La historia no se puede desconocer

Por: MG. Carlos Quiroga Ferreira

Haber permanecido un año en suelo Guatemalteco, pocos años después de terminado el conflicto y haberlo estudiado, me da cierta modesta autoridad para hacer algunas reflexiones sobre la paz conseguida en Guatemala y el proceso de paz en Colombia, que pueden ser de utilidad.

Lo primero que debo decir es que a pesar de las similitudes que existen entre los dos conflictos armados internos, el que padeció Guatemala y el que está sufriendo Colombia, contra organizaciones armadas marxistas, se presentan rasgos que los hacen diferentes, como que en Guatemala los treinta y seis años de conflicto estuvieron salpicados por gobiernos militares, lo que no ha ocurrido en Colombia, en el que las Fuerzas Militares no han detentado el poder y han sido respetuosas del orden democrático.

En Guatemala se llegó a un acuerdo de paz entre las guerrillas marxistas, también criminales y terroristas, pero a diferencia de las Farc y Eln, no narcotizadas; acuerdo que fue sometido a la aprobación de los guatemaltecos en una consulta popular, que fue negada y sin embargo lo impusieron, por encima de la voluntad del pueblo.

La historia

El próximo 29 de diciembre de 2013 se cumplen 17 años de la firma de los acuerdos de paz logrados en Guatemala en 1996, antes de que terminase el primer año de gobierno del Presidente Constitucional Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000), quien había tomado posesión el 14 de enero de ese mismo año.

En ceremonia que tuvo lugar en el Palacio Nacional, con la presencia de importantes personalidades internacionales como el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) doctor Boutros Boutros-Ghalli, el Presidente del gobierno de España, José María Aznar, representantes del gobierno de Arzú y la mayoría de los jefes de los diferentes grupos guerrilleros que, por exigencia de Fidel Castro, en Nicaragua conformaron la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca (URNG), se firmó el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, con lo cual terminó una larga negociación que se inició en 1988, promovida por el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo, quien dedicara esfuerzos a tratar de obtener la paz a través de los Acuerdos de Esquipulas I y II, tras cerca de 36 años de fratricida lucha interna en la que, queramos o no, tenemos que aceptar que los gobiernos impidieron la toma del poder por la vía de las armas de organizaciones marxistas totalitarias, tan de moda en esa época, que contaron con el apoyo permanente de Cuba, la URSS y sus países satélites, que estuvieron involucrados en todos los conflictos internos en los países que los sufrieron y aún hoy en día, lo están, como es el caso de Colombia; confrontación que al final se puede catalogar de inútil para los grupos terroristas, desde el punto de vista armado, más no en lo político, han alcanzado dividendos políticos y llegado al poder por la vía electoral  en algunos países, después de 15 0 20 años de logrados los acuerdos de paz .

La mayoría de los comandantes guerrilleros estuvieron presentes en la firma de este acuerdo, porque no asistió el jefe guerrillero Gaspar Ilom, nombre que empleó Rodrigo Asturias Amado, hijo del premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias, debido a que unos cuantos días antes él había sido el responsable del cobarde secuestro de la anciana Olga Alvarado de Novella para canjearla por un guerrillero que había sido capturado, y en su lugar firmó el acuerdo el doctor Jorge Edilberto Rosal Meléndez (alias Belisario) jefe de la Comisión Diplomática y Política de la URNG, de la cual también formo parte Rigoberta Menchú, premio Nobel de Paz y Eduardo Stein Barillas, quien años más tarde fue ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Arzú, posteriormente Vicepresidente de la República en el gobierno de Óscar Berger Perdomo y fue el encargado de organizar la transmisión del mando del actual presidente, General retirado Otto Pérez Molina, firmante del acuerdo.

Numerosas personas se opusieron a este acuerdo  de paz porque sospechaban que sería  ventajoso para los terroristas insurgentes que, encontrándose ya prácticamente vencidos en el campo de batalla, podrían salir vencedores políticamente y recuperar su condición legal al amparo de una amnistía a la que se acogieron algunos, mas no todos, como es el caso de Rigoberta Menchú, quien no aceptó hacerlo y regresó al país sin haberse acogido a la amnistía, durante el período del presidente Jorge Serrano Elías, amparada en su inmerecido premio Nobel.

Como lo mencione anteriormente, la mayor parte del contenido del acuerdo fue expuesto en una consulta popular y la mayoría de los votantes se pronunció en contra, porque se desconfiaba de que los guerrilleros fuesen realmente a deponer las armas y se temía que continuarían con sus actividades terroristas.

Con el paso del tiempo, desde que las organizaciones guerrilleras iniciaron la violencia política, cuyo pretexto es siempre el mismo, alcanzar la reivindicación social y económica, la justicia social, y desde que se firmaron los acuerdos, años en que la violencia política cesó, la situación del país ha mejorado un poco con relación a la que había cuando se levantaron en armas, los acuerdos que se firmaron no se han cumplido del todo y muchos de los comandantes terroristas encontraron acomodo en los sucesivos gobiernos, pero principalmente en el del anterior presidente Álvaro Colom (2008-2012); mientras que  en el país continúan las profundas brechas entre los diferentes sectores de guatemaltecos, de primacía indígena y se continúa la pobreza en sectores desprotegidos de la población. Por otro lado, sigue imperando en la vida económica del país un pequeño sector privilegiado que siempre ha sabido imponer sus intereses y tiene gran influencia en las decisiones políticas nacionales.

Podemos decir que el Acuerdo de Paz Firme y Duradera cumplió con uno de los cometidos que era que los terroristas depusieran, entregaran las armas y pusieran punto final a la su destructiva, sanguinaria y estéril guerra, desarrollada durante más de tres décadas contra los guatemaltecos y contra el Estado, pero a cambio de una impunidad total, error craso, que niega toda justicia, desconoce a las víctimas  y coloca a los terroristas en la posición de triunfadores sin haberlo sido y limpios de toda culpa. En ese momento no existía la Corte Penal internacional.

Tras 17 años de firmado el Acuerdo, vemos las consecuencias, militares en la cárcel, investigaciones y juicios contra militares que continúan, especialmente contra generales, inclusive aquellos que promovieron los acuerdos, como el General Oscar Mejía Victores, y los terroristas en la calle, participando en los diferentes gobiernos, mostrándose como los adalides de los derechos humanos y promoviendo las acusaciones contra los militares. Para algunos, la firma del Acuerdo, ¡fue bastante!

Es bueno recordar que para lograr su objetivo, el presidente Arzú contó con la valiosa contribución de su viejo amigo y Secretario de la Presidencia Gustavo (“El Sholón“) Porras Castejón, quien había sido militante activo en la guerrilla  y había ejecutado uno de los peores actos terroristas, hacer estallar en la Plaza de la Constitución un automóvil cargado de explosivos, que causó numerosas muertes.

En el patio principal del Palacio Nacional de la Cultura se construyó un Monumento a la Paz, que lo constituyen dos manos abiertas al aire, pero lo curioso es que ambas manos son izquierdas, como si solamente los sectores de izquierda hubiesen sido quienes acordaron la paz. El acomodo de la historia por parte de la izquierda.

El ex presidente Jorge Serrano Elías, exiliado en Panamá, en entrevista al periódico Prensa Libre, cuando se cumplieron 15 años de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, dijo que con la simple firma de un acuerdo se puede obtener el alto al fuego, pero no se obtiene la paz, porque la guerra puede continuar en otra forma, lo cual ha ocurrido en Guatemala, donde los guerrilleros se han infiltrado paulatinamente en el gobierno, sobre todo en el gobierno de Álvaro Colom, y mantienen una actitud vengativa contra los militares que les habían prácticamente derrotado en el interior de la República de donde habían sido expulsados y permanecían en un pequeño espacio que aún sostenían en la frontera con México. Situación parecida se presenta en Colombia, en que los terroristas de las Farc estuvieron, militar y políticamente acorralados durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez y el gobierno de Juan Manuel Santos, les ofreció el salvavidas invitándolos a un proceso de negociación para alcanzar la paz, que las oxigenó y les hizo creer que en su poderío militar y político, que seguramente aprovecharan en el futuro, si se logran acuerdos, para tomar actitudes revanchistas contra quienes los combatieron y les impidieron la toma del poder por la vía de las armas.

Al momento de la firma de la paz, la Institución Armada contaba con 45 mil efectivos, más un millón y medio de patrulleros y comisionados militares, en tanto que las cuatro facciones terroristas sumaban 800 hombres, algunos de los cuales se encontraban arrinconados en la frontera con México, y otros en unos pocos departamentos del país, desesperados  en medio de las contradicciones de quienes los comandaban.  Sin embargo, cuando el Presidente de la República y Comandante General del Ejército ordenó el repliegue de sus hombres a sus cuarteles y el cese el fuego, estos obedecieron sin chistar, con auténtica disciplina militar, a pesar de estar a tan solo un paso de lograr la rendición incondicional de sus contendientes.

Amparados en los recuentos sesgados de los acontecimientos durante el conflicto armado interno, tal como sucede en Colombia con el informe de la Comisión de la Memoria Histórica, los ex guerrilleros han continuado su lucha contra los militares, particularmente contra algunos que, como los generales Romeo Lucas García, Benedicto Lucas, Efraín Ríos Montt, Óscar Humberto Mejía Víctores, Héctor Mario López Fuentes, Mauricio Rodríguez, Ricardo Méndez Ruiz y otros militares retirados que conforman una larga lista, gracias a que tanto el tristemente célebre compendio de los delitos contra lesa humanidad que se cometieron durante los 36 años, según el informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico como en el Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), se achaca a los gobiernos militares el más elevado número de abusos de poder y crímenes de lesa humanidad y hasta de genocidio, mientras que no se señalan los numerosos delitos que cometieron los terroristas procomunistas porque, como es bien sabido, quienes escribieron ambos informes son izquierdistas plenamente identificados como simpatizantes y afectos a los terroristas guerrilleros y decididamente antimilitaristas.

Cualquier parecido con lo que está pasando en Colombia es pura coincidencia. Los terroristas que habían sido arrinconados en sus madrigueras en el interior de la selva durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, que políticamente se encontraban en el ostracismo, que el país los rechazaba con contundencia, se ven ante el ofrecimiento de negociaciones de paz del presidente Santos y el decaimiento político de la Seguridad Democrática, que les da nuevo aire, ante lo que la Fuerza Pública obedece; negociaciones en las que han manifestado abiertamente su intención en contra de las Fuerzas Militares para reducirlas, modificar su doctrina y alcanzar lo que denominan la desmilitarización de la sociedad, que no es otra cosa que enviar, a los pocos efectivos militares que queden, a sus cuarteles para aislarlos de la sociedad, muchos a la cárcel, como consecuencia de los procesos judiciales con ocasión del conflicto, por los que nadie se preocupa hoy y menos lo harán en el futuro, pues si cuando eran necesarios para combatir a los terroristas y mantener la democracia, fueron maltratados y perseguidos, menos serán tenidos en cuenta y defendidos, firmada la paz. Ya no le sirven a los gobernantes y a los políticos, si es que no son reemplazados por terroristas desmovilizados. Dios nos coja confesados y con suficiente valor para soportar tamaños desafueros, que serán cometidos en aras de la paz firmada, que darán para todo tipo de medidas, desde su reducción hasta recortes de presupuesto.

En el Informe de Memoria Histórica, pagado y avalado por el gobierno de Juan Manuel Santos, quien manifestó que algunos miembros de la Fuerza Pública eran responsables y pidió públicamente perdón, se traslada la responsabilidad de lo que sucedió, en más de 50 años de conflicto, a la Fuerza Pública. Esto da pie para que nos pase exactamente lo que está pasando en Guatemala, porque seguramente, esos algunos, serán muchos y buscados entre los comandantes de las diferentes unidades militares a través de los años.

Los Acuerdos y la Paz hoy

Si bien es verdad que la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera puso punto final a la confrontación armada y que muchos de los terroristas depusieron sus armas, no se puede decir que se logró la paz. ¡Mucho menos una paz firme y duradera! Los asesinatos, asaltos, robos, secuestros y demás crímenes han aumentado. Como bien dijo el ex Presidente Arzú, imaginemos lo que sería nuestro país si no se hubiese terminado la confrontación armada y a ella se hubiese sumado la actual creciente criminalidad común y el poderoso narcotráfico internacional. De todas maneras, nadie lo puede negar, se alcanzaron acuerdos para una paz en Guatemala, país con características sociales, económicas y políticas diferentes al nuestro, y con la imposición de la ONU, que terminó la confrontación armada, con total impunidad para los terroristas, en un momento internacional también diferente, a pesar de la oposición de quienes decían que la firma de la paz era una treta para proteger los intereses de los más pudientes y de muchos guatemaltecos que advirtieron en esa oportunidad que no creían que esa paz fuese a ser ni firme ni duradera, conociendo el usual comportamiento vengativo y obcecado por sus ideas totalitarias de marxistas guerrilleros. Y creo que, lamentablemente, no se equivocaron, porque hay algunos que se empeñan en no aceptar la paz y dejar para la historia lo ocurrido y hacer a un lado las venganzas, que lo único que consiguen es continuar la guerra que terminó hace 17 años. De ahí el temor que nos embarga a gran número de colombianos.

El gobierno colombiano y los militares, deben analizar lo que aconteció en el cono sur latinoamericano y que se repite hoy en Guatemala, pues es un aviso claro que se debe tener en cuenta en cualquier proceso de paz que finalice un conflicto armado desarrollado por más de 50 años. No se puede dejar espacios vacíos, de tal manera que posteriormente, los terroristas, quienes incitaron, promovieron, realizaron y justificaron la guerra, terminen como acusadores y los jueces señalando a las FF.MM como autoras de los actos de violencia perpetrados y sus integrantes condenados, por ser los únicos responsables  de esos actos, como, por desgracia, está sucediendo en la actualidad, puesto de presente en el informe de la Comisión de la Memoria Histórica y como lo pretende el honorable magistrado Pinilla Cogollo del Tribunal Superior de Medellín, que reescriben y tergiversan la historia, para beneficio de los terroristas que ellos, presuntamente apadrinan.

En Guatemala y en otros países que padecieron conflictos internos, los responsables de introducir y difundir  tesis políticas marxistas que alentaban la violencia armada como mecanismo de lucha para acceder al poder, del odio de clases, organizaciones totalitarias y  antidemocráticas,  que pregonaban la combinación de todas las formas de lucha, no han sido llamados a responder penalmente por tales hechos, mucho menos quienes empuñaron las armas y fueron autores materiales de las acciones de terrorismo perpetradas desde los años 60. En la mayoría de los países, los acuerdos de paz se firmaron con el perdón y olvido de lo que fueron llamadas “acciones insurgentes”, pero que fueron acciones criminales y terroristas; se dejó abierta la puerta para juzgar y condenar a los militares, que en nombre del Estado tuvieron que enfrentar con las armas a las organizaciones terroristas, para que el Estado prevaleciera y la democracia pudiera mantenerse.

Justicia

El Marco Jurídico para la Paz, aprobado por el Congreso, por iniciativa del Gobierno, declarado exequible, con condicionamientos, por la Corte Constitucional, marco que personalmente considero de impunidad, establece una simetría, con tratamiento diferencial, entre los beneficios jurídicos que pueden recibir los terroristas y los que pueden recibir la Fuerza Pública, no porque, en la mayoría de los casos, sean responsables, sino porque se nos ha negado una justicia justa por parte de un aparato judicial infiltrado, que parece la justicia del enemigo, porque se nos quitó la Justicia Penal Militar. No podemos ocultar que es un avance, en comparación con lo que paso en otros países con similares conflictos y lo acontecido aquí mismo en Colombia, con el asalto terrorista al Palacio de Justicia.

En la recuperación militar del Palacio de Justicia en noviembre de 1986, luego de ser tomado por terroristas del M19, financiados por el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, que causaron la masacre de un elevado número de magistrados, trabajadores y visitantes de la edificación, así como la muerte y lesiones a soldados y policías, quienes debían responder por la acción criminal fueron objeto de indulto por todos los delitos cometidos y reintegrados a la sociedad con plenos derechos políticos, mediante los acuerdos de 1990, contrario a los militares que intervinieron en la acción legítima del Estado contra el ataque terrorista, que son objeto de persecución judicial por la desaparición de terroristas y supuestos visitantes, durante las acciones legales y legitimas llevadas a cabo. (Análisis “ECOS DE GUATEMALA)

No se puede aceptar un proceso de paz que no determine quiénes fueron los que comenzaron y el porqué de la respuesta del Estado. Cuando esto no se da, los victimarios, los que comenzaron el conflicto, pasan a ser las víctimas, lo que sucede en La Habana, aduciendo causas políticas o ideológicas como legitimación del terrorismo ante la falta de respuesta del Estado a supuestas o reales injusticias, falta de solución a las necesidades del pueblo, a las carencias de la sociedad, llamadas injusticias sociales, con el agravante de que en el curso del conflicto han cooptado e infiltrado instrumentos del Estado, como el poder judicial y las instituciones de educación, para cobrar venganza posterior contra quienes les impidieron la toma del poder como pretendían. (Análisis “ECOS DE GUATEMALA”)

Tal como se señala en el análisis, “Ecos de Guatemala”, la respuesta del Estado a la creación de las guerrillas comunistas aprovechándose de reductos de las desmovilizadas guerrillas liberales estuvo apegada al ordenamiento constitucional y legal, incluso no tuvo la contundencia merecida por consideraciones políticas de los diferentes gobiernos que no las vieron como amenaza y luego quisieron congraciarse con ellas a través de frustrados diálogos y negociaciones hasta el punto de que a partir de 1994 las Farc pasaron a una nueva etapa de la guerra, denominada guerra de posiciones, dentro de la guerra popular prolongada, y que en 1996  muchos analistas, llegaron a considerar a Colombia como un Estado fallido. Gracias al actuar contundente de  las Fuerzas Militares, los terroristas fueron debilitados a tal punto, que se vieron forzados a regresar a la etapa de la guerra de guerrillas, recuperándose el control territorial en el país y permitiendo que la democracia liberal no sucumbiera. 

En aras de mostrar que Colombia es una democracia abierta e inclusiva, ha llevado a permitir que la memoria histórica sea escrita por quienes comparten la ideología de la combinación de todas las formas de lucha, permitiéndoseles excluir de responsabilidades en los hechos de violencia a sus auspiciadores y apologistas, a quienes aprovechan la democracia para desde ella tratar de acabarla, como a quienes conforman las estructuras criminales, responsables de la desgracia, del dolor y el sufrimiento de los colombianos, de la prolongación de la pobreza y la miseria, del retardo del desarrollo, levantando su dedo acusador contra el Estado y sus instituciones por no haber permitido la violencia política y la toma del poder por las armas, de tal manera que la historia no ha sido escrita conforme a la verdad fáctica, convirtiendo las virtudes de la democracia en debilidades.

Como agrega el análisis “Ecos de Guatemala”, así los narcoterroristas que mediante crímenes de guerra, el asesinato, el secuestro, la extorsión, el reclutamiento forzado, el reclutamiento de menores, la colocación de minas antipersona, el desplazamiento de quienes no se pliegan a sus designios, el despojo de bienes, el terrorismo contra la población, la violencia generalizada y otras prácticas constitutivas de delitos de lesa humanidad, han sometido a comunidades indígenas, afroamericanas, humildes habitantes de apartadas poblaciones, a campesinos y ganaderos durante estos años, no sólo terminarían exonerados de cualquier responsabilidad por sus conductas sino convertidos por obra de los acuerdos en los nuevos legisladores y jueces para perseguir y condenar a quienes no pudieron vencer en el campo de batalla.  El delito, después de los acuerdos, no será el terrorismo sino el haberse opuesto a él y los crímenes no serán el haber iniciado la violencia contra el Estado, sino los que se consideren excesos por parte de quienes los confrontaron.

Esa falta de claridad y definición de responsabilidades políticas en la génesis de la violencia ya de por sí es una carga de profundidad contra el mismo proceso que puede ser el embrión de nuevas violencias, tal como lo dice con meridiana claridad el análisis “Ecos de Guatemala”.

En ese marco, como bien lo señala Eduardo Mackenzie en su artículo “La radicalización de Santos”, las esperanzas de los colombianos de que las Farc sean desarmadas, juzgadas y castigadas, de que reparen a sus víctimas, de que retiren las minas antipersonales que han sembrado, de que entreguen sus secuestrados, entreguen sus cultivos y depósitos de drogas y desmantelen sus redes infiltradas en las distintas esferas de la sociedad, se han esfumado.

 La historia es para estudiarla, pero lo más importante para no repetirla. Lamentablemente, creo que, con el Presidente Santos a la cabeza, que busca primordialmente pasar a la historia, ganar un Nobel de Paz y reelegirse, el apoyo de quienes solo ven una oportunidad de ganar réditos políticos, parte de la clase política, la izquierda que apoya en forma abierta y cubierta a los grupos terroristas, los llamados intelectuales, que no son otra cosa que “la mamertada” camuflada, y la posición constitucional de subordinación de las Fuerzas Militares al Comandante Supremo, el Presidente, pero un tanto ciega, porque desconocen la historia, que piensan  y creen de buena fe en las buenas intenciones de unos y otros; el gobierno firmará con las Farc y el Eln un acuerdos de paz, que de por si no son malos, todos queremos la paz, en unas condiciones nada diferentes a los de Guatemala, que irán por el mismo camino, en el que los únicos culpables de lo que pasó serán los militares, que serán objeto de las mismas persecuciones judiciales que ocurren en el país centroamericano, en los momentos actuales. Y si no miremos las últimas declaraciones de las Farc desde la Habana: …la necesidad de "desmontar" los mecanismos militares que han posibilitado el "terrorismo de Estado" en Colombia, como principio para pactar garantías consensuadas entre las partes que negocian el fin del conflicto armado y la transición a la paz.

MG (RA) CARLOS O QUIROGA FERREIRA