LES TOCA A LOS GENERALES
POR: RAFAEL GUARÍN
POR: RAFAEL GUARÍN
El
candidato Santos ha salido a difamar a las Fuerzas Militares y a la oposición.
Según él, se están manipulando sectores de la fuerza pública con mentiras
relacionadas con el proceso de La Habana. La verdad es que quien genera
incertidumbre en las tropas y afecta su moral es el propio presidente.
El Gobierno ha querido comprar a las FF. MM. con promesas de impunidad,
como si nuestros militares la reclamaran, cuando en realidad exigen es justicia
y más justicia.
El honor
de los soldados se mancilla cuando se les equipara con los grupos dedicados al
narcotráfico, al terrorismo y a crímenes atroces. Se les humilla cuando se
les promete el mismo tratamiento jurídico que a los asesinos de las FARC y del
ELN.
El 3 de
septiembre del 2013 Santos advirtió: “Tengan en cuenta que los beneficios
jurídicos que se vayan a otorgar a la contraparte en la negociación para lograr
esa paz serán aplicables a los miembros de nuestras fuerzas”.
Detrás de
tal “generosidad” hay una tremenda trampa en la que caerá la inmensa mayoría de
generales y coroneles que han actuado con rectitud: el marco jurídico para la
paz establece que la persecución penal se concentrará en los máximos
responsables de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. Eso respecto a
las Fuerzas Militares se traducirá en graves riesgos que conspiran contra su
cohesión y su supervivencia.
Seamos
claros. Miembros de la fuerza pública actuaron como criminales, no como
militares, y perpetraron homicidios conocidos con el calificativo de “falsos
positivos”; también, individualmente y no en desarrollo de una política de
Estado, mantuvieron vínculos con grupos de autodefensa ilegales y les
facilitaron las masacres. ¡Por las víctimas y el honor militar esas atrocidades
no deben quedar en la impunidad!
Con el
esquema que se propone, basado en que el peso de la ley recae en los máximos
responsables y que los menos responsables de tales delitos no serían objeto de
investigación penal, sino de mecanismos extrajudiciales que excluyen la pena de
prisión, sobrevendrá una explosión del Ejército.
Esto es
más delicado si se tiene en cuenta que ocurrirá en un escenario en el cual es
posible que estructuras de las FARC se conserven aún en armas, sea porque se
trate de auténticas disidencias, sea en ejecución de la decisión estratégica
del grupo de mantener ciertos aparatos armados a título de seguro en caso de un
incumplimiento de lo acordado, o simplemente en orden a continuar la
combinación de todas las formas de lucha para la consecución del poder.
Quienes
deseen beneficiarse de que no se les persiga penalmente querrán aparecer en la
categoría de menos responsables, lo que implica que otros en la línea de mando
deberán tener la categoría de máximos responsables y la pena de cárcel.
Los dedos
apuntaran masivamente hacia arriba. Sólo es ver la composición de quienes están
en las cárceles o están siendo investigados por violaciones a los derechos
humanos y el número de involucrados y de supuestas víctimas de homicidio en
persona protegida u homicidio agravado.
La mayoría
de soldados, suboficiales y oficiales de bajo rango que quieran ser
excarcelados o evitar ser condenados penalmente serán tentados con el fin de
que señalen cómo “máximo responsable” a cualquiera. Con fundamento o sin él,
con razón o sin ella, lo importante es evadir la cárcel. Testigos falsos
pulularán.
Lo que
calla el Gobierno es que la excarcelación masiva de miembros de las FF. MM. no
es gratuita. Algunos tendrán que pagar por los delitos de todos los que los
cometieron. Así como se espera que la cúpula fariana pague, muchos esperan que
eso ocurra con los comandantes de la fuerza pública. ¿O, en verdad, generales,
creen que porque se firme la paz y se le de impunidad a las FARC ustedes no
seguirán siendo objetivo principal de la guerra jurídica? ¿O que si no hay penas
efectivas la Corte Penal Internacional no actuará contra quienes han conformado
la cúpula? ¿O que en el caso de los militares el sistema interamericano no
tumbaría la “autoamnistía” que ofrece Santos? Al final, ¡les tocó a los
generales!
Y les tocó
no porque sean culpables, ¡que eso quede claro! ¡Muy claro! Les tocó porque el
modelo de justicia transicional de Santos y del fiscal Montealegre busca
condenar a quienes tuvieron la responsabilidad de conducir las tropas y crea
los incentivos para que aun sin nada que ver con los errores o con los delitos
conscientemente ejecutados por los subalternos,terminen potencialmente
asumiéndolos. La injusticia contra altos oficiales asoma las orejas.
Lo único
que falta es que los generales y coroneles terminen en las cárceles, así sea
con penas reducidas, mientras los “máximos responsables” de las FARC recluidos,
en el mejor de los casos, en extensas zonas de reserva campesina, protegidos
por estructuras de su organización “institucionalizadas” o cumpliendo penas
simbólicas en las noches, mientras de día se dedican a la política y a
legislar.
Los
militares, repito, piden justicia, no impunidad. Exigen que se respete el fuero
militar, que tengan garantías de defensa técnica, recuperar la credibilidad de
la justicia penal militar y que cada baja dada en combate legítimo no se
convierta en una acusación de fiscales, muchas veces bajo el efecto de un
fuerte sesgo ideológico y llenos de prejuicios. No es mucho que pedir cuando se
ha ofrecido la vida por Colombia.
Presidente
Santos, ¿quién es el que desmoraliza las tropas?
Twitter: @RafaGuarin
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