Cumplimos el deber patriótico de denunciar la firma de los Acuerdos de 'paz' en la Habana por parte de Juan Manuel Santos, Luciano Marín Arango, alias "Iván Márquez", y Timoleón Jimenez, alias "Timochenko" el 7 de Marzo de 2012 en la Habana (Cuba), como conclusión final de las mesas de negociación y diálogo que se instalaron en secreto y a espaldas del pais en la misma ciudad, el 6 de octubre de 2011, lideradas estas por el Alto Comisionado en Seguridad y Alto Comisionado para la Paz (E), Sergio Jaramillo Caro. Fueron garantes y testigos de ese acuerdo los presidentes de Venezuela y Cuba, Hugo Chavez Frias y Raul Castro. Los gobiernos de Noruega y Venezuela funguieron como financiadores y de logisitica de dichas mesas de negociación.
Esto lo ponemos en conocimiento de la opinión pública, con el fin de que el pueblo colombiano se pronuncie en contra de un acuerdo que no ha sido autorizado por el Congreso de Colombia, ni por el Constituyente Primario. No podemos confiar en Santos, con el engaño que apenas va instalar las mesas de conversaciones. Es una farsa bien montada para hacernos creer que las Farc cedieron, pero la verdad es que todo fue concedido en las mesas de capitulaciones, mal llamadas de conversaciones.
Dejamos el siguiente documento como constancia histórica y para su evaluación, amigo colombiano, evitemos que el futuro de nuestros hijos, y no sabemos cuantas generaciones más, sea hipotecado al comunismo internacional, por la firma infame de un traidor y cobarde, el presidente liberal Juan Manuel Santos Calderón
Dicho acuerdo se resume en los siguientes compromisos adquiridos por las partes:
1- El reconocimiento del Conflicto Armado en Colombia por parte del Estado colombiano, como condición previa para aceptar el estatus de beligerancia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (Farc- EP) y entablar conversaciones entre partes iguales con el Estado colombiano.
Comentario/ Dicho punto se concretó con la aceptación del gobierno colombiano de que en Colombia existe un conflicto armado interno, y no una amenaza terrorista, como lo había sostenido el expresidente Alvaro Uribe Vélez. La aceptación fue consignada mediante Reforma Constitucional introducida en la Ley de Justicia Transicional aprobada por el Congreso en junio de 2012.
2 - Establecer un Marco Jurídico para la Paz, que le permita a la subversión reincorporarse a la vida civil, participar activamente en los distintos escenarios de la vida pública y garantizar la participación de sus voceros en la formulación, planeación y ejecución de las politicas económicas, agrarias, mineras y sociales del gobierno colombiano.
Comentario/ La Ley de Justicia Transicional, introdujo en la Constitución nacional cambios sustanciales no solo al establecer 'penas alternativas' para la ejecución de la pena, sino que eliminó el requisito de prohibir la participación política a quienes hubiesen sido condenados en cualquier momento. Los mecanismo extra-judiciales aprobados de esa manera, permiten que no todos los casos sean investigados y que de los seleccionados, el gobierno nacional, por solicitud del fiscal, puedan ser beneficiados con la suspensión de la pena impuesta. Es decir habrá total impunidad, 0 días de carcel para los crimenes, ni exigencia algun de reparacion a la victimas.
3- Las partes acuerdan la necesidad de reparación de las víctimas de los grupos paramilitares y de agentes del Estado, que incluya la reincorporación a la vida productiva de los familiares de los desmovilizados, la priorización en los programas y ayudas del Estado, así como la preferencia de acceso a la salud, la educación, la seguridad social y la democratización de la tierra.
Comentario/ El gobierno de Juan Manuel Santos concretó esta exigencia en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que tiene aplicación solo para las víctimas después del 1 de enero de 1985, año en los que surgen los grupos de autodefensa (paramilitares). Hay que tener presente que en dicha ley, se consideran victimas también los miembros de los grupos armados ilegales que hubiesen ingresado a los mismos cuando eran menores de edad, así, como sus familiares. El Estado reconoce así su responsabilidad en los daños, atentados y violaciones a los derechos de las víctimas, perpetrados por los grupos armados ilegales. Dejan por fuera las víctimas antes de 1985, es decir las que en su totalidad fueron las guerrillas comunistas y liberales sus victimarios.
4. Las Far-Ep exigen la persecusión, desmantelamiento y condena de los grupos paramilitares y de los agentes del Estado, inmersos en las violaciones de Derechos Humanos, incluyendo al presidente Alvaro Uribe Vélez, para lo cual se debe implementar un sistema de investigación y juzgamiento ajeno a la Justicia Penal Militar y una reforma "profunda" del fuero militar.
Comentario/ El gobierno accede presentando un proyecto de ley de reforma a la Justicia Penal Militar el 16 de marzo, que elimina el fuero militar, consignando en la Constitución nacional los delitos por los cuales los militares serán juzgados por la justicia penal ordinaria: "crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado, violación y abusos sexuales, actos de terror contra la población civil y reclutamiento o uso de menores", es decir que los únicos delitos que estarian en la jurisdicción militar será los propios de la disciplina y la debida obediencia.
5. Las farc-ep plantean que los delitos de narcotráfico deben ser catalogados dentro de la pertenencia a un grupo armado insurgente, como delitos conexos al delito político. Las farc-ep abandonan el tráfico de drogas a cambio de un programa progresivo de sustitución de cultivos ilícitos, de una reforma agraria integral y la ejecución de programas de prevención del consumo, salud pública y producción en las áreas afectadas por los cultivos ilícitos.
Comentario/ Este tema del narcotráfico es díficil porque involucra tratados internacionales y otros gobiernos, por lo que Santos prefirió ambientarlo por medio de una propuesta a los países participantes en la Cumbre de las Américas, para convencerlos de la necesidad de reorientar la política antidrogas y de legalizar el cultivo, comercialización y uso de sustancias ilícitas, lo cual no tuvo mucho eco en la comunidad de países del Hemisferio. Sin embargo, Santos designó a Cesar Gaviria Trujillo para liderar el tema con el fin de lograr la suavización de las leyes antidrogas y que estas dejen de ser un delito de tipo penal para convertirse en un problema de salud pública. Los carteles podrán comercializar drogas libremente, y el Estado debe someter a los adictos peligrosos a tratamientos, incluso a suministrarles dosis personales.
6. Las farc-ep solicitan la participación plena y garantizada en la vida política del país, para lo cual se convocaría una Mesa Nacional de Diálogo, en la cual estén puestos sobre la mesa y para su discusión todos los temas que interesen a las farc-ep: modelo económico de propiedad privada, explotación minera, ley de tierras, política de educación, industrialización, reforma laboral y tributaria,privatizaciones, desregulación, libertad absoluta de comercio e inversión, depredación ambiental, democracia de mercado, doctrina militar, etc
Comentario/ La instalación de una mesa nacional de diálogo estaba prevista para el 20 de julio de 2012, con la participación no solo de los representantes de las farc sino de la sociedad civil, representados en la Marcha Patriótica. Sin embargo fue postergada una vez se realice la instalación de una mesa formal de diálogo en Oslo. Ya el gobierno anunció la suspension de la presentación de las siguientes leyes ante el Congreso: Ley de Tierra y Desarrollo Rural, Reforma Tributaria y Pensional, Reforma Educativa, Reforma a la Salud, entre otras, con el fin de ser discutidas con 30 representantes de las farc en la mesa nacional de paz, creada para tal fin.
7.La farc-ep, una vez desmovilizadas, ingresarían con plenos derechos a participar en la vida política nacional, incluso para incorporarse dentro de las Fuerzas Armadas de Colombia o como partido o movimiento democrático, exigiendo pleno acceso a los medios de comunicación y financiación estatal.
Comentario/ El gobierno nacional aceptó dicho acuerdo, con la eliminación de la prohibición constitucional de ser elegidos a cualquier cargo público, aquellos colombianos que hayan sido condenados por cualquier delito en cualquier tiempo. El gobierno acepta que el movimiento Marcha Patriótica, sea la expresión de la sociedad civil discriminadas durante tanto tiempo, sus miembros gozaran de la protección y seguridad del Estado. La incorporación de excombatientes guerrilleros es un tema sensible por lo cual propone dejarlo para ser discutido y planteado después de la firma final del tratado resultante de la Mesa Nacional de Paz.
8. El gobierno colombiano establecerá los mecanismos y logística necesaria para desarrollar las mesas de diálogo y negociación con absoluta discreción y mutismo. Nada será anunciado, hasta que todo este acordado. Se recomienda que las conversaciones se desarrollen en territorio de los países garantes como Cuba, Venezuela o Noruega. Hasta tanto no se llegue a un acuerdo de todos los puntos discutidos no se dará a conocer a la opinión pública con el fin de evitar tropiezos y saboteos al proceso de paz.
Comentario/ Si no fuese por la filtración de estas conversaciones en secreto, y su divulgación por parte de las personas que tuvieron acceso a las conversaciones y documentos entre las partes, el presidente Santos habría seguido con las mesas de negociación ocultamente, a espaldas del país, y elaborando leyes favorables a las farc, que en la medida que se iban concretando se iban convirtiendo en ley de la república.
Este es un llamado a la Unión nacional para evitar por todos los medios posibles que en Colombia triunfe el terrorismo, y gobierne el contubernio comunista liberal, bajo la tiranía del Socialismo del Siglo XXI.
¿Aceptaría usted, hermano colombiano, que una nueva constituyente para reformar el modelo económico, político y social, integrada por 30 guerrilleros de las Farc y representantes de la rancia oligarquia liberal, redacte en Oslo una nueva Constitucion y la firme en la Habana, con Hugo Chavez y Fidel Castro como 'garantes'? REFLEXIONEMOS, DIVULGEMOS Y ACTUEMOS.