UNA CARTA INNOBLE QUE LLEGÓ DE ALEMANIA

Por Eduardo Mackenzie

Las críticas que está recibiendo la sentencia que condenó, en primera instancia, al coronel Alfonso Plazas Vega a 30 años de cárcel están aumentando y ganando en amplitud y calidad. En días pasados, un debate académico organizado por la universidad Sergio Arboleda de Bogotá, reunió un grupo de distinguidos juristas. Todos emitieron conceptos serísimos sobre  ese tema y el resultado es inequívoco: la sentencia de la juez María Stella Jara es una aberración, un mal ejemplo de lo que no debe hacer  un juez que se respete y de lo que no puede tolerar el poder judicial en una democracia. 

El director del departamento de Derecho Penal de la Universidad Sergio Arboleda, profesor Fernando Velásquez, estimó que al coronel  Plazas no se le puede dar el tratamiento de “autor mediato” porque no se dan los presupuestos jurídicos para ello. El admitió que es importante para Colombia establecer la verdad acerca de los hechos del Palacio de Justicia pero que ello no se puede hacer a cualquier precio.

El profesor Christian Wolfhügel, de la misma universidad, dijo que imputarle al coronel un delito que no existía en la época de los hechos (la desaparición forzada de personas), equivale a violentar el principio de legalidad que prohíbe la aplicación retroactiva de la ley penal en disfavor del acusado. La juez hizo eso con el agravante de que ella conocía la situación, pues en la sentencia admitió que en 1985 ese delito no hacía parte del código penal colombiano.

El profesor Ricardo Posada Maya, director del Área Penal de la Universidad de los Andes, declaró, entre otras cosas, que no ve claro que en los hechos del Palacio de Justicia se hubiesen cometido crímenes de lesa humanidad. Sostuvo que para predicar que un delito es de lesa humanidad se deben adoptar los criterios del Derecho internacional. Lo que no parece haber respetado la juez Jara quien llegó a creer que los tratados internacionales habían reemplazado el Código Penal colombiano.

No por casualidad el rector de la Universidad invitante, Rodrigo Noguera Calderón, había subrayado minutos antes en ese panel que el Derecho Penal en Colombia vive un momento de “alto grado de postración” y que ello exige que la Universidad examine esa problemática “en debates académicos”.

El presidente de la Asociación Nacional de Profesores de Derecho Penal y Ciencias Penales, Jaime Enrique Granados, intervino en calidad de abogado del coronel Plazas. El reiteró que no hay prueba alguna que incrimine a su defendido. Señaló que las pruebas aportadas por la juez Jara reposan sobre declaraciones anómalas y contradictorias de dos testigos y sobre la evocación de una transcripción de una grabación cuyo soporte material nunca apareció en el juicio.

Granados denunció que entre los 36 cadáveres calcinados encontrados en el Palacio de Justicia hay nueve sin identificar y que éstos pueden ser de los llamados desaparecidos. Denunció, además,  que hay gente interesada  en bloquear los análisis científicos que permitirán identificar esos cadáveres y derrumbar la hipótesis de que hubo “desaparecidos” en el trágico episodio.

En disonancia con los oradores, el profesor Kai Ambos, de la Universidad Georg-August de Göttingen, Alemania, declaró que “en el Palacio de Justicia el Ejército cometió atrocidades” y que la justicia colombiana “está llena de errores”.  El estima que la juez Jara salió de Colombia por haber sido “amenazada”. Aún así, el jurista alemán tuvo que admitir que él no puede decir  si la sentencia de esa juez “era correcta o no”.

Ofuscada por esos comentarios, la juez Jara respondió violentamente desde Alemania, una semana después. Empero, la carta incendiaria que envió a El Espectador, donde ella ataca acerbamente al ex presidente Álvaro Uribe, a las Fuerzas Armadas, al Consejo Superior de la Judicatura, a la prensa y, en particular, a dos brillantes periodistas que fustigaron, con razón, la esperpéntica sentencia contra el  coronel Plazas, confirma que María Stella Jara está lejos de ser una juez serena y alejada de los tumultos de la agitación política.

Todo lo contrario. El lenguaje de odio que ella utiliza, el rencor que vierte en su carta, corresponde a alguien de perfil fanático, propio de un militante comunista que no tiene escrúpulos y se permite difamar a las autoridades elegidas de un país democrático y a la prensa libre y, sobre todo, que pone su cargo y su misión al servicio de una obscura causa política.

La juez Jara no es como los demás jueces. Ella condenó a 30 años de cárcel a una persona inocente y sin haber hallado contra ella una sola prueba. Los jueces no hacen eso. Ella lo hizo. Ella no podrá escapar a esa responsabilidad. La sentencia que firmó el 9 de junio de 2010 está ahí para probar su felonía. Ella tendrá que explicar eso algún día a sus colegas alemanes y a los colombianos todos. Estar en Alemania no la eximirá de esa obligación legal y moral.

María Stella Jara es una juez rarísima: es quizás la única juez del mundo que después de condenar a alguien, y de dejarlo enfermo y en una prisión militar,  se vuelve contra él, y en carta pública desde el extranjero, intenta agobiarlo aún más con las más aleves calumnias, como si la condena de 30 años no hubiera satisfecho sus bajos instintos. Según la juez, el coronel Plazas está detrás de las amenazas de muerte que ella dice haber recibido. Todo eso es infame y destinado a golpear a la familia y a los amigos del Coronel.

La carta de la juez Jara, que ella dice haber enviado a una asociación alemana de jueces, afirma que las “amenazas [contra ella] provienen de los “más altos funcionarios del Estado”, que el poder ejecutivo lanza “agresiones” contra la Corte Suprema de Justicia, que el DAS, un organismo de seguridad, realizó contra ella  “interceptaciones telefónicas ilegales”, que examinó sus “cuentas bancarias y sus propiedades”, que “orquestó una campaña de desprestigio” contra ella.

El problema de esas acusaciones es que no están acompañadas de prueba. Sólo reflejan la íntima convicción de la interesada. Y, cosa curiosa, son copia literal de la retórica de ciertos magistrados y de los grupos extremistas en guerra contra el gobierno y contra las mayorías que rechazan su pobre visión de la vida. Esas acusaciones no han sido probadas siquiera por la Fiscalía ni por la Corte Suprema de Justicia.

La juez Jara debería explicar a sus colegas alemanes por qué rechazó la investigación, tan independiente y completa, del Tribunal Especial de Instrucción de 1986, realizada por dos magistrados y diez jueces de instrucción criminal, y por qué substituyó ese valioso documento por una serie de afirmaciones endebles  de familiares de los supuestos “desaparecidos” quienes admitieron que sus informaciones venían de unas “llamadas anónimas”.

La juez Jara deberá explicar por qué le dio credibilidad al testimonio de Ricardo Gámez Mazuera, cuando ese testimonio fue totalmente desvirtuado y descartado por la Procuraduría General de la Nación  en 1990.

La juez Jara deberá explicar por que aceptó como válida la declaración de Edgar Villamizar Espinel, quien habría rendido “testimonio” en un potrero (un polígono de armas largas en la Escuela de Caballería de Bogotá) sin la presencia del defensor del Coronel Plazas, y sin que tal prueba hubiera sido decretada por la Fiscalía. Deberá explicar por qué no aparece la fecha de la recepción de tal “testimonio” y por qué tal “declaración” fue firmada por un Edgar Villamil (y no Villamizar). Deberá explicar por qué ella aceptó ese testimonio a sabiendas de que éste contenía mentiras sobre  la identidad y la condición del declarante, y a sabiendas de que no había la menor prueba de que Villamizar hubiera ingresado al citado polígono.

Ella deberá explicar por qué aceptó la versión de Villamizar sin que éste se haya presentado jamás al proceso, y cuando está comprobado que Villamizar no es testigo de nada pues no estuvo en las operaciones del palacio de justicia. Deberá explicar por qué ella rechazó las pruebas que demuestran que Villamizar, durante los hechos del Palacio de Justicia, estaba lejos de Bogotá, en el batallón Vargas de Granada (Meta), pues esa unidad probó que no había enviado a Villamizar, ni a ningún otro sub oficial, a la contienda del Palacio de Justicia. Ella aceptó ese testimonio que contiene otras falsedades: como la de que el jefe de Villamizar era un “Mayor Jairo Alzate Avendaño”, nombre que no existe en el los registros del Ejército de Colombia.

La juez Jara tendrá que explicar por que desestimó las declaraciones del civil José Vicente Rubiano Galvis, quien  como capturado durante los hechos del palacio de justicia, pasó la noche del 7 de noviembre de 1985 en instalaciones de la Escuela de Caballería, junto con tres personas más,  sin haber visto ni oído las pretendidas torturas y vejámenes de “rehenes” que Villamizar trató de  introducir al proceso. Tendrá que explicar por qué en la escuela de Caballería del Cantón Norte no fueron hallados cadáveres ni restos humanos como mencionaba Villarreal.

Las altas esferas de la justicia y de la Procuraduria conocen perfectamente estas cosas y saben que en ese proceso se violaron las leyes del país y que algún día esas violaciones saldrán a la faz del mundo. Quizás por eso, luego de la sentencia en primera instancia, ellos ordenaron una serie de movimientos curiosos en el personal judicial involucrado: la juez Jara fue enviada a Alemania y la fiscal que instruyó el caso fue destituida por faltas profesionales cometidas en el ejercicio de su cargo.

Con su carta de insultos contra Colombia la juez Jara trata de sepultar éstas y otras preguntas que saltan a la vista tras la lectura de su desdichada sentencia. Con su gritería desde Alemania ella no sofocará el gran malestar que ha dejado en Colombia su actuación.

25 de noviembre de 2010