CRÓNICA DE UNA DEBACLE ANUNCIADA

Por: Mayor General Carlos Quiroga

Bogotá, 2 de Mayo de 2013

Poco a poco se va aclarando el panorama de lo que sucede y sucederá con los diálogos en la Habana en  lo atinente  a los temas militares y con los llamados beneficios jurídicos a los militares.

En reiteradas ocasiones el Presidente y el jefe del equipo negociador en La Habana, Humberto de la Calle, han manifestado que el tema militar no se tocara en la Habana y menos se negociara. Otra cosa dicen las Farc, en ocasiones para decir que hay que desmilitarizar la sociedad y el campo, reducir las Fuerzas Militares, depurarlas y cambiar la doctrina militar, repetido aquí en Colombia por los áulicos y simpatizantes de las Farc.

María Isabel Rueda, en su columna en El Tiempo del 28 de abril de 2013 toca el tema de los benéficos jurídicos  para los militares y afirma que “…en las conductas que tienen a cientos de militares condenados o en proceso de serlo se encuentran: 1) Las que han dejado víctimas civiles colaterales de la guerra, 2) La complicidad con los paramilitares y la eliminación de los guerrilleros por fuera del marco del combate, 3) Los falsos positivos”.  Agrega, “Creo que las dos primeras causales de las fallas o delitos cometidos en desviación del servicio, pueden ser objeto de debate. Sobre la tercera, no faltaran quienes estiren el conflicto armado para incluir como faltas del servicio los falsos positivos, que al fin y al cabo, tenían por objeto simular combates y hacer bajas  guerrilleras para obtener beneficios dentro de la organización militar”. Más adelante, en una afirmación contundente, expresa: “Personalmente los encuentro tan aberrantes, que para mí no tienen discusión excluirlos de tajo de los beneficios de una justicia alternativa para el tema militar. Frente a las otras dos situaciones, que se abra el debate”.

Disiento de algunas ideas de la columnista, ya que en muchas ocasiones, quienes murieron en las acciones de los mal llamados falsos positivos, todavía por esclarecer en la justicia ordinaria, eran delincuentes pertenecientes a las Farc y al narcotráfico, no queriendo justificar con ello estos delitos, de quienes hoy son acusados y pueden ser condenados. En el caso de Ocaña, con el afán de conseguir dinero fácil en las actividades del narcotráfico, aunque engañados de las actividades que realizarían, llegaron a esa región, lo que nos indica que si tienen que ver con conductas que constituyen faltas relacionadas con el servicio. Si  no existiera el conflicto, las unidades militares a las que pertenecían no hubieran estado allá; los que son investigados y acusados, no hubieran llegado a esas unidades militares y no hubieran incurrido en las conductas que se les endilgan.

Los muertos de Bojayá, el Nogal, la Chinita y otros tantos crímenes atroces, los secuestros, las extorsiones, el narcotráfico, las muertes de civiles inocentes en atentados terroristas, perpetrados por las Farc, no tienen una relación directa con el conflicto, es más no tienen nada que ver, tan es así, que están pensando en declararlos delitos conexos con los delitos políticos, para poder amnistiarlos e indultarlos. Entonces porque hacer una distinción con aquellos cometidos por los militares en iguales circunstancias, como son los casos de homicidio en persona protegida, ahora ejecuciones extrajudiciales, presentados, mal llamados falsos positivos. Si hay que excluir algunas conductas, establecer que SI y que No, que se aplique también para los narcoterroristas de las Farc, que han atacado al Estado por más de 50 años e intentado tomarse el poder por la vía de las armas y la combinación de todas las formas de lucha, como ellos mismos lo pregonan.

No sé si a María Isabel Rueda le parecerán aberrantes los crímenes de Leónidas Lara en Balsillas, secuestrado y luego asesinado; el secuestro en 1965 del industrial Harold Eder, y su posterior asesinato, el asesinato de sus tres escoltas; la masacre de Inza, Cauca, en la que asesinaron a los pasajeros de un bus, incluyendo dos religiosas, posterior asesinato del alcalde, el tesorero municipal, el encargado de la Caja de Crédito Agrario , intimidación  y robo a los habitantes del pueblo; la masacre de Tacueyo, a finales de 1995, contra 164 de sus propios guerrilleros, acusados de ser espías del Ejército; en 1990 la muerte de 22 civiles y 64 miembros de las Fuerzas Armadas en 86 atentados terroristas; la masacre de Algeciras donde asesinan 6 niños; en 1991, matan a más de 500 civiles y 26 policías en el Putumayo en 1992; los asesinatos de Consuelo Araujo, el exmnistro de Defensa Gilberto Echeverry Mejía, el gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria Correa en el 2002; la masacre de Bojaya, en la que fueron asesinados 119 civiles, 45 de los cuales eran niños, el 2 de mayo de 2002; ataque a un bus que transportaba obreros del oleoducto en Arauca, con saldo de dos muertos y once heridos; estallido de un carro bomba en Arauquita, el 8 de enero del 2003 asesinando dos soldados e hiriendo a una señora; tres días después otro carro bomba estalló en Tame, en la que fue herido el conductor; el 15 de enero de 2003 fue asesinado el consejero del Ministerio del Interior para la Seguridad, Raúl Gross Rodríguez;  destrucción del centro de tecnología agrónoma que contaba con 40 técnicos, robándose los computadores; el asalto terrorista a Arboledas, Caldas, donde asesina a 12 policías y cuatro civiles, quemados y mutilados, les cortaron sus cabezas y jugaron futbol con ellas, el pueblo completamente destruido y los 2000 habitantes obligados a abandonarlo bajo las amenazas de muerte; en esa época las Farc arrasaron pueblos enteros, como Carmen de Atrato, Puerto Nuevo, Florencia, Puerto Venus, Alpujarra, Santa María, Vegalarga, Timana y Colombia, en los que sus habitantes fueron obligados a huir de sus casas; atacaron por la misma época 51 pueblos, mataron 73 policías y destruyeron decenas de casas de gente pobre, así como escuelas, iglesias, hospitales y causaron la muerte de 56 civiles, de los cuales 8 eran niños, más de cien heridos; más de 500.000 personas fueron desplazadas;  asesinato de innumerables alcaldes y muchos otros obligados a renunciar y despachar desde otros municipios;  explosión de un carro bomba en el Club el Nogal con gravísimas consecuencias en víctimas y destrozos; el collar bomba; los asesinatos de soldados fuera de combate, rellenados después con explosivos; el asesinato de policías y soldados, rematados; el secuestro de Ingrid Betancourt, Clara Rojas, Jorge Eduardo Gechen, Consuelo Gonzales, Orlando Beltrán, Luis Eladio Pérez, Oscar Lizcano, de cientos  de militares por largo tiempo; asesinato de los desmovilizados del Epl en el barrio la Chinita en Apartado; estallido de un carro bomba en la torre de Caracol; el asesinato del gobernador del Caquetá Luis Francisco Cuellar; el atentado al exministro y periodista Fernando Londoño y  miles de atentados contra la infraestructura energética y vial del país. Solo relaciono algunas de las buenas obras por las que tenemos que agradecerle a las narcoterroristas Farc.

El Editorial de El Tiempo del 28 de abril de 20123, “Un debate que asoma” precisa que “Si el proceso de paz va a tener beneficios jurídicos para la guerrilla, es hora de evaluar la conveniencia de que también se apliquen a los militares que han cometido delitos. Se deberá considerar si hay que otorgarles los mismos que a la subversión y donde trazar la raya que defina que conductas no pueden ser objeto de ellos”. Expresa el editorial que “ ..más temprano que tarde, habrá que abordar el quizás incomodo asunto de la suerte que correrán los militares y policías responsables de comportamientos delictivos”. “Lo primero que se tendrá que examinar serán las ventajas y desventajas de que este sea simétrico, o si, al contrario debe darse alguna diferencia. Igualmente, se anuncia necesario disgregar conceptos genéricos como el de los “falsos positivos” para determinar con mayor precisión por donde trazarla línea roja de las prebendas”

Podemos apreciar las coincidencias del editorial y las opiniones de María Isabel Rueda, de por si sospechosas, en cuanto a los falsos positivos.

El Fiscal Montealegre en entrevista a María Isabel Rueda para el periódico El Tiempo del día 29 de abril de 2013, manifestó que habrá perdón para los delitos militares, por “hechos estrechamente ligados al conflicto, para los militares que han cometido graves violaciones de los derechos humanos…”, Mas adelante dice: “Creo que debe existir una legislación distinta para la guerrilla y otra para la Fuerza Pública, que puede ser totalmente diferente en su estrategia y en su tratamiento de justicia transicional”. El día 29 de abril en el los noticieros del medio día aclaro que los falsos positivos tendrían que excluirse de los mismos, porque de lo contratarlo la CPI  los investigaría.

El rápido sobrevuelo por las miles de atrocidades cometidas por las Farc, nos permite tener una visión real de la magnitud de los delitos que desean que  olvidemos y de las que el Fiscal, algunos columnistas y el gobierno quiere que no paguen un solo día de cárcel, mientras que los falsos positivos cometidos por algunos militares, pues la mayoría son falsas acusaciones con falsos testigos, les parecen aberrantes y deben ser excluidos de los beneficios jurídicos, a sabiendas que hacen parte del conflicto.

El día 30 de abril los victimarios del conflicto, aparentando ser las víctimas, mandaron un mensaje a todos nosotros: la justicia colombiana no es competente para juzgarlos. Que quieren decir, no aceptamos la justicia colombiana, lo que llamo Alfredo Rangel, inimputabilidad. No solamente quieren impunidad, no aceptan ningún tipo de justicia, que se traduce en amnistía (extinción de la responsabilidad penal,  perdón de los delitos cometidos, extinción de los antecedentes penales,  para todos los integrantes de la organización criminal) e indulto para aquellos ya condenados (extinción de la responsabilidad penal, perdón de la pena a los delincuentes ya condenados). No sé si los narcoterroristas de las Farc acepten amnistía e indulto, porque lo que pretenden, es que el tema de la justicia ni siquiera sea mencionado en los acuerdos; la misma idea que pregona el alcalde Petro, quien cree que la izquierda que uso las armas y la violencia política para llegar al poder, no debe ser objeto de ninguna ley, pues sería ir contra la paz y la izquierda. Impunidad e imputabilidad. En cuanto al Congreso, aprobará todo lo que el gobierno le envié. El Gobierno, a pesar de todo lo que dice contrario a lo impunidad, no le importará concederles lo que pidan en aras de pasar a la historia como el presidente que logro la paz, dejando metidos  a los colombianos en un lio y encrucijada que traerá todo, menos la paz que anhelan.

Pero no solo exigieron inimputabilidad el 30 de abril, también se fueron contra el fuero militar, el que según ellos y los compañeros de lucha en territorio firme, debe ser eliminado. Significa investigaciones y condenas por la justicia ordinaria para militares, la justicia del enemigo, olvido para las Farc, ya que no deben ni siquiera ser objeto de justicia, es decir eso de la impunidad es un embeleco de colombianos con desviaciones mentales. Recordemos que desde Cuba rechazaron el Marco Jurídico para la Paz, hasta el punto de calificarlo como un “esperpento, puerta a la impunidad que el Gobierno les abrió con el fin de motivarlos a iniciar diálogos.

Se pregunta Alfredo Rangel: “¿Por qué lo rechazan si les garantiza impunidad? Porque además de impunes, los terroristas de las FARC quieren ser inimputables, es decir, que ni siquiera puedan ser acusados de ningún crimen, ni ser obligados a comparecer ante ningún juez por ningún motivo. Fieles a su estrategia de negociación estalinista que no considera las concesiones de la contraparte señales de buena voluntad para llegar a un acuerdo, sino síntoma inequívoco de debilidad, una vez consiguieron del Gobierno la impunidad gratis por medio del Marco, ahora van por la inimputabilidad, que esperan conseguir en una Asamblea Constituyente, en la que tanto han insistido”. 

Las Farc lo que están exigiendo es negociar la democracia, el modelo de Estado, de tal manera que solo haya justicia para quienes se opusieron a sus propósitos de la toma del poder por las armas y la combinación de todas las formas de lucha. Desean ingresar a una democracia que desconocen, ni más ni menos. ¿Qué carajo hace el gobierno en La Habana?

Pienso que en la Habana no se van a negociar las Fuerzas Militares, pero como seguramente habrá una Asamblea Constituyente para aprobar los acuerdos logrados, allí serán introducidos estos temas, que para las Farc constituyen cuestión de honor y venganza, los que serán aprobados sin ninguna duda, con lo que Santos tendrá la disculpa perfecta para decir que fue la voluntad del constituyente, contra lo que no hay nada que hacer.  Si no hay constituyente, no van a desfallecer en sus propósitos de hostigar a las FFMM hasta ver cumplidos los objetivos sobre los que hablan con bastante regularidad en la Habana. Quienes piensen que una vez perdonados y con todos los derechos políticos en sus manos, las Farc y la izquierda van a dejar de ser lo que han sido y pensar de otra manera, diferentes a las ideas y practicas marxistas-leninistas, están equivocados.

Señores, los militares seremos negociados, investigados y condenados, al mismo tiempo que los criminales de las Farc, sin pagar un día de cárcel,  estarán paseándose y pavoneándose  por los pasillos del Congreso y las oficinas públicas, cantando su victoria sobre el Estado y los militares, mientras logran hacerlo en la Casa de Nariño, bajo la mirada atónita de quienes promovieron, patrocinaron y aprobaron los acuerdos de paz. Bueno, algunos sonreirán satisfechos de ver como los partidos políticos y otros  colombianos de buena fe se comieron el cuento; unos pocos, que sabían para donde iban, participaran del nuevo régimen. No será inmediatamente, pero lo será. Crónica de una debacle anunciada.

MG (R) CARLOS O QUIROGA FERREIRA