CRÓNICA DE UNA DEBACLE
ANUNCIADA
Por: Mayor
General Carlos Quiroga
Bogotá, 2
de Mayo de 2013
Poco a poco se va aclarando el panorama de lo que sucede y
sucederá con los diálogos en la Habana en
lo atinente a los temas militares
y con los llamados beneficios jurídicos a los militares.
En reiteradas ocasiones el Presidente y el jefe del equipo
negociador en La Habana, Humberto de la Calle, han manifestado que el tema
militar no se tocara en la Habana y menos se negociara. Otra cosa dicen las
Farc, en ocasiones para decir que hay que desmilitarizar la sociedad y el
campo, reducir las Fuerzas Militares, depurarlas y cambiar la doctrina militar,
repetido aquí en Colombia por los áulicos y simpatizantes de las Farc.
María Isabel Rueda, en su columna en El Tiempo del 28 de
abril de 2013 toca el tema de los benéficos jurídicos para los militares y afirma que “…en las
conductas que tienen a cientos de militares condenados o en proceso de serlo se
encuentran: 1) Las que han dejado víctimas civiles colaterales de la guerra, 2)
La complicidad con los paramilitares y la eliminación de los guerrilleros por
fuera del marco del combate, 3) Los falsos positivos”. Agrega, “Creo que las dos primeras causales
de las fallas o delitos cometidos en desviación del servicio, pueden ser objeto
de debate. Sobre la tercera, no faltaran quienes estiren el conflicto armado
para incluir como faltas del servicio los falsos positivos, que al fin y al
cabo, tenían por objeto simular combates y hacer bajas guerrilleras para obtener beneficios dentro
de la organización militar”. Más adelante, en una afirmación contundente,
expresa: “Personalmente los encuentro tan aberrantes, que para mí no tienen
discusión excluirlos de tajo de los beneficios de una justicia alternativa para
el tema militar. Frente a las otras dos situaciones, que se abra el debate”.
Disiento de algunas ideas de la columnista, ya que en muchas
ocasiones, quienes murieron en las acciones de los mal llamados falsos
positivos, todavía por esclarecer en la justicia ordinaria, eran delincuentes pertenecientes
a las Farc y al narcotráfico, no queriendo justificar con ello estos delitos,
de quienes hoy son acusados y pueden ser condenados. En el caso de Ocaña, con
el afán de conseguir dinero fácil en las actividades del narcotráfico, aunque
engañados de las actividades que realizarían, llegaron a esa región, lo que nos
indica que si tienen que ver con conductas que constituyen faltas relacionadas
con el servicio. Si no existiera el conflicto,
las unidades militares a las que pertenecían no hubieran estado allá; los que
son investigados y acusados, no hubieran llegado a esas unidades militares y no
hubieran incurrido en las conductas que se les endilgan.
Los muertos de Bojayá, el Nogal, la Chinita y otros tantos
crímenes atroces, los secuestros, las extorsiones, el narcotráfico, las muertes
de civiles inocentes en atentados terroristas, perpetrados por las Farc, no tienen
una relación directa con el conflicto, es más no tienen nada que ver, tan es
así, que están pensando en declararlos delitos conexos con los delitos
políticos, para poder amnistiarlos e indultarlos. Entonces porque hacer una
distinción con aquellos cometidos por los militares en iguales circunstancias,
como son los casos de homicidio en persona protegida, ahora ejecuciones
extrajudiciales, presentados, mal llamados falsos positivos. Si hay que excluir
algunas conductas, establecer que SI y que No, que se aplique también para los
narcoterroristas de las Farc, que han atacado al Estado por más de 50 años e
intentado tomarse el poder por la vía de las armas y la combinación de todas
las formas de lucha, como ellos mismos lo pregonan.
No sé si a María Isabel Rueda le parecerán aberrantes los
crímenes de Leónidas Lara en Balsillas, secuestrado y luego asesinado; el
secuestro en 1965 del industrial Harold Eder, y su posterior asesinato, el
asesinato de sus tres escoltas; la masacre de Inza, Cauca, en la que asesinaron
a los pasajeros de un bus, incluyendo dos religiosas, posterior asesinato del
alcalde, el tesorero municipal, el encargado de la Caja de Crédito Agrario ,
intimidación y robo a los habitantes del
pueblo; la masacre de Tacueyo, a finales de 1995, contra 164 de sus propios
guerrilleros, acusados de ser espías del Ejército; en 1990 la muerte de 22
civiles y 64 miembros de las Fuerzas Armadas en 86 atentados terroristas; la
masacre de Algeciras donde asesinan 6 niños; en 1991, matan a más de 500
civiles y 26 policías en el Putumayo en 1992; los asesinatos de Consuelo
Araujo, el exmnistro de Defensa Gilberto Echeverry Mejía, el gobernador de
Antioquia Guillermo Gaviria Correa en el 2002; la masacre de Bojaya, en la que
fueron asesinados 119 civiles, 45 de los cuales eran niños, el 2 de mayo de
2002; ataque a un bus que transportaba obreros del oleoducto en Arauca, con
saldo de dos muertos y once heridos; estallido de un carro bomba en Arauquita,
el 8 de enero del 2003 asesinando dos soldados e hiriendo a una señora; tres
días después otro carro bomba estalló en Tame, en la que fue herido el
conductor; el 15 de enero de 2003 fue asesinado el consejero del Ministerio del
Interior para la Seguridad, Raúl Gross Rodríguez; destrucción del centro de tecnología agrónoma
que contaba con 40 técnicos, robándose los computadores; el asalto terrorista a
Arboledas, Caldas, donde asesina a 12 policías y cuatro civiles, quemados y
mutilados, les cortaron sus cabezas y jugaron futbol con ellas, el pueblo
completamente destruido y los 2000 habitantes obligados a abandonarlo bajo las
amenazas de muerte; en esa época las Farc arrasaron pueblos enteros, como
Carmen de Atrato, Puerto Nuevo, Florencia, Puerto Venus, Alpujarra, Santa
María, Vegalarga, Timana y Colombia, en los que sus habitantes fueron obligados
a huir de sus casas; atacaron por la misma época 51 pueblos, mataron 73
policías y destruyeron decenas de casas de gente pobre, así como escuelas,
iglesias, hospitales y causaron la muerte de 56 civiles, de los cuales 8 eran
niños, más de cien heridos; más de 500.000 personas fueron desplazadas; asesinato de innumerables alcaldes y muchos otros
obligados a renunciar y despachar desde otros municipios; explosión de un carro bomba en el Club el
Nogal con gravísimas consecuencias en víctimas y destrozos; el collar bomba;
los asesinatos de soldados fuera de combate, rellenados después con explosivos;
el asesinato de policías y soldados, rematados; el secuestro de Ingrid
Betancourt, Clara Rojas, Jorge Eduardo Gechen, Consuelo Gonzales, Orlando Beltrán,
Luis Eladio Pérez, Oscar Lizcano, de cientos
de militares por largo tiempo; asesinato de los desmovilizados del Epl
en el barrio la Chinita en Apartado; estallido de un carro bomba en la torre de
Caracol; el asesinato del gobernador del Caquetá Luis Francisco Cuellar; el
atentado al exministro y periodista Fernando Londoño y miles de atentados contra la infraestructura
energética y vial del país. Solo relaciono algunas de las buenas obras por las
que tenemos que agradecerle a las narcoterroristas Farc.
El Editorial de El Tiempo del 28 de abril de 20123, “Un
debate que asoma” precisa que “Si el proceso de paz va a tener beneficios
jurídicos para la guerrilla, es hora de evaluar la conveniencia de que también
se apliquen a los militares que han cometido delitos. Se deberá considerar si
hay que otorgarles los mismos que a la subversión y donde trazar la raya que
defina que conductas no pueden ser objeto de ellos”. Expresa el editorial que “
..más temprano que tarde, habrá que abordar el quizás incomodo asunto de la
suerte que correrán los militares y policías responsables de comportamientos
delictivos”. “Lo primero que se tendrá que examinar serán las ventajas y
desventajas de que este sea simétrico, o si, al contrario debe darse alguna
diferencia. Igualmente, se anuncia necesario disgregar conceptos genéricos como
el de los “falsos positivos” para determinar con mayor precisión por donde
trazarla línea roja de las prebendas”
Podemos apreciar las coincidencias del editorial y las
opiniones de María Isabel Rueda, de por si sospechosas, en cuanto a los falsos
positivos.
El Fiscal Montealegre en entrevista a María Isabel Rueda para
el periódico El Tiempo del día 29 de abril de 2013, manifestó que habrá perdón
para los delitos militares, por “hechos estrechamente ligados al conflicto,
para los militares que han cometido graves violaciones de los derechos humanos…”,
Mas adelante dice: “Creo que debe existir una legislación distinta para la
guerrilla y otra para la Fuerza Pública, que puede ser totalmente diferente en
su estrategia y en su tratamiento de justicia transicional”. El día 29 de abril
en el los noticieros del medio día aclaro que los falsos positivos tendrían que
excluirse de los mismos, porque de lo contratarlo la CPI los investigaría.
El rápido sobrevuelo
por las miles de atrocidades cometidas por las Farc, nos permite tener una
visión real de la magnitud de los delitos que desean que olvidemos y de las que el Fiscal, algunos
columnistas y el gobierno quiere que no paguen un solo día de cárcel, mientras
que los falsos positivos cometidos por algunos militares, pues la mayoría son
falsas acusaciones con falsos testigos, les parecen aberrantes y deben ser
excluidos de los beneficios jurídicos, a sabiendas que hacen parte del
conflicto.
El día 30 de abril los victimarios del conflicto, aparentando
ser las víctimas, mandaron un mensaje a todos nosotros: la justicia colombiana
no es competente para juzgarlos. Que quieren decir, no aceptamos la justicia
colombiana, lo que llamo Alfredo Rangel, inimputabilidad. No solamente quieren
impunidad, no aceptan ningún tipo de justicia, que se traduce en amnistía (extinción de
la responsabilidad penal, perdón de los delitos cometidos, extinción de los
antecedentes penales, para todos los
integrantes de la organización criminal) e indulto para aquellos ya condenados (extinción de
la responsabilidad penal, perdón de la pena a los delincuentes ya condenados). No sé si los narcoterroristas de
las Farc acepten amnistía e indulto, porque lo que pretenden, es que el tema de
la justicia ni siquiera sea mencionado en los acuerdos; la misma idea que
pregona el alcalde Petro, quien cree que la izquierda que uso las armas y la violencia
política para llegar al poder, no debe ser objeto de ninguna ley, pues sería ir
contra la paz y la izquierda. Impunidad e imputabilidad. En cuanto al Congreso,
aprobará todo lo que el gobierno le envié. El Gobierno, a pesar de todo lo que
dice contrario a lo impunidad, no le importará concederles lo que pidan en aras
de pasar a la historia como el presidente que logro la paz, dejando
metidos a los colombianos en un lio y
encrucijada que traerá todo, menos la paz que anhelan.
Pero no solo exigieron
inimputabilidad el 30 de abril, también se fueron contra el fuero militar, el
que según ellos y los compañeros de lucha en territorio firme, debe ser
eliminado. Significa investigaciones y condenas por la justicia ordinaria para
militares, la justicia del enemigo, olvido para las Farc, ya que no deben ni
siquiera ser objeto de justicia, es decir eso de la impunidad es un embeleco de
colombianos con desviaciones mentales. Recordemos que desde Cuba rechazaron el Marco Jurídico
para la Paz, hasta el punto de calificarlo como un “esperpento, puerta a la
impunidad que el Gobierno les abrió con el fin de motivarlos a iniciar
diálogos.
Se pregunta Alfredo Rangel: “¿Por qué lo rechazan si les garantiza
impunidad? Porque además de impunes, los terroristas de las FARC quieren ser
inimputables, es decir, que ni siquiera puedan ser acusados de ningún crimen,
ni ser obligados a comparecer ante ningún juez por ningún motivo. Fieles a su
estrategia de negociación estalinista que no considera las concesiones de la
contraparte señales de buena voluntad para llegar a un acuerdo, sino síntoma
inequívoco de debilidad, una vez consiguieron del Gobierno la impunidad gratis
por medio del Marco, ahora van por la inimputabilidad, que esperan conseguir en
una Asamblea Constituyente, en la que tanto han insistido”.
Las Farc lo que están exigiendo es negociar la democracia, el
modelo de Estado, de tal manera que solo haya justicia para quienes se
opusieron a sus propósitos de la toma del poder por las armas y la combinación
de todas las formas de lucha. Desean ingresar a una democracia que desconocen,
ni más ni menos. ¿Qué carajo hace el gobierno en La Habana?
Pienso que en la Habana
no se van a negociar las Fuerzas Militares, pero como seguramente habrá una
Asamblea Constituyente para aprobar los acuerdos logrados, allí serán
introducidos estos temas, que para las Farc constituyen cuestión de honor y
venganza, los que serán aprobados sin ninguna duda, con lo que Santos tendrá la
disculpa perfecta para decir que fue la voluntad del constituyente, contra lo
que no hay nada que hacer. Si no hay
constituyente, no van a desfallecer en sus propósitos de hostigar a las FFMM
hasta ver cumplidos los objetivos sobre los que hablan con bastante regularidad
en la Habana. Quienes piensen que una vez perdonados y con todos los derechos
políticos en sus manos, las Farc y la izquierda van a dejar de ser lo que han
sido y pensar de otra manera, diferentes a las ideas y practicas
marxistas-leninistas, están equivocados.
Señores, los militares seremos negociados, investigados y
condenados, al mismo tiempo que los criminales de las Farc, sin pagar un día de
cárcel, estarán paseándose y
pavoneándose por los pasillos del
Congreso y las oficinas públicas, cantando su victoria sobre el Estado y los
militares, mientras logran hacerlo en la Casa de Nariño, bajo la mirada atónita
de quienes promovieron, patrocinaron y aprobaron los acuerdos de paz. Bueno,
algunos sonreirán satisfechos de ver como los partidos políticos y otros colombianos de buena fe se comieron el
cuento; unos pocos, que sabían para donde iban, participaran del nuevo régimen.
No será inmediatamente, pero lo será. Crónica de una debacle anunciada.
MG (R) CARLOS O
QUIROGA FERREIRA
