RESERVA ACTIVA DE COLOMBIA: PARA NO OLVIDAR EL PASADO

lunes, 27 de diciembre de 2010

PARA NO OLVIDAR EL PASADO

MASACRE DE LAS FARC . El 29 de Diciembre de 2000, hace 10 años, las FARC cerca a Puerto Rico Caqueta, asesinaron a la familia Turbay, compuesta por Diego Turbay, quien era Representante a la Camara e integrante de la Comisión de paz del Congreso. Inés de Turbay su madre, también fué masacrada al igual que el arquitecto Jaime Peña y los escoltas Rafael Ocasiones, Edwin Angarita, Hamil Bejarano y Dagoberto Samboní. Su hermano Rodrigo tambien había muerto cuando se encontraba en cautiverio secuestrado por este mismo grupo terrorista.

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El drama del vecino

El drama del vecino

La tragedia venezolana se queda además sin quien la denuncie. Razón de más para que en Colombia dejemos de guardar este cómplice silencio.

Por: Mauricio Vargas

Fuente: Periódico El Tiempo

2:31 a.m. | 12 de octubre de 2014

Casi tanto como la tragedia que vive Venezuela, me aterra la indiferencia con que los colombianos la seguimos. El silencio del Gobierno Nacional es justificado, por voceros y defensores de la administración de Juan Manuel Santos, con el apoyo del régimen de Nicolás Maduro al proceso de negociación con las Farc. A estas alturas, se trata de una excusa tan manida como falsa: si es cierto, como dicen los negociadores del Gobierno en la mesa de La Habana, que los avances alcanzados son enormes, el proceso no debería tener reversa, ni siquiera si Maduro se molesta con Colombia.

Pero que el Gobierno prefiera taparse la boca no quiere decir que todos debamos imitarlo. La dimensión del drama que viven los venezolanos es enorme y espeluznante. La inflación de los doce meses recientes supera el 63 por ciento, por mucho la más alta del continente, impulsada por una escasez de alimentos y otros productos en niveles que alcanzan, en algunos rubros, el 70 por ciento.

La agricultura está postrada: las expropiaciones a los terratenientes y la concesión de tierras a los campesinos no fueron acompañadas de políticas de financiación y asistencia técnica, y el agro dejó de producir lácteos, carne y granos, que hoy urge importar. Pero, como venderle a Venezuela es un riesgo porque el régimen de Maduro no autoriza los dólares a los importadores, esos productos han dejado de llegar.

Cientos de grandes plantas industriales han cerrado y decenas de miles de pequeñas y medianas empresas desaparecieron. El caso de la salud es pavoroso: la escasez de insumos en los hospitales alcanza niveles del 60 por ciento y para muchas enfermedades, entre ellas el cáncer, faltan las medicinas.

La pobreza pasó de niveles de 21 por ciento, a los que había bajado en los primeros años del chavismo, a más del 27: esto a 2012, pues desde hace meses, el INE (el Dane de allá) dejó de publicar esas cifras. Se trata de un nivel muy similar al de Colombia, con la diferencia fundamental de la tendencia: acá va bajando y allá, subiendo. Y con una consideración que convierte en imperdonables los pecados del chavismo: ese empobrecimiento ocurre justo después de que Venezuela viviera la mayor bonanza petrolera de su historia, que en solo impuestos le dejó al fisco unos 350.000 millones de dólares, sin contar los aportes por 150.000 millones de dólares de la petrolera estatal PDVSA a supuestos programas sociales.

¿Qué pasó con esa plata? Una porción significativa está en los bolsillos de dirigentes chavistas y amigos del régimen, los boliburgueses, que exhiben sus camionetas Hummer, sus Rolex de oro y diamantes y su ropa de marca. Pero ahora que la crisis golpea y la miseria se dispara, las mafias de la corrupción chavista están al borde de la guerra civil, como lo demuestra el asesinato del joven diputado Robert Serra, por el que están detenidos dos de sus escoltas y hay un cruce de acusaciones en que incluso ha saltado el nombre del ministro del Interior, Miguel Rodríguez.

No fueron entonces, como dijo Maduro y repitió el expresidente Ernesto Samper, en su calidad de secretario de Unasur, los paramilitares colombianos los autores del crimen. Cómo será que hasta la canciller colombiana, María Ángela Holguín, tan cercana a Samper, tuvo que llamarle la atención por esas declaraciones. El crimen evidencia una guerra de bandas corruptas, que se suma a la galopante inseguridad que domina a Venezuela, con 25.000 muertes violentas al año.

Todo esto mientras una justicia al servicio del régimen encarcela a cientos de opositores, y la falta de papel (Maduro sólo autoriza su importación a los medios afines a él) obliga al cierre de decenas de diarios. De ese modo, la tragedia venezolana se queda además sin quien la denuncie. Razón de más para que en Colombia dejemos de guardar este cómplice silencio.

Mauricio Vargas

mvargaslina@hotmail.com

Los ataques políticos al Ejército de Colombia

Las contradicciones internas

Por: Plinio Apuleyo Mendoza

Fuente: Periódico El Tiempo

14 de Marzo de 2014

Las Farc son las grandes beneficiarias de estos desvaríos. Sus brazos políticos saben mover fichas para quebrar la moral del Ejército y, de paso, quitar del medio al ministro Pinzón.

Es lo que uno quisiera decirles, en primer término, al Fiscal General de la Nación, luego a la revista Semana, al propio presidente Santos y finalmente a la opinión pública, a propósito del sonado escándalo que terminó por remover la cúpula militar.

Precipitado, sin duda, el fiscal Montealegre cuando ordenó el allanamiento de las instalaciones donde el Ejército desarrollaba la operación de inteligencia Andrómeda. Precipitados, también, los medios de comunicación que en torno a este hecho desataron una gran polvareda. No había nada. Ninguna ‘chuzada’ –como se llegó a decir– a los comisionados del Gobierno en La Habana.

El otro escándalo todavía perdura. Se deriva de las grabaciones hechas durante el 2012 y el 2013 al coronel Robinson González del Río y a un enigmático Eduardo, amigo suyo; grabaciones que giraban en torno a sucias artimañas para conseguir contratos. La precipitación en este caso corrió por cuenta de Semana cuando creyó demostrar, con un explosivo despliegue, que los militares mencionados por González y su amigo estaban comprometidos en contratos amañados y asignados a dedo. ¿Cómo sustentar tal versión si el diálogo entre los dos pillos no demuestra compromiso alguno de los mencionados oficiales en tales manejos?

Lo del general Barrero es otro caso. En una conversación privada se permitió decirle a González del Río: “... hagan una mafia para denunciar fiscales y toda esa güevonada”. Sí, en términos parecidos se expresa el mundo militar cuando se refiere a procesos amañados y a falsos testigos a los cuales fiscales y jueces les dan crédito. Y no olvidemos algo: cualquier conversación privada de un colombiano –sea Presidente, ministro, portero o chofer de taxi– está salpicada de irreverencias. Dígase lo que se diga, un privado desliz verbal no puede acabar de un solo tajo con la carrera del Comandante General de las Fuerzas Militares.

Precipitado fue el presidente Santos cuando tomó esta medida, seguida luego por la remoción de seis altos militares. Esta vez, por obtener nacional e internacionalmente una imagen de transparencia, el Presidente no vaciló en poner en la picota el buen nombre de limpios militares. ¿De qué puede culparse al general Fabricio Cabrera, comandante de la aviación del Ejército? Su rigor en el estudio y adjudicación de licitaciones fue siempre reconocido. Igual prestigio ganó el general Manuel Guzmán, segundo comandante del Ejército, muy bien calificado también por el implacable control que estableció en el centro de reclusión militar de Tolemaida. Según estos dos generales, su caída tuvo relación con la queja presentada al presidente Santos por un cercano amigo suyo, el empresario Felipe Jaramillo. Este último –contratista de las FF. MM.– había sido sancionado en dos ocasiones por incumplimiento de contratos y después de ello rechazado como licitante por los dos oficiales.

El atropello cometido contra ellos provocó la renuncia de una figura emblemática en la famosa operación Jaque, el general Javier Rey. Incapaz de pasar por alto la aviesa interpretación que se hizo sobre él a propósito de las grabaciones a González del Río, solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Precipitada ha sido también la opinión pública cuando cree encontrarse frente a un fenómeno de corrupción en las Fuerzas Militares. La conversación de un malandro investigado por delitos de corrupción y tráfico de armas no puede tener semejante alcance. Sería lo mismo que considerar corrupto al clero por culpa de un cura pederasta o al cuerpo médico por la negligencia de un cirujano. No nos engañemos. Las Farc son las grandes beneficiarias de estos desvaríos. Sus brazos políticos saben mover fichas para quebrar la moral del Ejército y, de paso, quitar del medio al ministro Pinzón.

Plinio Apuleyo Mendoza

El golpe electoral al Centro Democrático el partido de Uribe Velez

El Gran Chocorazo

Por Fernando Londoño Hoyos

Fuente: Diario El Tiempo

12 de Marzo de 2014

Vano resultaron todos los esfuerzos para averiguar lo que pudiera decir la palabra ‘chocorazo’ en lengua castellana. Ni rastro de ella, ni siquiera en diccionarios etimológicos que nos sirvieran de aproximación al término. El chocorazo es cosa enteramente nuestra. Pero tan universal y expresiva que no habrá un lector que no sepa, exactamente, a qué estamos haciendo referencia, es decir, al impúdico fraude del 9 de marzo, a las elecciones más sucias que el país ha sufrido en tanto tiempo, pues que en nada se comparan con otras.

Pero qué le vamos a hacer. Lo primero que en una democracia decadente se pierde es el pudor y cada partido tiene, para cada momento, los jefes que merece. Este robo electoral se ha hecho sin antifaz ni rubor. Parecería que el ladrón no ha tenido el gesto cortés de taparse la cara. Al contrario, no solo roba, sino que hace alarde del robo y lo robado.

Tenemos la prueba del fraude y la vamos a compartir con ustedes. Y no ha sido lograda de noticias encubiertas o de revelaciones extraordinarias. Nuestra prueba viene de lo que se llama la inteligencia visible, que suele ser más espectacular y concluyente. Vamos a ella.

Empecemos por un hecho insólito. Cada partido político tiene los héroes y los jefes que se merece. Y puestos a elegir entre los grandes triunfadores de estas putrefactas elecciones, a nadie le cabría duda de cómo sus gestores principales son dos personajes del partido de ‘la U’, naturales del departamento de Córdoba y que extendieron sus alas de murciélago sobre todos los departamentos de la Costa y que aún tuvieron la osadía de posarse en Antioquia. Se llaman Musa Besaile Fayad y Bernardo Miguel Elías Vidal, a quien cariñosamente apodan el ‘Ñoño’. No se fatigue la memoria ni se sienta apocado, lector querido. Usted no recuerda esos nombres porque no tiene motivo. Contestan a lista en el Congreso y agotan su tarea. Nadie les ha oído una oración completa, ni han intervenido en un debate, ni entre los dos suman una cuartilla escrita. Simplemente, son eficaces en el arte maldito de reclutar votos sombríos.

Ahora caemos en cuenta de que sí puede usted recordarlos. Cuando se publicó la lista y detalles del más grande peculado cometido en Colombia, el de la enmermelada de Santos a su Congreso, aparecieron como campeones en el recibo de aquella repugnante merced. Y ello por razón obvia. Porque el fraude se comete con los más capaces de aprovecharlo en beneficio de los autores.

Pues Besaile y el ‘Ñoño’ montaron sus cuarteles en todos los rincones de la Costa y ejecutaron con primor su cometido. Consiguieron tantos votos, que lograron, con los buenos oficios de la Registraduría, convertir en victoria la apabullante derrota que sufría el partido de la U, el del Presidente, para que hablemos claro. Y tenemos la prueba de inteligencia visible o descubierta. La anunciamos y vamos a enseñarla.

Con estadísticas oficiales en la mano, les contamos que entre los departamentos de Atlántico, Córdoba y Sucre se comprende el 9 por ciento de la población de Colombia, regalándole unas décimas a la cuenta. Pues, pásmense ustedes. En esos tres departamentos, electoralmente perezosos por vieja tradición, ha aparecido el 26 por ciento, más de la cuarta parte, de todo el Senado de la República. Atlántico tiene el 5 por ciento de la población del país y eligió 10 senadores; Córdoba, con el 3 por ciento de la población eligió 9 senadores, y Sucre eligió 7 con el 2 por ciento del censo nacional.

Santos no es dueño de ‘la U’. ‘La U’ les pertenece a Musa y a ‘Ñoño’. Y Musa y ‘Ñoño’ son los nuevos dueños del Congreso. Que no se nos olvide: con la participación eficaz de otro patriarca. Se llama Yahír Acuña y de sobra es conocido de autos. Hasta para los chocorazos hay que tener cierta elegancia. El presidente Santos no la conoce.

Fernando Londoño Hoyos

Como votar mañana Domingo 9 de Marzo de 2014 para no caer en la órbita del Castro-chavismo

Colombia no puede ser otra Venezuela arruinada política y económicamente; y lo más grave, caer bajo una dictadura que plante en nuestro territorio las banderas de Cuba y Venezuela. Con este escándalo de supuestas “chuzadas” y corrupción al interior de las Fuerzas Militares que levantó inescrupulosamente la revista Semana, se están dando los primeros pasos para tomar medidas para debilitar los organismos de seguridad del Estado para poder imponer doctrinas foráneas proclives al comunismo internacional. Razón por la cual estamos invitando a votar mañana de la siguiente manera:

Senado (Circunscripción nacional): Marque X en la casilla de Centro Democrático.

Cámara Bogotá: Marque X en la casilla Partido conservador 110 que es Jaime Uscategui Pastrana, hijo del General condenado injustamente Jaime Uscategui.

Parlamento Andino: Marque X en Blanco

Partido Verde: Marque X por Peñalosa

Votando así, (por estas bancadas), derrotaremos a los Castro-chavistas y a los pacifistas que quieren conseguir la paz a cualquier precio aún entregando la nación colombiana.

Ataque político al Ejército de Colombia

MAL PENSADO / ARIETE

Por: GUSTAVO ÁLVAREZ GARDEAZÁBAL

- Cali | 08:20 Am

'EL PRECIO PAGADO POR PURGAR A LOS QUE NO QUIEREN LA PAZ DE LA HABANA VA A SER MUY ALTO'.

No hay nada más fastidioso que un aguafiestas, pero tampoco hay nada más colombiano que pensar que la presunta verdad no lo es y que siempre nos están engañando.

En el caso de la crisis militar que ha removido las estructuras de credibilidad en el Ejército, una revisión juiciosa podría llevarnos a construir una hipótesis válida. El generador del problema fue el general Barrero, comandante de las Fuerzas Militares, cuando en acto público le dijo al presidente Santos que en la mesa de La Habana el Ejército no podría ser tema de negociación.

El presidente reaccionó a su estilo. En ocho horas la revista Semana, que dirige su sobrino, estaba adelantando en la página web la denuncia de las chuzadas a los negociadores.

Pero como el tema lo manejaron con las patas, tanto el presidente como sus asesores, y se les volvió un bumerang, tuvieron que publicar la filtración de unas investigaciones de la Fiscalía a altos oficiales por los contratos del Ejército para que empezaran a rodar cabezas. El precio pagado por purgar a los que no quieren la paz de La Habana va a ser muy alto.

La credibilidad en el Ejército se ha vulnerado. La obediencia de coroneles, capitanes, tenientes y soldados a las órdenes presidenciales no se garantiza. La oposición a una paz negociada recorre las fibras armadas y la polarización del país entre uribistas y santistas terminó por contagiar a las Fuerzas Militares.

Si a eso agregamos el malestar creciente de los 21 mil patrulleros que se vieron burlados por los 35 o más que tuvieron acceso anticipado a las preguntas del Icfes, y la campaña electoral y la inminencia de una batalla por usar el voto en blanco contra la reelección, el asunto se complica.

Desde afuera parecería que la vanidad y la estulticia están primando sobre la serenidad y la lucidez. ¿O será que soy un mal pensado?

GUSTAVO ÁLVAREZ GARDEAZÁBAL

eljodario@gmail.com

Ataques al Ejército de Colombia

GOLPE A FONDO

Por: Mayor General (RA) Eduardo Santos Quiñones

Hace muy poco hablábamos de un “Golpe Bajo” que se le dio a la Inteligencia Militar, al determinarse por simples sospechas, un allanamiento en el Barrio Galerías contra una Central de Inteligencia que utilizaba como fachada un restaurante (BUGLLY HAKER o ANDRÓMEDA) desde el cual supuestamente se efectuaban “chuzadas”. El anuncio de REVISTA SEMANA levantó ampollas dejándose entrever inicialmente una ILICITUD que atentaba contra el Proceso de Paz, para luego darle el sello de LÍCITA por el propio Presidente en nefasta contradicción, pues tal vez todo apuntaba al proceso electoral que se avecina. Sea como fuere, resultaron separados de sus cargos dos Generales mancillándose su HONOR y por ende el de los hombres que tan esmeradamente trabajan en esta labor que genera el desarrollo de operaciones militares y la anticipación de actos terroristas de los subversivos contra la población y sus recursos.

Pasado el episodio como a segundo plano (seguramente porque nada se encontró). Esta semana se dio OTRO GOLPE A FONDO contra la institución armada por parte de la misma revista al revelar conversaciones de un coronel detenido por presuntas irregularidades, con quien hasta el martes fue el Comandante General de las Fuerzas Militares, con el agravante de que había actos de corrupción en el ejército nacional.

No cabe duda de que este certero golpe se constituyó no solo en el “noticiononón”, sino en una verdadera pesadilla para nuestros hombres en armas. Se destituyó al General Barrero Gordillo por pronunciamientos descomedidos contra la majestad de la justicia debido a una conversación que este sostuvo en el año 2012 con el coronel detenido; de paso no hubo un Barrero, sino un barrido de generales que ostentaban diferentes cargos. El Comandante General salió por sus irrespetos a la Fiscalía, quien era el Jefe de Estado Mayor Conjunto lo hizo por solidaridad al igual que el Jefe de Operaciones del Comando General; otro General tuvo que dar el paso al costado porque el nuevo Comandante del Ejército es menos antiguo y los demás porque hasta ahora se descubrió que hubo supuestos descuidos en la supervisión de contratos y manejo de gastos.

El acontecimiento duele y desconsuela, por cuanto, no solo se afectaron unos generales, sino, todos los hombres y mujeres que con orgullo visten el uniforme. Su moral y ansias de lucha por ver una Colombia mejor creo están menoscabadas y bien menguadas. Lastimosamente este tipo de situaciones se evalúan no desde el punto de vista personal, sino se toma como base toda una Institución conformada en su gran mayoría (98%?) por personas que solo buscan el bien de este país aún a costa de sus propias vidas. Estos casos tomados en conjunto (El Ejército Nacional), hacen incalculables daños, pues no es una persona la que falla en la familia sino toda ella, presa de malos miramientos posteriores.

Es de considerarse entonces que el honor militar no puede pisotearse en forma desleal. Desde luego, que si se comprueban actos de corrupción y hechos punibles, estos deben ser castigados con severidad pues lo que aprendimos desde jóvenes fueron muchos principios y valores; pero lo que observamos, es una franca arremetida por parte de esta revista contra los militares; es una especie de ensañamiento contra la más querida de las Instituciones que por décadas no ha hecho más que trabajar con fervor y entusiasmo porque nuestros compatriotas vivan sin altibajos y sobresaltos.

Caben muchos interrogantes ante estos dos golpes: ¿Cuál era el afán de allanar el restaurante BUGLLY HAKER si no se tenía certeza de una ILICITUD? ¿Por qué hasta ahora aparecen “chuzadas” no de Militares sino contra ellos desde el 2012? ¿Será que la Institución está infiltrada por malquerientes? ¿Por qué se buscó la cabeza del Comandante General de las FF.MM? ¿Fines políticos como él mismo lo afirmó? ¿Tendrá esto qué ver con las conversaciones que se adelantan en La Habana para desde ya ir minando la capacidad de las Fuerzas Militares y de Policía? Es muy posible, así se haya dicho que estas son intocables en la negociación. Veamos por ejemplo apartes de las nueve propuestas mínimas para la participación política de las farc escrito por la delegación de paz de este movimiento en septiembre del pasado año:

“Punto 4: Se habla del derecho universal de la subversión contra el Estado.

Punto 5: Proscripción de las doctrinas contrainsurgentes y de Seguridad Nacional. El Estado se compromete a la revisión substancial de las Fuerzas Miliares y de Policía, por lo tanto es necesaria la conversión de estas.

Punto 7 : Se reconocerá el derecho de la protesta y de la movilización social y popular, es decir, el derecho a la subversión con independencia de las formas que esta asuma… Se derogará la Ley de Seguridad Ciudadana.

Punto 8: Se prohibirá de manera expresa y taxativa cualquier tratamiento Militar y de guerra a la legítima movilización social o popular. En especial se procederá al desmonte del Escuadrón Antimotines y Disturbios (ESMAD).

Punto 9: …Funcionarios públicos de alto nivel y medios de comunicación merecerán especial atención; estarán sometidos al control social y veeduría ciudadana sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar.

Todo lo que arguyen las FARC, será refrendado en una asamblea nacional constituyente”.

Como se observa, estamos empezando por el quebranto de las Fuerzas Militares y de Policía. Estamos desinformados, pero muchos conocen lo que se está cocinando sin que nos digan absolutamente nada. Esta información era del punto dos de las negociaciones y ya vamos en el tres relacionado con el narcotráfico. ¿Qué se ha aceptado? Las respuestas las tiene bien claras el Presidente, otros personajes, el Doctor de la Calle y su equipo negociador. A lo mejor las tenga también la revista Semana que vive tan informada.

Defendiendo a Petro

Saul Hernández Bolívar

Por encima de la ley

El doctor Petro y su troupe de barrabravas se parecen al traductor de señas para sordos de los funerales de Mandela: no saben qué monerías inventarse para mantener la patraña. Las argucias son varias.

Que el Procurador no tiene competencia para destituir al Alcalde Mayor de Bogotá. Falso. El Estatuto Orgánico de Bogotá (Decreto Ley 1421 de 1993) es claro en que el Presidente destituirá o suspenderá al Alcalde Mayor, entre otras causales, “cuando así lo haya solicitado el Procurador”. Que el Procurador no puede destituir a funcionarios elegidos por el pueblo. Falso. Los artículos 277 y 278 de la Constitución son contundentes. De hecho, en los últimos 10 años, la Procuraduría ha destituido a 791 funcionarios elegidos por votación popular, sin que nadie chille. Edgardo Maya Villazón destituyó a 460 entre el 2004 y el 2008, y Ordóñez ha hecho lo propio con los 331 restantes.

Que el Procurador actúa con sesgo por intolerancia política y/o religiosa. Falso. De los sancionados por Ordóñez, el 80 por ciento son de derecha (‘parapolíticos’) y solo el 5 por ciento, de izquierda. Que el problema de las basuras es un asunto de menor trascendencia. Curioso decirlo, pues el mismo Petro trató de revocar al alcalde Jaime Castro por el caos ambiental en que la estatal Edis tenía sumida a Bogotá hace 20 años.

Que la sanción fue excesiva. Piedad Córdoba fue inhabilitada por 18 años, Andrés F. Arias, por 16; Alonso Salazar, por 12; Cielo González, por 11; Juan C. Abadía, por 10... Y Maya Villazón le metió 12 años de inhabilidad a Fernando Londoño Hoyos por el caso Suárez Vacca –el juez que liberó a Gilberto Rodríguez Orejuela–, sanción promovida por Carlos Gaviria Díaz y otros congresistas de izquierda, y 15 años en otro proceso por supuesto favorecimiento ilegal de un consorcio italiano que construyó la Vía al Llano.

La verdad es que el fementido ‘golpe de Estado’ al Alcalde de Bogotá se ha convertido, más bien, en un infame matoneo contra el procurador Ordóñez y contra una institución que merece el respeto de propios y extraños. La odiosa intromisión del representante de la ONU, Todd Howland, debería ser suficiente para declararlo persona no grata y pedirle su retiro del país. En Venezuela –como hizo Chávez con José Miguel Vivanco– lo habrían escoltado al aeropuerto.

Por su parte, las declaraciones del próximo embajador de los Estados Unidos, Kevin Whitaker, son asombrosamente insólitas puesto que avalan la tesis de Petro en el sentido de que sancionarlo atenta contra el proceso de paz, lo que convierte a los terroristas en intocables. Y no estaba resaltando la vitalidad de nuestras instituciones, como quiso hacerlo ver la secretaria de Estado adjunta, Roberta Jacobsen, sino todo lo contrario. Un gobierno serio le negaría el beneplácito.

Finalmente, el fiscal Montealegre no tuvo empacho en enviar el CTI de la Fiscalía –¿mandado desde La Habana?– a buscar pruebas de un delito imaginario cuando en todo el país campea el crimen y hay miles de casos reales por investigar, y cuando debería aclarar las graves acusaciones que le ha hecho la contralora Morelli. Eso de devengar 4.000 millones de pesos en siete añitos, por asesorías a Saludcoop, parece más un enriquecimiento ilícito.

Al inepto y arrogante Gustavo Petro le advirtieron en todos los idiomas que en este y otros casos, su actuación rayaba en la ilegalidad. Pero no le importó. Conscientemente asumió que el suyo era un caso especial que trascendía toda norma, que ser un desmovilizado lo ponía por encima de la ley y que las negociaciones con las Farc lo blindarían porque, al parecer, allá no solo se está tramitando impunidad sino también inmunidad, una combinación fatal.

Saúl Hernández Bolívar

El tiempo 17 de diciembre 2013

Conflicto con Nicaragua

Conflicto con Nicaragua

Fuente: Circula en correos por Internet

Nota Introductoria:

Todas las comparaciones son odiosas, pero qué ejemplo nos ha dado la Sra. Presidente y el Pueblo De Costa Rica ....pero comparemos...

Los invito a leer el Pronunciamiento de un a país y una Presidente que defiende la soberanía, la integridad territorial y los intereses de su país, sin ambages, sin miedo, sin temor, sin genuflexión ante su mal vecino, que convoca a su pueblo a unirse y defender su territorio, que no se esconde ante las amenazas e intimidaciones de Ortega, presidente socialista, abusivo y expansionista. Eso sí es tener carácter, dignidad o mejor pantalones bien puestos.

Pronunciamiento del Gobierno de la República de Costa Rica ante las pretensiones expansionistas del Gobierno de la República de Nicaragua.

A las y los costarricenses y a los países latinoamericanos:

Un gobierno adversario de Costa Rica que hace tan sólo dos años invadió una porción de nuestro territorio en la zona norte del país y que recientemente ha pretendido usurpar territorio marítimo costarricense, cuestiona ahora nuestros legítimos derechos sobre el territorio de Guanacaste.

Más increíble e infame aún, con talante expansionista y en el marco de una ceremonia militar, anuncia desde Managua, la insensata ambición de “recuperar ese inmenso territorio”.

¡En nombre del pueblo y Gobierno costarricense, rechazo tales pretensiones absurdas e irrespetuosas!

Costa Rica no acepta que se cuestionen sus derechos absolutos sobre la provincia de Guanacaste, ni tampoco en lo tocante a los linderos de nuestro territorio nacional.

Los límites territoriales con Nicaragua fueron acordados con toda solemnidad, mediante legítimos convenios y tratados en el siglo XIX. Por ello, Costa Rica desecha cualquier llamado a diálogo que pretenda cuestionar su integridad territorial y su soberanía.

Nicaragua no tiene ningún derecho sobre Guanacaste.

El comandante que manda el régimen de Managua, atropella la realidad histórica y jurídica para ofendernos y pretender engañar a su propio pueblo.

Los pueblos del Partido de Nicoya se anexionaron a Costa Rica el 25 de julio de 1824 por su propia voluntad. El Congreso Federal de Centroamérica aprobó esa anexión en 1826. Otros pueblos fueron agregados a aquel territorio para formar en 1835 el departamento de Guanacaste. El tratado Cañas-Jerez, definió en 1858 los límites territoriales entre Costa Rica y Nicaragua. Es mentira que este tratado haya sido negociado bajo presión externa.

Esta es la verdad histórica de los hechos.

Lo cierto es que el presidente Juan Rafael Mora, al frente del Ejército Expedicionario, había ido a Nicaragua para librar a ese pueblo hermano de la esclavitud impuesta por las tropas filibusteras que llegaron a Centroamérica en contubernio con una de las facciones de su guerra fratricida.

Se equivoca ese comandante que agravia a la patria de Don Juanito. Los costarricenses somos un pueblo pacífico pero dispuesto a responder a tales insolencias mediante la fuerza de nuestras convicciones, de la verdad histórica y del derecho internacional.

El conflicto de isla Calero será resuelto a su hora por la Corte de La Haya. Los límites marinos deberán ser objeto de un proceso de diálogo franco y abierto, previa delimitación temporal hecha por las Naciones Unidas. Pero que no les quede la menor duda, a Guanacaste ¡no pasarán!

Hoy como ayer, defenderemos el territorio nacional con los recursos legales e internacionales que estén a nuestro alcance y con la misma convicción con que se defiende la santidad del hogar y se protege a la familia.

El día de hoy, hemos tomado las siguientes decisiones:

1. Citar al Embajador de Nicaragua en Costa Rica para entregarle una enérgica nota de protesta.

2. Llamar en consulta al embajador de Costa Rica en Nicaragua, como expresión de nuestro malestar.

3. Proceder a informar a la Organización de Estados Americanos, en la persona de su Secretario General en el marco de la reunión de consulta de cancilleres que se mantiene abierta por la invasión a Isla Portillos desde el año 2010.

4. Proceder a informar al Secretario General de las Naciones Unidas y a la Presidencia del Consejo de Seguridad de dicho órgano sobre la amenaza proferida contra Costa Rica, para que tomen nota ante la eventualidad de futuras acciones.

Adicionalmente, seguiremos desplegando los planes de trabajo que están en marcha para el fortalecimiento de la seguridad de nuestra frontera norte, mediante el desarrollo de los pueblos fronterizos, la construcción de la Ruta 1856 y una mayor y más efectiva presencia policial.

Queridas y queridos compatriotas:

El Gobierno de la República convoca a los hijos de esta tierra de paz y libertad a unirnos en la defensa del honor patrio, mediante el repudio de tales actos. Basta ya de afrentas, infamias y bravuconadas.

Aplaudimos el sentido de unidad nacional que se recoge en la moción aprobada hoy de manera unánime por las señoras y señores diputados de nuestro congreso. Celebramos las manifestaciones de rechazo a las pretensiones del Gobierno de Nicaragua emitidas por los alcaldes y municipalidades de la provincia de Guanacaste.

Respetamos al hermano pueblo nicaragüense pero repudiamos la desvergüenza de quien intenta ultrajar la dignidad de Costa Rica.

¡Hoy, al igual que hace 189 años la voluntad de Guanacaste se impone de nuevo en la historia y su anexión a nuestra patria, nos seguirá por siempre cubriendo de gloria!

LA DIGNIDAD DEL EJÉRCITO

CON LA DIGNIDAD NADIE COME, PERO SI LLENA MUCHISIMO

“La dignidad, o «cualidad de digno», hace referencia al valor inherente al ser humano en cuanto ser racional, dotado de libertad y poder creador, pues las personas pueden modelar y mejorar sus vidas mediante la toma de decisiones y el ejercicio de su libertad”.

La dignidad se explica en buena medida por la «autonomía» propia del ser humano, como vieron ya Platón, Pico della Mirandola y Kant, pues sólo el que sabe y puede gobernarse a sí mismo, según un principio racional, resulta "señor de sus acciones" y en consecuencia, al menos parcialmente, un sujeto libre; al regular su comportamiento según normas propias, según el significado etimológico de la voz griega 'autonomía', ya no es un mero súbdito, ya no está bajo el dictado de otro, sino que es un ciudadano. Entendemos que esa autonomía o dignidad es solo un «potencial de emancipación» respecto a las necesidades e imposiciones naturales o sociales y en la historia universal del género humano. La dignidad humana es un valor o (derecho) inviolable de la persona.

Al ser más abyecto hay que reconocerle la posibilidad de ser otra cosa que lo que es. Así, la vida humana es respetable siempre porque puede ser algo más que vida, vida con sentido, o sea, biografía.

Una persona digna puede sentirse orgullosa de las consecuencias de sus actos y de quienes se han visto afectados por ellos, o culpable, si ha causado daños inmerecidos a otros. La misma dignidad que nos pone por encima de la naturaleza, pues podemos transformarla también en nosotros mismos, contenerla, regularla, nos hace responsables). (Wikipedia)

Son muchos los hechos que pasan y que atañen a las Fuerzas Militares, que al juntarlos, nos muestran un panorama y ambiente sombrío y enrarecido, que es preciso recordar.

En el año 2012, el Comandante General de las FFMM acompaño al Presidente de la Republica al Norte del Cauca a una reunión con los indígenas que protestaban, como en cada gobierno lo hacen, con el fin de conseguir por la fuerza y las amenazas más recursos, que no reciben otras regiones del país, que si son productivas. Allí el presidente Santos pidió perdón a los indígenas por las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado, reunión en la que el Comandante General de las Fuerzas Militares, no sé si en un acto de lamboneria extrema o por insinuación u orden del Presidente, se sumó al Jefe del Estado y también pidió perdón a los indígenas por las violaciones cometidas por las Fuerzas Militares, hecho que tiene consecuencias impredecibles para todos sus integrantes y que, de por sí, tiene un impacto sobre las tropas, especialmente las ubicadas en esa zona, pues el mensaje que llega es que los indígenas, por supuesto, los pertenecientes a las grupos terroristas, son intocables, so pena de ir a parar a la cárcel.

El 9 de abril de 2013, se obligó y se aceptó por parte de las Fuerzas Militares, participar en una marcha organizada por Marcha Patriótica, manejada por alias Teodora, Piedad Córdoba, afín a las Farc, por no decir el ala política abierta de las Farc, financiada por las Farc, en la que el Presidente, a sabiendas de ello marcho, haciéndose acompañar ´por los militares mutilados por esas mismas Farc que patrocinaban la marcha. En ella militares y civiles de las FFMM marcharon.

La marcha era un acto político, en el que se utilizó a nuestros héroes por parte del presidente Santos para obtener beneficios políticos, que sentó un mal precedente al convertir a las Fuerza Militares de un Estado en unas Fuerzas Militares de un gobierno, por más que se argumente que constitucionalmente están bajo el mando del Presidente y que es el Comandante Supremo. Si involucro a las Fuerzas Militares en actividades políticas, como no sucedía desde la llamada época de la violencia en los años 40.

El 20 de Julio del 2013, el presidente Santos paró el desfile militar que se realizaba en Bogotá, como tradicionalmente se ha hecho, para, en un gesto teatral fríamente calculado, saludar a su hijo Esteban Santos, utilizando la celebración patria para ganar imagen personal a costa de las Fuerzas Militares. Según una fuente confiable, treinta y seis Comandos del BATALLÓN de COMANDO N- 1, más conocido como el BACOA, oficiales, suboficiales y soldados profesionales, decidieron, de manera conjunta, solicitar el retiro de la fuerza, por honor. Así lo manifestaron los uniformados quienes se vieron humillados y vulnerados, cuando altos mandos de las Fuerzas Militares los obligaron, en la parada militar de ayer, a formar a la izquierda de Esteban, hijo del Presidente Juan Manuel Santos, quien presta su servicio como soldado bachiller en la Escuela de Lanceros y por norma no pueden realizar el curso de Lanceros, seguramente adelanto el curso lancerillo establecido para los soldados, que sirven de auxiliares de instrucción, y que no pertenece a ninguna fuerza de comando, como se lo presentó a los ciudadanos. (Periódico Digital El Debate)

No hay derecho a que se haga política de la peor calaña con nuestros combatientes, que mueren asesinados en el campo de batalla, pero además, son irrespetados en su honor por Santos y algunos superiores, en el desfile.

El manejo de las Fuerzas Militares para sus fines privados electorales, es un abuso del Presidente y una falta de dignidad de los Comandantes General y del Ejercito, que generan malestar en los militares activos y en la Reserva, que además, demuestra una sumisión personal e institucional inaceptable y poco dignas para un Ejército que ha ganado un prestigio y un lugar en el corazón de los colombianos, a punta de sacrifico, trabajo, muertes, mutilaciones, persecución de la justicia ordinaria y algunos medios de comunicación, para que ahora, quienes deberían defender lo alcanzado y el futuro de las Fuerzas Militares, se sometan a este tipo de abusos del Presidente, por el solo hecho de atornillarse al cargo o seguramente pensando en una embajada o puesto en el gobierno, que hoy nos desinstituye.

Mayor General (RA) CARLOS O. QUIROGA FERREIRA

Pisoteado el Fuero carcelario de los militares

¿INJERENCIA INDEBIDA O MANDADO?

En el diario “El Tiempo” del 4 de Mayo, apareció un artículo-entrevista al MG de la Policía Gustavo A. Ricaurte, director del INPEC, quien en sus respuestas no oculta su sentir y su animadversión por todo lo que sea militar, excepto su grado, por supuesto.

No tiene respeto por el mismo ministerio de Defensa cuando afirma que habrá un nuevo centro carcelario en las instalaciones de la Escuela de Artillería al que se invertirán 75.000 millones de pesos, como si estuviera investido de tal poder que le diera el derecho de decidir por encima del mando militar sobre el particular, lo que demuestra su falta de consideración, irrespeto e injerencia indebida.

Afirmar impúdicamente que es partidario de que los centros de reclusión sean administrados por civiles, no solo atenta contra la majestad de las instituciones militar y policial, sino muestra su crasa ignorancia sobre la capacidad y razón de ser y existir de la Policía Militar o sus equivalentes en las fuerzas, cuerpo entrenado y preparado en el manejo y administración de estos centros.

Valerse de las irregularidades que, a pesar de ser denunciadas por los medios de comunicación, ya habían sido detectadas y estaban en camino de corrección por los mandos naturales, no solo es temerario y atrevido sino sospechoso; no se justifica que estos eventos ocurran, pero preocupa que sean usados para desprestigiar la institución militar solapadamente. Siguiendo los mismos razonamientos utilizados por este encubierto contradictor, podría sugerirse que se acabe el INPEC pues, con mucha mayor frecuencia ocurren fugas, tráfico de influencias y de elementos, malos manejos y descuidos y que al frente, entonces, de esa dependencia se ponga un civil.

No; por ahí no es; no se busca el origen de la calentura en las sábanas; tales fallas, como el mismo General Ricaurte lo reconoce, corresponden a conductas de menos del dos por ciento de los internos, entonces, en sana lógica, resulta innecesario hacer una tormenta en un vaso de agua. Eso sí, debe haber correctivos que le garanticen a la sociedad y a los mismos internos el castigo y la resocialización, sin aprovechar la coyuntura para demostrar su animadversión por el Ejercito, oculta tras argumentos acomodados y sofísticos.

Si, tenemos muchas quejas del sesgo y la inquina por todo lo militar del señor General Ricaurte, quien en no pocas veces ha perjudicado al personal que pasa detenido, soslayando, burlando o torpedeando el fuero carcelario que otorga la ley, ora demorando, ora obstaculizando en sus decisiones administrativas la asignación del lugar de reclusión y causando zozobra y dolor en los afectados y sus familias; y, no por ello hemos descalificado la Policía Nacional a la que pertenece, ni tampoco al INPEC, ya que sabemos que su posición es personal y obedece a sus odios personales.

Nos preocupa, eso sí, que sus desafectos estén incentivando la división y la armonía que deben existir entre los miembros de la Fuerza Pública y generando un clima de enfrentamiento entre dos instituciones, que deben trabajar mancomunada y estrechamente. Sus ojerizas, Señor General, llevadas a la práctica, están contra lo dispuesto en la Constitución Nacional y, principalmente, contra el sentido común. Lo que aquí perjudica al Ejército, perjudica también a la Policía.

Hacemos un llamado a la reflexión y a la cordura al señor General Ricaurte y sus asesores. Las cárceles para los militares y policías no son un capricho, que existan o no, no es un sentir de algún funcionario, obedece a un fuero vigente en nuestra constitución, es un derecho del hombre y una obligación del Estado que debería convertirse en prioridad para quienes tienen la responsabilidad de su administración, es una obligación moral y una condición de solidaridad para quien porte un uniforme y ostente un grado militar. Nos queda una duda: ¿Es su sentir, o se trata un mandado, señor General?

DEFENSA DEL FUERO MILITAR

La periodista María Jimena Duzán entrevista al General Fernando Tapias

Fuente: Revista Semana

13 abril 2013

"Apoyamos el proceso con escepticismo": General Tapias

EN PLATA BLANCA, el general retirado Fernando Tapias, comandante de las Fuerzas Armadas en la época de El Caguán, habla de la forma como los militares miran las conversaciones de La Habana.

MARÍA JIMENA DUZÁN: ¿Cómo se ven las conversaciones en La Habana dentro del estamento militar?

Fernando Tapias: Le voy a ser sincero. A pesar de que apoyamos el proceso de paz yo sí diría que hay un escepticismo producto de la misma actitud que tuvieron las Farc en procesos anteriores en los que prometieron una cosa e hicieron otra. En los acuerdos de La Uribe y en El Caguán se comprometieron a no extorsionar y a no secuestrar, y en la práctica no cumplieron nada de lo que prometieron. Los mayores y tenientes coroneles de el Caguán son hoy los generales que están mandando en las unidades del Ejército y ellos vivieron en carne propia los ataques de las Farc. Se lo digo con la autoridad que me da el haber sido el comandante de las Fuerzas Armadas durante el proceso de paz de El Caguán.

M. J. D.: ¿Pero esa misma incertidumbre que sintieron en el Caguán es la misma que están sintiendo hoy con el proceso de paz que se adelanta en La Habana?

F. T.: Hoy puede ser menor la incertidumbre. Pero cuando sale Iván Márquez a decir que no tienen ningún secuestrado y que no tienen una relación con el narcotráfico… ¡Eso no se lo cree ni él mismo!

M. J. D.: ¿Pero no cree que con la representación del general Mora en la mesa de La Habana se reduce ese escepticismo?

F. T.: Sí, claro. En El Caguán también estuvo el general Forero Delgadillo. Recuerde que cuando él no estuvo de acuerdo tuvo la entereza de pararse de la mesa. Eso hizo cuando lo del viaje a Europa. No fue.

M. J. D.: ¿Qué piensan ustedes cuando se habla de la posibilidad de que los señores de la Farc dejen las armas y entren a la política legal mientras que hay militares en la cárcel por haber cometido abusos en su guerra contra las guerrillas?

F. T.: En las guerras hay abusos y efectos colaterales, y muchas veces ni la Justicia ni la opinión pública entienden cuáles son esos efectos colaterales.

M. J. D.: Explíquemelos, general.

F. T.: Efectos colaterales es cuando usted está en un combate y pierde la noción del empleo de la fuerza porque la situación se desarrolla en una forma tan compleja que no se pueden controlar. Le cito casos: en Irán el Ejército norteamericano bombardeó hospitales, pero no era porque tuviera esa intención sino porque tenía inteligencia que resultó errónea. Allí también confundieron a unos periodistas con civiles, pero nadie puede decir que los soldados estaban convencidos de que estaban matando a periodistas.

M. J. D.: ¿Y debo entender que lo que ustedes quieren es que esos uniformados que cometieron abusos que ustedes denominan como ‘efectos colaterales de la guerra’ y que están presos deberían ser beneficiados con los mecanismos de justicia transicional que el gobierno está proponiendo para las Farc?

F. T.: A ver le explico. Aquí se habla mucho de verdad, justicia y reparación y no se habla de equidad. Y si no hay equidad en el tratamiento de todos los que han estado en el conflicto la violencia no va terminar. Se transforma, pero no se acaba.

M. J. D.: ¿Y qué es para usted equidad?

F. T.: Que si hay justicia transicional para quienes agredieron o atacaron al Estado, la haya también para quienes se excedieron en el cumplimiento de su deber defendiendo al Estado.

M. J. D.: Pero es que no hubo solo abusos de fuerza, como usted señala, sino delitos graves de lesa humanidad, como sucedió con el tema de los falsos positivos.

F. T.: Eso es otra cosa. Los falsos positivos no tienen nada que ver con actos de servicio. Yo me refiero a los abusos que se cometen y que tienen relación con el servicio. De casos emblemáticos para nosotros como el del Palacio de Justicia o el del general Uzcátegui. ¿Cómo va a ser justo que quienes se tomaron al Palacio de Justicia estén gozando de todas las garantías democráticas y que quienes por orden del mismo gobierno, del presidente y sus ministros, lo defendieron estén en la cárcel? ¡Eso es un despropósito!

M. J. D.: Y sin embargo, hace más de 20 años, cuando el M-19 se desmovilizó y propuso que la amnistía que los iba a cobijar se ampliara a los militares ustedes la rechazaron con el argumento de que era indigno que a los militares y a los guerrilleros los pusieran en el mismo rasero.

F. T.: No sé porque se opusieron. Tal vez tuvo que ver con la forma en que fue presentada la propuesta. Probablemente, en esa oportunidad faltó mucha comunicación entre el gobierno y el estamento militar, entre otras porque partió de la base de que a los militares había que tenernos compartimentados porque dizque nos íbamos a oponer a la paz. Le cuento que yo fui con el presidente Betancur a un viaje a España y nunca me comentó que se iba a reunir con el M-19. En ese momento yo era el comandante del batallón Guardia Presidencial.

M. J. D.: ¿Y eso de que se opusieron al proceso de paz no fue cierto general?

F. T.: No lo fue. Si alguien quiere la paz son los militares. Pero además nosotros siempre hemos acompañado a la institucionalidad, hoy y siempre. Eso de que hay ruido de sables no es cierto. Ni ahora ni antes.

M. J. D.: Para que puedan ser objeto de los mecanismos de la justicia transicional es necesario que los militares cumplan los requisitos de resarcir a sus víctimas con la verdad. ¿Veremos al coronel Plazas, quien insiste en que ni siquiera hubo desaparecidos en el Palacio de Justicia, contándonos la verdad de lo que sucedió en la retoma?

F. T.: En el caso del coronel Plazas yo creo que él siempre ha dicho la verdad. Él tenía su misión y la cumplió, pero no estaba a cargo de las personas que salían.

M. J. D.: ¿Y la verdad es que no hubo desaparecidos en el Palacio de Justicia?

F. T.: Es que un fallo dice que sí hay desaparecidos y otro que no. ¡La misma Justicia que ha investigado se contradice en el tema de los desaparecidos!

M. J. D.: No hay ningún fallo que diga que no hubo desaparecidos. Lo que ha habido es diferencia en el número. Pero más allá de esta controversia, ¿si no cometieron ningún abuso entonces para qué quieren recurrir a los mecanismos de justicia transicional?

F. T.: Pero María Jimena, no se le puede pedir a nadie que si no está seguro de que lo que hizo fue un abuso confiese ante la sociedad algo que él cree que no hizo para que le den un beneficio. No se le olvide además que el caso del coronel Plazas está en casación ante la Corte Suprema. Pero le traigo otro caso: el del general Arias Cabrales, un prototipo de persona digna, respetable. También está el caso del general Uzcátegui. Probó que no tenía jurisdicción sobre la zona en que ocurrió la masacre de Mapiripán. Ningún jefe paramilitar ha dicho que lo conocía o que ha estado en connivencia con él y sin embargo lo condenaron. Eso deja en nosotros un sentimiento difícil. ¿Y entonces usted me está diciendo que el general Uzcátegui tiene que salir a decir que él fue responsable cuando él está seguro de que no lo fue...? Mire que no siempre la Justicia condena a los culpables, María Jimena.

M. J. D.: Ayúdeme en entender algo: ¿de qué equidad hablan cuando dicen que quieren ser beneficiarios de la justicia transicional, si no están interesados en resarcir a sus víctimas ni en contar la verdad?

F. T.: Yo no estoy diciendo eso. Cada caso debe verse aisladamente. No digo que no haya casos en los que sí tengan que aceptar que hubo excesos. Pero también quiero decirle que nosotros consideramos que en muchos casos los militares han sido condenados injustamente, precisamente porque quienes los han señalado no conocen nada sobre el tema militar. De ahí nuestro interés para que el nuevo fuero penal militar permita que estos casos vayan a una comisión mixta para establecer su competencia.

M. J. D.: ¿Pero y entonces en qué quedamos?

F. T.: Yo estoy de acuerdo en que los militares involucrados en los falsos positivos digan la verdad y que quienes hayan tenido sus complicidades con los paramilitares que las digan.

M. J. D.: ¿Qué opina de la forma como el expresidente Uribe está utilizando su liderazgo en las Fuerzas Armadas para torpedear el proceso de paz?

F. T.: El presidente Uribe representa lo que siente un sector del país. Y en el tema militar eso tiene que ver con su capacidad de liderazgo. Y él ha demostrado ser un líder que tiene ascendiente en las Fuerzas. Y en cuanto al Twitter de Uribe sobre las coordenadas que eran secretas, recuerdo que al presidente Pastrana le hicieron un debate que se lo hizo Germán Vargas Lleras con base en información de inteligencia que teníamos y que estábamos preparando con el gobierno. En ese momento nadie acusó al Ejército de filtrar información clasificada ni a Vargas Lleras lo increparon.

M. J. D.: ¿Y quién se las filtró a Vargas Lleras?

F. T.: Hay que preguntarle a él.

M. J. D.: ¿Usted cree que las Farc están financiando a la Marcha Patriótica como lo afirmó el ministro Pinzón?

F. T.: Yo oí sus declaraciones y sé que él es una de las personas mejor informadas y estoy seguro de que si no tuviera pruebas, no lo diría. Mire María Jimena, si de estas negociaciones surge un nuevo partido político, lo que uno espera es que no sea financiado por la ilegalidad. Eso no contribuiría a la paz.

M. J. D.: El presidente dijo esta semana que se necesita un Ejército fuerte para asegurar la paz. ¿Cómo deben ser las Fuerzas Armadas en el posconflicto?

F. T.: Mire, una solución política negociada no implica el reestablecimiento del orden público. Hay factores gravitantes como el narcotráfico y los demás grupos armados ilegales que quedan por fuera. Si usted reduce los efectivos del Ejército, no se podrán cubrir áreas como el Catatumbo, Caquetá, la Orinoquia y se corre el riesgo de que el narcotráfico que se ha venido reduciendo vuelva a reverdecer. Pero además le digo, el posconflicto puede ser más difícil que el conflicto. Mire lo de Guatemala. Allá le dijeron al Ejército después de haber combatido que ya no se necesitaba y quedaron reducidos a nada. Eso explica en parte que la violencia de hoy siga generando más victimas que las que había en la época de la guerra.

EN LAS BOTAS DE LOS MILITARES

EN LAS BOTAS DE LOS MILITARES

Federico Hoyos Salazar

El Colombiano, Medellín, 13/04/2013

Una de las lecciones de vida que nunca olvidaré de la época del colegio es que para entender bien la situación de una persona, es necesario ponerse en sus zapatos. En este sentido y después de ver cómo ordenaron a los militares formar en el Monumento de los Caídos en Bogotá el día de la marcha del pasado 9 de abril, ante la indignación que sentí, decidí ponerme en sus botas antes de lanzar cualquier opinión frente a lo que considero fue un acto innecesario e indignante.

Hubo 3 tipos de personas en la marcha del 9 de abril: servidores públicos a los que les ordenaron ir, militantes de la Marcha Patriótica y personas de buena voluntad que marcharon espontáneamente y por convicción, eso sí, creo que fueron pocas las que así lo hicieron. No veo con buenos ojos que a un funcionario de la Alcaldía de Bogotá o al de un ministerio le ordenaran ir a la marcha -rasgo propio del castro-chavismo y no de nuestra institucionalidad- sin embargo considero que lo realmente grave y sin presentación es que hayan hecho lo mismo con los militares.

Un militar debe permanecer neutral frente a los vaivenes políticos del país y servir exclusivamente a la Constitución. Nuestro país es ejemplo de estabilidad política, en gran parte gracias a nuestras Fuerzas Armadas, a diferencia de otros países del vecindario en donde sus militares se han aventurado en golpes de Estado y reclamos políticos, como ha sido el caso de Ecuador y Venezuela.

Continuando nuestra tradición de neutralidad militar, nada tenían que hacer nuestros hombres y mujeres en armas en la marcha del 9 de abril; marcha que hasta el sol de hoy no se sabe con certeza por qué fue. No se sabe si fue por las víctimas, en apoyo al proceso de paz o simplemente por la paz. En cualquiera de los casos lo que quedó demostrado es que la marcha sí tenía amplios motivos políticos y que fue financiada en alguna medida por las Farc, dicho por el Ministro de la Defensa y por el General Riaño.

¿Qué sintieron los militares al ser ordenados hacer parte de este cuestionable evento en donde sus propios victimarios de las Farc convocaban desde Cuba a la asistencia de esta marcha? El propósito de convocar a los militares es claro; legitimar el evento y de paso al cuestionado proceso de paz en La Habana. Se quiso sacar provecho del enorme prestigio del que gozan nuestras Fuerzas Armadas para agregar una pizca de aprobación popular a este evento.

El mensaje que se lanza a los militares y en general al país desde el gobierno es bastante confuso, por un lado se convoca y apoya una marcha que luego será denunciada por ser financiada por las Farc. ¿Qué mensaje reciben nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas con estas denuncias? Al fin ¿a qué propósito están sirviendo? Falta coherencia. A pesar de las desilusiones con este proceso, los colombianos seguimos admirando a nuestras Fuerzas Armadas, instituciones que producen orgullo y que nunca deben ser utilizadas en política.

SALA DE CRISIS

15/04/2012

Alfonso Monsalve Solórzano

El Mundo, 15/04/2012

El principio de presunción de verdad consiste en que cada miembro de una conversación (hablada o escrita) presupone que el otro dice la verdad cuando enuncia un hecho. Sin esta presunción sería imposible diferenciar lo verdadero de lo falso (o en el campo de las acciones, lo correcto de lo incorrecto). Hoy analizaré el concepto de credibilidad.

Cuando alguien transmite una información, se supone que es verdadera (y de paso, que quien la transmite, generalmente actúa de buena fe). Su confrontación con los hechos llevará a reafirmar dicha verdad y se admitirá o, por el contrario, se dirá que es falsa y se rechazará.

Hay credibilidad cuando se reconoce que un individuo o una institución, etc., que interactúa comunicativamente durante un tiempo prolongado, y, quizá, durante el curso de su vida, tiene como norma decir la verdad y/o actuar correctamente.

Un individuo, institución, etc., que tiene credibilidad, ocasionalmente dice enunciados falsos o actúa incorrectamente. Ello no hace que pierda su credibilidad, pues en términos generales actúa según la norma que acabo de estipular. Ahora bien, si comienza repetidamente a decir falsedades o a mentir, perderá la credibilidad que tiene.

Por el contrario, no hay credibilidad cuando los destinatarios de la información han comprobado por sus experiencias anteriores que quien la emite generalmente dice falsedades o mentiras (falsedades conscientes).

La credibilidad es un valor muy importante cuando se trata de argumentos de autoridad (que se admiten por la credibilidad que tiene el emisor), en política, en ética, y en el campo de la justicia. Concentrémonos en ésta última.

Si un criminal hace acusaciones y éstas son contradictorias o resultado de la venganza o de la conveniencia (por ejemplo, de recibir un beneficio penal), carecen de credibilidad, y nadie razonable las admitirá como verdaderas o tendrá dificultad en hacerlo y someterá a prueba más allá de toda duda razonable lo dicho para poder aceptarlo.

Este tipo de acusaciones se están dando en nuestro sistema judicial con una frecuencia impensable: algunos de los agentes del sistema toman aseveraciones, provenientes de personas reconocidas por decir falsedades y mentiras, como si fuesen verdades, sin la verificación debida.

Así, hay gente que ha sido condenada por denuncias de un determinado paramilitar mientras que a otros no se les investiga o ésta queda en preliminares, porque no le dan credibilidad al mismo “testigo”. A algunos los condenan por correos electrónicos encontrados en computadores, al tiempo, por ejemplo, que deciden no investigar a otros, mencionados en correos electrónicos encontrados en los computadores del señor Devia, conocido como Raúl Reyes, cuando una institución tan respetable como la Interpol garantizó la autenticidad de los mismos.

¿Por qué ocurre este fenómeno? En mi concepto porque en esas ocasiones hay un sesgo ideológico y/o político. Una justicia así pierde su credibilidad y legitimidad, porque el trato igual y el debido proceso quedan gravemente lesionados.

Esta reflexión me viene a la cabeza cuando me entero de que el doctor Guillermo Gaviria Echeverri, destacado empresario, director de El Mundo y uno de los intelectuales más respetables y universales que he conocido, ha sido sometido a detención domiciliaria por una fiscal que le da credibilidad a lo dicho por un jefe paramilitar, en una investigación pedida por el propio doctor Gaviria. El contenido simbólico de esa medida está claro: la palabra de un paramilitar tiene más valor que la de un ciudadano de bien, víctima como el que más del conflicto armado, que presentó pruebas ante el ente acusador de que había sido extorsionado. El doctor Gaviria me merece la mayor credibilidad, y estoy seguro que así piensa la mayoría de los antioqueños. Mi sincera solidaridad con él y su familia.

SALA DE CRISIS

ABERRANTE

Por Rafael Nieto Loaiza

• Diario El Colombiano

“Aberración: Grave error del entendimiento. Conducta depravada, perversa, o que se aparta de lo aceptado como lícito". Definición de la Real Academia perfecta para calificar la sentencia a Plazas Vega.

5 de febrero de 2012

La sentencia viola los derechos humanos. Uno sostiene que no habrá delito ni pena sin ley preexistente que los defina. El delito de desaparición forzada que se le imputa al Coronel no existía cuando el M-19 se tomó el Palacio de Justicia. Otro sostiene que la ley penal nunca será retroactiva sino en lo favorable al reo.

A Plazas Vega se le está aplicando una norma penal retroactivamente. La sentencia no respeta los principios fundamentales del derecho penal. La pérdida de la libertad debe ser siempre una medida excepcional y a nadie se le debe condenar sino con prueba inequívoca de su responsabilidad en el delito.

Y cualquier duda se debe resolver en beneficio del procesado. A Plazas Vega se le condena únicamente con base en un supuesto testimonio de un suboficial del Ejército que habría viajado en helicóptero con una docena de hombres desde Villavicencio y participado en la recuperación del Palacio. Al regreso, en la Escuela de Caballería, habría oído decir al Coronel "que cuelguen a esos hp". En el testimonio presentado por la Fiscalía no coinciden nombre y cédula del suboficial y análisis grafológicos mostrarían que la del documento no es su firma.

Otros soldados sostienen que ese suboficial nunca salió del Meta en esa época y hay pruebas de que las Fuerzas Militares no tenía entonces helicópteros para transportar tantas personas. Como si no bastara, ese suboficial, Édgar Villamizar, ha sostenido en la Procuraduría que nunca rindió tal testimonio y que, de hecho, no estuvo en el Palacio de Justicia. ¿Sin pruebas, cómo se condena a Plazas?

Los hechos son oscuros. Ni siquiera es claro cuántos son los desaparecidos. Aunque la juez hablaba de 11, el Tribunal ya los redujo a dos: una guerrillera del Eme y el administrador de la cafetería. Pero es posible que el último esté dentro de los cuerpos calcinados que se recuperaron del Palacio y cuyas identidades no se han establecido, según dice un exdirector de Medicina Legal.

En todo caso, Plazas ni comandó la operación ni tuvo nunca control sobre los rescatados o sobre los guerrilleros detenidos. ¿Cómo puede entonces ser responsable de las eventuales desapariciones?

Como no hay ninguna prueba de que Plazas haya desaparecido u ordenado desaparecer a nadie, lo condenan como "autor mediato en un aparato organizado de poder". Esa teoría, construida por Claus Roxin para justificar las condenas de algunos oficiales nazis, tiene como base la ilegalidad de la estructura de la que hace parte el condenado.

Se aplica a las organizaciones criminales, en las que se presume que los jefes saben de las actividades ilícitas de sus subordinados, y en casos en que, como en la Alemania nazi o la Perú después del golpe de Fujimori, no opera el estado de derecho. Pero de ninguna manera puede aplicarse a la Fuerza Pública en un estado de derecho donde, por definición, se presume la licitud de sus actos. La sentencia se basa en que las FF.MM. son un grupo de bandidos.

Además la sentencia es, como mínimo, ignorante y, en el peor de los casos, de mala fe. En el Palacio los militares no cometieron crímenes de lesa humanidad y sin duda, si los hubiera, no son competencia de la CPI. Tampoco hubo responsabilidad de Belisario Betancur y sus ministros. Pero eso amerita otra columna.