lunes, 17 de marzo de 2014

Sobre la guerra jurídica al Ejército de Colombia



La paz no se construye sobre injusticias
                                                                                  
Publicado 13/03/2014        
Oscar Alberto Díaz García
Fuente: Diario del Otún, Pereira

La manera como Santos planea imponer la paz por decreto, o tal vez con un referendo, tiene dolencias graves. Su propuesta, que desconocemos, pero vamos vislumbrando a gotas, se comienza a tornar día a día en evidente y peligrosa, pues las Fuerzas Militares y en particular el Ejército, como institución destinada a proteger la soberanía del Estado, salen tan maltrechos, que las consecuencias pueden ser funestas. Santos desde su llegada al ministerio de Defensa en el gobierno de Uribe, se dio a la tarea de buscar la presidencia a sabiendas de que su pensamiento político por si solo no servía para optar al poder; menos si pretendía esbozarlo a lo largo de una campaña, que para su suerte en realidad no hubo. La gente votó por él porque tocaba; esta vez es distinto.

Han pasado cuatro años durante los cuales a pesar de la opinión de los grandes medios y de la insistencia del gobierno en hacer creer lo contrario, la seguridad se ha deteriorado. Los éxitos relativos de las tropas de élite en operaciones conjuntas contrastan con los resultados de todas las demás, es decir las desarrolladas por unidades menores. La persecución judicial a la cual se ven abocados los comandantes y sus soldados, que siempre son investigados pues es obvio que si hay combate debe haber muertos, es funesta. Y la justicia desconociendo, tanto el fuero militar como la manera de operar del uniformado, tiene hoy en cárcel a cada soldado que en cumplimiento de su deber constitucional usa las armas de la República. Me refiero a los que las usan legalmente, en operaciones limpias, que no a quienes erróneamente cometen los mal llamado falsos positivos.
La paz, señores congresistas, señores jueces y fiscales, señor Santos, no se puede construir sobre la injusticia.

Permitir que los bandidos se reincorporen a la vida normal, sin reconocer sus delitos y sin pagar cárcel por ello, es ya de entrada un exabrupto; pero si toca, hasta eso se puede aceptar en aras de la paz; que así sea. Pero si además de tamaño despropósito se suma el hecho de encarcelar por miles a quienes siempre han estado defendiendo el remedo de democracia que tenemos, es además de miserable, una bellaquería. ¿Qué creen que pasará después? Si llega a prosperar la siniestra teoría de la corte constitucional que sostiene el principio de “distinción” el cual plantea que el conflicto en Colombia es entre los militares y los guerrilleros, y que ante eso el estado es tan solo un árbitro, convirtiendo al militar en un autor del conflicto en iguales términos que el subversivo, hasta ahí llegamos. Y si abandonarlos en su misión es ya de por sí una cobardía, ensañarse en ellos desde los estrados de las togas politizadas ideológicamente, resulta abominable.


Peor si le sumamos un poder ejecutivo pusilánime y mañoso que engaña al mejor servidor, al más fiel y leal, que amordazado por la Carta Magna, perdió el derecho a expresarse porque le castraron la conciencia. El fuero militar inexistente, dado que sigue en el limbo, solo sirve para exigirle al uniformado que lo de todo en silencio, hasta su vida, pero le niega los más elementales derechos. Entre tanto, los bandidos gobernarán y harán las leyes; y tomarían también para si las armas de la República. Menos mal llegan nuevos congresistas del centro democrático y conservadores a impedirlo. No pudo el sistema en las elecciones últimas esquilmar más curules, de milagro. La paz se puede conseguir, más no sobre el cadáver de la justicia.

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