Enfrentamiento entre instituciones

"Texto de la carta de la Contralora Sandra Morelli a la opinión pública"

Fuente: Circulación por internet

La Contralora General de la República de Colombia se permite informar a la opinión pública que no existía en el pasado absolutamente ninguna enemistad personal con el señor Eduardo Montealegre Lynett. Que precisamente en la emisora La W tuve ocasión de precisar que el legítimo ejercicio de la profesión de abogado no puede ser estigmatizado refiriéndose al mandato que detentó de una EPS. De la misma manera, siendo ya Contralora quise buscar espacios de encuentro con el Fiscal para lograr niveles de cooperación interinstitucional satisfactorios, a la vez que le solicité que no obstaculizara las investigaciones de la salud.

La reacción descomedida y pública contra la persona de la Contralora, incrementada por su condición de mujer, hubiera merecido algo más de respeto e incluso un pensamiento del jefe del Estado de cara a llamar a la cordura en ese momento.

Hay un evento relacionado con el acto de desagravio al señor Sigifredo López por parte del señor Fiscal. Para quien lo quiera consultar, fue en la FM de RCN, entrevista en la que el doctor Eduardo Montealegre Lynett se refirió con desprecio a la persona de la Contralora descalificándola incluso desde el punto de vista académico y profesional.

La señora Contralora no se ha referido en esos términos nunca a la persona del señor Fiscal General de la Nación.

De manera hábil se le ha querido hacer entender tanto a la opinión pública como a los medios de comunicación y a los demás estamentos estatales, que la señora Contralora actúa subjetiva, arbitraria y emotivamente. La condición de mujer facilita estas expresiones por condiciones culturales atávicas, que hacen que ese enfoque resulte fácilmente aceptado.

Sin embargo, es mi deber hacer absoluta claridad sobre el hecho de que lo que viene sucediendo aquí es una sistemática actuación coordinada desde la Fiscalía con el apoyo de algunos generadores de opinión y empresarios, no solamente del sector salud, así como de líderes políticos con intereses patrimoniales espurios, para frenar la actuación de la Contraloría General de la República en varias investigaciones pero por sobre todo en aquella que concierne a Saludcoop.

La Contralora General de la República no hubiera recusado nunca al señor Fiscal General y al Vicefiscal, si no tuviera copiosas pruebas de la existencia de un interés no legítimo. Llama poderosamente la atención que los altos dignatarios del Estado frente a la estrategia de desprestigio de una de esta institución ninguno se hubiese pronunciado y por el contrario hubiesen guardado silencio.

Sorprende igualmente que cuando se afirma que la Contralora está siendo investigada internacionalmente por lavado de activos por haber hecho un negocio con quien nunca hizo un negocio, nada tengan que decir las autoridades de este país. Ninguno reacciona y a pesar de habérseles informado de la gravedad de los hechos, finalmente se pronuncian cuando se recurre a los caminos que la ley colombiana prevé para garantizar que sus decisiones y las de los altos funcionarios del Estado pertenecientes a la rama judicial estén dentro de los cauces jurídicos. Debo eso si reconocer la firmeza del cuerpo de la Policía Nacional y del Ejército de Colombia que a pesar de haber sido involucrados en una historia muy perversa de seguimientos ilegales, han continuado diligentemente apoyándonos tanto a mi como a los funcionarios de la entidad.

Aquí no se están pidiendo fueros imaginarios ni especiales para eludir responsabilidades. Se está pidiendo un investigador objetivo e imparcial que no tenga ni haya tenido relación con ninguno de los investigados o sancionados por la Contraloría General de la República y que no haya recibido cifras realmente desproporcionadas, si se comparan con las que ordinariamente son los muy jugosos honorarios de abogados de altísimas calidades intelectuales, como seguramente lo es Luis Eduardo Montealegre, tienen todo el derecho a percibirlos.

Es que lo que no puede suceder en un estado con el grado de desarrollo institucional que en buena hora detenta el colombiano, es que no se cumplan las decisiones del Procurador General de la Nación, que se aplace el cumplimiento de las decisiones del Consejo de Estado proferidas en Sala Plena y finalmente, que se haga caso omiso de las órdenes perentorias de la Corte Constitucional, todas dirigidas a asegurar el cumplimiento de la Constitución y la ley en materia de salud de los colombianos. Todas estas autoridades lo mismo que la Contraloría han coincidido luego de un riguroso examen probatorio en la existencia de la defraudación al erario público por vía de la acción de algunos actores de la salud.

Circunstancias tan adversas como las actuales no me han impedido cumplir con mis deberes constitucionales, entre otras razones, porque lo que está en juego no es nada distinto que el derecho humano de los colombianos a la vida y el derecho humano de los colombianos a la salud. No es un capricho personal y no es una mera diferencia con otro alto funcionario del Estado.

El acervo probatorio que la Contraloría ha arrimado a su solicitud de cara a tener un fiscal ad hoc independiente e imparcial permitirá, sin lugar a dudas, que las instancias responsables se pronuncien como manda la Constitución y la ley para que esta servidora pueda seguir respondiéndole a la justicia penal como lo ha venido haciendo desde el primer día de su posesión, habiendo podido demostrar su inocencia y habiendo podido aclarar situaciones en nueve casos que se archivaron, aunque uno se reabrió sin haberse notificado esa decisión.

Por el contrario, utilizar las vías legales para exigir condiciones de imparcialidad y objetividad que me permitan a mí y a los demás funcionarios de la Contraloría General de la República, finiquitar nuestras actuaciones procesales, se considera por las máximas instancias estatales impertinente y bochornoso, de cara a la opinión pública. La Contralora General de la República, agradece la atención que se le prestó al asunto, pero insiste en darle curso al camino que ella ya activó, toda vez que ese es el orden jurídico establecido para este tipo de circunstancias que sin lugar a dudas no dejan de ser muy lamentables. Esa y ninguna otra es la manera de preservar la institucionalidad.

Se preserva también la institucionalidad cuanto sale un fallo con una interpretación excluyendo el control fiscal para los aforados sin que la Contraloría General de la República haya podido identificar claramente el sustento. No obstante ello no significa que no se haya sometido de manera inmediata a ese fallo de tutela. La Corte Constitucional, si opta por escoger esta decisión, habría de precisarnos su alcance. Una vez ese fallo se produzca resulta conveniente que la instancia prevista constitucionalmente para ello, esto es una reforma constitucional, dimensione la normatividad de lo establecido en lo que falló la tutela.

Lo nuevo en la configuración constitucional que en consecuencia podría tener la Contraloría no puede llevarnos a suponer que haber actuado hasta el momento en que se produjo ese fallo, acatando mandatos constitucionales y legales y atenidos al juicio de conformidad que en cada caso profirieron el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, se transmuta en vías de hecho, arbitrarías y abusivas, susceptibles de reproche penal.

El inconformismo con el actuar de la Contraloría General de la República bien podría ser canalizado a través de la forma como en una democracia se satisfacen los intereses legítimos, es el de la reforma constitucional para que el foro democrático pueda pronunciarse con la legitimidad requerida. La preocupación para que la institucionalidad no se vea afectada de cuenta de la decisión de la Contralora General de la República de exigir proceso justo, con todo respeto bajo ninguna perspectiva constituye ruptura, desconocimiento, o abuso del orden jurídico.

El grado de desarrollo de una democracia fundada en la lógica del Estado constitucional de derecho, sin lugar a dudas se mide por la capacidad de sus instituciones de garantizar por los canales legítimos preestablecidos en el orden jurídico, la garantía efectiva de los derechos humanos.

El respeto que en el contexto mundial de naciones civilizadas ha venido consolidando Colombia por las buenas gestiones en este gobierno del presidente Juan Manuel Santos se fundamenta en todo caso en una sólida tradición civilista liderada por las cortes judiciales garantes convencidas de la supremacía de los derechos humanos. Sus pronunciamientos sobre el debido proceso como herramienta concreta para la vigencia efectiva del Estado de derecho son ya incontables.

Y qué decir de la sentencia T 760 del 2004 en donde la Corte Constitucional, identificó como un estado de cosas inconstitucional el inadecuado funcionamiento y la corrupción que se ha apoderado del sistema General de Seguridad Social. Precisamente las actuaciones en el área de salud que la Contraloría viene adelantando no son una obsesión personal, no son un capricho, no se alimentan de ninguna animadversión al Fiscal General de la Nación. Son más de 780 procesos en curso sin contar con las decisiones archivadas por pago que arrojan resultados superiores a los $ 800.000 millones de pesos.

Saludcoop es un caso más de los que lleva la Contraloría. No obstante ha sido de particular interés en el 90% de las actuaciones que ha adelantado la Fiscalía, pues a pesar de aplicarse a decir que se trata de investigar los hechos relacionados con el arriendo del edificio e identificar si se han interceptado ilegalmente llamadas telefónicas o se han hecho seguimientos ilegales de acuerdo a lo denunciado por Cecilia Orozco y el abogado Ramiro Bejarano, se ha aprovechado para pedir el acervo probatorio que concierne a Saludcoop y se pregunta sobre actuaciones de dicha investigación requiriendo si se obedece a supuestas órdenes de la señora Contralora. Igualmente se cuestiona sobre los aumentos de sueldo y los encargos ordinariamente realizados en la institución, igualmente sobre la invitación informal que hice a mi casa a almorzar a los funcionarios investigados. En resumen, han sido más de 274 visitas de la Fiscalía a esta institución desde febrero de este año.

Adicionalmente la dimensión de la razón por la cual no confiamos en la objetividad de ese organismo, radica en el hecho de que la Contralora ha sido citada a conciliar con Ramiro Bejarano, con cercanía públicamente conocida con el señor Fiscal, abogado que ha sido protagonista de calumnias, vejámenes y demás estrategias para mermarme moral y emocionalmente de una forma tal a la que nunca ha sido sometida un alto funcionario del estado colombiano. Con eficiencia inusitada también se atendió la denuncia en mi contra y fui citada inclusive a conciliar a la localidad de Suba.

Reducir esta problemática a diferencias personales entre dos abogados podría tener además el efecto de menospreciar los riesgos de seguridad de la señora Contralora, de su pequeño hijo y de su madre. Algunos incluso confían que en esto se solucione por la vía de mi dimisión.

Diferencias personales son una presentación simplista del problema subyacente para con quien se ha empeñado en preservar tanto los derechos humanos de los colombianos como mi derecho legítimo al debido proceso. Y la institucionalidad colombiana opta por la vía simplista de llamar a la cordura en presencia de semejante problemática, como si fuera un problema personal¡¡¡¡. Muy seguramente no conoce la situación que aquí se ha narrado.

La afectación de la institucionalidad como consecuencia de episodios desafortunados y desagradables que han tenido lugar entre un ente investigador perteneciente a la rama judicial, cual es la Fiscalía, y el máximo organismo de control fiscal que dirijo, deberían presentarse. Así hube de manifestarlo al jefe de Estado, al menos en dos ocasiones, no sin antes precisar que obviamente las investigaciones en mi contra deberían seguir su curso.