza acusaciones sin más y todos tragan entero.  Así es como una democracia puede derrumbarse. Montealegre no ha siquiera intentado probar nada. Le basta con lanzar unas frases a unos periodistas complacientes dispuestos a quedar bien con él y a no exigirle detalles de nada. Esos periodistas llegaron, incluso, a preguntarle por qué no había ido más lejos, por qué no había detenido a otras personas, como la esposa del ingeniero, y por qué no agrava las penas y crea otro tipo penal para reprimir el derecho de expresión y obstruir, como en las dictaduras comunistas, o como en el Irán fundamentalista, la libertad y el acto de poder investigar y reunir información mediante internet. Tales actos son sancionados en esos países con la cárcel o la muerte. Colombia ya empezó a imitarlos en eso.

Un ciudadano ha sido privado de la libertad y transformado en enemigo público número uno por tratar de saber qué están planeando las Farc contra Colombia. Ese ciudadano ha sido abrumado con acusaciones infamantes, sin que se haya podido defender ante los medios. Es la tortura moral. Como van las cosas el abogado que lo defiende será acusado de algo, para que abandone a su defendido. Como en Venezuela. ¿A dónde va Colombia?

Imputarle el delito de “espionaje” a alguien que trata, si es cierto, de saber qué preparan las Farc contra Colombia en La Habana, es obrar como un agente extranjero, como un policía de Cuba, no de Colombia.

Ante el secretismo y los embustes sórdidos y sofisticados que entre las Farc y el gobierno preparan para desorientar a la opinión sobre las capitulaciones de La Habana, es un derecho y un deber de todo ciudadano libre tratar de saber qué está pasando en esa mesa. Si bien es cierto que es un delito interceptar correos electrónicos de las personas, de los funcionarios y hasta del presidente Santos, lo mismo no se puede predicar de los correos de un movimiento terrorista que comete atrocidades todos los días contra los colombianos. Allí no hay “secreto de Estado” que valga. Desde La Habana las Farc han ordenado cometer atentados en Colombia. ¿Por qué la información de esos criminales debe ser protegida? No es Montealegre uno de los que dicen que las acciones del hacker Julian Assange eran legitimas? ¿Si es legítimo hackear  los correos del Ejército y de la diplomacia norteamericana, por qué es ilegitimo hackear los correos de las Farc? Y qué dice Montealegre de la actividad de Edward Snowden, quien reveló documentos secretos del gobierno norteamericano? Si el Fiscal pretende que la información de las Farc es un secreto de Estado es porque ya integró en el Estado al estado mayor de las Farc. Si ello es así que nos explique cuando y cómo se dió esa escalofriante operación.

Montealegre es coherente consigo mismo (pero no con Colombia) pues él ha dicho que los crímenes de guerra cometidos por los jefes y miembros de las Farc deben ser indultados o amnistiados para que se pueda firmar la paz.  Por eso, debemos suponerlo, los correos electrónicos de las Farc deben ser protegidos y quien los interfiera debe ir a la cárcel, como le ocurre a Andrés Sepúlveda. Quien dice eso no es alias Timochenko, sino el propio Fiscal General de la Nación. En esos abismos estamos ahora en Colombia.

El alto funcionario judicial dijo con cinismo glacial que Sepúlveda se auto acusó de controlar un “mercado negro” de la información: que él supo eso “a partir de las conversaciones con Andrés Fernando Sepúlveda”. Tal acusación fue rechazada por el abogado de Sepúlveda. Bernardo Alzate aseguró, además, que su defendido no tiene previsto aceptar los cargos que le imputa la Fiscalía.

El Fiscal se queja de que Sepúlveda también trató de interceptar correos electrónicos de una persona “defensora de derechos humanos, la ex senadora Piedad Córdoba”. Esa persona, hay que recordarlo, fue destituida por la Procuraduría por sus vínculos con las Farc. ¿Cómo puede el Fiscal General llamar a esa persona “defensora de derechos humanos”?  Montealegre agregó que  Sepúlveda “tenía gran parte de la base de datos de los desmovilizados de la guerrilla”. ¿Dónde está la prueba de eso? 

Montealegre estima que se trata de “correos que donde se hubieran sido expuestos en su momento hubieran puesto en riesgo este proceso de paz, que es una misión constitucional”, pues  la paz, según él “es un derecho y un deber que trae (sic) la Constitución colombiana y un deber que le impone a todas las instituciones”.

Yo no conozco a Andrés Sepúlveda, ni he visto sus trabajos ni sus “trinos” (twitters), que tanto le molestan a Santos y a Montealegre. No sé si el ingeniero es un “hacker” o si ha interceptado correos de alguien. Lo que digo es que Eduardo Montealegre debe probar públicamente lo que dice.

Montealegre utilizó en su charla con Caracol las fórmulas que todo buen periodista detesta: “tal parece”, “fuente confiable”. Con ese “tal parece” el fiscal lanzó a la cara de todos los ciudadanos el cuento de que el “hacker” recibió “100 millones de pesos por datos”.  ¿Donde están las pruebas de eso?  Un Fiscal no puede acusar a nadie de esa manera. El Fiscal debe tener pruebas, antes de hablar. No conseguirlas después de haber hablado. Pretender que le creamos lo que dice por el solo hecho de que él lo dice, es mucho pedir.

Lo que hay hasta ahora es la detención de un ciudadano  que utilizaba el ciberespacio y el Twitter para  expresar su repudio  a la política de Santos. ¿Eso es un delito? Sólo en una dictadura puede serlo. Hace unos días, otros aprendices de brujo la emprendieron contra la representante electa uribista María Fernanda Cabal por haber escrito un Twitter. Eso prueba que estamos ante una ofensiva feroz del gobierno y del santismo contra la libertad de expresión.

Detienen a un twitero y le acomodan una serie de cargos. ¿Y cuál es su pecado? Tener un “sesgo ideológico contra el proceso de paz”.  La próxima fase de la ofensiva del Fiscal tendrá que ser la detención masiva de los millones de colombianos que tienen ese mismo “sesgo”.

Lo que acaba de ocurrir muestra una cosa: que en Colombia estamos ante una justicia stalinista, que arrojó al erial el Derechos y las garantías del Derecho “burgués” para poder comenzar una caza de brujas de “enemigos del pueblo”: quien tenga un “sesgo ideológico” contra el mandatario de turno, o contra las Farc o contra el llamado “proceso de paz”, puede ser enviado a la cárcel y verse transformado, de la noche a la mañana, de “insecto dañino”, como llamaba Lenin a sus enemigos en 1918. Eso es posible, como acabamos de verlo, pues hay una prensa cortesana e irresponsable que ni quiere ni puede exigirles a los funcionarios de la dictadura en formación que justifiquen lo que dicen y que respeten las exigencias y la ética del periodismo.

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Ahora les toca a los Generales

LES TOCA A LOS GENERALES
POR: RAFAEL GUARÍN

                              

El candidato Santos ha salido a difamar a las Fuerzas Militares y a la oposición. Según él, se están manipulando sectores de la fuerza pública con mentiras relacionadas con el proceso de La Habana. La verdad es que quien genera incertidumbre en las tropas y afecta su moral es el propio presidente.

El Gobierno ha querido comprar a las FF. MM. con promesas de impunidad, como si nuestros militares la reclamaran, cuando en realidad exigen es justicia y más justicia. 

El honor de los soldados se mancilla cuando se les equipara con los grupos dedicados al narcotráfico, al terrorismo y a crímenes atroces. Se les humilla cuando se les promete el mismo tratamiento jurídico que a los asesinos de las FARC y del ELN.

El 3 de septiembre del 2013 Santos advirtió: “Tengan en cuenta que los beneficios jurídicos que se vayan a otorgar a la contraparte en la negociación para lograr esa paz serán aplicables a los miembros de nuestras fuerzas”.

Detrás de tal “generosidad” hay una tremenda trampa en la que caerá la inmensa mayoría de generales y coroneles que han actuado con rectitud: el marco jurídico para la paz establece que la persecución penal se concentrará en los máximos responsables de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. Eso respecto a las Fuerzas Militares se traducirá en graves riesgos que conspiran contra su cohesión y su supervivencia.

Seamos claros. Miembros de la fuerza pública actuaron como criminales, no como militares, y perpetraron homicidios conocidos con el calificativo de “falsos positivos”; también, individualmente y no en desarrollo de una política de Estado, mantuvieron vínculos con grupos de autodefensa ilegales y les facilitaron las masacres. ¡Por las víctimas y el honor militar esas atrocidades no deben quedar en la impunidad!

Con el esquema que se propone, basado en que el peso de la ley recae en los máximos responsables y que los menos responsables de tales delitos no serían objeto de investigación penal, sino de mecanismos extrajudiciales que excluyen la pena de prisión, sobrevendrá una explosión del Ejército.

Esto es más delicado si se tiene en cuenta que ocurrirá en un escenario en el cual es posible que estructuras de las FARC se conserven aún en armas, sea porque se trate de auténticas disidencias, sea en ejecución de la decisión estratégica del grupo de mantener ciertos aparatos armados a título de seguro en caso de un incumplimiento de lo acordado, o simplemente en orden a continuar la combinación de todas las formas de lucha para la consecución del poder. 

Quienes deseen beneficiarse de que no se les persiga penalmente querrán aparecer en la categoría de menos responsables, lo que implica que otros en la línea de mando deberán tener la categoría de máximos responsables y la pena de cárcel.

Los dedos apuntaran masivamente hacia arriba. Sólo es ver la composición de quienes están en las cárceles o están siendo investigados por violaciones a los derechos humanos y el número de involucrados y de supuestas víctimas de homicidio en persona protegida u homicidio agravado.

La mayoría de soldados, suboficiales y oficiales de bajo rango que quieran ser excarcelados o evitar ser condenados penalmente serán tentados con el fin de que señalen cómo “máximo responsable” a cualquiera. Con fundamento o sin él, con razón o sin ella, lo importante es evadir la cárcel. Testigos falsos pulularán.

Lo que calla el Gobierno es que la excarcelación masiva de miembros de las FF. MM. no es gratuita. Algunos tendrán que pagar por los delitos de todos los que los cometieron. Así como se espera que la cúpula fariana pague, muchos esperan que eso ocurra con los comandantes de la fuerza pública. ¿O, en verdad, generales, creen que porque se firme la paz y se le de impunidad a las FARC ustedes no seguirán siendo objetivo principal de la guerra jurídica? ¿O que si no hay penas efectivas la Corte Penal Internacional no actuará contra quienes han conformado la cúpula? ¿O que en el caso de los militares el sistema interamericano no tumbaría la “autoamnistía” que ofrece Santos? Al final, ¡les tocó a los generales!

Y les tocó no porque sean culpables, ¡que eso quede claro! ¡Muy claro! Les tocó porque el modelo de justicia transicional de Santos y del fiscal Montealegre busca condenar a quienes tuvieron la responsabilidad de conducir las tropas y crea los incentivos para que aun sin nada que ver con los errores o con los delitos conscientemente ejecutados por los subalternos,terminen potencialmente asumiéndolos. La injusticia contra altos oficiales asoma las orejas.

Lo único que falta es que los generales y coroneles terminen en las cárceles, así sea con penas reducidas, mientras los “máximos responsables” de las FARC recluidos, en el mejor de los casos, en extensas zonas de reserva campesina, protegidos por estructuras de su organización “institucionalizadas” o cumpliendo penas simbólicas en las noches, mientras de día se dedican a la política y a legislar.

Los militares, repito, piden justicia, no impunidad. Exigen que se respete el fuero militar, que tengan garantías de defensa técnica, recuperar la credibilidad de la justicia penal militar y que cada baja dada en combate legítimo no se convierta en una acusación de fiscales, muchas veces bajo el efecto de un fuerte sesgo ideológico y llenos de prejuicios. No es mucho que pedir cuando se ha ofrecido la vida por Colombia.

Presidente Santos, ¿quién es el que desmoraliza las tropas?

Twitter: @RafaGuarin