MASACRE DE LAS FARC . El 29 de Diciembre de 2000, hace 10 años, las FARC cerca a Puerto Rico Caqueta, asesinaron a la familia Turbay, compuesta por Diego Turbay, quien era Representante a la Camara e integrante de la Comisión de paz del Congreso. Inés de Turbay su madre, también fué masacrada al igual que el arquitecto Jaime Peña y los escoltas Rafael Ocasiones, Edwin Angarita, Hamil Bejarano y Dagoberto Samboní. Su hermano Rodrigo tambien había muerto cuando se encontraba en cautiverio secuestrado por este mismo grupo terrorista.
lunes, 27 de diciembre de 2010
jueves, 23 de diciembre de 2010
La Opinión del día
Silencio, no. Claridad, en todo
Editorial de Fernando Londoño Hoyos
La Hora de la Verdad
Radio Super, Bogotá
Transcripción de Colombian News
10 de diciembre de 2010
No voy a aprovechar estos micrófonos, ni nunca lo he hecho, para librar batallas personales, ni para tratar de rescatar mi nombre al que le ha caído un alud de basura de parte de dos altos funcionarios del antiguo ministerio de Defensa, del viceministro y del Inspector general de las Fuerzas Militares. No, no es mi tema. De lo que se me acusa queda constancia en un escrito que publiqué en el diario El Tiempo. No oculto las cosas, y las propongo en una de las tribunas más altas de la prensa colombiana. Dije, para que lo sepan todos, ese día 12 de febrero de 2009, que se le había causado un daño inmenso al Ejército de Colombia el 29 de octubre cuando habían sido destituidos 27 oficiales de quienes tengo la convicción de que son inocentes, impolutos, grandes servidores del Ejército de Colombia, víctimas de algo que jamás debió ocurrir.
Y entonces aquí si vamos al tema de la cuestión militar que está comprometida en esos cables que salieron de la embajada de los Estados Unidos en Colombia con destino a la Secretaria de Estado y que tuvieron que causar un daño inmenso a la imagen del país y a las perspectivas de que el país obtuviera el TLC, puesto que esos cables confirmaban la violación sistemática de los derechos humanos de parte de las Fuerzas Militares de Colombia.
Lo primero que me molestó y que me sigue molestando y me molestara siempre de los actos del 29 de octubre es que se hubiera condenado a 27 personas sin oírlas. Como abogado, como jurista, yo no puedo aceptar que a alguien se le niegue el derecho a la defensa. Y esos 27 oficiales nunca fueron llamados a explicar su conducta. Si esto se hubiera tramitado decentemente, el inspector general y el comandante de las fuerzas militares hubieran debido haber llamado a estos hombres y decirles: tenemos contra ustedes estos cargos, que tienen ustedes que decirnos.
Tengo que agregar, además, que en los pesados informes que hizo el general Suarez con respecto a estos oficiales no hay una sola palabra, ni una, que los comprometan en las muertes de civiles inocentes, contra lo que fue a decir a la embajada americana, o lo que dijo en una ocasión con funcionarios de la embajada americana en Bogotá cuyo texto es clarísimo. Desde octubre del 2008, el ministerio de Defensa ha dado de baja a 51 oficiales, hombres bajo las banderas implicados en muertes extra judiciales. 27 hombres del Ejército fueron expulsados en octubre de 2008 por las muertes de Soacha. Eso que dijo el general Suarez en la embajada americana es una mentira. El señor éste que tiene soles del Ejército de Colombia, miente: no han sido implicados estos 27 oficiales en las muertes de Soacha, no fueron implicados por él, como él mismo lo ha dicho, bajo la gravedad del juramento en los procesos que esos oficiales están siguiendo contra el Estado colombiano para que les indemnicen los gigantescos perjuicios de orden material y moral que les produjo la destitución con vinculación a lo de Soacha.
No es verdad que en los informes de Suarez estas personas hayan sido implicadas en esas muertes. No es verdad que la Fiscalía General de la Nación haya iniciado un proceso en contra de ellos. No existe, no es verdad que la Procuraduria General de la Nación tenga un proceso conocido contra ellos. No es verdad. No es verdad siquiera que al interior del Ejército hayan sido víctimas de unas acusaciones en ese sentido.
Eso pues por lo que respecta a los 27 del 29. Pero aquí hay una cosa de mucho más de fondo. En las páginas de este informe dramático queda con toda evidencia que para el vice ministro de Defensa del entonces ministro Juan Manuel Santos, y para el Inspector general de las Fuerzas Militares, el general Mario Montoya y el general Oscar González, son un par de asesinos. Eso lo dicen con toda claridad. Dicen, lo de los muertos de Soacha es una práctica que se extendió por el Ejército, lo que da lugar a la conclusión obvia de que en el Ejército de Colombia está largamente extendida la práctica de asesinar inocentes para producir la apariencia de éxitos en combate, pero que eso se inició en la IV Brigada y pasó al comando conjunto de Santa Marta, en manos, ambos, del general Montoya y del general González.
Y entonces aquí saltan a la mesa de este análisis, a las cartas que tenemos sobre la mensa, unos problemas de una magnitud gigantesca. ¿Sabía o no sabía el doctor Juan Manuel Santos que su vice ministro y el inspector general de las fuerzas militares estaban en contactos con Estados Unidos para denunciar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de parte del Ejército de Colombia? ¿Lo sabía? ¿Podía saber el ministro Santos que quienes eran acusados eran nada menos que el general Mario Montoya, antiguo comandante del Ejército de Colombia y embajador de Colombia ante un país amigo, la República Dominicana? ¿Podía saber el doctor santos que estaba siendo implicado el comandante del Ejército de Colombia que lo fue hasta el 7 de agosto del 2010, es decir, tiempo después de salir el doctor Santos del ministerio de la Defensa? ¿Lo sabía? Primera pregunta para hacer. Y en todo caso, estas acusaciones del general Suárez, y del doctor Sergio Jaramillo, plantean un problema evidente y de una gravedad extraordinaria. ¿Puede el gobierno de Colombia, si no está de acuerdo con estos dichos y con este daño colosal que se le produjo a la imagen del país mantener al doctor Sergio Jaramillo como asesor presidencial en materia de seguridad y defensa nacional y al general Suarez Bustamante como general en activo y además como director de derechos humanos del ministerio de la Defensa? ¿Puede ser eso posible? ¿Puede ser posible que sabiendo estos antecedentes como criminal avezado y contumaz, permanente, del general González, no se le hayan hecho las correspondientes denuncias? Aquí si hay un caso de encubrimiento gravísimo. El general Suarez deberá responder por qué no ha acusado antes al general Montoya y al general González ante la Fiscalía General de la Nación y, desde luego, ante la justicia penal militar, si es que fuere el caso, pero como se trata de delitos aleves cometidos fuera de combate contra personas inocentes esto es de resorte de la Fiscalía General de la Nación. ¿Será posible? Y, por supuesto, por la calidad de los implicados, generales de la República, de la Corte Suprema de Justicia. ¿Será posible que el inspector general de las Fuerzas militares esté ocultando semejantes hechos?
¿Será posible que el general Freddy Padilla de León conociera estas acusaciones que su inspector estaba haciendo ante la embajada americana contra el general Montoya y contra el general González? ¿También cayó culposamente, criminalmente, el general Freddy Padilla de León al no poner estos denuncios ante quien los debía poner?
¿Y qué pasa con el señor ministro de Defensa de entonces cuyos actos en defensa de los derechos humanos estaban siendo desconocidos por generales que obviamente tienen que estar comandados por González y antes por Montoya y por civiles en cuya lista me incluyen, tema al que no me voy a referir. Me refiero a mi artículo del 12 de febrero de 2009 en el diario El Tiempo que lo voy a incorporar inmediatamente en la página web de La Hora de la Verdad, para que cualquiera lo lea y para que se forme de eso la impresión que quiera formarse.
¿Pero cuál es la actitud de Juan Manuel Santos, hoy presidente de la República, frente a estos hechos? Aquí no cabe el silencio. Aquí no cabe el desvío. Aquí no cabe decir que eran documentos secretos. Esos documentos secretos le hicieron un daño a Colombia incomparable e inenarrable. El TLC se frustró porque Colombia era violadora de los derechos humanos y aquí, en este documento, queda claro que el ministerio de defensa decía que el ejército de Colombia era violador sistemático de los derechos humanos. La actual cúpula militar del Ejército de Colombia está compuesta por hombres que eran subalternos de Mario Montoya y subalternos de Oscar González. ¿Sabían que estaban dirigidos por un criminal? ¿Tienen esa opinión de sus antiguos jefes? ¿Recibieron noticias de estos hechos que se dicen “extendidos” por el Ejército de Colombia y eran ellos, los actuales miembros de la cúpula del Ejército, los ejecutores de esta política de exterminio contra inocentes para probar éxitos militares? Esa es la gran pregunta.
Y queda el tema final. Aquí se dice que esta política de derechos humanos, que, dice también el informe, según algunos, y eso me lo imputan, habría “castrado” al Ejército de Colombia, esa política le ha producido o no lo ha producido daños importantes a la moral del Ejército de Colombia? ¿Hemos seguido siendo los mismos, hemos seguido teniendo los mismos combatientes resueltos, aguerridos, de antes del 27 de octubre? Porque todos los éxitos posteriores se le deben imputar a la Fuerza Aérea, a la Policía y a unos comandos especiales que no han sido tocados por la acción de la Fiscalía y por la acción del mando militar.
Entonces, las preguntas están sobre la mesa. El país no puede acomodarse a un silencio cobarde con respecto a estas materias. El señor ministro de la Defensa, el señor Presidente de la República, se deben dirigir al país para explicarle el alcance de estas revelaciones asombrosas y trepidantes. Aquí trepida el ánimo de cualquiera cuando ve que del propio seno del Estado colombiano salía con destino a los Estados Unidos para acabar con el honor de Colombia y con sus perspectivas de obtener un TLC unos informes dramáticos sobre la manera como el Ejército de Colombia en su cúpula es un nido de asesinos. Silencio, no. Claridad, en todo. Quienes amamos nuestro Ejército, quienes seguimos sus banderas con pasión porque nos parece que es un Ejército grande, un Ejército limpio, un Ejército ejemplar para el mundo, no podemos aceptar que estas cosas ocurran y no nos podemos consentir con un silencio cobarde y con un silencio gravemente dañino en esos momentos culminantes en la vida de la nación.
-------------------------------------
lunes, 20 de diciembre de 2010
La Opinión del día
Las víctimas de las guerrillas terroristas en Colombia, advierten pelea de tigre con burro amarrado
Por Jaime Arturo Restrepo Restrepo
Una vez leído este artículo, antes de dormirse medite un poco en el futuro de sus hijos y de su país.
Lunes, 20 de Diciembre de 2010
SEGURIDAD DEMOCRATICA INCOMPLETA. INCONCIENCIA PELIGROSA EN LOS MILITARES
Un análisis de fin de año 2010
Si bien la política de seguridad democrática implantada durante el gobierno del presidente Uribe fue prolija y efectiva en lo táctico, con resultados operacionales en contra de las FARC, en materia de capturas, desmovilizaciones y bajas en combate, no podemos decir lo mismo en lo estratégico, toda vez que la política de seguridad democrática fue muy pobre, por no afirmar que nula, en materia de resultados contra las estructuras jurídicas, políticas y comunicacionales del terrorismo comunista.
En Colombia los militares desconocen o no quieren ver, el espejo retrovisor de los países del sur del continente, en donde los militares ganaron la confrontación armada en lo táctico, derrotando militarmente en la década de los setentas a los terroristas Montoneros y ERP (Argentina), Tupamaros (Uruguay), pero treinta años después se advierte que perdieron en lo estratégico, vislumbrándose a los militares en prisión, mientras los terroristas actualmente ocupan cargos de poder político, jurídico, judicial y comunicacional en esos países y en el escenario internacional de los Derechos Humanos, cual pederastas dirigiendo guarderías.
Mientras los militares defendían a la población civil del brazo militar de Montoneros, ERP y Tupamaros, se olvidaron de la cabeza, de la dirección política, quienes sagazmente y prolongado en el tiempo, utilizaron la combinación de todas las formas de lucha, montando ONGs, y tomándose los espacios, políticos (partidos), jurídicos (El congreso), judiciales (Los tribunales) y comunicacionales (medios de comunicación).
La formula de franquicia inventada con perfectos frutos a favor del terrorismo internacional, la han exportado, magnificado y multiplicado desde el sur, para todo el continente Americano. Los terroristas camaleónicos, están soltando los fusiles y se han apropiado de las leyes, de los tribunales y del discurso Internacional de los Derechos Humanos y del DIH.
Millones de colombianos obviamente agradecidos eternamente con nuestros militares, observamos con preocupación, la debacle de más de 1.500 militares privados de la libertad, cientos de condenados, frente a la antítesis, de terroristas beneficiarios de amnistías, indultos, leyes de perdón y olvido, punto final, justicia y paz, constituyendo claramente una muestra de justicia asimétrica y politizada.
Lo más grave de advertir, es que parte del problema se desarrolla al interior de la fuerzas militares (“Caguan Interior”), cuando han permitido enquistar a oficiales de alta graduación, amigos de ONGs (Pertenecientes al enemigo), que se resisten a salir de la institución no obstante ostentar mayor antigüedad que el mismo Comandante General de las Fuerzas Militares, cuando observamos la salida inexplicable, de militares troperos o artífices de operaciones de interés general para los colombianos, como la Operación Jaque.
Preocupación que exacerbamos cuando observamos direccionar la inteligencia en busca de operaciones que otorguen resultados estadísticos inmediatos, para las hojas de vida de los oficiales: capturas, desmovilizaciones y bajas en combate, abandonando y prohibiendo cualquier conato de inteligencia estratégica (con resultados a mediano o largo plazo), encaminada a judicializar las maquinarias políticas, jurídicas, judiciales y comunicacionales al servicio de las FARC y del ELN.
Ustedes los militares, más que nadie conocen la sangrienta historia de nuestro país, en donde el Partido Comunista Colombiano, la UP y actualmente el Polo Democrático, han sido el cerebro del terrorismo armado, los autores intelectuales de ese brazo armado llamado FARC, ELN, M-19, EPL, ERG, ERP, Quintín Lame. Conocen de la creación del Foro de Sao Paulo en donde se sentaron a manteles en la misma mesa fundacional el Polo Democrático con las FARC y el ELN.
Conocen las relaciones de la horda de ONGs con los grupos terroristas. Luego entonces nos preguntamos la población civil, porque no hacen nada al respecto? Sera que piensan esperar hasta que destruyan nuestras fuerzas militares, posteriormente la democracia y el futuro de nuestros hijos?, Que intereses políticos o económicos de vende patrias, están de por medio, para hacer intocables a tantos terroristas sin fusil? , La aprobación del TLC, los dineros del Plan Colombia?
Recuerden que en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, los comunistas se tomaron estratégicamente el poder sin hacer un solo tiro.
Sigan interesándose por la leche y olvídense de la vaca, sigan sacando la fruta podrida sin observar que la peste esta en el árbol, sigan estudiando la miel mientras desconocen la existencia de la aveja, sigan cuidando el puesto, mientras día a día el enemigo, los destruye desde adentro, acaba con la voluntad combativa de las tropas, mancilla los valores y principios democráticos, creando el clima propicio para la toma del poder. Ese día ya será demasiado tarde para ustedes, nuestros hijos y el futuro de nuestro país.
Perdonen amados militares por pedirles tanto en esta navidad, pero si no es a ustedes, quienes han ofrendado por nosotros los colombianos hasta la vida misma, entonces a quien? A una clase política moderada que se mueve al vaivén de intereses politiqueros, entregándole medio país al enemigo?
Perdonen la crítica de Colombianos angustiados, agradecidos y enamorados de las fuerzas militares que todos los días piden más de ustedes.
De nuevo gracias a nuestros militares y sus familias, por todo lo que han hecho a favor del interés general de los colombianos, sacrificando sudor, sangre y lágrimas.
Que Dios los bendiga y los proteja.
Cordialmente,
Jaime Arturo Restrepo Restrepo
Presidente Asociación de Víctimas Civiles de la Guerrilla Colombiana.
lunes, 6 de diciembre de 2010
El Programado final de los Ejércitos Latinoamericanos
Fuerzas Armadas Latinoamericanas y un Enemigo Común
Por el Lic. Jorge P. Mones Ruiz (x)
Hace pocas semanas (mediados de noviembre) tuve el honor de ser recibido por el Señor Vicepresidente del Perú, Vicealmirante Luis Giampietri Rojas, Presidente en ejercicio en ausencia del titular del ejecutivo Alan García, a la sazón de visita en China. Fue en mi calidad de delegado de la Unión de Organizaciones Democráticas de América - UnoAmérica - y luego de haber mantenido contactos con especialistas en Defensa en otros países de la región.
Se trató de una amena y afable reunión que se prolongó aproximadamente durante dos horas, en la cual rápidamente las coincidencias afloraron como consecuencia de las comunes percepciones respecto a la situación regional, los sistemas de defensa de los países y las amenazas y riesgos presentes en el continente. Y sobre todo, el peligro que se cierne sobre las Fuerzas Armadas Latinoamericanas.
Las perspectivas compartidas motivaron al Sr. Almirante a facilitarme un documento de su autoría y publicado en el Diario “La Razón” del Perú el 24 de noviembre del 2004. Sostiene en el mismo: “Se han incentivado los conflictos étnicos-raciales, regionales, y militares financiados por el narcotráfico y algunas importantes ONG ambientalistas, en convivencia con grandes transnacionales. Esto, unido a la cosa pública, así como el uso de la justicia por mano propia, en reemplazo de los pésimos sistemas judiciales de la región han posibilitado pretextos para que los subversivos hayan puesto en serias dificultades a más de un presidente de América Latina, y en algunos casos, produciendo golpes civiles”.
En el mismo documento alerta sobre un plan perfectamente concebido y que hoy comprobamos fehacientemente su alcance y desarrollo. “Dice este plan en relación con:
Fuerza Espiritual:
Religión: ataque sistemático a la Iglesia Católica, incentivación de corrientes internas de la misma Iglesia opuestas al Papa (Teología de la Liberación).
Cultura: Modificar el sentimiento nacional y el consecuente derrumbe nacional y del espíritu nacional, impulso del indigenismo desplazando a la vertiente occidental.
Fuerza Política: Subordinar a las naciones iberoamericanas al nuevo orden internacional, impulsar poderes ejecutivos conformados por hombres comprometidos y subordinados con ese nuevo orden.
Población: Control de la natalidad, reducción de presupuestos, ejecución de acciones racistas, propagación de enfermedades endémicas.
Defensa: Reducción del presupuesto militar, eliminación del servicio militar obligatorio, eliminación de las reservas de hombres y equipos, reemplazo del actual sistema previsional, pensiones (por un sistema privado), eliminación de parte de los institutos de formación, bajas de personal que no se alineen al nuevo orden, imposición de bajos sueldos reduciendo la calidad del personal, subordinar la inteligencia militar al de la región, desaparición de la hipótesis de guerra, eliminación de las misiones tradicionales, creación de fuerzas expedicionarias (ej.: Haití), fuerzas de lucha contra el narcotráfico, fuerzas de represión interna”.
Finaliza el Sr. Vicepresidente del Perú en el mismo artículo advirtiendo: “…Vamos camino a la destrucción de las Fuerzas Armadas Iberoamericanas…”. En ese sentido sostuvimos que existen proyectos para transformarlas en Guardias Nacionales con misiones pretorianas.
Concluimos la audiencia compartiendo la opinión de que en la gran mayoría de los países que combatieron militar y exitosamente al terrorismo marxista (y algunos hoy lo siguen haciendo), observamos claramente el desmantelamiento militar de sus FFAA, pero sobre todo y es lo más grave, la prisión arbitraria y anticonstitucional de centenares de militares, policías y civiles, producto de una justicia vindicativa y persecutoria, con leyes inicuas y bajo una nueva forma de lucha: El Terrorismo Jurídico. Y no es grave, únicamente, por las situaciones personales de estas víctimas, sino porque lo que se encuentra tras las rejas es la dignidad, el espíritu de lucha y la moral de combate de los ejércitos, otrora victoriosos y hoy sujetos a la perfidia “progresista”, a la hipocresía de una “derecha” cobarde y amnésica y, por cierto, a la complicidad de ciertos altos mandos prebendarios y claudicantes.
América necesita nuevos Chacabuco(s), Maypo(s), Junín(s), Ayacuchos(s), Pichincha(s), Boyacá(s), para que se reencuentre consigo misma y alcance el destino signado por nuestros verdaderos Libertadores, que no fueron (ni serán) ni el Che, Fidel, Tiro Fijo, Abigail Guzmán, y mucho menos la comparsa caribeña-andina de Chávez y Evo, y otros socialistas del Siglo XXI de la región, funcionales, varios de ellos, al Nuevo Orden Mundial.
(x) Ex Mayor de Caballería del Ejército Argentino
jorgemonesruiz@yahoo.com.ar
UNA CARTA INNOBLE QUE LLEGÓ DE ALEMANIA
Por Eduardo Mackenzie
Las críticas que está recibiendo la sentencia que condenó, en primera instancia, al coronel Alfonso Plazas Vega a 30 años de cárcel están aumentando y ganando en amplitud y calidad. En días pasados, un debate académico organizado por la universidad Sergio Arboleda de Bogotá, reunió un grupo de distinguidos juristas. Todos emitieron conceptos serísimos sobre ese tema y el resultado es inequívoco: la sentencia de la juez María Stella Jara es una aberración, un mal ejemplo de lo que no debe hacer un juez que se respete y de lo que no puede tolerar el poder judicial en una democracia.
El director del departamento de Derecho Penal de la Universidad Sergio Arboleda, profesor Fernando Velásquez, estimó que al coronel Plazas no se le puede dar el tratamiento de “autor mediato” porque no se dan los presupuestos jurídicos para ello. El admitió que es importante para Colombia establecer la verdad acerca de los hechos del Palacio de Justicia pero que ello no se puede hacer a cualquier precio.
El profesor Christian Wolfhügel, de la misma universidad, dijo que imputarle al coronel un delito que no existía en la época de los hechos (la desaparición forzada de personas), equivale a violentar el principio de legalidad que prohíbe la aplicación retroactiva de la ley penal en disfavor del acusado. La juez hizo eso con el agravante de que ella conocía la situación, pues en la sentencia admitió que en 1985 ese delito no hacía parte del código penal colombiano.
El profesor Ricardo Posada Maya, director del Área Penal de la Universidad de los Andes, declaró, entre otras cosas, que no ve claro que en los hechos del Palacio de Justicia se hubiesen cometido crímenes de lesa humanidad. Sostuvo que para predicar que un delito es de lesa humanidad se deben adoptar los criterios del Derecho internacional. Lo que no parece haber respetado la juez Jara quien llegó a creer que los tratados internacionales habían reemplazado el Código Penal colombiano.
No por casualidad el rector de la Universidad invitante, Rodrigo Noguera Calderón, había subrayado minutos antes en ese panel que el Derecho Penal en Colombia vive un momento de “alto grado de postración” y que ello exige que la Universidad examine esa problemática “en debates académicos”.
El presidente de la Asociación Nacional de Profesores de Derecho Penal y Ciencias Penales, Jaime Enrique Granados, intervino en calidad de abogado del coronel Plazas. El reiteró que no hay prueba alguna que incrimine a su defendido. Señaló que las pruebas aportadas por la juez Jara reposan sobre declaraciones anómalas y contradictorias de dos testigos y sobre la evocación de una transcripción de una grabación cuyo soporte material nunca apareció en el juicio.
Granados denunció que entre los 36 cadáveres calcinados encontrados en el Palacio de Justicia hay nueve sin identificar y que éstos pueden ser de los llamados desaparecidos. Denunció, además, que hay gente interesada en bloquear los análisis científicos que permitirán identificar esos cadáveres y derrumbar la hipótesis de que hubo “desaparecidos” en el trágico episodio.
En disonancia con los oradores, el profesor Kai Ambos, de la Universidad Georg-August de Göttingen, Alemania, declaró que “en el Palacio de Justicia el Ejército cometió atrocidades” y que la justicia colombiana “está llena de errores”. El estima que la juez Jara salió de Colombia por haber sido “amenazada”. Aún así, el jurista alemán tuvo que admitir que él no puede decir si la sentencia de esa juez “era correcta o no”.
Ofuscada por esos comentarios, la juez Jara respondió violentamente desde Alemania, una semana después. Empero, la carta incendiaria que envió a El Espectador, donde ella ataca acerbamente al ex presidente Álvaro Uribe, a las Fuerzas Armadas, al Consejo Superior de la Judicatura, a la prensa y, en particular, a dos brillantes periodistas que fustigaron, con razón, la esperpéntica sentencia contra el coronel Plazas, confirma que María Stella Jara está lejos de ser una juez serena y alejada de los tumultos de la agitación política.
Todo lo contrario. El lenguaje de odio que ella utiliza, el rencor que vierte en su carta, corresponde a alguien de perfil fanático, propio de un militante comunista que no tiene escrúpulos y se permite difamar a las autoridades elegidas de un país democrático y a la prensa libre y, sobre todo, que pone su cargo y su misión al servicio de una obscura causa política.
La juez Jara no es como los demás jueces. Ella condenó a 30 años de cárcel a una persona inocente y sin haber hallado contra ella una sola prueba. Los jueces no hacen eso. Ella lo hizo. Ella no podrá escapar a esa responsabilidad. La sentencia que firmó el 9 de junio de 2010 está ahí para probar su felonía. Ella tendrá que explicar eso algún día a sus colegas alemanes y a los colombianos todos. Estar en Alemania no la eximirá de esa obligación legal y moral.
María Stella Jara es una juez rarísima: es quizás la única juez del mundo que después de condenar a alguien, y de dejarlo enfermo y en una prisión militar, se vuelve contra él, y en carta pública desde el extranjero, intenta agobiarlo aún más con las más aleves calumnias, como si la condena de 30 años no hubiera satisfecho sus bajos instintos. Según la juez, el coronel Plazas está detrás de las amenazas de muerte que ella dice haber recibido. Todo eso es infame y destinado a golpear a la familia y a los amigos del Coronel.
La carta de la juez Jara, que ella dice haber enviado a una asociación alemana de jueces, afirma que las “amenazas [contra ella] provienen de los “más altos funcionarios del Estado”, que el poder ejecutivo lanza “agresiones” contra la Corte Suprema de Justicia, que el DAS, un organismo de seguridad, realizó contra ella “interceptaciones telefónicas ilegales”, que examinó sus “cuentas bancarias y sus propiedades”, que “orquestó una campaña de desprestigio” contra ella.
El problema de esas acusaciones es que no están acompañadas de prueba. Sólo reflejan la íntima convicción de la interesada. Y, cosa curiosa, son copia literal de la retórica de ciertos magistrados y de los grupos extremistas en guerra contra el gobierno y contra las mayorías que rechazan su pobre visión de la vida. Esas acusaciones no han sido probadas siquiera por la Fiscalía ni por la Corte Suprema de Justicia.
La juez Jara debería explicar a sus colegas alemanes por qué rechazó la investigación, tan independiente y completa, del Tribunal Especial de Instrucción de 1986, realizada por dos magistrados y diez jueces de instrucción criminal, y por qué substituyó ese valioso documento por una serie de afirmaciones endebles de familiares de los supuestos “desaparecidos” quienes admitieron que sus informaciones venían de unas “llamadas anónimas”.
La juez Jara deberá explicar por qué le dio credibilidad al testimonio de Ricardo Gámez Mazuera, cuando ese testimonio fue totalmente desvirtuado y descartado por la Procuraduría General de la Nación en 1990.
La juez Jara deberá explicar por que aceptó como válida la declaración de Edgar Villamizar Espinel, quien habría rendido “testimonio” en un potrero (un polígono de armas largas en la Escuela de Caballería de Bogotá) sin la presencia del defensor del Coronel Plazas, y sin que tal prueba hubiera sido decretada por la Fiscalía. Deberá explicar por qué no aparece la fecha de la recepción de tal “testimonio” y por qué tal “declaración” fue firmada por un Edgar Villamil (y no Villamizar). Deberá explicar por qué ella aceptó ese testimonio a sabiendas de que éste contenía mentiras sobre la identidad y la condición del declarante, y a sabiendas de que no había la menor prueba de que Villamizar hubiera ingresado al citado polígono.
Ella deberá explicar por qué aceptó la versión de Villamizar sin que éste se haya presentado jamás al proceso, y cuando está comprobado que Villamizar no es testigo de nada pues no estuvo en las operaciones del palacio de justicia. Deberá explicar por qué ella rechazó las pruebas que demuestran que Villamizar, durante los hechos del Palacio de Justicia, estaba lejos de Bogotá, en el batallón Vargas de Granada (Meta), pues esa unidad probó que no había enviado a Villamizar, ni a ningún otro sub oficial, a la contienda del Palacio de Justicia. Ella aceptó ese testimonio que contiene otras falsedades: como la de que el jefe de Villamizar era un “Mayor Jairo Alzate Avendaño”, nombre que no existe en el los registros del Ejército de Colombia.
La juez Jara tendrá que explicar por que desestimó las declaraciones del civil José Vicente Rubiano Galvis, quien como capturado durante los hechos del palacio de justicia, pasó la noche del 7 de noviembre de 1985 en instalaciones de la Escuela de Caballería, junto con tres personas más, sin haber visto ni oído las pretendidas torturas y vejámenes de “rehenes” que Villamizar trató de introducir al proceso. Tendrá que explicar por qué en la escuela de Caballería del Cantón Norte no fueron hallados cadáveres ni restos humanos como mencionaba Villarreal.
Las altas esferas de la justicia y de la Procuraduria conocen perfectamente estas cosas y saben que en ese proceso se violaron las leyes del país y que algún día esas violaciones saldrán a la faz del mundo. Quizás por eso, luego de la sentencia en primera instancia, ellos ordenaron una serie de movimientos curiosos en el personal judicial involucrado: la juez Jara fue enviada a Alemania y la fiscal que instruyó el caso fue destituida por faltas profesionales cometidas en el ejercicio de su cargo.
Con su carta de insultos contra Colombia la juez Jara trata de sepultar éstas y otras preguntas que saltan a la vista tras la lectura de su desdichada sentencia. Con su gritería desde Alemania ella no sofocará el gran malestar que ha dejado en Colombia su actuación.
25 de noviembre de 2010
domingo, 21 de noviembre de 2010
Opinión: Fuero y Justicia Penal Militar
FAVOR ENVIAR UN COMENTARIO PARA MEDIR EL IMPACTO DE ESTE ESCRITO
Fuero Militar y Justicia Penal Militar
CARTA DEL DOCTOR HERMES PEREZ IZQUIERDO AL GENERAL ARTURO CAMELO PIÑEROS A PROPÓSITO DEL ARTICULO “PARA QUÉ UN NUEVO CODIGO PENAL”
Tenga un buen día General. Me tomé mi tiempo para leer esta nota y la verdad es que convoca a pronunciarse.
El nuevo Código Penal Militar no es tal, es simplemente un código adjetivo. Establece procedimientos y no demandó un mayor esfuerzo pues es una mala copia de un mal procedimiento como lo es el penal ordinario.
Y lo más preocupante es que se acudió a copiar ese código (Ley 906 de 2004) para convertirlo en el procedimiento penal militar sin tener en cuenta todos los problemas que ese sistema ha enfrentado y los niveles enormes de impunidad que él encarna. Es más, es tal la ineficacia de esa Ley 906 de 2004 que lo único que tiene para mostrar es un salvaje y frontal ataque contra los miembros de la fuerza pública, especialmente el Ejército, a quienes se les ha despojado de manera ilegítima del fuero, por miles de caminos, para poder hacer justicia espectáculo y justificar un sistema que es un fracaso. Tanto es así que día a día lo que muestran es la lapidación pública de militares a quienes se les presenta como culpables cuando los juicios recién empiezan, pero nada dicen de los miles de casos represados y sin solución, más graves incluso que los de los militares, donde en realidad campea la impunidad. En esta cortina de huma la leña que arde son los soldados de Colombia.
No se observa en el legislador la intención de solucionar el problema de la administración de justicia, se envían distractores, o será que acaso ya tienen fondeados los recursos para pagar la estructura investigativa de este nuevo sistema penal militar? Cómo van a crear el cuerpo técnico de investigaciones de la justicia penal militar?. No hay con que, toca acudir al de la Fiscalía y los demás organismos que cumplen funciones de policía judicial, quienes dicho sea de paso ya no dan más con las investigaciones de la justicia ordinaria y tendrán que hacerse los de la vista gorda con los casos de justicia ordinaria y entregar resultados con los casos de los militares, a como de lugar, para pasar como eficientes cuando en realidad lo que vivimos hoy día es un porcentaje de más del 95% de impunidad en los casos de la justicia ordinaria.
Ahora, a esto nos llevó no la impunidad reinante en la justicia penal militar, a estos nos llevaron unos pésimos administradores de la justicia militar y una personas (Jueces y Fiscales Penales Militares) que olvidaron que eran especiales, olvidaron que tenían su razón de ser en el fuero de quienes serían por ellos investigados y juzgados, unos Jueces y Fiscales que sin dar la lucha entregaron el fuero, se auto acorralaron pues, si el hecho era evidentemente delictual no correspondía entregarlo a la justicia ordinaria sino que lo que tenían que hacer era tomar las decisiones que la Ley permitía tomar, entiéndase imponer medidas de aseguramiento, encarcelar, acusar, juzgar, condenar. Por ello y aunque suene manido, el error fue pensar que la JPM estaba solamente concebida para absolver, que error tan grande, acá en la JPM también se puede condenar y no solamente a los desertores, a los que abandonan el servicio, al centinela, y a esas conductas menores, faltó carácter y decisión, faltó compromiso y lealtad con el fueron para tomar decisiones, así fuesen duras y para que, en últimas, la JPM castigara a sus hijos que tomaron el camino incorrecto y no tenérselos que entregar al vecino para que él lo hiciera e incluso para que se tomara la atribución de mancillar su honor de manera injusta.
A guisa de ejemplo, conozco en mi desempeño profesional, muchos casos que la JPM ha enviado a la justicia ordinaria y que ahora están regresándolos pues las razones para desprenderse del fuero eran infundadas.
Sería bueno que alguien se metiera en las estadísticas de Jueces y Fiscales Penales Militares, les hiciera una auditoria de verdad, para que dejen esa "Tramadera", pues lo que van a encontrar es que mensualmente reportan movimiento en los procesos por delitos contra el servicio (Abandono del servicio, abandono del puesto, delito del centinela, desobediencia, ataque al inferior, ataque al superior, etc) y los casos de las bajas están en los anaqueles.
Ese hijo llamado JPM se ha portado mal, ha sido inferior a su responsabilidad, ha presentado mensualmente unos resultados (Que tengo entendido se incentivan económicamente) con fundamento en casos de poca trascendencia y por ello los reales asuntos importantes y trascendentes se han ido quedando allí, y por ello para la justicia ordinaria ese se convirtió en un "objetivo" fácil para recuperar su imagen desprestigiada, para resurgir ante esos altos niveles de impunidad, para sacarlos a la luz pública a través de medios que presentan como culpables a quienes tienen intacta su presunción de inocencia, el espectáculo que brinda la justicia ordinaria son los militares, así como en la antigua Roma el espectáculo eran los gladiadores, quienes buenos o malos tenían la obligación e morir para divertir al pueblo.
El tema de los jurados es optimo para los procesos castrenses, esos jurados en esta jurisdicción si que serían mucho más que de conciencia, serían oficiales y suboficiales calificados, destacados, condecorados, que con conocimiento de las condiciones en que se desarrolla una operación militar, cualquiera ella sea, podrán adoptar determinaciones en apoyo de las decisiones de un Juez, pero de un Juez comprometido con la verdad, con la justicia y con el fuero, porque el fuero no es un beneficio, el fuero es una distinción necesaria para quienes actúan en condiciones distintas, especiales.
Por último, esto viene de más atrás, de la Constitución de 1991, allí hubo presencia de todas las fuerzas vivas de la nación, estuvieron los políticos de siempre, estuvieron los sindicalistas, los indígenas, los negros, los guerrilleros desmovilizados y los guerrilleros en armas (a través de sus destacados milicianos) y hasta los narcotraficantes que consiguieron lobistas para buscar beneficiarse, la pregunta es, quienes fueron los lobistas de las Fuerzas Militares? Las Fuerzas Militares son lo más glorioso que tiene este país, el Ejército es la dignidad misma de hombres humildes dispuestos a morir por la patria, por ello merecen que se les defienda animada y adecuadamente, con compromiso, con conocimiento de los procedimientos militares para que no se les siga atropellando. El Estado a cada Soldado le da entrenamiento, doctrina, lo uniforma, lo alimenta, le brinda salud, múltiples beneficios, le da las armas y le enseña a usarlas, pero, qué le da para defender se en este nuevo campo de batalla que es la justicia ordinaria?
En las batallas se establecen objetivos militares. En esta batalla jurídica los Jueces y Fiscales ordinarios que no han podido dar resultados con el nuevo sistema penal acusatorio, han fijado como su objetivo a los militares, es la única manera de dar resultados, así sean mediáticos. Ante ello hay que reaccionar.
Hermes Pérez Izquierdo
Alianzajuridica928@hotmail.com
Abogado
Bogotá, 16 de Noviembre de 2010
Opinión: Fuero y Justicia Penal Militar
PARA QUÉ UN NUEVO CÓDIGO PENAL MILITAR
Brigadier General JOSE ARTURO CAMELO PIÑEROS*
Promulgada la ley 1407 del 17 de agosto del 2010, nace a la vida jurídica un nuevo Código de Justicia Penal Militar en Colombia, luego de un dilatado proceso que incluyó la renuncia colectiva de su comisión verificadora antes de su aprobación final y una mora en el proceso de sanción durante la administración anterior.
A escasos días de regir el ejercicio pleno de la nueva presidencia y del nuevo Ministerio de Defensa, apareció sancionada la nueva ley de la cual ya nadie se acordaba y se mostró de manera silenciosa o mas bien recatada, puesto que si bien su gran avance se fundamentaba en copiar el proceso penal acusatorio ordinario, el supuesto modelo está presentando graves fallas y se evidencia su reforma; se continúan solicitando ingentes recursos para su funcionamiento, se perpetúa el argumento de la congestión judicial, se valora el sistema penal ordinario como uno de los mas ineficientes del mundo y al fin de cuentas de administrar verdadera justicia poco se ha visto a través de ejemplos que la opinión pública ha evidenciado, principalmente frente a las causas que se siguen en la justicia ordinaria contra personal militar.
En la Jurisdicción Ordinaria
Las graves fallas de la Justicia Ordinaria son reconocidas por el mismo sistema, pero de manera velada como en el caso igualmente conocido como la masacre de Jamundi, calificada así por el Jefe del ejecutivo quien también asignó su conocimiento a la Justicia Ordinaria.la Justicia Ordinariala Justicia Penal Militar. Pero el caso sigue ahí sin que nada hubiera pasado. Con razón un eminente catedrático nos decía: Lo que pasa es que a ustedes nadie los defiende!
¿El nuevo Código Penal Militar puede evitar que se sigan cometiendo estos hechos injustos? La respuesta debe ir acompañada de la certeza de conseguir mayor credibilidad y eficiencia. Sabio es aprender de los errores y absurdo persistir en los mismos. La Justicia Penal Militar de la época de los consejos verbales de guerra desde 1958 y hasta 1999, era el sistema acusatorio al cual hoy se pretende llegar y su proceso llegó a tener tal credibilidad y eficiencia que se decidió encomendarle funciones que no le correspondían ante la incapacidad de la justicia ordinaria. Ahora lo absurdo es presenciar que es la misma Justicia Penal Militar la que copia de manera deliberada un sistema procesal penal que obedece a una política criminal distinta, desconociendo su principio de especialidad.
¿Porqué el recién sancionado Código de Justicia Penal Militar, tampoco acertará en la sagrada misión de administrar justicia a los miembros de la Fuerza Pública, por causas relacionadas con el servicio, según lo dispone la Constitución Política
Tratando de ser lo más objetivo y puntual posible para facilitar la comprensión de mis afirmaciones, creo que la nueva norma no aportará nada nuevo, tendiente a solucionar el actual problema de falta de credibilidad y eficiencia que afronta la Justicia Penal
- Porque no se trata de un procedimiento penal propio de una Justicia Penal Militar especializada, sino de una copia sin criterio del procedimiento penal acusatorio ordinario, lo cual resulta inadecuado, porque el fin de cada sistema corresponde a una política criminal totalmente diferente. Mientras uno combate el crimen y la violencia, el otro encausa la disciplina y garantiza la eficacia de las Fuerzas Armadas de la República. Por ello, en ningún País del mundo un sistema de Justicia Penal Militar toma como referencia el procedimiento penal del sistema criminal porque ello equivale a instituir, lo que en su oportunidad calificaron los doctrinantes españoles en un caso similar en 1887, como : “un código de paisano con gorra de cuartel”.
Lamentablemente en nuestro país el error se comete por segunda vez, ya que el anterior código (ley 522 de 1999), había hecho lo mismo con el código penal ordinario de 1980 y gracias a ello, desde el año 1.999 nuestra Justicia carece de rumbo y ya no tiene dolientes porque queriendo desligar el mando de las funciones judiciales, se separó de la Institución Militar a quien le debe su naturaleza y razón de ser.
- Porque la etapa del juicio no se hace frente a un jurado como corresponde a los sistemas judiciales militares del mundo y es característica esencial del sistema penal acusatorio. No debe olvidarse que el juicio por jurado (no necesariamente jurado de conciencia), fue dispuesto por
El recientemente promulgado código de Justicia Penal Militar continúa desconociendo el mandato constitucional contenido en el artículo 221, el cual impone el juzgamiento de las causas de la Justicia Penal Militar, mediante el establecimiento de Cortes Marciales o Tribunales Militares y equivocadamente persiste en la creencia de que dichos institutos pueden ser reemplazados por la figura de la audiencia oral.
- Porque
Aun se encuentra en firme la ofensiva sentencia de la Corte Constitucionalla Institucionalidad Militar.
- Porque la conformación del Cuerpo Técnico de Investigaciones propio de
Aquí es importante, acudir al derecho comparado y a la organización de las Fuerzas Militares más desarrolladas del mundo, para comprender, que organismo vela por el mantenimiento de la disciplina y la investigación de las causas penales militares y se trate de implantar en nuestra Nación, un sistema efectivo que comprenda las situaciones delictivas que se presentan en el ámbito militar. Corresponde al cuerpo especializado de la Policía Militar en aquellos Ejércitos cumplir con estas funciones y la ausencia de soporte legal en nuestra presunta Policía Militar, va a facilitar que sean otros organismos, ajenos a las Fuerzas Militares los que desempeñaran estas funciones vitales para la institucionalidad militar.
Bogotá, Octubre de 2010
*Ex. Dir. Ejec. Justicia Penal Militar, Magister en Derecho Penal U.Ext. de Col, Consejero Fiscal Asoc. Internacional de Justicias Militares, Miembro Fundación Cóndor y Centro Colombiano de pensamiento Político Militar.
martes, 16 de noviembre de 2010
Deterioro de la verdad
PALACIO DE JUSTICIA: LO QUE OLVIDÓ RCN
Por Fernando Londoño Hoyos
· Diario La Nación, Neiva
· Blog Colombian News
14 de noviembre de 2010
RCN dedicó un especial al asalto del Palacio de Justicia, acaecido hace 25 años. Nos indigna su parcialidad en hecho tan doloroso para la República, y sobre todo las escandalosas omisiones y falsedades que cometió en su desarrollo. Llamaría la atención de cualquier espectador desprevenido, la ausencia absoluta en aquella presentación de los miembros de la Fuerza Pública que con el riesgo de sus vidas rescataron el honor de Colombia y su derecho a vivir libre y en democracia. Para ellos no hubo una oportunidad. El especial se dedicó entero a los asaltantes y a los familiares de los supuestos desaparecidos. Ya cargada la mano de ese modo a favor de los asesinos, quedaría esperar que los hechos quedaran lealmente expuestos. Vana esperanza. La verdad fue la gran víctima de ese nuevo holocausto.
En ninguna parte de su documental, tuvieron tiempo los periodistas de RCN para recordar el hecho capital de esa tragedia. El ataque se organizó y ejecutó con el designio fundamental de impedir que la Corte Suprema de Justicia dictara la sentencia que reconocería la legitimidad de la Ley aprobatoria del tratado de extradición con los Estados Unidos. Esa circunstancia definitiva, le quita al asalto y a los asaltantes cualquier principio de justificación. RCN desenvuelve la tesis de que el M-19 buscaba un diálogo con el Presidente. No dice sobre qué y mal podría decirlo cuando la consigna era asesinar la Sala Constitucional, incendiar los expedientes y amedrentar de tal manera a los Magistrados que sobrevivieran como para que se negaran a darle vía libre a la extradición de los mafiosos, lo único que por aquellas calendas les inquietaba. El M-19 fue instrumento servil de la mafia para destruir el Estado de Derecho. Se puede pensar de eso lo que se quiera. Lo que no se puede, como lo hizo RCN, es eliminar semejante elemento fundamental del drama.
El Presidente de la República se negó a comparecer como reo de los mafiosos y guerrilleros coaligados y ordenó la recuperación del Palacio. Los asesinos no quisieron entregarse. Prefirieron luchar hasta su aniquilación definitiva, matando de paso a cuantos eran sus rehenes. RCN olvidó que 260 personas salieron con vida y que casi todas ellas recuerdan con devoción y gratitud a los que expusieron sus vidas por salvar las suyas. Ni una palabra sobre ese sentimiento. Tampoco recordó RCN que a su regreso hacia los cuarteles, los soldados y oficiales fueron vitoreados como héroes por el pueblo. Que la Escuela de Caballería fue invadida por una multitud fervorosa, admirada y agradecida. Que el país entero entendió la magnitud del sacrificio, pero que reconoció que el Presidente no tuvo alternativa distinta de la que asumió. La otra hubiera sido claudicar ante las mafias y entregarles la Nación.
RCN habló del testimonio del Cabo Villamil o Villamizar o Villarreal, la única prueba con la que ha sido condenado a 30 años de prisión el Coronel Alfonso Plazas Vega, el Héroe de aquella batalla. Olvidó, los olvidos otra vez, que ese sujeto nunca salió de Granada Meta en esos días y nunca pudo presenciar los acontecimientos. Que su firma fue falsificada por la Fiscal Buitrago y que después de su supuesta declaración se perdió sin que haya sido posible encontrarlo para el necesario contrainterrogatorio. Menuda omisión.
RCN da por hecho que varios familiares de los trabajadores de la cafetería salieron con vida de Palacio. Sabe que esos reconocimientos están desvirtuados, que fueron tardíos y que son interesados. Ni una palabra sobre el tema. RCN interrogó al tal Guarín Cortés, hermano de una de las muertas en la toma y olvida que ese sujeto era miembro del M-19, capturado en un secuestro y portador del fusil de un Policía que había sido asesinado en un asalto a Nemocón. Todas las pruebas de esos hechos han sido reveladas. Pero Guarín es un héroe y nuestros Oficiales y Soldados, unos bandidos. RCN puede pensar y decir lo que quiera. Así es la Democracia. Lo que criticamos es que defienda sus tesis escamoteando la verdad.
domingo, 14 de noviembre de 2010
LA VERDAD VERDADERA
RENE GUARIN Y EL MONTAJE DE LOS DESAPARECIDOS DEL PALACIO DE JUSTICIA
Por el Consejo Editorial de “Talante”
· Periódico universitario Talante, Bogotá
· Diario El Nuevo Siglo, Bogotá
· Diario La Patria, Manizales
29 Octubre de 2010
Todo el proceso contra los militares que salvaron el Estado de Derecho y rescataron no menos de 260 personas, de manos de las hordas criminales que asaltaron el Palacio de Justicia el 6 y 7 de Noviembre de 1985, se ha montado sobre el cuento de los desaparecidos de la cafetería. Para ello han sido utilizados como idiotas útiles algunos medios de comunicación. No vale la pena mencionarlos. Los hemos leído con estupor.
A través de esos medios ha enseñado a los colombianos que los empleados de la cafetería del Palacio de Justicia salieron con vida y ahora no aparecen, razón por la cual se deduce (sin indicio alguno) que el General Arias Cabrales y el Coronel Plazas Vega los secuestraron y desaparecieron. A esa calumnia los jueces la han llamado “inferencia”. Y con esa inferencia condenaron al Coronel Plazas a 30 años de prisión. Sin una sola prueba válida.
¿Cómo montaron el cuento? Mediante unas imágenes de televisión en las cuales se ve a unas figuras borrosas saliendo del Palacio de Justicia en brazos o al hombro de soldados o policías que los rescataban. Y quién hace el reconocimiento: dos personas René Guarín y Cesar Rodríguez.
LOS “RECONOCIMIENTOS DEL SECUESTRADOR DEL M-19”
René Guarín Cortés quien fue descubierto por los periodistas Ricardo Puentes Melo y Claudia Morales de RCN radio, como miembro del M-19 y autor de secuestros, indultado simultáneamente con los autores intelectuales del asalto al Palacio de Justicia en 1992, es el hermano de la supuesta desaparecida Cristina Guarín Cortés.
Guarín aceptó en el programa de radio “la W” de Julio Sánchez Cristo, que había sido guerrillero del M-19. Y en el diario El Espectador, reconoció no solo haber secuestrado al industrial Jorge Valencia Ángel, el 27 de mayo de 1988, sino el robo de por lo menos un automotor, y el asalto a un banco. Reconoció además el porte ilegal de armas cometido en la casa de sus padres.
Los periodistas que investigaron lo que la “Fiscal de hierro” Ángela María Buitrago no investigó, descubrieron que Guarín fue capturado con la carabina M-1 y 130 cartuchos de dotación del policía Jesús Antonio Villamil, asesinado el 06 de agosto de 1986 en asalto del M-19 a Nemocón (Cund). En ese asalto el M-19 asesinó a tres policías y un cabo del Ejército y dejó dos civiles heridos.
Pues bien, ese personaje René Guarín Cortés es una de las dos personas que dice reconocer varios “desaparecidos” en el Palacio de Justicia. La otra es Cesar Rodríguez, hermano de otro de los “desaparecidos”: Carlos Augusto Rodríguez Vera.
René Guarín reconoce a
· 1.- Cristina Guarín Cortés
· 2.- Carlos Augusto Rodríguez Vera
· 3.- Bernardo Beltrán Hernández
· 4.- Héctor Jaime Beltrán Fuentes
· 5.- David Suspes Celis
· 6.- Gloria Stella Lizarazo
Estos falsos reconocimientos unidos a los de Cesar Rodríguez Vera, son los que le permiten a la Justicia Colombiana afirmar que está “plenamente comprobado” que esas personas salieron con vida. ¡No hay nada más! La Justicia no reparó en que esos dos testimonios pueden ser falsos. De hecho el testimonio de Guarín debe descartarse por evidente interés en proteger al movimiento M-19, responsable del fallecimiento de los empleados de la cafetería según el Tribunal Especial de Instrucción en su cláusula decimo séptima del informe presentado a la Corte Suprema de Justicia del 31 de mayo de 1986, sobre los hechos del Palacio de Justicia. Informe que en forma inexplicable los nuevos operadores judiciales de este proceso desde 2005, han desconocido.
LOS CONCEPTOS DE LOS PROCURADORES
Los Procuradores Jesús Villabona Barajas en el juicio del Coronel Alfonso Plazas y Hernán Suarez Delgado en el juicio del General Arias Cabrales, coinciden en afirmar que no hay una sola persona que reconozca como rescatadas del Palacio de Justicia, a tres de las “desaparecidas”, luego murieron al interior del Palacio. Ellas son:
1.- Norma Constanza Esguerra
2.- Luz Mary Portela León
3.- Gloria Anzola de Lanao.
NUBIA STELLA HURTADO TORRES TAMBIEN SE RECONOCE
Nubia Stella Hurtado Torres funcionaria rescatada por las tropas del Palacio de Justicia frente al video de otra “desaparecida” dice: esa no es ninguna desaparecida, esa soy yo. Se trata de
· Lucy Amparo Oviedo Bonilla.
Recordemos que en una diligencia presidida por la “ex Fiscal de hierro” Ángela María Buitrago, el abogado José Vicente Pedraza, defensor del Coronel Plazas, renunció al descubrir que con la anuencia de la Fiscal se estaba insinuando a la declarante Nubia Stella Hurtado que no se identificara cuando saliera su imagen en la televisión. La renuncia del abogado por considerar que no hay garantías para la defensa quedó en el proceso.
Es un caso igual al de la ascensorista del Palacio María Nelfi Díaz quien se ha reconocido reiteradamente en más de siete ocasiones a lo largo de estos 25 años, frente a una imagen que René Guarín identifica su hermana Cristina Guarín.
DESAPARECIDA DURANTE 16 AÑOS
Una empleada de la cafetería del Palacio de Justicia figuró como desaparecida hasta el año 2001, cuando fue identificado su cadáver con pruebas de ADN dentro de los exhumados de una fosa común del Cementerio del Sur al cual fueron llevados los restos de 36 fallecidos en el Palacio de Justicia, por no estar identificados o no reclamados en Noviembre de 1985, se trata de:
· Ana Rosa Castiblanco
Sus restos fueron entregados a la familia mediante Acta, el primero de noviembre de 2001. Sin embargo René Guarín la tiene incluida entre las fotografías que colocan con el letrero de “Sin Olvido” que él mismo organiza y arenga en cada diligencia judicial contra los militares. Olvida eso sí el señor Guarín, cuando pregunta donde están los desaparecidos, que los restos de la señora Castiblanco, víctima del M-19, movimiento al cual él perteneció y en el cual delinquió y atropelló a la sociedad, ya se sabe donde están.
Con relación a las once personas anteriormente relacionadas hay una coincidencia: nadie las vio en la casa del florero, lugar al cual hubieran llegado, de ser cierto que salieron con vida, puesto que allí llegaban todos los rescatados, y al respecto fueron interrogados los más de 260 rescatados con vida en aquella ocasión.
Finalmente hay otra persona que figuró como desaparecida hasta el año de 1988, cuando apareció en México: Clara Helena Enciso. Era una de las terroristas del M-19 que asaltó el Palacio de Justicia, y fue responsabilizada por tres Jueces, por delitos de Lesa humanidad cometidos en esa ocasión contra los Magistrados y funcionarios de la Justicia Colombiana.
Figuró como desaparecida y se responsabilizó de su desaparición al General Arias Cabrales y al Coronel Edilberto Sánchez Rubiano. En esa época no se estaba inculpando de desapariciones al Coronel Plazas Vega, pues todavía no se había desempeñado como Director Nacional de Estupefacientes, cargo en el cual le propinó serios golpes a los bienes y las finanzas de los narcotraficantes.
OTROS ASUNTOS SOBRE RENE GUARIN
1.- Que estuvo preso en la cárcel nacional modelo hasta el año de 1992 cuando se acogió a la amnistía ofrecida al M-19 en virtud de la Ley 77 de 1989.
2.- Que iba en compañía de María Antonia Espitia Barrero, residenciada en Zipaquirá, barrio Bolívar 83 fortín del M-19, del grupo de Gustavo Petro Urrego.
3.- Que el 28 de noviembre de 2005 el Ejército abatió a dos guerrilleros de las FARC en Colombia (Huila), les encontró una USB y cuatro cuadernos, en los cuales figuraban los nombres de miembros de las FARC, con tareas de proselitismo en la Universidad Nacional, entre ellos María Antonia Espitia Barrero actual docente en dicho claustro. En esos cuadernos se les relaciona con el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia (patrocinado por Hugo Chavez) y el Partido Comunista Colombiano Clandestino (PC3), que es la dirigencia política de las FARC.
6.- René Guarín Cortés estuvo preso en la cárcel modelo de Bogotá, por el delito de “Concierto para delinquir”, artículo 7 del Decreto 180 de 1988, por orden del Juzgado Cuarto de Orden Público de Bogotá, sumario No. 06 del 10 de junio de 1988.
7.- El Juzgado Cuarto de Orden Público de Bogotá en oficio 47017 del 17 de Enero de 1989 solicita su captura por el proceso señalado en el numeral anterior, y adicionalmente otro proceso, circular 11 del 23-Ene-89.
8.- Cristina Guarín, siendo abogada graduada en la Universidad Nacional, se empleó como cajera de la Cafetería del Palacio pocos días antes de la toma por el M-19:
“yo tenía 22 años, mi hermana 26, …durante los 36 días que ella trabajó allí varias veces fui a recogerla cuando salía de trabajar, pude así conocer a Bernardo Beltrán y Héctor Jaime Beltrán, es de aclarar que yo conocía años atrás a Carlos Rodríguez Vera y por su mamá María Helena llegó mi hermana a trabajar a la cafetería. María Helena la mamá de Carlos llama a mi mamá a comentarle que Carlos está administrando la cafetería del Palacio y que su esposa Cecilia entra a licencia de maternidad…y propone que Cristina vaya allí. Mi hermana en principio no quería aceptar eso. Ella tenía previsto irse para España a hacer un post grado…pero finalmente acepta…mientras le sale la beca…” (cuaderno 11, proceso 9755, folio 196)
La pregunta es:
Pueden considerarse válidas los reconocimientos de René Guarín, para abrir un proceso por “secuestro” y “desaparición forzada”, pasando por encima de:
· La investigación del Tribunal Especial de Instrucción firmada por dos Magistrados después de una completa investigación, adobada por el principio de la inmediatez, la cual establece que esas personas murieron en el cuarto piso?
· La Resolución de Acusación del Juez 30 de Instrucción Criminal que considera que una de las supuestas desaparecidas, está muerta y según el dictamen del médico forense se trata de Norma Constanza Esguerra, sepultada equivocadamente como el Magistrado “Pedro Elías Serrano Abadía”, cadáver que tiene el “útero no preñado, carbonizado”?
· Las siete veces que en más de 20 años, ante Jueces, Fiscales y Procuradores, María Nelfi Díaz, ascensorista rescatada por las tropas se reconoce a sí misma en los videos afirmando: “esa soy yo” y no Cristina Guarín?
· La evidencia en el proceso de que nadie vio a ningún trabajador de la cafetería del Palacio en la casa del Florero, luego nunca salieron vivas. Y ahora figuran como desaparecidas, por el reconocimiento que hace el secuestrador del M-19 René Guarín?
¿Qué espera la Justicia Colombiana, para declarar de oficio la nulidad de todo el proceso contra el General Jesús Armando Arias Cabrales y el Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, cuando ha quedado desvirtuado que hay desaparecidos?
¿Qué espera la Justicia Colombiana para hacer una investigación seria sobre los cadáveres que tanto tiempo permanecieron en el laboratorio de Antropología de la Universidad Nacional en flagrante violación de la Ley, y que solo hasta Octubre de 2009 y a escondidas de los abogados defensores de los militares los regresaron al Instituto de medicina Legal y Ciencias Forenses, lugar donde han debido permanecer por estar cobijados por procesos penales que no han concluido?
Los colombianos no entendemos porque están presos los oficiales mencionados. ¿O es que la Justicia nos quiere demostrar que su poder es tan grande que pueden mantener privado de la libertad a un inocente y condenarlo sencillamente porque así lo desean los operadores judiciales?
¡Qué vergüenza! Como decía el diario El Colombiano de Medellín.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)