Estas son las normas espartanas a que serán sometidos los habitantes de las Zonas de Reserva Campesina que el gobierno va a legalizarles a las Farc en las negociaciones de Paz en La Habana.
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martes, 25 de febrero de 2014
lunes, 24 de febrero de 2014
Las Fuerzas Militares no son negociables en La Habana
Detrás de
la barrida de Barrero
Por Rafael Guarín
OPINIÓN.Revista Semana
Santos tiene problemas para cohesionar el Ejército, no porque
esté en contra del proceso de paz, ni mucho menos, ni porque exista ruido de
sables o amenaza de ruptura constitucional. ¡No! Los militares colombianos son
respetuosos del poder civil y se someten al estado social de derecho, pero les
preocupa cuál será el tratamiento político y jurídico que recibirán una vez se
llegue a un “acuerdo de terminación del conflicto” con las FARC y cuál será el
futuro de su institución.
Es obvio. La experiencia demuestra que los militares van a la
cárcel y los exguerrilleros al poder. Mientras los que enfrentaron a los
criminales son perseguidos y privados de la libertad, muchas veces
injustamente, quienes se dedicaron a extorsionar, asesinar, masacrar, violar,
traficar drogas, enriquecerse ilícitamente y reclutar niños van directo al
Congreso, ministerios o a la Presidencia de la República. A las fuerzas armadas
las estigmatizan, las califican de instrumentos de terror estatal, y a los
terroristas los exaltan como estadistas hasta graduarlos de héroes. Mientras a
los soldados se les excluye, señala y repudia, a los criminales se les
convierte en referente moral.
Por eso la posición del saliente Comandante de las Fuerzas
Militares, General Leonardo Barrero, era clara: no se puede negociar a las
FF.MM. en La Habana. Su planteamiento, compartido por un amplio sector de las
fuerzas, es que no se deben pactar reformas al estamento castrense con
Timochenko. ¿Razonable? ¡Por supuesto! Aceptarlo implicaría que son las FF.MM.
las causantes de la violencia y por eso se deben intervenir de común acuerdo
con los terroristas.
Además, significa admitir que por ese camino la suerte
jurídica de los militares no se resuelva en el Congreso, ni en las cortes y dependa
de Márquez y Catatumbo. ¡Triste historia! Los militares y policías que
ofrendaron su vida en defensa de los derechos de los ciudadanos dependen ahora
de las FARC. ¡Victoria fariana!
En los pasillos del Ministerio de Defensa y entre altos
oficiales se menciona que la barrida a Barrero tiene que ver con que, en el
evento de rendición de cuentas efectuado hace tres semanas por el sector
defensa, el comandante se atrevió a decir públicamente al Presidente Santos que
las FF.MM. no podían ser objeto de negociación en La Habana. Todo el resto que
rodea su salida es escenografía montada con el cuidado que permitiera distraer
la verdadera razón.
Esas mismas fuentes reconocen que Barrero se salió del guión,
no sólo por su criterio frente al uso de la fuerza en el marco del DIH contra
las bandas criminales, cosa que Sergio Jaramillo veta aún por encima del
ministro Juan Carlos Pinzón, sino porque en una reciente reunión con presencia
de varios generales en Villavicencio, que congregaba comandantes del Comando
Conjunto del Sur Oriente, Barrero intervino públicamente después de Jaramillo
con observaciones que aumentaron la inconformidad de ese sector del gobierno.
La preocupación de los militares tiene fundamento. En el
marco jurídico para la paz, nombre pomposo con el cual se bautizó la reforma
constitucional que permite la impunidad para las FARC, metieron un mico que al
parecer el MinDefensa aún no ve o ayudó a redactar: “Una ley estatutaria podrá
autorizar que, en el marco de un acuerdo de paz, se dé un trato diferenciado
para los distintos grupos armados al margen de la ley que hayan sido parte en
el conflicto armado interno y también para los agentes del Estado, en relación
con su participación en el mismo”. Sí, en “en el marco de un acuerdo de paz”,
es decir, en el contexto de un Acuerdo en La Habana con las FARC se definirá el
tratamiento jurídico para policías y militares, una interpretación que se debe
objetar.
Tan honda es la preocupación en las filas que el General en
su carta de despedida, luego de advertir que las FF.MM. están inmersas en una
“coyuntura especial” reconoce que “tiene la esperanza que, con la unión de
esfuerzos y el compromiso que nos caracteriza, nuestra Institución no será
objeto de negociación en escenario alguno, presente o futuro y bajo ninguna
circunstancia”.
Y más adelante, en la misma comunicación, Barrero pide el
apoyo para la gestión del General de la Reserva Activa Jorge Enrique Mora, a
quien reconoce la calidad de “representante en la mesa de conversaciones de La
Habana”. Luego, es evidente que la posición de Mora es la misma de Barrero. Al
sacar a éste se pretende romper esa llave y quitar el bastión sobre el que Mora
se espera sostenga una fuerte posición de defensa de los intereses militares en
la mesa con las FARC.
Es forzoso entonces interrogarse sobre si lo que se buscaba
al sacar a Barrero es debilitar a Mora. Este General, serio, respetado y
escuchado por activos y retirados es garantía; no obstante, juega solo, es
decir, tiene que enfrentar la laxitud característica de Sergio Jaramillo en
estos temas, el afán de Santos de firmar lo que sea y la codicia del
Secretariado que ve en el proceso la oportunidad de pasar una cuenta de cobro y
destruir a las fuerzas militares. No hay que olvidar que para los comunistas la
“solución política negociada” no es más que una forma lucha revolucionaria.
El mensaje de Barrero no debió fastidiar al presidente a
menos que el temor de los militares corresponda a la realidad, caso en el cual
la falta de transparencia del gobierno no sería otra cosa que una emboscada.
Con habilidad se trataría de adormecer a los militares para llevarlos a un
escenario adverso en el que se imponga la transformación de las fuerzas
armadas, diseñada a dos manos con las FARC, así se presente de otra forma por
el gobierno.
Los militares y policías no son beligerantes. ¡No deben
serlo! Les corresponde abstenerse de participar del debate partidista y están
destinados a cumplir su labor en el marco del objetivo político fijado por el
presidente. Eso no se discute. Pero tampoco caer en el extremo de pretender su
silencio absoluto cuando se trata de sus garantías judiciales y del futuro de
la propia institución.
En twitter @RafaGuarin
jueves, 20 de febrero de 2014
Guerra política contra el Ejército Nacional
Un escándalo de doble fondo
Por Eduardo Mackenzie
20 de febrero de 2014
Mientras en Venezuela las mayorías
están en la calle sufriendo la metralla del régimen de Maduro y luchando por el
fin del sangriento y ruinoso experimento chavista, en Colombia estalla una
serie de escándalos destinados a fragilizar la fuerza pública que defiende al
país de la amenaza chavista.
Tras la salida en falso de la
operación Andrómeda, que echó a tierra a dos altos y valiosos oficiales
especializados en inteligencia militar, aunque la culpa de éstos no fue
probada, tenemos ahora la sorpresiva destitución de la misma cúpula militar por
motivos muy discutibles. Esos escándalos en ráfagas, además de sospechosos, son
de doble fondo: un escándalo puede esconder otro. Hay un juego entre un
escándalo explícito, provocado por una revista y por el jefe del Ejecutivo, y
otro que algunos quieren hacer invisible.
Nadie puede creer que el presidente
Santos destituyó al General Leonardo Barrero, comandante de las Fuerzas
Militares, exitoso combatiente contra las Farc en el sur del país, por haber
deslizado, en privado, en 2012, una frase ridícula contra unos fiscales.
Santos, empero, escogió ese pretexto para deshacerse de un alto mando. El mismo
admitió que había destituido al General Barrero por una frase. Al hacer tal
cosa, el jefe de Estado incurrió en abuso de poder. Tal movida desnudó
aún más a Santos. ¿Por qué él aceptó correr ese riesgo precisamente ahora?
¿Para cerrar aún más las puertas de su propia reelección?
No se sanciona a nadie por una frase
dicha a una persona y en privado. Desde luego, la frase en cuestión fue torpe y
hasta coja, pero no era más que eso, una frase. El elemento de la publicidad
faltó. Fue un desliz verbal desafortunado. El General Barrero hablaba con un
oficial detenido que se quejaba de irregularidades cometidas contra él por la
Fiscalía. Barrero no le dio una orden, ni una instrucción. Su frase no fue un
acto de servicio. No fue un acto de insubordinación. Fue un comentario suelto,
que él repudia y por el cual pidió excusas. Fue una frase como las hay por
miles cada día en todos los niveles del Estado y del gobierno. En los pasillos
de los ministerios, en los mails y en las conversaciones telefónicas.
La diferencia es que alguien escuchó
ilegalmente esa frase, la disecó, la estudió y la envió a otro para que cayera
un día (parece que en 2012) a la Comisión de Acusaciones del Congreso. Y la
volvió a sacar ahora para que la revista Semana la transformara en un espectro amenazante, en un crimen de Estado,
en medio de una campaña electoral.
Esa revista aceptó, como otras veces,
hacer parte de esa obscura intriga –quizás no está en posibilidad de decirle no
a ese actor secreto-- y redactó de manera capciosa ese folletón.
Aprovechando la inconmensurable fragilidad institucional del país, logró
desatar así uno de los golpes más injustos de los últimos años contra los
servicios de defensa de Colombia.
Es obvio que ese actor misterioso
debe tener en remojo decenas de otras frases indiscretas de sus propios amigos.
Y no espera sino que éstos se duerman en el cumplimiento de sus manipulaciones
para obligarlos.
“Hagan una mafia para denunciar
fiscales y toda esa huevonada” (sic). Como esa frase telegráfica, tan confusa
como grosera, no había logrado tumbar al General Barrero en 2012, la revista
redactó su libelo de otra manera: amalgamó las conversaciones de Barrero
con el amargado coronel Robinson González, detenido en un centro de reclusión
militar, como si éstas hicieran parte de otro entramado: los delitos de
contratación en el Ejército, a sabiendas de que a Barrero no se le reprocha
nada en materia de contratación. En otras palabras: Semana quiso, con unos párrafos
tendenciosos, ponerle la etiqueta de corrupto al General Barrero, para hacerlo
caer. Barrero denunció esa manipulación de Semana en su comunicado del 16 de febrero.
Ese escándalo debió haber terminado
con las excusas. Fue Santos quien lo redimensionó. ¿Por qué? Desde un ángulo
humano, la tal frase tiene, además, un cierto sentido. La frase alude,
evoca, unos fiscales anónimos, es decir denuncia aquella capa de operadores
judiciales que son la vergüenza y la pesadilla de la justicia colombiana. La
frase iba contra ellos y no contra todos los fiscales, pues los hay muy
honorables. Iba contra unos funcionarios que han derribado el debido proceso,
que fabrican y escamotean pruebas, que compran testigos, sobre todo cuando el
justiciable es un militar. Algunos de esos fiscales han salido por eso de la
Fiscalía. Otros fueron a dar a la cárcel. Otros están en líos con la ley. Pero
hay otros que siguen allí, incrustados y haciéndole el más grande daño al país.
Más allá de su aspecto primario, la
frase criticable del General Barrero reflejaba algo muy cierto: que los
militares de Colombia están llegando a un nivel inaudito de saturación y de
cólera ante la pérdida del fuero militar, ante el maltrato que sufren a manos
del Estado que ellos protegen y, sobre todo, ante la acción subversiva de
ciertos fiscales, los principales promotores de lo que ellos ven, con razón,
como una guerra judicial piloteada por el terrorismo, sin que el poder central
haga nada contra eso. Y demuestra que los altos mandos desconfían del llamado
“proceso de paz” en La Habana. Antier, el General Barrero los interpretó a
todos cuando dijo que él esperaba que el Ejército de Colombia no sea
nunca “negociado ni en la mesa de La Habana ni en ninguna parte”.
El silencio del presidente Santos
ante estas angustias de los militares y policías de Colombia es algo que lo
hace indigno de ser reelegido. Esto ocurre cuando el control cubano de
Venezuela tambalea. ¿Por qué Santos, en lugar de reforzar la fuerza pública, la
única muralla de contención contra las Farc y el narco terrorismo, la hunde en
semejante incertidumbre?
Que tal guisote haya sido preparado
por Semana, la revista que defiende con ardor la
línea del actual gobierno -- hasta el punto de que muchos la ven como el órgano
de expresión del presidente Santos--, permite concluir que el ataque
contra la estabilidad del alto mando militar vino del oficialismo más rancio.
¿Cómo pueden las Fuerzas Militares, en esas condiciones de inseguridad moral,
psicológica e institucional, combatir con éxito las bandas armadas del
castro-chavismo y echar abajo sus operaciones de toma del poder? ¿Con semejante
precedente cómo se sentirá la nueva cúpula militar designada por Santos?
Esta crisis confirma algo que ya
sabíamos: que en La Habana Santos no está negociando nada. Lo que sale de Cuba
es otra cosa: que las partes ya están realizando lo que presentan como reformas
futuras “del postconflicto”. Santos está dirigiendo, desde ya, un
reordenamiento capitulador del Estado. No es algo que él y las Farc harán más
tarde. Lo están haciendo ya. Sin que nadie haya conocido esos pactos ni
aprobado nada. Examine el lector los textos que han lanzado los
“plenipotenciarios”. Leyéndolos desde ese ángulo aparece la coherencia de lo
que está ocurriendo. Las “partes” se han comprometido a hacer ya mismo estas
cosas, sin decirle nada al pueblo, burlándose de su credulidad y de sus
inmensos anhelos de paz.
Ese temor penetra ya hasta los
círculos santistas. John Marulanda, un perspicaz analista, saludaba ayer la
brutal decisión de Santos. El cree ver en eso un acto de “limpieza necesaria
que fortifica aún más a la institución”. Sin embargo, con cierto realismo tuvo
que ir al fondo del asunto y concluyó: “Ojalá este sometimiento no sea excusa
para un futuro desmantelamiento de nuestro Ejército Nacional. Algo que no se
sabe si se está negociando en La Habana, Cuba”. El temor es evidente en esa
frase, solo que esa concesión a las Farc ya comenzó. Y la están
implementando a golpes pero sin que nadie vea la maniobra. Para eso sirve la
propaganda. Para eso sirve Semana.
miércoles, 19 de febrero de 2014
Los ataques al Ejército de Colombia
¿Por qué al Ejército? ¿Por qué ahora?
Por
Fernando Londoño H.
Periódico
Debate, Bogotá
17 de
febrero de 2014
Nadie
se atrevería a poner en duda que la Revista Semana es la voz del Presidente
Santos, más confiable para él que el diario El Tiempo. La Revista es de
propiedad de Felipe López, uno de los dos personajes que Santos denunció como
sus amigos del alma, y por si fuera poco, el Director es su sobrino
Alejandro, hijo de su hermano Enrique, el que le cuadró a los Castro, a Chávez
y a las FARC para los diálogos de La Habana.
Establecido
ese principio, nadie dudaría que la paliza que desde Semana se le está dando al
Ejército viene dirigida desde la Casa de Nariño, porque le conviene a la Casa
de Nariño para estas próximas elecciones. Un equipo encabezado por el
venezolano J.J. Rendón es capaz de cualquier cosa. Maquiavelismo puro. O si
quieren, fascismo sin ambages.
El
Ejército es la más amada de nuestras instituciones. Cualquiera encuesta, hecha
por tirios o por troyanos, coincide en ello. Pues hay que arrastrarla por el
piso y quitarle ese puesto de honor en el corazón de los colombianos. Y ello
por una razón tan simple como poderosa: las FARC no firman papel alguno que no
contenga la ruina parcial o total del Ejército. Los pueblos sufren las guerras.
Pero las ganan o las pierden sus ejércitos.
A
Santos le importa un bledo preservar o sacrificar el Ejército. Para un
oportunista de su clase ese es asunto menor, cuando tiene en juego su porvenir
político y su puesto ante la Historia, lo único que de verdad le importa. Así
que adelante, manos a la obra, y la obra se puso en marcha.
Los
ataques recientes al Ejército se inician cuando un periodista de Semana cuenta
haber sido víctima de un atentado que le hicieron gentes muy malas y de pésima
puntería en las cercanías de Tolemaida. Adoba su denuncia con el ataque
implacable que esa revista le había organizado al propio Ejército por las
supuestas delicias que para los militares presos significaba el paraíso
carcelario que precisamente en Tolemaida les tenían organizado.
Pero
no bastó. Esos ataques no valieron un rasguño para la imagen soberbia del
Ejército. Era menester algo mucho más duro. Y llegó.
Nadie
ha podido explicar cómo se descubrió la fachada de Inteligencia Militar montada
en el barrio Galerías de Bogotá. Solo lo sabe la Revista Semana. La Inspección
del Ejército se queja de la baja eficiencia de contrainteligencia militar que
permitió que fuera descubierta. Pues el Presidente, desde el primer minuto del
primer día, la emprendió contra el Ejército, dándole pleno crédito a Semana.
Pues no le valió. Ni la fachada era ilegal, ni hay constancia de que fuera
centro de interceptaciones ilegales. Menudo fiasco para Santos.
Pues
cuando se le viene encima el escaparate, Semana le tiende otra malla
protectora, a saber, la corrupción del Ejército. Nadie ha dicho quién
interceptó las comunicaciones reveladas. Los cuentos no cuadran. Y nadie ha
explicado cómo son los militares presos los que manejan los contratos con los
militares activos. Pero no importa. Para eso está Semana. Para seguir
sosteniendo cualquier infundio y para cavar la fosa moral del Ejército. Las FARC
respiran tranquilas. El Ejército no vale una higa y pueden ganar la guerra de
La Habana. Y Santos tendrá un papel con el que aspire a reelegirse. Y como
dicen los cuentos al final, colorín colorado.
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