Silencio, no. Claridad, en todo
Editorial de Fernando Londoño Hoyos
La Hora de la Verdad
Radio Super, Bogotá
Transcripción de Colombian News
10 de diciembre de 2010
No voy a aprovechar estos micrófonos, ni nunca lo he hecho, para librar batallas personales, ni para tratar de rescatar mi nombre al que le ha caído un alud de basura de parte de dos altos funcionarios del antiguo ministerio de Defensa, del viceministro y del Inspector general de las Fuerzas Militares. No, no es mi tema. De lo que se me acusa queda constancia en un escrito que publiqué en el diario El Tiempo. No oculto las cosas, y las propongo en una de las tribunas más altas de la prensa colombiana. Dije, para que lo sepan todos, ese día 12 de febrero de 2009, que se le había causado un daño inmenso al Ejército de Colombia el 29 de octubre cuando habían sido destituidos 27 oficiales de quienes tengo la convicción de que son inocentes, impolutos, grandes servidores del Ejército de Colombia, víctimas de algo que jamás debió ocurrir.
Y entonces aquí si vamos al tema de la cuestión militar que está comprometida en esos cables que salieron de la embajada de los Estados Unidos en Colombia con destino a la Secretaria de Estado y que tuvieron que causar un daño inmenso a la imagen del país y a las perspectivas de que el país obtuviera el TLC, puesto que esos cables confirmaban la violación sistemática de los derechos humanos de parte de las Fuerzas Militares de Colombia.
Lo primero que me molestó y que me sigue molestando y me molestara siempre de los actos del 29 de octubre es que se hubiera condenado a 27 personas sin oírlas. Como abogado, como jurista, yo no puedo aceptar que a alguien se le niegue el derecho a la defensa. Y esos 27 oficiales nunca fueron llamados a explicar su conducta. Si esto se hubiera tramitado decentemente, el inspector general y el comandante de las fuerzas militares hubieran debido haber llamado a estos hombres y decirles: tenemos contra ustedes estos cargos, que tienen ustedes que decirnos.
Tengo que agregar, además, que en los pesados informes que hizo el general Suarez con respecto a estos oficiales no hay una sola palabra, ni una, que los comprometan en las muertes de civiles inocentes, contra lo que fue a decir a la embajada americana, o lo que dijo en una ocasión con funcionarios de la embajada americana en Bogotá cuyo texto es clarísimo. Desde octubre del 2008, el ministerio de Defensa ha dado de baja a 51 oficiales, hombres bajo las banderas implicados en muertes extra judiciales. 27 hombres del Ejército fueron expulsados en octubre de 2008 por las muertes de Soacha. Eso que dijo el general Suarez en la embajada americana es una mentira. El señor éste que tiene soles del Ejército de Colombia, miente: no han sido implicados estos 27 oficiales en las muertes de Soacha, no fueron implicados por él, como él mismo lo ha dicho, bajo la gravedad del juramento en los procesos que esos oficiales están siguiendo contra el Estado colombiano para que les indemnicen los gigantescos perjuicios de orden material y moral que les produjo la destitución con vinculación a lo de Soacha.
No es verdad que en los informes de Suarez estas personas hayan sido implicadas en esas muertes. No es verdad que la Fiscalía General de la Nación haya iniciado un proceso en contra de ellos. No existe, no es verdad que la Procuraduria General de la Nación tenga un proceso conocido contra ellos. No es verdad. No es verdad siquiera que al interior del Ejército hayan sido víctimas de unas acusaciones en ese sentido.
Eso pues por lo que respecta a los 27 del 29. Pero aquí hay una cosa de mucho más de fondo. En las páginas de este informe dramático queda con toda evidencia que para el vice ministro de Defensa del entonces ministro Juan Manuel Santos, y para el Inspector general de las Fuerzas Militares, el general Mario Montoya y el general Oscar González, son un par de asesinos. Eso lo dicen con toda claridad. Dicen, lo de los muertos de Soacha es una práctica que se extendió por el Ejército, lo que da lugar a la conclusión obvia de que en el Ejército de Colombia está largamente extendida la práctica de asesinar inocentes para producir la apariencia de éxitos en combate, pero que eso se inició en la IV Brigada y pasó al comando conjunto de Santa Marta, en manos, ambos, del general Montoya y del general González.
Y entonces aquí saltan a la mesa de este análisis, a las cartas que tenemos sobre la mensa, unos problemas de una magnitud gigantesca. ¿Sabía o no sabía el doctor Juan Manuel Santos que su vice ministro y el inspector general de las fuerzas militares estaban en contactos con Estados Unidos para denunciar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de parte del Ejército de Colombia? ¿Lo sabía? ¿Podía saber el ministro Santos que quienes eran acusados eran nada menos que el general Mario Montoya, antiguo comandante del Ejército de Colombia y embajador de Colombia ante un país amigo, la República Dominicana? ¿Podía saber el doctor santos que estaba siendo implicado el comandante del Ejército de Colombia que lo fue hasta el 7 de agosto del 2010, es decir, tiempo después de salir el doctor Santos del ministerio de la Defensa? ¿Lo sabía? Primera pregunta para hacer. Y en todo caso, estas acusaciones del general Suárez, y del doctor Sergio Jaramillo, plantean un problema evidente y de una gravedad extraordinaria. ¿Puede el gobierno de Colombia, si no está de acuerdo con estos dichos y con este daño colosal que se le produjo a la imagen del país mantener al doctor Sergio Jaramillo como asesor presidencial en materia de seguridad y defensa nacional y al general Suarez Bustamante como general en activo y además como director de derechos humanos del ministerio de la Defensa? ¿Puede ser eso posible? ¿Puede ser posible que sabiendo estos antecedentes como criminal avezado y contumaz, permanente, del general González, no se le hayan hecho las correspondientes denuncias? Aquí si hay un caso de encubrimiento gravísimo. El general Suarez deberá responder por qué no ha acusado antes al general Montoya y al general González ante la Fiscalía General de la Nación y, desde luego, ante la justicia penal militar, si es que fuere el caso, pero como se trata de delitos aleves cometidos fuera de combate contra personas inocentes esto es de resorte de la Fiscalía General de la Nación. ¿Será posible? Y, por supuesto, por la calidad de los implicados, generales de la República, de la Corte Suprema de Justicia. ¿Será posible que el inspector general de las Fuerzas militares esté ocultando semejantes hechos?
¿Será posible que el general Freddy Padilla de León conociera estas acusaciones que su inspector estaba haciendo ante la embajada americana contra el general Montoya y contra el general González? ¿También cayó culposamente, criminalmente, el general Freddy Padilla de León al no poner estos denuncios ante quien los debía poner?
¿Y qué pasa con el señor ministro de Defensa de entonces cuyos actos en defensa de los derechos humanos estaban siendo desconocidos por generales que obviamente tienen que estar comandados por González y antes por Montoya y por civiles en cuya lista me incluyen, tema al que no me voy a referir. Me refiero a mi artículo del 12 de febrero de 2009 en el diario El Tiempo que lo voy a incorporar inmediatamente en la página web de La Hora de la Verdad, para que cualquiera lo lea y para que se forme de eso la impresión que quiera formarse.
¿Pero cuál es la actitud de Juan Manuel Santos, hoy presidente de la República, frente a estos hechos? Aquí no cabe el silencio. Aquí no cabe el desvío. Aquí no cabe decir que eran documentos secretos. Esos documentos secretos le hicieron un daño a Colombia incomparable e inenarrable. El TLC se frustró porque Colombia era violadora de los derechos humanos y aquí, en este documento, queda claro que el ministerio de defensa decía que el ejército de Colombia era violador sistemático de los derechos humanos. La actual cúpula militar del Ejército de Colombia está compuesta por hombres que eran subalternos de Mario Montoya y subalternos de Oscar González. ¿Sabían que estaban dirigidos por un criminal? ¿Tienen esa opinión de sus antiguos jefes? ¿Recibieron noticias de estos hechos que se dicen “extendidos” por el Ejército de Colombia y eran ellos, los actuales miembros de la cúpula del Ejército, los ejecutores de esta política de exterminio contra inocentes para probar éxitos militares? Esa es la gran pregunta.
Y queda el tema final. Aquí se dice que esta política de derechos humanos, que, dice también el informe, según algunos, y eso me lo imputan, habría “castrado” al Ejército de Colombia, esa política le ha producido o no lo ha producido daños importantes a la moral del Ejército de Colombia? ¿Hemos seguido siendo los mismos, hemos seguido teniendo los mismos combatientes resueltos, aguerridos, de antes del 27 de octubre? Porque todos los éxitos posteriores se le deben imputar a la Fuerza Aérea, a la Policía y a unos comandos especiales que no han sido tocados por la acción de la Fiscalía y por la acción del mando militar.
Entonces, las preguntas están sobre la mesa. El país no puede acomodarse a un silencio cobarde con respecto a estas materias. El señor ministro de la Defensa, el señor Presidente de la República, se deben dirigir al país para explicarle el alcance de estas revelaciones asombrosas y trepidantes. Aquí trepida el ánimo de cualquiera cuando ve que del propio seno del Estado colombiano salía con destino a los Estados Unidos para acabar con el honor de Colombia y con sus perspectivas de obtener un TLC unos informes dramáticos sobre la manera como el Ejército de Colombia en su cúpula es un nido de asesinos. Silencio, no. Claridad, en todo. Quienes amamos nuestro Ejército, quienes seguimos sus banderas con pasión porque nos parece que es un Ejército grande, un Ejército limpio, un Ejército ejemplar para el mundo, no podemos aceptar que estas cosas ocurran y no nos podemos consentir con un silencio cobarde y con un silencio gravemente dañino en esos momentos culminantes en la vida de la nación.
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