Autor: Alfredo Rangel
Fuente: Boletín Debate Nacional
Fecha: 23/07/2013
Fuente: Boletín Debate Nacional
Fecha: 23/07/2013
En una decisión que ha sido alabada por casi todos como un gran logro, el Congreso acaba de darle el puntillazo final al fuero militar. En adelante, la Justicia Penal Militar solamente se encargará de juzgar al centinela que se duerme en la guardia, o al soldado que deserta de las filas. Todos los demás delitos cometidos en ejercicio de sus funciones militares serán investigados y juzgados por la justicia ordinaria, o sea, por jueces civiles. Justicia que no les ofrece ninguna garantía a los militares ni a los policías. Al contrario, es un terreno adverso y hostil.
Hay que decirlo hasta la saciedad. El fuero militar no es un privilegio, ni es sinónimo de impunidad. Es una garantía jurídica que tienen todos los ejércitos del mundo desde hace centenares de años –de hecho, desde los tiempos del Imperio romano– para ser juzgados por sus pares por los delitos que se comenten en la guerra o en desarrollo de operativos militares. Así lo tiene establecido la inmensa mayoría de los países democráticos del mundo.
Retomando una centenaria tradición nacional, así lo estableció en Colombia la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que en su artículo 221 señaló que todos los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo y en desarrollo de sus funciones serían juzgados por tribunales castrenses, sin excepción alguna. Ahora la reforma del Congreso ha excluido del ámbito de la Justicia Penal Militar cerca de 18 delitos, casualmente los que se cometen con mayor frecuencia en desarrollo de operaciones militares.
Prácticamente ningún ejército del mundo tiene un fuero militar cuyo alcance sea tan limitado como el que tendrá ahora el Ejército colombiano. Y no creo que exista ningún caso a nivel internacional en el que se le limita tan radicalmente el fuero militar a un ejército en la mitad de una confrontación armada. El contentillo es que ahora la justicia militar va a ser más rápida y más eficiente para juzgar a los centinelas dormilones.
La reforma les quedó muy bonita para un país en absoluta paz, que no tuviera que enfrentar más de 60 frentes guerrilleros, bacrim muy poderosas y extendidas, sangrientas mafias del narcotráfico y múltiples expresiones del crimen organizado. Ideal para Suecia o Dinamarca. Catastrófico para Colombia. Y después se preguntan por qué será que nuestros mejores militares están saliéndose del Ejército y se están yendo para Arabia Saudita.
Es obvio: aquí si les va mal, los mata o los deja inválidos la guerrilla, pero si les va bien y son heroicos combatientes, los meten a la cárcel. Para ello es suficiente una acusación, un simple señalamiento de haber provocado desplazamiento forzoso de civiles durante un combate, o de haber maltratado a un prisionero en un interrogatorio, o que los familiares de un guerrillero muerto en combate digan que fue asesinado extrajudicialmente. Con eso basta.
El argumento de que la justicia ordinaria es más rápida, más justa y más efectiva es falaz. Basta observar el caso de los supuestos desaparecidos del Palacio de Justicia. Después de más de 20 años, todavía no ha sido absuelto ni condenado definitivamente el coronel Plazas Vega. Eso sí, en su juicio le han violado todos y cada uno de sus derechos procesales. Jamás se presumió su inocencia. Nunca pudo enfrentar al único (falso) testigo en que se basó su condena. Uno de los dos magistrados que lo condenaron fue candidato del Polo en el Huila. Al general Arias Cabrales lo condenaron sin una sola prueba en su contra, sólo por ser dizque “jefe de una organización criminal”, o sea, comandante del Ejército Nacional de Colombia. Las condecoraciones por orden público de los militares son consideradas por los jueces civiles indicios de un comportamiento criminal.
Y así se repiten por decenas los casos de militares y policías injustamente acusados, procesados, juzgados y condenados por una justicia ordinaria caracterizada por su fobia contra la fuerza pública. Es fácil constatar que durante décadas ha sido el Partido Comunista el que tiene las mayorías en Asonal Judicial, el sindicato que agrupa a jueces y fiscales.
El temor de ser involucrado injustamente en la justicia civil en un juicio eterno y sin garantías, que les arruina su carrera, su honor y su economía familiar, inhibe y desestimula a la fuerza pública para combatir con más denuedo a los criminales. Por eso, aprovechando ese desaliento, los criminales han incrementado sus acciones violentas en los últimos años. Las bacrim están fuera de control. Las guerrillas han multiplicado por cinco sus retenes ilegales y por 15 sus atentados contra la infraestructura económica nacional entre el 2010 y el 2013. La extorsión se generalizó. El narcotráfico ha vuelto a crecer.
Con la práctica supresión del fuero militar por el Congreso, algunas ONG de derechos humanos de clara orientación izquierdista pueden darse por satisfechas, aunque siempre querrán más. Las múltiples expresiones del mamertismo y todo su espectro de acólitos estarán de fiesta. Los medios, que ni se enteran, los acompañarán en el brindis de celebración. Pero la fuerza pública, en su callado y republicano silencio, sabe que le han dado un golpe certero. La opinión pública debería solidarizarse con ella.
