¿Conocemos a las Farc?

Por: PLINIO APULEYO MENDOZA |

5:09 p.m. | 24 de Octubre del 2013

Plinio Apuleyo Mendoza

Abramos los ojos: sintiéndose tan fuertes o más que el Estado, las Farc no van a entregar sus armas ni aceptar sanciones penales. Son sus inamovibles.

Cualquiera podría decir que sí, que las conocemos de sobra, pues sus atrocidades salpican desde hace más de medio siglo diarios y noticieros. Sus jefes, desde La Habana, nos anuncian ahora sus propósitos e inquietudes en torno al proceso de paz. Pero me atrevo a decir que pese a este protagonismo mediático, muchos colombianos ignoran hasta dónde las lleva su verdadero credo ideológico.

Para entenderlo, dispongo de una perla que me encontré recientemente. Se trata de la declaración hecha en 1982, durante un consejo verbal de guerra, por el entonces dirigente del M-19 Luis Otero. Cuando le preguntaron por las razones que tenía su movimiento para explicar el asesinato de policías, los secuestros y extorsiones, se permitió decir: “Todo ello es explicable y obligatorio para un revolucionario. El concepto burgués de pesar, compasión, dolor, no existe. Las revoluciones se hacen con sangre y esta debe vertirla quien estorbe a los propósitos revolucionarios. Nada nos conmueve, el fin justifica los medios”. Y más adelante: “Los secuestros son una forma de conseguir expropiaciones. No nos impresionan las lágrimas de las víctimas ni el lloriqueo de la familia”.

Pues bien, esta es la cartilla que también las Farc y el Eln hicieron suyas, siguiendo la implacable senda trazada por Stalin, Mao y Pol Pot. Con ello asumen tranquilamente todos los delitos de lesa humanidad, de modo que es una ilusión del Fiscal creer que van a aceptar los castigos penales, así sean los benévolos y brumosos de una justicia transicional.

Por otra parte, muchos colombianos desconocen el poder real de las Farc hoy en día y lo que buscan con un acuerdo de paz. Pese a los golpes recibidos por ellas en el campo militar, están lejos de sentirse derrotadas. No lo están. 

Cambiaron hace años su guerra de posiciones por una guerra de guerrillas con acciones terroristas. Al lado de ella, han logrado una captura gradual de movimientos sociales, de poderosos sindicatos como Asonal Judicial, Fecode y Sintrainagro, de comunidades indígenas y afro- descendientes y de vastas zonas rurales gracias al narcotráfico.

Pero su mayor triunfo se sitúa en el campo de la justicia. Sus jueces y fiscales amigos han conseguido toda suerte de ejecuciones judiciales contra los militares. Los mejores oficiales y suboficiales que les habían infligido derrotas hoy se encuentran tras las rejas gracias a falsos testigos y a denuncias sin prueba alguna.

Abramos los ojos: sintiéndose tan fuertes o más que el Estado, las Farc no van a entregar sus armas ni aceptar sanciones penales. Son sus inamovibles. Y no se detienen ahí. Rechazan límites de tiempo para el diálogo de La Habana, buscan intervenir en nuestro modelo económico y en la estructura misma del Estado. ¿Aceptará tales exigencias el presidente Santos? Lo dudo. Sabiendo que son rechazadas por el 80 por ciento de la opinión, preferirá cuidar su reelección eludiendo cualquier acuerdo de esta índole, pero, eso sí, agitando en su campaña la banderita de la paz. Su vago referendo nos va a preguntar si deseamos que continúen los diálogos o si volvemos a la guerra de siempre. Son astucias electorales. Sólo eso.

Conociendo el perfil y la real situación de las Farc, la única alternativa que aceptarían para firmar un acuerdo de paz sería una ley de perdón y olvido y una asamblea constituyente con una fuerte presencia suya. De lo contrario… Sí, lo que nos han impuesto desde hace 50 años. Y para derrotarlas no bastarían ya las acciones militares. 

Sería preciso enfrentar su guerra política y judicial, su penetración en las zonas campesinas, en sindicatos y universidades y, por último, rescatar la moral de las Fuerzas Armadas, revisando injustas sindicaciones y condenas. 

Cierto, nada de eso es fácil. Es terrible la realidad que estamos viviendo, pero es mejor mirarla de frente y no creer en cuentos de hadas.

Enfrentamiento entre instituciones

"Texto de la carta de la Contralora Sandra Morelli a la opinión pública"

Fuente: Circulación por internet

La Contralora General de la República de Colombia se permite informar a la opinión pública que no existía en el pasado absolutamente ninguna enemistad personal con el señor Eduardo Montealegre Lynett. Que precisamente en la emisora La W tuve ocasión de precisar que el legítimo ejercicio de la profesión de abogado no puede ser estigmatizado refiriéndose al mandato que detentó de una EPS. De la misma manera, siendo ya Contralora quise buscar espacios de encuentro con el Fiscal para lograr niveles de cooperación interinstitucional satisfactorios, a la vez que le solicité que no obstaculizara las investigaciones de la salud.

La reacción descomedida y pública contra la persona de la Contralora, incrementada por su condición de mujer, hubiera merecido algo más de respeto e incluso un pensamiento del jefe del Estado de cara a llamar a la cordura en ese momento.

Hay un evento relacionado con el acto de desagravio al señor Sigifredo López por parte del señor Fiscal. Para quien lo quiera consultar, fue en la FM de RCN, entrevista en la que el doctor Eduardo Montealegre Lynett se refirió con desprecio a la persona de la Contralora descalificándola incluso desde el punto de vista académico y profesional.

La señora Contralora no se ha referido en esos términos nunca a la persona del señor Fiscal General de la Nación.

De manera hábil se le ha querido hacer entender tanto a la opinión pública como a los medios de comunicación y a los demás estamentos estatales, que la señora Contralora actúa subjetiva, arbitraria y emotivamente. La condición de mujer facilita estas expresiones por condiciones culturales atávicas, que hacen que ese enfoque resulte fácilmente aceptado.

Sin embargo, es mi deber hacer absoluta claridad sobre el hecho de que lo que viene sucediendo aquí es una sistemática actuación coordinada desde la Fiscalía con el apoyo de algunos generadores de opinión y empresarios, no solamente del sector salud, así como de líderes políticos con intereses patrimoniales espurios, para frenar la actuación de la Contraloría General de la República en varias investigaciones pero por sobre todo en aquella que concierne a Saludcoop.

La Contralora General de la República no hubiera recusado nunca al señor Fiscal General y al Vicefiscal, si no tuviera copiosas pruebas de la existencia de un interés no legítimo. Llama poderosamente la atención que los altos dignatarios del Estado frente a la estrategia de desprestigio de una de esta institución ninguno se hubiese pronunciado y por el contrario hubiesen guardado silencio.

Sorprende igualmente que cuando se afirma que la Contralora está siendo investigada internacionalmente por lavado de activos por haber hecho un negocio con quien nunca hizo un negocio, nada tengan que decir las autoridades de este país. Ninguno reacciona y a pesar de habérseles informado de la gravedad de los hechos, finalmente se pronuncian cuando se recurre a los caminos que la ley colombiana prevé para garantizar que sus decisiones y las de los altos funcionarios del Estado pertenecientes a la rama judicial estén dentro de los cauces jurídicos. Debo eso si reconocer la firmeza del cuerpo de la Policía Nacional y del Ejército de Colombia que a pesar de haber sido involucrados en una historia muy perversa de seguimientos ilegales, han continuado diligentemente apoyándonos tanto a mi como a los funcionarios de la entidad.

Aquí no se están pidiendo fueros imaginarios ni especiales para eludir responsabilidades. Se está pidiendo un investigador objetivo e imparcial que no tenga ni haya tenido relación con ninguno de los investigados o sancionados por la Contraloría General de la República y que no haya recibido cifras realmente desproporcionadas, si se comparan con las que ordinariamente son los muy jugosos honorarios de abogados de altísimas calidades intelectuales, como seguramente lo es Luis Eduardo Montealegre, tienen todo el derecho a percibirlos.

Es que lo que no puede suceder en un estado con el grado de desarrollo institucional que en buena hora detenta el colombiano, es que no se cumplan las decisiones del Procurador General de la Nación, que se aplace el cumplimiento de las decisiones del Consejo de Estado proferidas en Sala Plena y finalmente, que se haga caso omiso de las órdenes perentorias de la Corte Constitucional, todas dirigidas a asegurar el cumplimiento de la Constitución y la ley en materia de salud de los colombianos. Todas estas autoridades lo mismo que la Contraloría han coincidido luego de un riguroso examen probatorio en la existencia de la defraudación al erario público por vía de la acción de algunos actores de la salud.

Circunstancias tan adversas como las actuales no me han impedido cumplir con mis deberes constitucionales, entre otras razones, porque lo que está en juego no es nada distinto que el derecho humano de los colombianos a la vida y el derecho humano de los colombianos a la salud. No es un capricho personal y no es una mera diferencia con otro alto funcionario del Estado.

El acervo probatorio que la Contraloría ha arrimado a su solicitud de cara a tener un fiscal ad hoc independiente e imparcial permitirá, sin lugar a dudas, que las instancias responsables se pronuncien como manda la Constitución y la ley para que esta servidora pueda seguir respondiéndole a la justicia penal como lo ha venido haciendo desde el primer día de su posesión, habiendo podido demostrar su inocencia y habiendo podido aclarar situaciones en nueve casos que se archivaron, aunque uno se reabrió sin haberse notificado esa decisión.

Por el contrario, utilizar las vías legales para exigir condiciones de imparcialidad y objetividad que me permitan a mí y a los demás funcionarios de la Contraloría General de la República, finiquitar nuestras actuaciones procesales, se considera por las máximas instancias estatales impertinente y bochornoso, de cara a la opinión pública. La Contralora General de la República, agradece la atención que se le prestó al asunto, pero insiste en darle curso al camino que ella ya activó, toda vez que ese es el orden jurídico establecido para este tipo de circunstancias que sin lugar a dudas no dejan de ser muy lamentables. Esa y ninguna otra es la manera de preservar la institucionalidad.

Se preserva también la institucionalidad cuanto sale un fallo con una interpretación excluyendo el control fiscal para los aforados sin que la Contraloría General de la República haya podido identificar claramente el sustento. No obstante ello no significa que no se haya sometido de manera inmediata a ese fallo de tutela. La Corte Constitucional, si opta por escoger esta decisión, habría de precisarnos su alcance. Una vez ese fallo se produzca resulta conveniente que la instancia prevista constitucionalmente para ello, esto es una reforma constitucional, dimensione la normatividad de lo establecido en lo que falló la tutela.

Lo nuevo en la configuración constitucional que en consecuencia podría tener la Contraloría no puede llevarnos a suponer que haber actuado hasta el momento en que se produjo ese fallo, acatando mandatos constitucionales y legales y atenidos al juicio de conformidad que en cada caso profirieron el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, se transmuta en vías de hecho, arbitrarías y abusivas, susceptibles de reproche penal.

El inconformismo con el actuar de la Contraloría General de la República bien podría ser canalizado a través de la forma como en una democracia se satisfacen los intereses legítimos, es el de la reforma constitucional para que el foro democrático pueda pronunciarse con la legitimidad requerida. La preocupación para que la institucionalidad no se vea afectada de cuenta de la decisión de la Contralora General de la República de exigir proceso justo, con todo respeto bajo ninguna perspectiva constituye ruptura, desconocimiento, o abuso del orden jurídico.

El grado de desarrollo de una democracia fundada en la lógica del Estado constitucional de derecho, sin lugar a dudas se mide por la capacidad de sus instituciones de garantizar por los canales legítimos preestablecidos en el orden jurídico, la garantía efectiva de los derechos humanos.

El respeto que en el contexto mundial de naciones civilizadas ha venido consolidando Colombia por las buenas gestiones en este gobierno del presidente Juan Manuel Santos se fundamenta en todo caso en una sólida tradición civilista liderada por las cortes judiciales garantes convencidas de la supremacía de los derechos humanos. Sus pronunciamientos sobre el debido proceso como herramienta concreta para la vigencia efectiva del Estado de derecho son ya incontables.

Y qué decir de la sentencia T 760 del 2004 en donde la Corte Constitucional, identificó como un estado de cosas inconstitucional el inadecuado funcionamiento y la corrupción que se ha apoderado del sistema General de Seguridad Social. Precisamente las actuaciones en el área de salud que la Contraloría viene adelantando no son una obsesión personal, no son un capricho, no se alimentan de ninguna animadversión al Fiscal General de la Nación. Son más de 780 procesos en curso sin contar con las decisiones archivadas por pago que arrojan resultados superiores a los $ 800.000 millones de pesos.

Saludcoop es un caso más de los que lleva la Contraloría. No obstante ha sido de particular interés en el 90% de las actuaciones que ha adelantado la Fiscalía, pues a pesar de aplicarse a decir que se trata de investigar los hechos relacionados con el arriendo del edificio e identificar si se han interceptado ilegalmente llamadas telefónicas o se han hecho seguimientos ilegales de acuerdo a lo denunciado por Cecilia Orozco y el abogado Ramiro Bejarano, se ha aprovechado para pedir el acervo probatorio que concierne a Saludcoop y se pregunta sobre actuaciones de dicha investigación requiriendo si se obedece a supuestas órdenes de la señora Contralora. Igualmente se cuestiona sobre los aumentos de sueldo y los encargos ordinariamente realizados en la institución, igualmente sobre la invitación informal que hice a mi casa a almorzar a los funcionarios investigados. En resumen, han sido más de 274 visitas de la Fiscalía a esta institución desde febrero de este año.

Adicionalmente la dimensión de la razón por la cual no confiamos en la objetividad de ese organismo, radica en el hecho de que la Contralora ha sido citada a conciliar con Ramiro Bejarano, con cercanía públicamente conocida con el señor Fiscal, abogado que ha sido protagonista de calumnias, vejámenes y demás estrategias para mermarme moral y emocionalmente de una forma tal a la que nunca ha sido sometida un alto funcionario del estado colombiano. Con eficiencia inusitada también se atendió la denuncia en mi contra y fui citada inclusive a conciliar a la localidad de Suba.

Reducir esta problemática a diferencias personales entre dos abogados podría tener además el efecto de menospreciar los riesgos de seguridad de la señora Contralora, de su pequeño hijo y de su madre. Algunos incluso confían que en esto se solucione por la vía de mi dimisión.

Diferencias personales son una presentación simplista del problema subyacente para con quien se ha empeñado en preservar tanto los derechos humanos de los colombianos como mi derecho legítimo al debido proceso. Y la institucionalidad colombiana opta por la vía simplista de llamar a la cordura en presencia de semejante problemática, como si fuera un problema personal¡¡¡¡. Muy seguramente no conoce la situación que aquí se ha narrado.

La afectación de la institucionalidad como consecuencia de episodios desafortunados y desagradables que han tenido lugar entre un ente investigador perteneciente a la rama judicial, cual es la Fiscalía, y el máximo organismo de control fiscal que dirijo, deberían presentarse. Así hube de manifestarlo al jefe de Estado, al menos en dos ocasiones, no sin antes precisar que obviamente las investigaciones en mi contra deberían seguir su curso.

EL FISCAL SALIÓ DEL CLOSET: SABEMOS DE SUS INTENCIONES

Por: MG (RA) CARLOS O. QUIROGA FERREIRA

 Bogotá, 21 de Octubre de 2013

En reportaje, más político que jurídico – supondría uno que fueran temas de investigación,  de acusaciones, en fin de justicia, del Fiscal a Yamid Amat para el periódico El Tiempo del día domingo 20 de octubre de 2013, bajo el premonitorio titular “Las Farc están en el momento histórico de todo o nada”, suelta unas perlas como para quedarse uno mudo.

La primera es que no está de acuerdo en la suspensión de los diálogos de paz debido a las elecciones como lo ha planteado el mismo Presidente de la República  diciendo que una interrupción prolongada colocaría al proceso en el limbo de muerte. Agrega que, al contrario, en elecciones en medio del proceso, los colombianos tendrán que decidir si prefieren “la paz o cien años más, no de soledad, sino de guerra”.

Lo que el Fiscal no percibe, por estar empecinado en conseguir la impunidad y la protección para sus amigos de las Farc, es que el proceso esta hace rato en el limbo de muerte, que los colombianos no queremos un proceso de paz que les de impunidad a las Farc y les facilite a terroristas criminales llegar a la política sin pagar un solo día de cárcel. Se equivoca grandemente, miente y engaña el Fiscal cuando asevera que continuar con los diálogos en medio del proceso electoral, los colombianos tendrán que decidir si quieren la paz o cien años más de guerra, no señor Fiscal, las alternativas no son esas, son una paz con impunidad o una paz sin impunidad, una paz justa, en la que quienes han mentido, azotado, amenazado, agredido, asesinado, secuestrado, extorsionado, despojado, reclutado menores, sembrado de minas el país, narcotraficado, cometido delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por cantidades alarmantes, vayan a la cárcel, paguen de verdad por sus crímenes y se les impongan unas condiciones y prohibiciones para llegar a la política.

Razón tiene el Fiscal en el reportaje cuando afirma que unas condiciones tan favorables, desde el punto de vista jurídico, no serán repetibles; también la tiene cuando dice que las Farc están ante el “todo o nada”. El gobierno con tal de conseguir la paz a cualquier precio, logro que aprobaran un marco jurídico, sin par, y cuando digo sin par, significa de impunidad, pero como las Farc lo que buscan es que no haya justicia de ningún tipo, para no decir la verdad, para que los colombianos no sepamos quienes los apoyaron, quienes fueron sus secuaces, para que no sepamos todos los crímenes cometidos, todas sus acciones terroristas, donde están sus dineros mal habidos, para llegar a la política directo, sin obstáculos, pues no les conviene el marco que con infinita ingenuidad creyó que era suficiente, desconociendo como son las Farc, en un afán protagónico, alejado de la realidad, de los intereses de la sociedad y del país.

Fiscal, no es como usted dice, que es saludable para una democracia que los términos y condiciones de un proceso de paz se puedan ser discutidos en el proceso electoral y que los diversos candidatos fijen sus posiciones y que las elecciones al congreso van a servir de indicativo de cuál es la real postura de los colombianos frente al proceso de paz. Empiezo por lo último que dice el Fiscal. Los colombianos, como lo dije anteriormente, ya lo han dicho y va a ser ratificado en las elecciones, no queremos un paz sin justicia de verdad, es decir sin castigos reales. Además, no es saludable para Colombia, para su democracia, que las elecciones estén bajo la amenaza de los fusiles de las Farc en contra de quienes no quieren la paz a cualquier precio y favor de quienes tienen intereses, no muy claros en la paz de Santos, empezando por el mismo. No es lo mismo discutir sin un fusil en la nuca que con él. Entonces, no es saludable para Colombia tal formula, con la que el Fiscal se casa, en aras de intereses oscuros.

No se entiende  cuando el Fiscal asevera que muy altos los riesgos de que una suspensión termine en una ruptura total y las consecuencias pueden ser nefastas para el país. Santos ha dicho que si el proceso no funciona se termina y no habrá pasado nada, con lo que no estoy de acuerdo, pues si pasa, los bandidos se habrán oxigenado, recobrado fuerzas políticas y terroristas; entonces, cuales consecuencias nefastas, el país avanzo más en 8 años de combate frontal al terrorismo, en todos los sentidos, que en tres años de diálogos infructuosos, volveremos con fortaleza a imponer el imperio de la ley y la constitución, lo que los compatriotas, en un 80% reclaman. Esa amenaza latente que el Fiscal nos envía, de que sino firmamos como sea los acuerdos de paz y los refrendamos, tendremos 100 años más de guerra, es propia de los pacifistas de izquierda, de quienes favorecen los intereses de los terroristas, más dañino que las mismas balas y el terror de las Farc.

Conoce bien el Fiscal la teoría marxista-leninista pero no viene al caso o si, se ajusta a los intereses de las marxistas Farc al decir que suspender las negociaciones seria dar un paso adelante y dos atrás, estrategia que adoptaron los bolcheviques en la revolución que llevo al poder a los comunistas en Rusia, basada en engaños. Las Farc no tienen interés genuino de paz, las Farc quieren es el poder, pero no una parte, todo, con lo que el Fiscal se identifica plenamente.

No tiene razón el Fiscal al decir categóricamente que cree en la voluntad sincera de las Farc de llegar a un acuerdo, cosa que los demás colombianos no vemos por ningún lado, en esa afirmación lo que esta es reiterando sus posiciones a favor de ellas y no del Estado, que nos muestra de qué lado esta y sus creencias políticas. Para las Farc la negociación política es un paso para continuar la guerra por la toma del poder y por eso nuevamente lo afirmo, las Farc buscan alcanzar lo que toda la vida han sostenido, el poder para imponer un sistema comunista, un modelo económico estatista, alineados con el de otros países del mismo corte como Cuba y Venezuela.

En otro aparte, que tiene la razón el Fiscal, es que las Farc se infiltra en las marchas legítimas de protestas, son las que promueven el vandalismo, el terrorismo y la destrucción, pero no hace nada, posa de inactivo y ciego. No le merecen investigaciones los hechos cometidos, como tampoco le merecen las destrucciones de torres de energía, puentes, oleoductos, buses, etc.

Pero miren esta perla: si se suspenden los diálogos, las órdenes de captura se tendrían que reactivar y los terroristas tendrían que regresar a Colombia y lamentablemente reincorporarse a la lucha armada. No señor Fiscal, se quedarían en Cuba, con quienes seguramente han establecido contactos mucho más estrechos que antes, o regresarían a Venezuela donde tienen protección del gobierno venezolano, unas guaridas seguras. Tampoco es cierto que regresarían a la lucha armada, que usted llama, al terrorismo señor Fiscal, al terrorismo, sin eufemismos de ninguna clase, que no han dejado, a pesar de las negociaciones en La Habana. De tal manera, que no confunda, no engañe a los colombianos, no se crea sus propias mentiras.

Tampoco es cierto, Fiscal, que el proceso tenga el apoyo de la Justicia nacional e internacional, la aprobación del marco jurídico para la paz por parte de la Corte Constitucional así lo demuestran los documentos y la Corte Suprema de Justicia  y el Consejo de Estado, no son entes deliberantes en este aspecto, así que no es cierto lo que afirma. En el ámbito internacional, la Fiscal de la CPI ha sido lo suficiente clara al respecto para que nos venga, con engaños, a tergiversar la verdad. Ahora bien, el pueblo colombiano anhela la paz, pero no aprueba un proceso, en que las Farc no muestra ninguna voluntad de paz real y arrepentimiento, que conduzca a la impunidad y la participación política sin condiciones.

Quedó demostrado que la derrota militar y política de las Farc es posible y que no son 100 años de guerra como miente el Fiscal, y por tanto que las condiciones para alcanzar la paz serán irrepetibles, no señor, el imperio de la ley se puede imponer con la voluntad del Estado, de sus gobernantes, de la sociedad y la acción contundente y valerosa de sus Fuerzas Armadas, que cuenten con el apoyo necesario.

Que falaz se muestra el Fiscal cuando nos somete a un  panorama dantesco al amenazarnos que si se suspenden la negociaciones o no nos sometemos a la paz de Santos y la de él, esto conducirá a una confrontación que muchos no deseamos; que si se rompe el proceso, podrán al Estado en la posición necesaria de una gran ofensiva militar que muchos no queremos. Los que nos conducen a una confrontación nos son las Fuerzas Armadas, no son los colombianos, son los terroristas, son los verdaderos enemigos de la paz. No nos dice el Presidente que el combate a las Farc no ha parado, entonces de dónde saca el Fiscal sus argumentos. Ahora si la paz, que estuvo al borde de conseguirse, requiere nuevamente de una ofensiva militar más fuerte, bienvenida sea, el Estado tiene el derechos a defenderse y a conseguir la paz. Así que Fiscal, deje de tantas mentiras, no sea mendaz.

 La verdadera paz con las Farc se conseguirá a través de la entrega de las armas, la desmovilización, el sometimiento a la ley, la verdad, la justicia, la reparación. Después de esto, que venga lo que sea. No es a espaldas del país y entregándoles Colombia como se logra la paz.

El Fiscal cree que como las Farc han intentado, sin éxito, una transformación del Estado a través de la violencia, la pretenden a través de los mecanismos que ofrece la democracia, desconociendo que son una organización marxista, que tienen una concepción totalitaria del Estado, que para ellos la democracia es otra cosa muy diferente a lo que pensamos la mayoría de ciudadanos, para ellos la democracia es la que el gobierno que está en manos de lo que ellos llaman pueblo, que son los comunistas, de un solo partido, el comunista, de economía centralizada, de no libertades, de no libertad de mercado, de no oposición política, de no libertad de expresión. El Fiscal aboga por que le abramos puertas a la participación política de las Farc, para, según él, esas ideas que tienen de transformación radical de la sociedad, las consigan por la vía democrática, dejando atrás la justicia, olvidándonos de todo el mal que le han hecho a la sociedad, al Estado, así nada más, como si no hubiera pasado nada en más de 50 años de agresión, amparados en la combinación de todas las formas de lucha y miles de excusas, las que ahora olvidan.

El Fiscal no comparte lo que él considera estigmatizaciones  a Marcha Patriótica, una organización promovida, apoyada y financiada por las Farc, que todo el mundo sabe que es de las Farc. Qué modo de entender la democracia la del Fiscal, le parece bien que una organización armada tenga un movimiento político que la represente, lo que conocemos como combinación de todas las formas de lucha (me imagino que esto le enseñaba a sus alumnos en la universidad) y ejerza la política a través de la trompetilla de un fusil, mientras sus opositores lo hacen sin armas. Que concepto moderno de democracia tiene el Fiscal. Agrega, “hay que dejar a los sectores de izquierda construir una gran autopista democrática en proyectos como Marcha Patriótica, donde, inclusive y si cada uno lo considera, pueda aterrizar luego las Farc y puedan intervenir en política para que sea un canal de expresión”. Sus aseveraciones nos aclaran porque las investigaciones por la farcpolitica no avanzan, si tenemos Fiscal pro Farc y pro marcha patriótica. Fiscal, las Farc aterrizaron a Marcha Patriótica, no las Farc aterrizaran ahí; Marcha Patriótica es un apéndice de las Farc. Lo ilegal no es hacer política, es hacerla con las armas detrás.

Esa gran autopista para la izquierda se ha dado y se da en la democracia, no por la vía armada como usted lo pretende; canales de expresión es lo que ha tenido la izquierda, pero obligar a los colombianos a seguir sus ideas, como lo ha pretendido la izquierda armada y la no armada, es lo que no aceptamos los que verdaderamente creemos en la democracia. Esas no son las reglas de la democracia.

El Fiscal considera a Teodora como defensora de derechos humanos, cuando los colombianos sabemos que es promotora, cercana y yo diría integrante de esa organización. Con esta tesis justifica que el que debe investigar absuelva de antemano. Nos jodimos con este Fiscal pro Farc.

Sería bueno que el Fiscal leyera la Constitución y se diera cuenta que no hay un solo mandato constitucional imperativo, el que dice que la paz es un derecho u un deber, también lo es el de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes del Estado y los particulares; el derecho a la vida; nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; a formar una familia, etc.

El Fiscal salió del closet y sabemos porque dice lo que dice:

·       Esta de acuerdo en hacer política con armas, por lo que debiera renunciar e irse a La Habana a representar a las Farc

·       Le reitero, si no se ha dado cuenta, los colombianos ya decidieron: Queremos paz sin impunidad, con condiciones para criminales, que no son luchadores

·       Las alternativas no son paz o guerra, son paz con impunidad o paz con sin impunidad, paz justa o paz injusta.

·       No confunda ni engañe colombianos y respete a la mayoría que piensa diferente, los colombianos queremos paz sin impunidad y con condiciones

·       Teodora no es una defensora de derechos humanos. El que debe investigar no puede de absolver de antemano y en el cumplimiento de sus funciones no pueden existir consideraciones de tipo político..

·       Fiscal no amenace a los colombianos diciendo que si se suspenden negociaciones nos conducirá a una confrontación que no deseamos. Gran mentira.

·      Fiscal no engañe a colombianos, no nos amenace, diciendo que si se suspenden las negociaciones con las Farc regresarán a la  lucha armada. No han dejado nunca de atacarnos y eso no es lucha armada, no confunda, es terrorismo, es agresión a los colombianos, así sin eufemismos.

MG (RA) CARLOS O. QUIROGA FERREIRA

La historia no se puede desconocer

Por: MG. Carlos Quiroga Ferreira

Haber permanecido un año en suelo Guatemalteco, pocos años después de terminado el conflicto y haberlo estudiado, me da cierta modesta autoridad para hacer algunas reflexiones sobre la paz conseguida en Guatemala y el proceso de paz en Colombia, que pueden ser de utilidad.

Lo primero que debo decir es que a pesar de las similitudes que existen entre los dos conflictos armados internos, el que padeció Guatemala y el que está sufriendo Colombia, contra organizaciones armadas marxistas, se presentan rasgos que los hacen diferentes, como que en Guatemala los treinta y seis años de conflicto estuvieron salpicados por gobiernos militares, lo que no ha ocurrido en Colombia, en el que las Fuerzas Militares no han detentado el poder y han sido respetuosas del orden democrático.

En Guatemala se llegó a un acuerdo de paz entre las guerrillas marxistas, también criminales y terroristas, pero a diferencia de las Farc y Eln, no narcotizadas; acuerdo que fue sometido a la aprobación de los guatemaltecos en una consulta popular, que fue negada y sin embargo lo impusieron, por encima de la voluntad del pueblo.

La historia

El próximo 29 de diciembre de 2013 se cumplen 17 años de la firma de los acuerdos de paz logrados en Guatemala en 1996, antes de que terminase el primer año de gobierno del Presidente Constitucional Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000), quien había tomado posesión el 14 de enero de ese mismo año.

En ceremonia que tuvo lugar en el Palacio Nacional, con la presencia de importantes personalidades internacionales como el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) doctor Boutros Boutros-Ghalli, el Presidente del gobierno de España, José María Aznar, representantes del gobierno de Arzú y la mayoría de los jefes de los diferentes grupos guerrilleros que, por exigencia de Fidel Castro, en Nicaragua conformaron la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca (URNG), se firmó el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, con lo cual terminó una larga negociación que se inició en 1988, promovida por el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo, quien dedicara esfuerzos a tratar de obtener la paz a través de los Acuerdos de Esquipulas I y II, tras cerca de 36 años de fratricida lucha interna en la que, queramos o no, tenemos que aceptar que los gobiernos impidieron la toma del poder por la vía de las armas de organizaciones marxistas totalitarias, tan de moda en esa época, que contaron con el apoyo permanente de Cuba, la URSS y sus países satélites, que estuvieron involucrados en todos los conflictos internos en los países que los sufrieron y aún hoy en día, lo están, como es el caso de Colombia; confrontación que al final se puede catalogar de inútil para los grupos terroristas, desde el punto de vista armado, más no en lo político, han alcanzado dividendos políticos y llegado al poder por la vía electoral  en algunos países, después de 15 0 20 años de logrados los acuerdos de paz .

La mayoría de los comandantes guerrilleros estuvieron presentes en la firma de este acuerdo, porque no asistió el jefe guerrillero Gaspar Ilom, nombre que empleó Rodrigo Asturias Amado, hijo del premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias, debido a que unos cuantos días antes él había sido el responsable del cobarde secuestro de la anciana Olga Alvarado de Novella para canjearla por un guerrillero que había sido capturado, y en su lugar firmó el acuerdo el doctor Jorge Edilberto Rosal Meléndez (alias Belisario) jefe de la Comisión Diplomática y Política de la URNG, de la cual también formo parte Rigoberta Menchú, premio Nobel de Paz y Eduardo Stein Barillas, quien años más tarde fue ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Arzú, posteriormente Vicepresidente de la República en el gobierno de Óscar Berger Perdomo y fue el encargado de organizar la transmisión del mando del actual presidente, General retirado Otto Pérez Molina, firmante del acuerdo.

Numerosas personas se opusieron a este acuerdo  de paz porque sospechaban que sería  ventajoso para los terroristas insurgentes que, encontrándose ya prácticamente vencidos en el campo de batalla, podrían salir vencedores políticamente y recuperar su condición legal al amparo de una amnistía a la que se acogieron algunos, mas no todos, como es el caso de Rigoberta Menchú, quien no aceptó hacerlo y regresó al país sin haberse acogido a la amnistía, durante el período del presidente Jorge Serrano Elías, amparada en su inmerecido premio Nobel.

Como lo mencione anteriormente, la mayor parte del contenido del acuerdo fue expuesto en una consulta popular y la mayoría de los votantes se pronunció en contra, porque se desconfiaba de que los guerrilleros fuesen realmente a deponer las armas y se temía que continuarían con sus actividades terroristas.

Con el paso del tiempo, desde que las organizaciones guerrilleras iniciaron la violencia política, cuyo pretexto es siempre el mismo, alcanzar la reivindicación social y económica, la justicia social, y desde que se firmaron los acuerdos, años en que la violencia política cesó, la situación del país ha mejorado un poco con relación a la que había cuando se levantaron en armas, los acuerdos que se firmaron no se han cumplido del todo y muchos de los comandantes terroristas encontraron acomodo en los sucesivos gobiernos, pero principalmente en el del anterior presidente Álvaro Colom (2008-2012); mientras que  en el país continúan las profundas brechas entre los diferentes sectores de guatemaltecos, de primacía indígena y se continúa la pobreza en sectores desprotegidos de la población. Por otro lado, sigue imperando en la vida económica del país un pequeño sector privilegiado que siempre ha sabido imponer sus intereses y tiene gran influencia en las decisiones políticas nacionales.

Podemos decir que el Acuerdo de Paz Firme y Duradera cumplió con uno de los cometidos que era que los terroristas depusieran, entregaran las armas y pusieran punto final a la su destructiva, sanguinaria y estéril guerra, desarrollada durante más de tres décadas contra los guatemaltecos y contra el Estado, pero a cambio de una impunidad total, error craso, que niega toda justicia, desconoce a las víctimas  y coloca a los terroristas en la posición de triunfadores sin haberlo sido y limpios de toda culpa. En ese momento no existía la Corte Penal internacional.

Tras 17 años de firmado el Acuerdo, vemos las consecuencias, militares en la cárcel, investigaciones y juicios contra militares que continúan, especialmente contra generales, inclusive aquellos que promovieron los acuerdos, como el General Oscar Mejía Victores, y los terroristas en la calle, participando en los diferentes gobiernos, mostrándose como los adalides de los derechos humanos y promoviendo las acusaciones contra los militares. Para algunos, la firma del Acuerdo, ¡fue bastante!

Es bueno recordar que para lograr su objetivo, el presidente Arzú contó con la valiosa contribución de su viejo amigo y Secretario de la Presidencia Gustavo (“El Sholón“) Porras Castejón, quien había sido militante activo en la guerrilla  y había ejecutado uno de los peores actos terroristas, hacer estallar en la Plaza de la Constitución un automóvil cargado de explosivos, que causó numerosas muertes.

En el patio principal del Palacio Nacional de la Cultura se construyó un Monumento a la Paz, que lo constituyen dos manos abiertas al aire, pero lo curioso es que ambas manos son izquierdas, como si solamente los sectores de izquierda hubiesen sido quienes acordaron la paz. El acomodo de la historia por parte de la izquierda.

El ex presidente Jorge Serrano Elías, exiliado en Panamá, en entrevista al periódico Prensa Libre, cuando se cumplieron 15 años de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, dijo que con la simple firma de un acuerdo se puede obtener el alto al fuego, pero no se obtiene la paz, porque la guerra puede continuar en otra forma, lo cual ha ocurrido en Guatemala, donde los guerrilleros se han infiltrado paulatinamente en el gobierno, sobre todo en el gobierno de Álvaro Colom, y mantienen una actitud vengativa contra los militares que les habían prácticamente derrotado en el interior de la República de donde habían sido expulsados y permanecían en un pequeño espacio que aún sostenían en la frontera con México. Situación parecida se presenta en Colombia, en que los terroristas de las Farc estuvieron, militar y políticamente acorralados durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez y el gobierno de Juan Manuel Santos, les ofreció el salvavidas invitándolos a un proceso de negociación para alcanzar la paz, que las oxigenó y les hizo creer que en su poderío militar y político, que seguramente aprovecharan en el futuro, si se logran acuerdos, para tomar actitudes revanchistas contra quienes los combatieron y les impidieron la toma del poder por la vía de las armas.

Al momento de la firma de la paz, la Institución Armada contaba con 45 mil efectivos, más un millón y medio de patrulleros y comisionados militares, en tanto que las cuatro facciones terroristas sumaban 800 hombres, algunos de los cuales se encontraban arrinconados en la frontera con México, y otros en unos pocos departamentos del país, desesperados  en medio de las contradicciones de quienes los comandaban.  Sin embargo, cuando el Presidente de la República y Comandante General del Ejército ordenó el repliegue de sus hombres a sus cuarteles y el cese el fuego, estos obedecieron sin chistar, con auténtica disciplina militar, a pesar de estar a tan solo un paso de lograr la rendición incondicional de sus contendientes.

Amparados en los recuentos sesgados de los acontecimientos durante el conflicto armado interno, tal como sucede en Colombia con el informe de la Comisión de la Memoria Histórica, los ex guerrilleros han continuado su lucha contra los militares, particularmente contra algunos que, como los generales Romeo Lucas García, Benedicto Lucas, Efraín Ríos Montt, Óscar Humberto Mejía Víctores, Héctor Mario López Fuentes, Mauricio Rodríguez, Ricardo Méndez Ruiz y otros militares retirados que conforman una larga lista, gracias a que tanto el tristemente célebre compendio de los delitos contra lesa humanidad que se cometieron durante los 36 años, según el informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico como en el Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), se achaca a los gobiernos militares el más elevado número de abusos de poder y crímenes de lesa humanidad y hasta de genocidio, mientras que no se señalan los numerosos delitos que cometieron los terroristas procomunistas porque, como es bien sabido, quienes escribieron ambos informes son izquierdistas plenamente identificados como simpatizantes y afectos a los terroristas guerrilleros y decididamente antimilitaristas.

Cualquier parecido con lo que está pasando en Colombia es pura coincidencia. Los terroristas que habían sido arrinconados en sus madrigueras en el interior de la selva durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, que políticamente se encontraban en el ostracismo, que el país los rechazaba con contundencia, se ven ante el ofrecimiento de negociaciones de paz del presidente Santos y el decaimiento político de la Seguridad Democrática, que les da nuevo aire, ante lo que la Fuerza Pública obedece; negociaciones en las que han manifestado abiertamente su intención en contra de las Fuerzas Militares para reducirlas, modificar su doctrina y alcanzar lo que denominan la desmilitarización de la sociedad, que no es otra cosa que enviar, a los pocos efectivos militares que queden, a sus cuarteles para aislarlos de la sociedad, muchos a la cárcel, como consecuencia de los procesos judiciales con ocasión del conflicto, por los que nadie se preocupa hoy y menos lo harán en el futuro, pues si cuando eran necesarios para combatir a los terroristas y mantener la democracia, fueron maltratados y perseguidos, menos serán tenidos en cuenta y defendidos, firmada la paz. Ya no le sirven a los gobernantes y a los políticos, si es que no son reemplazados por terroristas desmovilizados. Dios nos coja confesados y con suficiente valor para soportar tamaños desafueros, que serán cometidos en aras de la paz firmada, que darán para todo tipo de medidas, desde su reducción hasta recortes de presupuesto.

En el Informe de Memoria Histórica, pagado y avalado por el gobierno de Juan Manuel Santos, quien manifestó que algunos miembros de la Fuerza Pública eran responsables y pidió públicamente perdón, se traslada la responsabilidad de lo que sucedió, en más de 50 años de conflicto, a la Fuerza Pública. Esto da pie para que nos pase exactamente lo que está pasando en Guatemala, porque seguramente, esos algunos, serán muchos y buscados entre los comandantes de las diferentes unidades militares a través de los años.

Los Acuerdos y la Paz hoy

Si bien es verdad que la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera puso punto final a la confrontación armada y que muchos de los terroristas depusieron sus armas, no se puede decir que se logró la paz. ¡Mucho menos una paz firme y duradera! Los asesinatos, asaltos, robos, secuestros y demás crímenes han aumentado. Como bien dijo el ex Presidente Arzú, imaginemos lo que sería nuestro país si no se hubiese terminado la confrontación armada y a ella se hubiese sumado la actual creciente criminalidad común y el poderoso narcotráfico internacional. De todas maneras, nadie lo puede negar, se alcanzaron acuerdos para una paz en Guatemala, país con características sociales, económicas y políticas diferentes al nuestro, y con la imposición de la ONU, que terminó la confrontación armada, con total impunidad para los terroristas, en un momento internacional también diferente, a pesar de la oposición de quienes decían que la firma de la paz era una treta para proteger los intereses de los más pudientes y de muchos guatemaltecos que advirtieron en esa oportunidad que no creían que esa paz fuese a ser ni firme ni duradera, conociendo el usual comportamiento vengativo y obcecado por sus ideas totalitarias de marxistas guerrilleros. Y creo que, lamentablemente, no se equivocaron, porque hay algunos que se empeñan en no aceptar la paz y dejar para la historia lo ocurrido y hacer a un lado las venganzas, que lo único que consiguen es continuar la guerra que terminó hace 17 años. De ahí el temor que nos embarga a gran número de colombianos.

El gobierno colombiano y los militares, deben analizar lo que aconteció en el cono sur latinoamericano y que se repite hoy en Guatemala, pues es un aviso claro que se debe tener en cuenta en cualquier proceso de paz que finalice un conflicto armado desarrollado por más de 50 años. No se puede dejar espacios vacíos, de tal manera que posteriormente, los terroristas, quienes incitaron, promovieron, realizaron y justificaron la guerra, terminen como acusadores y los jueces señalando a las FF.MM como autoras de los actos de violencia perpetrados y sus integrantes condenados, por ser los únicos responsables  de esos actos, como, por desgracia, está sucediendo en la actualidad, puesto de presente en el informe de la Comisión de la Memoria Histórica y como lo pretende el honorable magistrado Pinilla Cogollo del Tribunal Superior de Medellín, que reescriben y tergiversan la historia, para beneficio de los terroristas que ellos, presuntamente apadrinan.

En Guatemala y en otros países que padecieron conflictos internos, los responsables de introducir y difundir  tesis políticas marxistas que alentaban la violencia armada como mecanismo de lucha para acceder al poder, del odio de clases, organizaciones totalitarias y  antidemocráticas,  que pregonaban la combinación de todas las formas de lucha, no han sido llamados a responder penalmente por tales hechos, mucho menos quienes empuñaron las armas y fueron autores materiales de las acciones de terrorismo perpetradas desde los años 60. En la mayoría de los países, los acuerdos de paz se firmaron con el perdón y olvido de lo que fueron llamadas “acciones insurgentes”, pero que fueron acciones criminales y terroristas; se dejó abierta la puerta para juzgar y condenar a los militares, que en nombre del Estado tuvieron que enfrentar con las armas a las organizaciones terroristas, para que el Estado prevaleciera y la democracia pudiera mantenerse.

Justicia

El Marco Jurídico para la Paz, aprobado por el Congreso, por iniciativa del Gobierno, declarado exequible, con condicionamientos, por la Corte Constitucional, marco que personalmente considero de impunidad, establece una simetría, con tratamiento diferencial, entre los beneficios jurídicos que pueden recibir los terroristas y los que pueden recibir la Fuerza Pública, no porque, en la mayoría de los casos, sean responsables, sino porque se nos ha negado una justicia justa por parte de un aparato judicial infiltrado, que parece la justicia del enemigo, porque se nos quitó la Justicia Penal Militar. No podemos ocultar que es un avance, en comparación con lo que paso en otros países con similares conflictos y lo acontecido aquí mismo en Colombia, con el asalto terrorista al Palacio de Justicia.

En la recuperación militar del Palacio de Justicia en noviembre de 1986, luego de ser tomado por terroristas del M19, financiados por el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, que causaron la masacre de un elevado número de magistrados, trabajadores y visitantes de la edificación, así como la muerte y lesiones a soldados y policías, quienes debían responder por la acción criminal fueron objeto de indulto por todos los delitos cometidos y reintegrados a la sociedad con plenos derechos políticos, mediante los acuerdos de 1990, contrario a los militares que intervinieron en la acción legítima del Estado contra el ataque terrorista, que son objeto de persecución judicial por la desaparición de terroristas y supuestos visitantes, durante las acciones legales y legitimas llevadas a cabo. (Análisis “ECOS DE GUATEMALA)

No se puede aceptar un proceso de paz que no determine quiénes fueron los que comenzaron y el porqué de la respuesta del Estado. Cuando esto no se da, los victimarios, los que comenzaron el conflicto, pasan a ser las víctimas, lo que sucede en La Habana, aduciendo causas políticas o ideológicas como legitimación del terrorismo ante la falta de respuesta del Estado a supuestas o reales injusticias, falta de solución a las necesidades del pueblo, a las carencias de la sociedad, llamadas injusticias sociales, con el agravante de que en el curso del conflicto han cooptado e infiltrado instrumentos del Estado, como el poder judicial y las instituciones de educación, para cobrar venganza posterior contra quienes les impidieron la toma del poder como pretendían. (Análisis “ECOS DE GUATEMALA”)

Tal como se señala en el análisis, “Ecos de Guatemala”, la respuesta del Estado a la creación de las guerrillas comunistas aprovechándose de reductos de las desmovilizadas guerrillas liberales estuvo apegada al ordenamiento constitucional y legal, incluso no tuvo la contundencia merecida por consideraciones políticas de los diferentes gobiernos que no las vieron como amenaza y luego quisieron congraciarse con ellas a través de frustrados diálogos y negociaciones hasta el punto de que a partir de 1994 las Farc pasaron a una nueva etapa de la guerra, denominada guerra de posiciones, dentro de la guerra popular prolongada, y que en 1996  muchos analistas, llegaron a considerar a Colombia como un Estado fallido. Gracias al actuar contundente de  las Fuerzas Militares, los terroristas fueron debilitados a tal punto, que se vieron forzados a regresar a la etapa de la guerra de guerrillas, recuperándose el control territorial en el país y permitiendo que la democracia liberal no sucumbiera. 

En aras de mostrar que Colombia es una democracia abierta e inclusiva, ha llevado a permitir que la memoria histórica sea escrita por quienes comparten la ideología de la combinación de todas las formas de lucha, permitiéndoseles excluir de responsabilidades en los hechos de violencia a sus auspiciadores y apologistas, a quienes aprovechan la democracia para desde ella tratar de acabarla, como a quienes conforman las estructuras criminales, responsables de la desgracia, del dolor y el sufrimiento de los colombianos, de la prolongación de la pobreza y la miseria, del retardo del desarrollo, levantando su dedo acusador contra el Estado y sus instituciones por no haber permitido la violencia política y la toma del poder por las armas, de tal manera que la historia no ha sido escrita conforme a la verdad fáctica, convirtiendo las virtudes de la democracia en debilidades.

Como agrega el análisis “Ecos de Guatemala”, así los narcoterroristas que mediante crímenes de guerra, el asesinato, el secuestro, la extorsión, el reclutamiento forzado, el reclutamiento de menores, la colocación de minas antipersona, el desplazamiento de quienes no se pliegan a sus designios, el despojo de bienes, el terrorismo contra la población, la violencia generalizada y otras prácticas constitutivas de delitos de lesa humanidad, han sometido a comunidades indígenas, afroamericanas, humildes habitantes de apartadas poblaciones, a campesinos y ganaderos durante estos años, no sólo terminarían exonerados de cualquier responsabilidad por sus conductas sino convertidos por obra de los acuerdos en los nuevos legisladores y jueces para perseguir y condenar a quienes no pudieron vencer en el campo de batalla.  El delito, después de los acuerdos, no será el terrorismo sino el haberse opuesto a él y los crímenes no serán el haber iniciado la violencia contra el Estado, sino los que se consideren excesos por parte de quienes los confrontaron.

Esa falta de claridad y definición de responsabilidades políticas en la génesis de la violencia ya de por sí es una carga de profundidad contra el mismo proceso que puede ser el embrión de nuevas violencias, tal como lo dice con meridiana claridad el análisis “Ecos de Guatemala”.

En ese marco, como bien lo señala Eduardo Mackenzie en su artículo “La radicalización de Santos”, las esperanzas de los colombianos de que las Farc sean desarmadas, juzgadas y castigadas, de que reparen a sus víctimas, de que retiren las minas antipersonales que han sembrado, de que entreguen sus secuestrados, entreguen sus cultivos y depósitos de drogas y desmantelen sus redes infiltradas en las distintas esferas de la sociedad, se han esfumado.

 La historia es para estudiarla, pero lo más importante para no repetirla. Lamentablemente, creo que, con el Presidente Santos a la cabeza, que busca primordialmente pasar a la historia, ganar un Nobel de Paz y reelegirse, el apoyo de quienes solo ven una oportunidad de ganar réditos políticos, parte de la clase política, la izquierda que apoya en forma abierta y cubierta a los grupos terroristas, los llamados intelectuales, que no son otra cosa que “la mamertada” camuflada, y la posición constitucional de subordinación de las Fuerzas Militares al Comandante Supremo, el Presidente, pero un tanto ciega, porque desconocen la historia, que piensan  y creen de buena fe en las buenas intenciones de unos y otros; el gobierno firmará con las Farc y el Eln un acuerdos de paz, que de por si no son malos, todos queremos la paz, en unas condiciones nada diferentes a los de Guatemala, que irán por el mismo camino, en el que los únicos culpables de lo que pasó serán los militares, que serán objeto de las mismas persecuciones judiciales que ocurren en el país centroamericano, en los momentos actuales. Y si no miremos las últimas declaraciones de las Farc desde la Habana: …la necesidad de "desmontar" los mecanismos militares que han posibilitado el "terrorismo de Estado" en Colombia, como principio para pactar garantías consensuadas entre las partes que negocian el fin del conflicto armado y la transición a la paz.

MG (RA) CARLOS O QUIROGA FERREIRA