domingo, 14 de noviembre de 2010

Hechos Históricos

LOS YO NO FUI

Por Coronel Alfonso Plazas Vega

Que no se hagan los "yo no fui". En el tema del Palacio de Justicia el narcotráfico fue el principal actor, el mandante y el M-19 su mandatario. Ahora los mandatarios del narcotráfico, LOS QUE ASESINARON A LA CORTE, dan clases de moral después de que Gobiernos corruptos les han dado patente de corso.

Recordemos: Cesar Gaviria nombró a Navarro Wolf como Ministro de Salud. Luego se inventó una circunscripción especial de paz para que con solo unos pocos votos (2.000) llegaran la Asamblea Nacional Constituyente, mientras el resto de ciudadanos necesitaban 15.000. Como resultado el movimiento narcoterrorista que se había tomado el Palacio de Justicia se convirtió en mayoría en una Constituyente que ellos mismos proyectaron para favorecer al narcotráfico. Otros miembros del M-19 sustituyeron a Navarro en el Ministerio de Salud, cartera que durante todo ese Gobierno estuvo en manos de ellos.

 El 3 de Agosto de 1994, cuando faltaban escasos cuatro días para la entrega del poder, Cesar Gaviria nombro a los guerrilleros mas importantes del momento en cargos diplomáticos así. Gustavo Petro en Bruselas, Vera Grabe en Madrid, Anibal Palacios en Londres, Bernardo Gutiérrez en La Haya y Eduardo Chavez en Paris. Si amigos, los nombró el Presidente Cesar Gaviria, el mismo que en condicion de Presidente de la Cámara de Representantes y Director alterno del liberalismo convocó un debate en el Congreso en 1985 contra el Presidente Betancur por haber empleado la Fuerza Pública para reprimir la acción terrorista del M-19. Y algo importante, los nuevos "honorables diplomáticos" fueron destinados para manejar el tema de "Derechos Humanos" en sus respectivas Legaciones. ¿Captan Uds. por donde va el agua al molino?

 Curiosamente el mismo Cesar Gaviria fue el gestor de la "reinserción" del M-19, y la entrega de armas, que no la hicieron al Gobierno Colombiano. Sino a sus propios Jefes políticos, es decir a la Internacional Socialista. A la misma a la cual Horacio Serpa en el año 2000 y en su condición de Director vinculó al Partido Liberal, luego de convertirlo de Partido Liberal en partido socialista, mediante el cambio de sus estatutos.

 ¿Recuerdan la foto famosa del "Comandante papito" envolviendo su pistola con la cual asesinó a miles de colombianos, en una bandera de Colombia (¡qué verguenza!), y entregándola al delegado de la IS ?  Si la recuerdan? Ese Comandante era Carlos Pizarro Leongómez, a quien el Museo Nacional le ha abierto salón especial para presentarlo como modelo de ciudadano. Eso que está haciendo quien quiera que haya dispuesto ese homenaje, se llama "apología del delito". Pero los colombianos nos quedamos callados. Estamos en la época del terror y no nos damos cuenta.

 Por eso la importancia de por lo menos difundir estas notas para crear conciencia.

 El M-19 fue el representante del narcotráfico en los hechos del Palacio de Justicia.

 E investiguen bien los crímenes de Álvaro Gómez y de Luis Carlos Galán.

Bogotá, 14 de Noviembre de 2010


miércoles, 10 de noviembre de 2010

La distorsión de la verdad

El espantoso silencio

Por Saúl  Hernandez Bolívar
El Tiempo, Bogotá
9 de noviembre de 2010

Debemos estar nadando en un mar de amnesia y confusión como para que 25 años después nos estén reescribiendo la historia sobre unos hechos que la mayoría de los que estamos vivos seguimos en directo por radio y televisión, y de los que se escribieron ríos de tinta en tantos rollos de papel que se podría envolver a Colombia con ellos. Y es que referirse hoy a los sucesos del Palacio de Justicia sin siquiera mencionar al M-19, el autor del crimen, es un acto de perfidia y mala fe que no puede considerarse como una ligereza o un asunto de mala memoria, sino como una acción calculada para transferir a otros la responsabilidad de esa atrocidad que no podemos olvidar jamás.

Esa estrategia es usada con frecuencia por la izquierda marxista, como en aquel comunicado del Polo 'Democrático', con ocasión de la masacre de los diputados del Valle, en el cual se abstuvieron de mencionar a las Farc, como si aquellos hubieran muerto en un accidente de tránsito. Y el país deja pasar, silenciosamente, todas esas artimañas sin reparar en lo que nos corre piernas arriba; nos están ganando, en escritorios, una guerra que perdieron en el campo de batalla.

Dicen muchos, por estos días, que hay que sacar a la luz la verdad sobre los luctuosos hechos del Palacio. Yo diría, más bien, que hay que develar las mentiras que se han tejido para tender un manto de oscuridad y de impunidad sobre ellos, con las que se pretende limpiar el nombre de los terroristas para, acaso, allanar su camino al poder.

Con este objetivo, los sucesos se han tergiversado detalladamente, de principio a fin, con evidente intención política. Por ejemplo, la llamada Comisión de la Verdad afirma que el Palacio de Justicia fue usado como una ratonera; es decir, que los altruistas guerrilleros del 'M' -o sea de esos que matan para que todos vivamos mejor- cayeron en una trampa del Ejército, que conocía al dedillo la operación de los subversivos y retiró la vigilancia para que aquellos sucumbieran en sus garras. Como quien dice, de un momento a otro, los que eran sagaces (robo de armas del Cantón Norte, toma de la embajada de República Dominicana) se volvieron torpes, y los ineficientes, astutos.

Se descarta de plano la posibilidad de que el narcotráfico, patrocinador oficial de la toma y la quema -cosa que muchos, como la 'investigadora' Ana Carrigan, desestiman-, también hubiera engrasado con su dinero las bisagras para que las puertas se abrieran. Asimismo, mientras el Tribunal Especial de Instrucción que se creó en la época, con juristas verdaderamente eminentes, para rendir informe sobre el holocausto, concluyó, entre otras cosas -basado en testigos directos-, que el fuego lo propició el M-19 para quemar los expedientes, la fiscal Buitrago replica que el causante fue el Ejército. Pero hay algo más importante: el TEI determinó fehacientemente que no hubo desaparecidos.

Hoy, el coronel Alfonso Plazas Vega está condenado a 30 años por la 'autoría mediata', de esas supuestas desapariciones, un tipo penal inexistente. Su proceso judicial estuvo plagado de tantas irregularidades -testigos fantasmas, pruebas falsas, contradicciones enormes-, que haría sonrojar a un estudiante de primer año de Derecho. Y hace pocos meses (gracias a Ricardo Puentes y Claudia Morales, los verdaderos 'periodistas del año'), nos hemos venido a enterar de que René Guarín Cortés, quien hace el reconocimiento de varios de los 'desaparecidos', en imágenes nebulosas, es un guerrillero indultado del M-19, un detallito que les resta toda credibilidad a sus palabras.

Este solo hecho, en cualquier parte, derrumbaría esta pantomima que nos debería avergonzar a todos. Pero no, el país calla y deja pasar. Es el silencio de los inocentes. Ya decía Martin Luther King que le preocupaba más "... el espantoso silencio de la gente buena".

jueves, 4 de noviembre de 2010

Editorial de la Semana

LA HISTORIA SE REPITE
Otros 7 militares destituidos sin el debido proceso
La destitución pública de 27 militares el 29 de octubre de 2008, realizada en una desafortunada rueda de prensa con participación del presidente y el alto mando militar, en la cual, sobre los derechos de  aquellos, prevalecieron los intereses personales, mostrados como si fueran los de la Patria y la ciudadanía. Sus efectos negativos sobre las operaciones militares todavía se observan.
El 2 de noviembre la historia se repite y todo el alto mando militar, como ayer, sale a anunciar la destitución de siete militares, entre ellos tres coroneles. En aquel entonces se dejó la sensación de que el retiro se daba por los que, malintencionadamente, se denominaron los “falsos positivos”; el argumento ahora es la violación y asesinato de tres criaturas. Los resultados de la investigación de aquel entonces, hoy todavía son desconocidos. ¿Será que en esta oportunidad los mandos militares si habrán realizado una investigación seria que permita vincular a los destituidos con los execrables hechos? ¿O habrán de pasar varios años antes de que la investigación no arroje resultados que comprometan a los destituidos?
En todo caso, el afán de proteger intereses personales de entonces, con el aparente afán de proteger intereses institucionales de hoy, parece tener un denominador común: la ligereza en las investigaciones y el atropello de los derechos fundamentales de aquellos lanzados a la picota pública. No se pretende que aquellos vinculados a los hechos no puedan ser investigados, ni tampoco que no deban sancionarse, por supuesto que así debe hacerse. Lo que no se puede saltar son las barreras de la presunción de inocencia, la honra y la dignidad de estos seres humanos, que, en aras de desligar a la Institución Militar de los bochornosos actos, han sido pisoteadas en otra bochornosa rueda de prensa.
De por vida han sido condenados anticipadamente, sin derecho a defensa, al hacer pública su destitución en relación con el abominable homicidio. Si alguno de ellos era autor responsable, bien merecido tendría este deshonroso procedimiento y la máxima condena que la ley establezca sería poca. Pero vincular a los comandantes o superiores, simplemente por el hecho de serlo, es dar pie a las elucubraciones de todo tipo contra aquellos y contra la misma institución. No solo los coroneles, seguros estamos que no tuvieron participación en los hechos, sufrirán los señalamientos, sino sus familias serán víctimas del dedo acusador del Mando Militar. Tendrán razón los hijos en preguntar a sus padres si son ellos los autores de tamaño crimen y avergonzarse de serlo y serán injustamente vejados por compañeros de colegio cuando los acusen de ser hijos de monstruos.
El irregular procedimiento, que está haciendo carrera con Santos de ministro y ahora de presidente, no puede continuar siendo el expediente para limpiar conciencias ni expedientes ni para proteger espaldas. Si bien el crimen cometido reviste características imperdonables, no puede el mando militar dejarse llevar por las presiones y los afanes mediáticos, cuando la cordura y la ponderación exigen decisiones razonadas y prudentes. Esta desafortunada y precipitada decisión fortalece la tesis que nos quieren aplicar sobre la Teoría de Roxin con relación a la responsabilidad mediata de los comandantes. El  exceso de celo institucional no puede conducir al abuso de una herramienta equivocada y desgastante, para dar sensación de diligencia, en ausencia  de una juiciosa y responsable investigación. Eso no es celeridad, es precipitud innecesaria que conduce a injusticias, aclaraciones y arrepentimientos.
Centro Colombiano de Pensamiento Político Militar

La Opinión del día

Los tigres de papel

En Colombia es común analizar la guerra tras los escritorios. Los expertos creen conocerlo todo, excepto la experiencia de quienes enfrentan la crudeza del conflicto en el campo de combate.

Por César Castaño

A raíz del repudiable atentado terrorista cometido, por las Farc contra el coronel Édgar Javier García Nieto, comandante del Batallón de Ingenieros 27, en Puerto Asís, escuché en un programa de opinión a un reconocido analista, un académico que, al ser preguntado por un periodista sobre el hecho, comentó que el oficial había muerto por exceso de confianza y falta de aplicación de medidas de inteligencia.

La ligereza con que se refirió al tema este experto hace pensar que en el país abundan los tigres de papel, analistas de escritorio que sin jamás haber pisado un área de combate, desarrollan rigurosos estudios sobre el quehacer militar. 

Para algunos de ellos, Colombia es una especie de extensa gramilla sobre la cual patrullan cómodamente los soldados, esos mismos que por “descuido” permiten que los hieran o asesinen.

Vale decir que estos “analistas” se han formado en prestigiosas universidades y especializado en el exterior, sus ingresos les permiten vivir seguros en las ciudades, aferrados a no pocas comodidades, protegidos por trincheras que se alzan tras cómodos escritorios y modernos teclados.

 Entre ellos los hay quienes se atreven a ser temerarios, que se internan en el Country Club o en Los Lagartos, quizá para recrear la sensación de caminar por selvas y montañas. Igual que los militares, los “expertos” enfrentan cada día difíciles decisiones, como aquel instante en que deben seleccionar el vino que acompañará un exquisito platillo, una circunstancia nada comparable con las frías raciones de campaña que deben comer los soldados cuando están en áreas difíciles.

Por lo general son invitados obligados a actos sociales, lo cual les garantiza aparecer en retocadas fotografías en las páginas de periódicos y revistas, siempre luciendo esa tímida sonrisa que les ayuda a reforzar una pose intelectual. Su fama es tal, que son invitados, generalmente los mismos tres o cuatro, como panelistas en programas de opinión. Dirigen además conversatorios sobre la guerra, planean foros y encuentros, pero además han descubierto en sus “conocimientos” una excelente fuente de ingresos, constituyendo fundaciones para estudiar el conflicto.

La verdad no se puede descalificar de lleno a un experto pues, al igual que tantos otros, ellos han convertido la guerra en un negocio lucrativo. Sin embargo, guardo serias reservas sobre el valor de esas sesudas apreciaciones que aparecen a diario en los medios. Reconozco que el estudio de la guerra es necesario, pero ojalá este vaya acompañado del conocimiento de esas “peculiaridades” que ella encierra, algo muy común en otros países, donde los analistas son generalmente veteranos de guerra e incluso ex guerrilleros, claro está, con la debida formación académica.

Esta reflexión no es una crítica a quienes desde el ámbito civil abordan estos temas, pero sí un llamado de atención para que más allá de teorías y ligeras apreciaciones, conozcan de primera mano todas aquellas situaciones que enfrentan los soldados en las zonas de combate.

Ojala los analistas que tanto saben del conflicto supieran qué es caminar de noche en el monte, pensando en dar el siguiente paso cuidadosamente, para evitar accionar una mina o caer a un abismo. Ojalá conocieran que se siente al recibir, en la selva, una noticia sobre la muerte de uno de los padres o el nacimiento de un hijo, sin poder tomar contacto con los suyos. Ojalá esos expertos de mirada adusta y amplio recorrido académico comprendieran qué pasa por la mente de un soldado cuando enfrenta a un grupo armado ilegal que en medio de un nutrido fuego, toma como escudo a una familia o a los pequeños alumnos de una escuela.

 Ojalá nuestros analistas, cuando estén elaborando sus frías estadísticas, entendieran lo que siente un militar al ver caer sin vida a un compañero, o peor aún, cuando se ven enfrentados a la impotencia que provoca una lenta agonía en un alejado paraje. Ojalá los expertos conocieran todas esas realidades que esquivan en sus análisis, pues generalmente escriben fríos y calculados artículos que pretenden “orientar” la opinión de sus extraviados admiradores.

No necesariamente un analista del conflicto debe tener experiencia militar para ejercer su oficio, pero ojalá aprendieran de las enseñanzas de hombres como el coronel de ingenieros Édgar García. Este valioso soldado asesinado por las Farc, casado y padre de cuatro niños, en 21 años de servicio se formó académicamente como pocos. Su conocimiento del país le permitió interactuar con autoridades civiles y pobladores, honrando siempre su uniforme y promoviendo el respeto por los derechos humanos, un perfil que, seguramente, causaba gran molestia al grupo terrorista que lo asesinó. El oficial contaba con una amplia experiencia profesional, producto de enfrentar cada día nuevas batallas, bien con las ideas, bien con las armas. 

Son estos los soldados que, en ocasiones y sin contemplación, critican los expertos. Tigres de papel que sugieren permanentemente a la opinión pública, qué deben pensar sobre el conflicto. Ellos en el fondo saben, con contadas excepciones, que en algún momento de sus vidas se enfrentaron a una comprensible cobardía, pues rehusaron aprender por experiencia propia las lides militares, aunque dirán que en estos casos, los de la guerra, es mejor vivir de ella y de paso, por aquello de la supervivencia, echar mano de la experiencia ajena, que en el caso del coronel García sólo se puede entender en una palabra, aquella que los versados en complejas teorías de la guerra desconocen: heroísmo.

*Historiador militar


martes, 2 de noviembre de 2010

La Opinión del día

La desaparición forzada

Publicado 21/10/2010 Diario El Otún
Óscar Alberto Díaz García

Permítanme referirme a una clase de desaparición, diferente a la que hoy se conoce  y ventila en estrados judiciales  nacionales, en medios de comunicación, y en muchos estados del mundo.

Nos dicen las noticias, que Colombia  ratificaría los convenios  ante la ONU,  para dilucidar y juzgar este delito ante instancias internacionales. 

De hecho, en nuestro país, la figura ha venido en uso de manera atractiva para los colectivos de abogados, que tan sólo buscan esquilmar las arcas de la nación.  

Buscar un par de testigos que juren ante un juez haber visto  a  Pedrito Palotes rezando en el atrio de una iglesia,  y que sostengan  que era el mejor ciudadano, antes de que unos uniformados  se lo llevaran,  acotando que tales uniformados son miembros del Ejército,  parece ser suficiente para que un fiscal  acoja tales testimonios como  prueba, y un juez dicte sentencia condenatoria contra el  Estado colombiano.

Además, como objetivo político produce aún mejores resultados; tomemos como ejemplo el caso del coronel Alfonso Plazas Vega,  a quien una fiscal y una juez se encargaron de encarcelar por mas de treinta años, aplicándole la figura  que no existía cuando los hechos del Palacio de Justicia.


Pero nos preocupa también en grado sumo,  las consecuencias de todos estos juicios amañados, que además de condenar  a la nación a pagos estrafalarios,  estarían llevando a  la desaparición de la imparcialidad de la justicia, y  también,  la desaparición forzada  de la moral de la fuerza pública.

El  elemento humano, es factor decisivo en  el desarrollo  de las estrategias del conflicto armado, de la guerra  injusta que le ha declarado el narcoterrorismo a Colombia,  acompañado del accionar bandolero con disfraz de subversión política.


Con un agravante: los comunistas del eje Cuba-Nicaragua-Venezuela-Ecuador-Brasil,  bajo las indicaciones del llamado Foro de Sao-Paolo, se vienen apoyando cada vez con mas fuerza en la seudo-guerrilla colombiana,  para desestimular la acción de nuestras Fuerzas Armadas,  a través de la guerra jurídica desatada en contra de cada soldado, de cada profesional militar, o policía, que van a los estrados enjuiciados por cumplir con su mandato,  con el sagrado deber de la defensa de nuestra soberanía.

Sin embargo, es evidente que en Colombia, los amigos de la libertad soberana somos muchísimos más,  que los adictos al socialismo del siglo XXI,  el disfraz que usan los obsoletos comunistas de la ex unión soviética.

Hoy, debemos permanecer unidos, para evitar la desaparición forzada de la  moral de la fuerza pública, y el traslado de  las armas de la República a otras manos.

oscaralbertodiazgarcia@hotmail.com

miércoles, 8 de septiembre de 2010

La Opinión del día

"Los Militares son Asesinos Para Mindefensa"
Por Ricardo Puentes Melo

A estas alturas del paseo, ya nada debería sorprendernos. Hemos observado el giro inexplicable de la política pública sobre seguridad; y también sufrimos el recrudecimiento de los ataques terroristas que se ha desbordado en campos y ciudades. Todo, gracias al aire que se le dio a la extrema izquierda mediante el abrazo y los honores militares rendidos al tirano de Miraflores cuya enorme comitiva llegó cargada de maletines extrañamente similares a los que llegaron a la campaña presidencial de Argentina; la diferencia es que allá ganó Cristina mientras que aquí pareciera que los terroristas hubieran conseguido los recursos necesarios para arreciar sus ataques contra la población inerme.
Las célebres locomotoras del progreso santista no aparecen por ningún lado. En cambio, sí desfilan por montones los vagones macabros rebosados de las víctimas de una democracia babosa que no termina por convencer a millones que votaron por la continuidad de la Seguridad Democrática.
Las ideas del presidente Uribe, su esfuerzo titánico de ocho años para combatir la narcoguerrilla, pareciera que han ido a parar a la letrina donde el cura Giraldo deposita parte de su humanidad.
Hace unos cuantos años, observamos inermes cómo el ministro Camilo Ospina junto al fiscal Mario Iguarán asestaban un navajazo a la yugular del Ejército sepultando la Justicia Penal Militar y entregando los soldados a la Justicia Ordinaria, en manos de la mafia. Tiempo después, el entonces ministro Santos expulsaba del ejército a 27 oficiales acusándolos de Falsos Positivos sin más pruebas que un mentiroso informe elaborado por el general Carlos Suárez Bustamante (La Machaca), al servicio de Cepeda y Piedad Córdoba, y también rubricado por el guerrillero amnistiado Carlos Franco. El informe fue avalado por el general Fredy Padilla de León, comandante de las Fuerzas Armadas, y desde entonces la Fiscalía General de la Nación y las Cortes han hecho fiestas con el ejército, volviéndolo trapo de limpieza.
Con la llegada de Rodrigo Rivera pensamos que eso iba a mejorar. Y más aún con el nombramiento de Rafael Guarín como viceministro para las Políticas y Asuntos Internacionales, viceministerio encargado también del tema de Derechos Humanos en las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, un documento que nos llegó por el correo de la brujas, apunta a que todo esto empeorará y que el ejército será sometido, atacado con más crueldad, desde las entrañas mismas del ministerio que debería protegerlos y cuidar su derecho al debido proceso.
El documento de marras es un documento firmado por la señora Aurora Ramírez de Araoz, Directora Ejecutiva de Justicia Penal Militar, y en donde oficia a todos los Jueces de Instancia, Fiscales y Jueces de Instrucción a que diligencien un informe –por orden del Sr. Rafael Guarín- donde relacionen todos los preliminares y sumarios que a la fecha cursan en cada despacho judicial por el delito –léase bien- de HOMICIDIO EN COMBATE.

Para quienes conocen del tema jurídico, este delito no existe. Hay bajas en combate, criminales muertos en combate… pero no homicidios en combate. Los homicidios todos tienen cárcel.
Lo que nos está diciendo aquí la Dra. Aurora Ramírez de Araoz, por orden del Dr. Rafael Guarín, es que las bajas de guerrilleros y terroristas en combate que han hecho los militares, son homicidios dignos de castigo. Y si las bajas en combate son homicidios, nuestros soldados son –por fuerza- homicidas, asesinos.
En la guerra jurídica y mediática que libran contra el ejército, la izquierda terrorista comienza a implantar sus términos cambiando los que condenan a los terroristas. Por ejemplo, a los secuestrados por la guerrilla los llaman “retenidos”, a los guerrilleros asesinos los llaman “rebeldes” y a los criminales dados de baja los llama “homicidios en combate”. Todo, para conseguir la ansiada beligerancia para los terroristas.
Beligerancia que puede salvarlos de la cárcel, de las condenas por narcotráfico, homicidios, asonadas, secuestros, extorsión, concierto para delinquir y un sinnúmero de delitos que podrían esperarlos para cuando sean capturados vivos, a menos que sean “asesinados” por nuestros soldados.
Es muy extraño que la Directora Ejecutiva de Justicia Penal Militar, y el viceministro Rafael Guarín, abogado experto en antiterrorismo, contrainsurgencia y guerra irregular, desconozcan que el delito “Homicidios en combate” no está tipificado en nuestro código, aunque posiblemente los del Colectivo Alvear Restrepo estén haciendo lobby para que sea incluido en la reforma a la justicia que está marchando.
Consultamos a los abogados Miguel Fierro (Un millón de voces contras las FARC), y Víctor Cetina, profesor universitario; están ambos de acuerdo en que las bajas en combate que ocasione el ejército, son totalmente legítimas, en cumplimiento a un deber constitucional; en tanto que los muertos que ocasione la guerrilla son –esos sí- homicidios. En un fuego cruzado entre delincuentes y soldados, las bajas de bandidos nunca podrán tipificarse como un delito de “Homicidio en Combate”… eso es totalmente absurdo.
¿Será que está en marcha un nuevo proyecto gubernamental de “ablandamiento” para ir caminando hacia lograr la beligerancia de la guerrilla…? ¿Será que esto no fue más que un error del viceministro y de la Directora ejecutiva de Justicia Penal Militar..?
Nos preocupa también el llamado urgente a reportar estos “homicidios”. ¿Ocurrirá una masiva condena a militares valientes…? ¿Formará parte este expediente de “homicidios” de algún acuerdo oculto con las Cortes y la Fiscalía…? ¿Van por la cabeza de Uribe..?
No lo sabemos aún porque, aunque hemos tratado de contactar al Dr. Guarín y al ministro Rivera, no recibimos respuesta. Si la hay, con gusto la anexaremos.
Entretanto, quedamos con la zozobra de tal vez estar contemplando el principio del fin.. pero no de la guerrilla sino de nuestro ejército.
(“Homicidos en Combate”… ¡Qué barbaridad..! ) !
Nota: Si los militares son “homicidas”, ¿quienes los defendemos y protestamos a su favor qué somos…? ¿Cómplices de homicidio..?
Bogotá, D.C, 7 de Septiembre de 2010

miércoles, 25 de agosto de 2010

El artículo de la Semana

Propuestas alucinantes


Por Eduardo Mackenzie
19 de agosto de 2010


Hemos visto en estos días las agitadas carreras de Armando Benedetti en Caracas. Tras el encuentro de Santa Marta entre los presidentes Juan Manuel Santos y Hugo Chávez, el presidente del nuevo Senado colombiano se precipitó a la sede del poder en Venezuela para discutir (¿y negociar?) con las altas esferas del hermano país y lanzar desde allí mensajes optimistas y hasta las más extrañas propuestas. De ese periplo, para el cual no recibió mandato del Senado, Benedetti regresó convencido de que las relaciones diplomáticas con Venezuela  están, ahora si, por buen camino y que hasta hemos encontrado, súbitamente, la solución a la cuadratura del círculo que el gobierno del presidente Álvaro Uribe no había siquiera imaginado: para que las relaciones entre Colombia y el régimen autoritario de Hugo Chávez sean óptimas sólo basta una cosa: “no hablar más de las Farc en Venezuela”.  Benedetti reiteró: “[Bogotá] estudia que (sic) el tema de las Farc sea excluido de las relaciones exteriores con esa nación [Venezuela]”.


En otras palabras, el tema más grave de seguridad nacional que tiene Colombia desde hace más de diez años, el terrorismo de las Farc y del Eln y los apoyos que esas organizaciones reciben de Venezuela y de sus aliados, puede ser solucionado por arte de magia. Eso es lo que quiere el doctor Benedetti que aceptemos. Pero Colombia no es un país de avestruces. No hablar de las Farc en Venezuela no evaporará el problema. Esa actitud ayudará, por el contrario, a que las Farc y el Eln se santuarisen aún más en ese país. Y eso  conducirá a nuevas atrocidades.


De sus conversaciones con Hugo Chávez, Benedetti dijo: “No puedo contar muchas cosas”. No contó nada, en realidad. Sin embargo, lo tratado por él en Caracas es vital para el país. Por ejemplo, los dos gobiernos conformarán, dijo, una “comisión de defensa y seguridad”. ¿Qué objetivos, qué contenido y qué alcance tendrá esa comisión? Colombia no sabe nada hasta ahora. Pero debería saberlo. La opacidad al respecto ayuda exclusivamente al cambiante e imprevisible jefe del régimen venezolano.


En Caracas, un periodista de El Nacional le preguntó a Benedetti: “¿El Congreso de Colombia tratará la demanda de Uribe al presidente Chávez?”. La respuesta de Benedetti fue escalofriante:  (…) “Fue llevada a la Corte Penal Internacional. No es una demanda del Estado, es una demanda del anterior presidente de la República.”


¿No es una demanda del Estado? De un plumazo, Armando Benedetti, sin autorización de nadie, pretende abolir un esfuerzo de lucha del Estado colombiano contra las Farc y sus apoyos en Venezuela.


¿Quién mandató a Benedetti para que comprometiera de esa gravísima manera la política del Estado colombiano? ¿La política exterior de Colombia no es potestad del poder ejecutivo?


En  su inopinado embeleco chavista, Benedetti fue aún más lejos. Para “generar confianza” entre los dos gobierno, dijo, se podrán crear “municipios binacionales” en la frontera con el vecino país. Esa idea cuenta, aseguró, con el aval de Cilia Flores, la presidenta del Congreso venezolano.


En realidad, tampoco se sabe qué quiso decir con eso Benedetti, pues el lanzó la cosa sin dar detalles. La prensa colombiana creyó que él había hablado de “municipios binacionales”. Empero, la prensa venezolana (Globovisión y la Afp) creyó oírle hablar de algo más amplio: de “estados binacionales” entre Colombia y Venezuela.


Ya sean municipios o estados (departamentos, en la nomenclatura colombiana), la idea anunciada por Benedetti es sorprendente: no hay antecedentes a los cuales pueda uno acudir para sopesar la cosa. El concepto de municipios o departamentos “binacionales” solo  remite, en el estado actual del  debate, a una cosa: a municipios o departamentos  que quedarían bajo la autoridad de dos gobiernos. Es decir, departamentos o municipios cogobernados por dos poderes nacionales diferentes.
¿En qué países hay o hubo algo parecido?


Lo más extraño es que a su regreso a Bogotá la prensa no se atrevió a hacerle a Benedetti una sola pregunta al respecto.


Sin embargo, los media de los dos países habían registrado ese curioso enunciado: no era un error de comunicación. Benedetti, en efecto, habló de “estados binacionales”. Pero ante el silencio que guardó, y ante el vacío conceptual que dejó, lo único que queda es darle vueltas al asunto para saber a qué tendremos que atenernos.


Imaginemos por un instante lo que significaría la adopción de esa propuesta.
Siete departamentos colombianos tienen fronteras con Venezuela: la Guajira, César, Norte de Santander, Boyacá, Arauca, Vichada y Guainía. En ese conjunto, que recubre una superficie de 284 898 km², se hallan los yacimientos petrolíferos colombianos, sin hablar de otras riquezas. Además, según el censo de 2005, allí viven 4 407 360 colombianos. Si  esos departamentos son declarados “binacionales”, es decir abiertos a una proyección del poder político, militar y económico de Venezuela, Colombia perdería  la soberanía (o tendría que compartirla), en el 25% de su territorio. ¡Y tal injerencia afectaría directamente al diez por ciento de la población colombiana!


El cogobierno en los departamentos “binacionales” introducirá la ruina y el caos total en una cuarta parte de Colombia. Es eso lo que quizás pretenden los países del Alba y el Foro de Sao Paulo, pues la idea viene de Caracas. Lo que es aterrador es que esos planes inauditos hayan encontrado eco, de alguna manera, y no un claro rechazo, en el presidente del Senado colombiano.


No se puede olvidar lo que ocurrió en 1952. Una declaración  irresponsable de Alfredo Vásquez Carrizosa, ministro colombiano de Relaciones Exteriores de la época, fue aprovechada por Venezuela para ocupar las islas rocosas colombianas de Los Monjes con el pretexto de instalar un faro para la navegación. Ese acto ilegal violó la Carta de Naciones Unidas, la carta de la OEA y, sobre todo, el tratado de 1939 entre los dos países. Pero violando a su vez la norma constitucional que prohíbe la variación del territorio sin la previa aprobación del Congreso, el gobierno de Roberto Urdaneta Arbeláez terminó por ceder esas islas a Venezuela.


Nadie olvida esa traición y los problemas que eso generó  y genera hasta hoy en las relaciones entre los dos países.
Lo de los departamentos “binacionales” es una iniciativa del Caracas chavista que podría tener repercusiones mil veces superiores a lo de Los Monjes, contra los intereses de Colombia, pues el presidente del Senado colombiano no tuvo una actitud clara de rechazo a esa estrafalaria propuesta.
Una serie de municipios o estados “binacionales” en la frontera con Venezuela equivale a dotar a las Farc y al Eln de una nueva zona “despejada”, seis veces más grande que la cedida por la administración Pastrana en 1999 a las Farc.


¿Por eso es que Hugo Chávez exige silencio total sobre las Farc en Venezuela? Armando Benedetti debe explicarle al país que negoció exactamente con Hugo Chávez y debe rechazar pública y explícitamente toda idea de que Colombia tenga municipios o departamentos, o cualquier otra entidad geográfico-política, compartidos con el régimen militarista y comunista de Venezuela.