¿Acatamos la sentencia de La Haya?

Autor: Guillermo Rodríguez
Fuente: KienyKe
Fecha: 22/11/2012

Sin sabor quedamos miles de colombianos luego del conocer la decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que por un lado reconoce la soberanía de los Cayos, pero que al mismo tiempo nos priva, algo más, de la mitad del mar territorial, que le fue otorgado a Nicaragua.

El contraste viene enseguida y es latente: mientras en Nicaragua el llamado presidente Comandante, Daniel Ortega, celebra la “justa” decisión, en Colombia la patria, nuestra patria, llora la suerte de sus pescadores y el presidente Santos califica como de error el fallo.

¿Será que la solución es no acatar dicha decisión, como lo ha propuesto el expresidente Álvaro Uribe y varias voces de la opinión pública?

Nicaragua dice que no va a echar para atrás su decisión y que, todo lo contrario, Colombia debe respetarla, como ellos lo han hecho en ocasiones pasadas. Considero que el presidente Santos debe llamar a consultas a expresidentes y a los principales asesores de relaciones exteriores para enfilar baterías.

No estamos proponiendo que se suelten los vientos de guerra, pero sí que defendamos y sigamos defendiendo a través de las vías legales lo que sea para mantener nuestra dignidad de colombianos y soberanía. No es posible que cada 110 años Colombia, de manera cíclica, pierda porciones importantes de tierra. Recordemos nuestro vasto territorio en la era de la Gran Colombia, la perdida reciente hace un siglo y unos años de Panamá y ahora, por cuenta de la ingenuidad de los “defensores” de los intereses de Colombia, hemos perdido grandes territorios marítimos que son invaluables.

¿Cuánto cuesta un metro cubico de mar territorial?

Su valor pecuniario no lo podríamos establecer, es invaluable la riqueza marina, la biodiversidad, la despensa pesquera y los irrefutables recursos del subsuelo marítimo que se encuentran en la zona, por algo la agencia nacional de hidrocarburos le apostaba a sacar adelante procesos de adjudicación a la exploración y explotaciónoff shore en la zona.

Es menester recordarle al tierno, Dr. Julio Londoño, que si él no sabe realmente qué se perdió, 40 millones de Colombianos, a lo sumo sí consideran que no solo se perdió extensos kilómetros de aguas territoriales, sino con ello la dignidad de patria que durante 200 años ejerció ininterrumpidamente esos principios que enarbolan el derecho internacional público y el derecho internacional marítimo como es el Ius posedeti de Iure.

¿Quién Responde?

Difícil buscar hoy responsables, pero si a alguien podríamos señalar, diría yo que ese blanco podría ser el expresidente Andrés Pastrana, hombre que no solo concedió tiernamente territorios a las Farc, también hoy vemos que por poco dilecto se le regalan aguas territoriales a un país como Nicaragua, pues él fue quien nos metió en el embeleco de La Haya. Nicaragua, país arrogante con los colombianos decentes y noble con las cabezas de la violencia.

¿Dónde queda el Esguerra Barcenas?

Buena pregunta, pues para nuestra desgracia queda guardado ya que la decisión de La Haya, al ver los resultados, no fue en derecho, tal vez fue en algo que ellos, sus jueces, llaman “equidad”. Principio que se funda en equiparar cargas a las partes. La pregunta es si pasándose por la faja un tratado, principios del derecho internacional y las condiciones de soberanía por cerca de 200 años, ¿en dónde se equiparan las cargas para Colombia?

Ojala Uribe y Santos se unan en ese propósito y como un gesto solidario, de construcción de sociedad y de paz, trabajen para que los tratados anteriores sean respetados. 

Acá no es solamente el asunto legal y, ojo con eso, si Colombia no se asesora bien y actúa acorde en el ajedrez internacional, “el nuevo mejor amigo”, Hugo Chávez, amigo de Ortega, también podría empezar a presionar sus fichas. Y a pedir el día de mañana la pequeña porción que le corresponde a Colombia del golfo de Venezuela, teniendo como referente el archipiélago de los monjes.

¿Por qué no unirnos en pro de respetar nuestra soberanía sobre el mar caribe Colombiano? No acatar la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, hacer un llamado a la opinión pública en general, que este es un asunto de Estado, que como tal merece toda la atención y solidaridad. Y ¿por qué no también que el Presidente de la Republica despliegue lo mejor de sus juguetes como fragatas?, que entre otras hace poco fueron modernizadas y convertidas en misileras de alta mar, como la FS-1500 Almirante Padilla y la ARC Antioquia, las cuales mostraron toda su actitud defensiva en el RIMPAC terminado en agosto de este año cerca de Hawái.

Ante las circunstancias, y siendo el tema de gran importancia, debemos estar con las antenas encendidas a lo que se podría desencadenar.

Corolario: sería bueno que el tierno Dr. Julio Londoño y Guillermo Fernández de Soto devolvieran sus honorarios que tristemente valieron en la defensa de los intereses nacionales.

La geopolítica de las negociaciones de paz(1)

15/11/2012

Alberto López Núñez

Blog Debate Nacional, Bogotá, 15/11/2012

Debemos estar conscientes que estas negociaciones no se realizan dentro del contexto político colombiano solamente, sino que por el contrario, están determinadas por un contexto geopolítico muy peligroso para Colombia: el plan  estratégico del comunismo internacional tiene en ellas un acento primordial.

El Foro de  Sao Paulo, asociación de los partidos de izquierda de América Latina, fundado en  la ciudad que lleva su nombre en 1990, comenzó siendo una asociación de  “ resistencia” al consenso liberal dominante en América, hoy desafortunadamente es la fuerza política más poderosa en el continente, en las últimas dos décadas han ganado el poder en Brasil, Uruguay, Paraguay*, Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, El Salvador, Honduras* y Nicaragua, además de detentarlo en Cuba (* En estos 2 países el orden institucional impidió la perpetuación del Foro en el poder). No existe una verdadera contraparte ideológica en el gobierno al Foro, desde que Uribe salió del poder, pues los países en los cuales éste no detenta el poder (México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú y Chile), los gobernantes no se enfrentan al Foro. El Foro de Sao Paulo no es más que un nuevo  molde para la III Internacional, frente al estrepitoso fracaso de la lucha guerrillera,  el comunismo se ideó una nueva forma de ganar el poder: la electoral.

La anterior afirmación pareciera extravagante, pero está históricamente comprobada: el cansancio de los pueblos frente  las reiteradas promesas incumplidas de los partidos tradicionales los llevó a buscar “outsiders” que eventualmente pudiesen cumplir los históricos anhelos populares. Esta coyuntura histórica le sirvió al comunismo para reciclarse en movimientos populistas bajo la égida de un líder carismático, ganar las elecciones y desde allí tomar el poder ininterrumpidamente, y no cumplir las promesas electorales, sino instaurar regímenes autocráticos al servicio de la dictadura castrista.

Este fue el programa elaborado por el foro de Sao Paulo a principios de la década de los 90, ensayado exitosamente por Chávez a finales de la misma y secundado en todo el continente.

La metodología es básica:

1. Usufructuar el descontento popular con los partidos tradicionales.
2. Crear un movimiento de masas sin connotación comunista.
3. Poner al liderazgo de ese movimiento una figura carismática enarbolando consignas populistas.
4. Llegar al poder por las elecciones.
5. Una vez allí establecer un programa de destrucción de la institucionalidad democrática.
6. La iniciativa que inaugura ese proceso es una Constituyente, que elabora una Constitución al pleno gusto del autócrata.
7. A partir de esa Constitución se aniquilan los partidos políticos y demás instituciones democráticas.
8. Una vez realizado esto, se crea una pseudoinstitucionalidad que legitima al autócrata.
9. El autócrata se perpetúa en el poder por medio del fraude electoral.
10. Está bien claro pues, que la lucha es entre liberalismo democrático y el “Socialismo del siglo XXI” y en este enfrentamiento los demócratas no podemos seguir actuando con el guión erróneo que nos describe “El perfecto Demócrata Latinoamericano y Español”: debemos tener consistencia doctrinal y praxis frente al problema. Veamos pues desde esta perspectiva geopolítica como analizar las negociaciones de paz con las FARC.

Estas negociaciones de paz con las FARC, son en realidad una claudicación de la soberanía del país y una afrenta a la seguridad nacional, es decir, que el Estado colombiano, está cediendo, sin ningún mandato del pueblo colombiano (sobre la “Teoría del Mandato, ver: King et al, 1993, Budge et al, 1990) a las pretensiones del Foro de Sao Paulo, veamos por qué:

1. Los delegados del Gobierno de la República de Colombia (Gobierno Nacional) y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejercito del Pueblo (FARC-EP). Se les da igualdad de condiciones al Gobierno y a las FARC, esto es consecuencia de una decisión legislativa: el dar condición de beligerante en un conflicto interno inexistente a las FARC. Ellas son narcoterroristas, jamás plenipotenciarios de un sector del pueblo colombiano. Por allí se debe empezar la crítica. Se está plegando  el gobierno a las pretensiones del Foro de Sao Paulo, de dar igualdad de condiciones al estado y a los terroristas, paso inicial para la usurpación del poder por estos.
2. Cuba Y Noruega, garantes, Venezuela, facilitador. Se está cayendo en la trampa de darle todo el poder al foro de Sao Paulo, al estar las negociaciones condicionadas a la  “garantía” y “facilitación” de los 2 países ejes del proyecto de expansión del “Socialismo del Siglo XXI””.
3. Las premisas para el acuerdo: desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo regional, ampliación de la democracia, le dan una legitimidad a las FARC por encima de su nivel de apoyo en la población colombiana.
4. Los puntos de la agenda: a) desarrollo agrario, una coartada para que el foro de Sao Paulo logre su objetivo de minar la propiedad privada en el campo; b) Frontera agrícola y  protección de zonas de reserva, le da a las FARC poderes sobre las políticas ambiental y minera.
5. Programas de desarrollo social, territorial, económico, infraestructura y seguridad alimentaria, en definitiva lo que hacen es hacer al foro de Sao Paulo co-gobierno, sin ninguna base legal ni legítima para ello.
6. Participación política: se les está dando impunidad y elegibilidad a los terroristas de las FARC, PRIMER PASO PARA INTENTAR IMPLEMENTAR EL MODELO DE ACCESO AL PODER DEL FORO DE SAO PAULO
7. Cese al fuego y de hostilidades bilateral, son los terroristas los que deben hacer cese al fuego, jamás el estado, acá el gobierno está entregando al Foro de Sao Paulo su esencia: la Defensa y Seguridad Nacional.
8. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil – en lo económico, lo social y lo político -, de acuerdo a sus intereses. La reincorporación debe ser de acuerdo al interés nacional, jamás a los intereses de un grupo terrorista, que obedece lineamientos de una plataforma doctrinaria extranjera.
9. Solución al problema de las drogas ilícitas. Aquí está el eje del problema para el éxito de las negociaciones: las FARC son el cartel casi monopólico del narcotráfico en el país, van a ceder a ese privilegio? imposible. Luego va a ceder el gobierno a dejarles ese monopolio? Debería ser imposible, pero frente a tantas concesiones….
10. Víctimas. Las FARC tuvieron la desfachatez de negar tener cualquier víctima (secuestro. Extorsión, etc.) y el Presidente  Santos el cinismo y la vulgaridad de expresar que hay que creerles.

En conclusión estas negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC son una vulgar rendición del gobierno  a la estrategia de expansión del “Socialismo del Siglo XXI” del Foro de Sao Paulo.

Frente a esta rendición, en mi opinión se podrían plantear los siguientes escenarios: (2)

1. CATASTRÓFICO:   Chávez continúa  en el poder y las FARC logra coronar con éxito las negociaciones.
2. MALO: Chávez continúa en el poder, pero fallan las negociaciones.
3. BUENO:  Chávez pierde el poder pero continúan las negociaciones ( con las 2 posibilidades de éxito o no, pero sin Chávez en el poder las posibilidades de éxito se reducen notoriamente)
4. ÓPTIMO: Chávez deja el poder y las negociaciones fallan.

El que Chávez deje el poder o no, es una variable que nos es completamente imposible de influenciar, pero el fracaso de las negociaciones si están en buena medida en nuestras manos, el hacer una labor de difusión de la significación de estas negociaciones para el futuro de Colombia, el caer en las manos de un grupo comunista, que apoya a terroristas y que soliviantaría nuestra seguridad  nacional, sería la salida final del éxito de las negociaciones tal como están planteadas.

SÍ QUEREMOS LA PAZ, PERO NO A CAMBIO DE LA LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA, QUEREMOS UNA PAZ JUSTA.

Notas:

1. Resumen de la ponencia con el mismo título, expuesta en los talleres “Liderazgo con Valores Democráticos” del Centro de Pensamiento Primero Colombia.
2.  Esto se escribió antes del fatídico 7 de octubre, ahora las opciones del escenario, se reducen, lamentablemente, a las 2 primeras.

Publicado en COLOMBIA, POLÍTICA

Diálogos, fracaso seguro

Autor: Alfredo Rangel
Fuente: Semana
Fecha: 18/11/2012

El resultado es una diferencia abismal entre las visiones que tienen las dos partes sobre la agenda, los procedimientos, la duración y el resultado de los diálogos de paz, diferencia irremediable que garantiza su fracaso.

Los diálogos de paz que se inician esta semana en La Habana no tienen la mínima posibilidad de éxito. Por dos razones: de un lado, por la soberbia y las exageradas pretensiones de la guerrilla, que aún no ha tomado la decisión de abandonar la lucha armada, y, de otro lado, por la ingenuidad y el desconocimiento del pasado de los negociadores del Gobierno. El resultado es una diferencia abismal entre las visiones que tienen las dos partes sobre la agenda, los procedimientos, la duración y el resultado de los diálogos de paz, diferencia irremediable que garantiza su fracaso.

Sobre la agenda las diferencias son enormes y fueron evidentes al día siguiente de su anuncio, al final de la etapa exploratoria. Mientras para el Gobierno el temario se reduce a los cinco puntos contenidos en el documento firmado por las partes, para las FARC son esos cinco puntos más todos los problemas nacionales. Así lo señaló Timochenko al leer un documento del Secretariado del 15 de septiembre del 2012, en el que se ratifica que los principios generales contenidos en la agenda deberían ser “materializados en los acuerdos finales”. Después los voceros de la guerrilla afirmaron que todos los TLC deberían ser derogados, que hay que reducir el Ejército y el presupuesto militar y revisar la doctrina militar del Estado, que las FARC no tienen nada que ver con el narcotráfico, que todas las víctimas las produce el Estado y que ellos “no han hecho sufrir a nadie”, que no tienen secuestrados, que el Marco para la Paz es un “esperpento” y que nunca entregarán las armas, entre otras linduras. Todo esto lo ratificó Iván Márquez un mes después en Oslo ante el inexplicable asombro de los despistados voceros gubernamentales, como si por primera vez conocieran las posiciones de las FARC.

Por más que el Gobierno quiera ser flexible y que las FARC cedan en sus pretensiones, en estas condiciones no hay un punto intermedio aceptable para ambas partes. El país no tolerará ser negociado en la mesa con una guerrilla marginal que no representa a nadie, y un gobierno en trance de reelección no lo puede hacer ni lo va a intentar. Por su lado, las FARC han puesto su vara muy alto y reducir sus pretensiones a lo que es aceptable para el Gobierno les será imposible, so riesgo de provocar una catastrófica división en sus propias filas, y vocación de suicidas no tienen.

De otra parte, los procedimientos no son temas accesorios, son de fondo. Como en ocasiones anteriores –remember el Caguán–, las FARC están aprovechando los diálogos para fortalecerse política y militarmente. Con el solo anuncio de los diálogos ya obtuvieron gratis reconocimiento político, legitimidad como contraparte del Estado, visibilidad y protagonismo nacional e internacional. Sin contraprestación alguna. Ahora quieren unos diálogos abiertos, públicos y participativos, para seguir haciendo campaña política gratis, tratando de lavar su imagen y de hacer proselitismo a costa de la paz. El Gobierno quiere unos diálogos discretos y reservados a los voceros de ambas partes. Pero el principal asunto de procedimiento es cómo abordar la agenda, para lo cual primero hay que ponerse de acuerdo sobre cuál es la agenda, y ya vimos que el desacuerdo es insuperable.

Finalmente, la duración de los diálogos y su resultado. El Gobierno estima suficientes unos pocos meses, mientras las FARC pretenden unas conversaciones de muchos años. El Gobierno busca el fin del conflicto, la guerrilla pretende la revolución por decreto. Esto, claro, es derivado del qué y el cómo se negocia. Las diferencias no tienen remedio.

Es evidente que las FARC han incumplido el acuerdo inicial sobre la agenda y han pillado al Gobierno sorprendido y atolondrado. Hacia futuro el único plan B de Santos es buscar el mejor momento para romper los diálogos. Pero ¿por qué la soberbia y el cinismo de la guerrilla? Porque contra toda evidencia, ella cree que es victoriosa y que ha derrotado al Estado. Que la seguridad democrática la debilitó pero no la derrotó y que, por consiguiente, ahora ella es la que pone las condiciones. Lo grave es que el incremento de sus acciones violentas y su expansión territorial reciente, así como la reducción de la ofensiva militar del Estado y el desmonte de la seguridad democrática, la confirma en esta creencia.

Las FARC sólo negociarán en serio y con sensatez cuando hayan sido debilitadas al extremo. Y todavía falta mucho camino. Después del seguro fracaso de estos diálogos, y sin que ello dependa de la voluntad de nadie, volverá a tener de nuevo la palabra el camarada Mauser.

Difícil creer en el proceso de paz

Autor: Editorial
Fuente: Diario el Occidente
Fecha: 16/11/2012

Es cada vez más difícil para los colombianos creer en el proceso de paz iniciado con la guerrilla de las Farc y cada vez más difícil para el Gobierno Nacional justificar los diálogos con este grupo armado ilegal, pues con las declaraciones de sus cabecillas y con sus acciones terroristas, la organización subversiva da cada día más razones para desconfiar de su supuesta buena voluntad.

Al aplazamiento, con argumentos poco convincentes, del inicio de los diálogos, que estaba previsto para hoy y fue reprogramado para el próximo lunes, se suma la arremetida terrorista en el Cauca, con el carrobomba en Suárez y los hostigamientos de ayer en Totoró, y las desatinadas y cínicas declaraciones entregadas por los negociadores de la guerrilla al periódico El Telégrafo, de Ecuador.

En declaraciones al medio de comunicación del vecino país los voceros guerrilleros dijeron que “las Farc no están negociando nada, porque nada tienen que negociar”, y reafirmaron que no se desmovilizarán, sino que simplemente prevén dejar las armas si se llega a algún acuerdo con el Estado colombiano.

Es claro que la contraparte del Gobierno Nacional en este proceso no es propiamente un coro de ángeles, y que su actitud hostil, desafiante y cínica era de esperarse, como también era de esperarse su arremetida contra poblaciones indefensas para sobredimensionar su poderío, pero olvidan las Farc que para que los diálogos fructifiquen es necesario que los colombianos los avalen, y para que haya ese aval ciudadano se necesita que la gente crea en las negociaciones, y esa credibilidad no llegará si no hay gestos claros de voluntad de paz por parte de la guerrilla, y hasta el momento no se ha visto el primero.

No es atacando a los olvidados por el Estado como se demuestra buena voluntad y como se le da credibilidad a los diálogos de paz, con ese tipo de acciones y actitudes las Farc están llevando el incipiente proceso a una muerte prematura.

Lucha por el Fuero Militar

PROYECTO ACTO LEGISLATIVO SOBRE REFORMA DEL FUERO Y DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR

 

Intervención del Brigadier General Jaime Ruiz Barrera, Presidente Nacional de ACORE, en la audiencia pública programada por la Comisión Primera del Senado de la República, el día 15 de noviembre de 2.012

 

El tema del Fuero y de la Justicia Penal Militar, se convirtió de un momento a otro en un asunto de gran actualidad y de gran interés nacional, atrayendo por primera vez la debida atención y la inmensa preocupación de una gran parte de nuestra ciudadanía.

 

ACORE, como la asociación más representativa del cuerpo de oficiales de la reserva activa de las Fuerzas Militares, ha asumido como una de sus tareas prioritarias, acudir a diferentes instancias de la vida nacional, en busca del respaldo requerido para sacar adelante esta importante y urgente iniciativa parlamentaria.

 

Conjuntamente con el Cuerpo de Generales y Almirantes, ha venido participando en diferentes foros y reuniones con distintos sectores de la sociedad civil, periodistas, academia, y parlamentarios de las Secciones Primeras de Cámara y Senado, encontrando por fortuna, una respuesta muy favorable frente a esta preocupante inquietud qué a todos nos afecta.

 

A comienzos del presente año, el proyecto de acto legislativo  que cursaba en el Senado de la República  después de cuatro exitosos debates, se cayó por decisión de la bancada de gobierno que antes lo apoyaba con el argumento de que el nuevo proyecto que fue presentado posteriormente en la Cámara de Representantes sobre este mismo tema, era el que había que respaldar por ser más completo, tener más posibilidades de éxito en su trámite, y quizás menos riesgos de objeción constitucional. Este proyecto ha sido aprobado en seis debates por una gran mayoría, y próximamente  continuara su trámite legislativo, hasta lograr los ocho debates reglamentarios, que según los ponentes, podrían concluir a finales del presente año.

En estas condiciones, la ley estatutaria que lo reglamentaria, solo iniciaría su trámite, hasta la próxima legislatura, o sea la correspondiente al año venidero.

Este proyecto establece la creación de una defensoría técnica financiada por el Estado, normas especiales de tipo carcelario, la competencia exclusiva de la Justicia Penal Militar sobre todo lo concerniente al Derecho Internacional Humanitario (Derecho de Guerra), la competencia exclusiva de la Justicia Ordinaria sobre los delitos de lesa humanidad, desaparición forzada y genocidio, la conformación de un Cuerpo Técnico de Policía Judicial Penal Militar, bajo competencia de la Fiscalía, la creación de un Tribunal de Garantías Penales, la conformación de una Comisión Mixta para dirimir conflictos de competencia, y la instauración de la Justicia Penal Policial en forma definitiva.

En estas circunstancias, y ante el habitual riesgo que tradicionalmente tienen estos trámites, especialmente cuando se trata de un acto legislativo para reforma de la Constitución, y posiciones políticas cambiantes, ACORE  planteo como segunda alternativa, y en forma paralela, propiciar también a través de las instancias respectivas, la revocatoria o la agilización del proceso que hace curso ante el Consejo de Estado, del cuestionado acto administrativo Mindefensa-Fiscalía General, que suspendió temporalmente la aplicación del artículo 221 de nuestra Constitución, el cual establece con mucha claridad todo lo concerniente al Fuero Militar y al juzgamiento de los militares por actos relacionados con el servicio, a través de Tribunales o Cortes Marciales, bajo la competencia expresa de la Justicia Penal Militar.

 

En este momento, se espera un fallo sobre este particular, en respuesta a varios recursos interpuestos por la Procuraduria General de la Nación, que ha solicitado un pronunciamiento urgente  en tal sentido.

 

La grata impresión que tenemos hasta ahora,  es que por fin se entiende la importancia y la gravedad que esta situación representa para la seguridad del país, ya que como es de todos bien sabido, nuestras Fuerzas Armadas requieren con urgencia, de la total y necesaria protección jurídica que les permita cumplir adecuadamente su misión institucional, frente a la constante y creciente agresión terrorista que nos afecta.

 

Paradójicamente, Colombia tal como lo dicen algunos comentaristas de la prensa nacional, es quizás el único país del mundo que ahora reconoce publica e internacionalmente el conflicto armado interno que la afecta, y que inexplicablemente desaparece de un tajo el fuero constitucional que requiere, para proteger a quienes portan las armas de la República en defensa de su soberanía e instituciones.

 

Lo más preocupante es ver la forma tan evidente como el sistema judicial ordinario, a través de algunos de sus operadores, persiguen sin tregua a nuestros militares, más no así, a quienes conforman los grupos armados ilegales, para los cuales hay muy pocos procesos, y los que por casualidad existen, reposan en distintos despachos judiciales durmiendo el sueño de los justos. No conocemos resultados efectivos contra estas organizaciones criminales.

 

El concepto generalizado de nuestros combatientes, ante esta ausencia de garantías jurídicas y procesales, es que:  

  

“en el momento actual nos juzga el enemigo, y no las instituciones del Estado que protegemos, y por las cuales nos jugamos la vida en el campo de combate.”

 

Quien lo creyera, mientras nuestras tropas se desmotivan gradualmente por la constante persecución de algunos jueces  y fiscales, la moral y el triunfalismo se encuentra en poder de los grupos terroristas que nos asechan y que hoy pretenden negociar un proceso de paz que les otorgue total impunidad, por la comisión de crímenes atroces y violación permanente del derecho internacional humanitario contra la población civil indefensa.

 

Desde el momento en que entro en vigencia el nefasto convenio OSPINA-IGUARAN, con el cual se proporciono el puntillazo final a nuestro fuero y a la Justicia Penal Militar, la justicia ordinaria le ha causado aproximadamente trece mil bajas, no en combate, pero si en sus propios estrados, a las Fuerzas Armadas del país. Nuestros mejores combatientes, los mejor entrenados, los más capacitados, los mas condecorados, actualmente incursos en arbitrarios e infames procesos, quedan automáticamente neutralizados, puesto que su condición sub-judice, no les permite ser empleados en las operaciones militares, y ni siquiera prestar servicios de seguridad en sus propias instalaciones.

 

Estas son las cifras que corroboran lo que aquí se afirma: hay ya casi cerca de tres mil militares tras las rejas, alrededor de diez mil procesos activos cursando en diferentes despachos judiciales, dentro de estos procesos, cerca de trece mil imputados por causa o razón de inexplicables decisiones judiciales. Hay mas militares en las cárceles, que miembros de las organizaciones terroristas. Estas son las famosas “bajas judiciales” que nos ha producido el enemigo, a través de este diligente sistema judicial, que tanto lo ha favorecido. No hay la más mínima confianza en el sistema procesal que se les aplica.

 

Y por si esta persecución no fuera poca, la anterior Fiscal General de la Nación, habilito antes de irse, las viejas instalaciones donde funciono el antiguo DAS en el centro de la Ciudad de Bogotá, con cientos de funcionarios dedicados exclusivamente a investigar y armar procesos con la ayuda de reconocidos colectivos de abogados de la extrema izquierda, contra miembros de las Fuerzas Militares, especialmente Oficiales de alto rango, a quienes se les pretende acusar irregularmente, por graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad que nunca prescriben.

 

En aras del equilibrio y del más elemental principio de igualdad, la obligante pregunta es…. ¿El actual Fiscal General de la Nación, quien ya se ha declarado públicamente enemigo del Fuero Militar y en abierta rebeldía contra cualquier determinación que se tome en tal sentido, habilitara de la misma manera dependencias similares, también con cientos de funcionarios para investigar y armar procesos contra militantes y auxiliadores pertenecientes a los diferentes grupos terroristas que actúan en el territorio Nacional?

Lamentablemente, la respuesta es NO. Antes por el contrario,recientemente informo a los medios de comunicación que: “ante los pobres resultados obtenidos en las investigaciones adelantadas contra algunos militares incursos en los llamados falsos positivos, incrementaría considerablemente el numero de funcionarios e investigadores para lograr en el menor tiempo posible, los resultados deseados”.

En esta tarea, lo acompañara el ex juez español Baltasar Garzón, quien ya funge como asesor y funcionario relevante de la Fiscalia General de la Nación.

 

Finalmente, surgen otras preguntas, cuyas respuestas son bastante preocupantes:……… ¿Cuantas otras “bajas judiciales” nos producirá este sistema mientras dure la vigencia del convenio OSPINA-IGUARAN y no podamos recuperar la plena vigencia del Fuero Militar?

 

¿En que momento la Fiscalia General de la Nación se convertirá en un organismo confiable de carácter investigativo y no en un instrumento político represivo o de flagrante persecución contra quienes portan las armas de la República para la defensa de este País?

 

¿Hasta cuándo tanto acoso y hostigamiento contra nuestras Fuerzas Militares?

 

 

 

Brigadier General (RA) Jaime Ruiz Barrera

Presidente Nacional de ACORE

 

Noviembre 14 de 2.012

 

PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA 2012

¿La retórica de la paz por encima de la verdad?

Por Rafael Guarín

Archivo SEMANA

OPINIÓN

El analista en seguridad Rafael Guarín responde, desde el uribismo, a la columna del exministro y exembajador Gabriel Silva publicada el domingo pasado.

Martes 13 Noviembre 2012

A muchos políticos les importa más la retórica de la paz que la verdad y la realidad de las víctimas. Prefieren ocultar o minimizar los atentados terroristas de las FARC o el secuestro de niños, antes que unir a la sociedad en su condena.

 

Le duele demasiado al gobierno que se critique su política frente a la criminalidad. Tal es la preocupación en la Casa de Nariño que pusieron a firmar una columna al exministro de defensa Gabriel Silva para demostrar que el cambio de la Seguridad Democrática por el diálogo con los terroristas no ha deteriorado la seguridad.

Como exviceministro de defensa de la administración Santos y testigo, en primera fila, de lo ocurrido, debo corregir a Silva. 

Si Silva le cree a las estadísticas del propio Ministerio de Defensa no puede decir que se ha “mantenido la cadena de éxitos que se inicio con Uribe”. Según mindefensa lo que hay es un grave deterioro en seguridad. De 1 de enero a 31 de agosto de 2012, comparado con el mismo periodo de 2011, aumentaron los actos de terrorismo en 61%, la voladura de oleoductos en 457%, los ataques a instalaciones de la fuerza pública en 113%, los hostigamientos en 41%, las embocadas en 47%. En total, según el propio gobierno, en un año aumentaron las acciones de las guerrillas en 45%. Para no hablar del regreso del miedo a los ciudadanos, el aumento de la extorsión o del número de hectáreas de cultivos ilícitos. ¿Quién miente? 

Como ministro de defensa en el cierre del gobierno de Álvaro Uribe, sabe muy bien que la retaguardia estratégica de las FARC y el ELN no está en el Catatumbo sino en Venezuela. En nombre del diálogo el Gobierno admitió que las FARC empleen, con la anuencia y complicidad del gobierno Chávez, el territorio de Venezuela como retaguardia. La novedosa forma de acabar con esta fue aceptarla. ¡Eso es claudicar, dr Silva! 

También como exministro le consta que las FARC en el gobierno Uribe, con el liderazgo del general Leonardo Barrero, llegó a estar replegada en las montañas del Cauca y no empeñada en atacar brutalmente a Popayán, los cascos urbanos y la carretera panamericana. Además que se concertó con organizaciones indígenas como la OPIC, mientras no se admitían las vías de hecho y la presión que las FARC pretenden ejercer sobre esos pueblos, ni el abuso y violación de los derechos humanos de nuestros soldados. 

Las propias cifras del gobierno son las que desmienten a Silva. Según el expresidente Álvaro Uribe las bacrim “en los últimos dos años han duplicado el número de integrantes”. Los registros del Ministerio de Defensa señalan que sólo desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de octubre de 2012 han sido “neutralizados” 7535 miembros de bacrim, a los cuales hay que adicionarles los que corresponden al primer semestre del actual gobierno y 4170 que hoy las conforman. Eso datos demuestran que se pasó de 3831 integrantes de esas bandas a 30 de junio de 2010 a cerca de 13.000 individuos que han estado en sus filas durante estos dos últimos años. ¡Uribe se quedó corto en el cálculo! ¡No se duplicaron, se triplicaron! 

Lo que no dice Silva es que la decisión del presidente Santos de adelantar diálogos con las FARC amarró a las FFMM y a la Policía en el combate a las Bacrim. El propio presidente siendo ministro expidió una directiva que permitía bombardear a los Rastrojos o los Urabeños, pero, a partir de febrero de 2011, muy a pesar de nuestras advertencias, se prohibió esa posibilidad argumentando que utilizar la fuerza en el marco del derecho internacional humanitario elevaría a esos grupos a la condición de “partes del conflicto”, similar condición a las de las FARC. Masacres como las de Santa Rosa de Osos son posibles gracias a que las estructuras de bacrim que delinquen en zonas rurales y selváticas, donde solo ese tipo de operaciones garantizan efectividad, saben que están blindadas. 

En nombre de la paz también el gobierno retiró la reforma al fuero penal militar ante presiones de ongs, mientras se la jugó toda para dar impunidad a las FARC con el Marco Jurídico para la Paz. Ahora impulsa un nuevo proyecto que resultará inane, tal y como está, frente a los problemas de seguridad jurídica de los militares. No es cierto que el Acuerdo con la Fiscalía debilitara el fuero. Eliminarlo no resuelve nada porque la policía judicial depende directamente del Fiscal, no de la justicia penal militar. No han podido entenderlo. 

Es cierto que hubo disposición de contacto en el gobierno de Álvaro Uribe con las FARC para buscar su sometimiento a la justicia, no para negociar la agenda de Colombia. Disposición, pero sin reformar la constitución para dar impunidad a los crímenes atroces, nunca validando la violencia y, menos, sin que existiera la decisión de abandonarla y deponer las armas. 

En cambio, el gobierno consiguió que el Congreso reformara la Constitución para garantizar a perpetradores de crímenes de lesa humanidad y de guerra la “renuncia a la persecución penal” en aquellos casos que no sean seleccionados para ser objeto de investigación judicial, que serán la mayoría, conforme a la exposición de motivos del acto legislativo. 

Esa amnistía disfrazada, más la posibilidad que autores de crímenes de lesa humanidad no condenados y de guerra, aún condenados, puedan ser elegidos al Congreso y a la Presidencia de la República, significa que el gobierno legitimó la violencia como medio de acción política en una democracia. 

La diferencia que no quiere ver entre ese Marco Jurídico para la Paz y la Ley de Justicia y Paz es que con esta se busca que se judicialicen efectivamente los crímenes, mientras con el Marco se reformó la Constitución para renunciar a la persecución penal. ¿Y si son lo mismo, dr Silva, por qué el gobierno no admite que se aplique a las FARC y al ELN esa ley, que no era solamente para los paramilitares? 

Al igual que la opinión pública, Silva no sabe, que para no enviar señales inconvenientes a las FARC la propia Presidencia de la República ordenó hundir el delito de pertenencia a organización de crimen transnacional, que logramos aprobar en el Senado dentro del proyecto de ley de Seguridad Ciudadana y que tenía asegurada la mayoría en la Cámara. Tipo penal que establecía penas entre 16 y 25 años con el fin de desarticular la farcpolítica y las milicias. 

Tampoco se sabe que la Presidencia vetó la presentación por parte del Ministerio de Defensa al Congreso de una iniciativa que endurecía las penas para los crímenes de práctica cotidiana y permanente de las guerrillas, como el reclutamiento de niños, al igual que de otra que buscaba resolver problemas jurídicos que afectan la desmovilización, para evitar su reducción. 

Si hubo un problema, que comenzó a solucionarse hasta 2010, fue la ineptitud en responder la adaptación de FARC a la estrategia militar y policial. Esa, ante todo, era responsabilidad de los ministros Santos y Silva, que nos correspondió comenzar a corregir. Lástima que lo que se hizo en el plano militar, la Presidencia lo afectara al desmontar una política de firmeza para apostar por una de debilidad. 

Dr Silva, no le tocará aceptar que hay dos Uribes, en cambio, a nosotros sí nos tocó aceptar que hay dos Santos. Uno que engaño para elegirse en hombros de la Seguridad Democrática y otro que la repudio para dialogar con las FARC, a costa de la seguridad de los ciudadanos.

PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA 2012

La agricultura según las Farc

Por Eduardo Mackenzie

1  de noviembre de 2012

Con sus ideas retrógradas y absurdas en materia de agricultura los leninistas han desatado terribles catástrofes humanas en muchos países. La peor hambruna que haya conocido el mundo fue causada precisamente por los comunistas. Durante el famoso Gran Salto Adelante (1959 -1961), mediante el cual Mao creía que iba a hacer de China, en diez años, una potencia industrial como la Gran Bretaña,  entre 30 y 40 millones de campesinos chinos murieron de inanición.  Según indican los archivos descubiertos en los últimos años, la dictadura de Stalin hizo otro tanto años atrás. Entre 1932 y 1933, en efecto, las falsas soluciones agrarias  y la masiva represión en el campo, llevaron a la muerte a 12 millones de personas.

Como las mismas ideas fueron aplicadas en los otros países donde el comunismo tomó el poder, las economías fueron devastadas y los desastres se extendieron. Durante el régimen de Pol Pot en Cambodia hubo 800 000 muertos de hambre.  Recientemente, en Corea del Norte decenas de miles de personas, sobre todo niños y ancianos, murieron de desnutrición. Toda Europa del Este se hundió en el marasmo económico y su atraso respecto de Europa Occidental es visible aún hoy, a pesar del derrumbe del comunismo y del ingreso de esos países a la Unión Europea. Etiopía, Cuba y Vietnam siguen siendo países en ruina.

La colectivización de los medios de producción fue el dogma generador de esas tragedias. Como la tierra era el principal medio de producción en países como la Rusia de 1917 y la China de 1949,  fue decretada allí su expropiación sin indemnización. La supresión de la agricultura privada y de los mercados libres, la creación de grandes unidades estatales de producción, regentadas por burocracias ineptas y violentas, y el monopolio de la distribución de los bienes agrícolas, desembocaron en tremendas  crisis agrarias, humanitarias y ecológicas.  

Los señores Timochenko e Iván Márquez, herederos de ese sistema atroz, están fanáticamente convencidos de que esas son las “soluciones” para el campo colombiano y que ello nos llevará a la sociedad perfecta (socialista).  Ellos tienen desde luego el derecho a pensar así. Lo malo es que ellos están ahora en posibilidad de ir mucho más lejos: de “dialogar” e imponer ciertas tesis en materia agraria a un gobierno que parece dispuesto a firmar acuerdos con ellos en cuestiones claves para el equilibrio del país.    

El tema agrario, que Santos aceptó como el primero de la agenda del tinglado de La Habana, sin duda ha sido calculado para que tenga un alcance más que peligroso. No es sino oír lo que advertía, con no poca angustia, el senador Juan Lozano en días pasados: “Por falta de una oportuna presentación al Congreso de la ley de desarrollo rural el asunto vital de las tierras se va a discutir primero con las Farc que con la sociedad colombiana que no ha participado en la violencia. Llevamos más de dos años esperando a que radiquen la ley para concertar con campesinos, industriales, gremios y ciudadanía, así que el diálogo agropecuario arrancará primero con la guerrilla que en su escenario natural, el Congreso.” 

¿Ese retraso en la redacción de la ley agraria fue deliberado o se trata sólo de una demora técnica? La alarma es legítima cuando se sabe que la negociación secreta con las Farc duró casi dos años.

A pesar de que Iván Márquez expuso sus ideas agrarias en Oslo, en medio de una retahíla de insultos y amenazas contra Colombia, algunos analistas tratan de hacernos creer que las Farc tienen un programa razonable sobre la cuestión.

El matutino conservador La República dio a conocer, por ejemplo, un documento: la “cartilla agraria de las Farc”. Ese texto que dos de sus redactores acogieron sin mayores objeciones de fondo (por fortuna incluyeron algunas tímidas críticas del sector privado) pretende resumir la política “verdadera” de las Farc sobre el campo.

Llena de acentos ecologistas y de amabilidades hacia los campesinos e incluso hacia los propietarios nacionales del sector, ese texto se muestra intratable y brutal con la inversión extranjera. En realidad, esa  simpática “cartilla” no es más que un chorro de humo que disimula otras  intenciones.  La verdadera concepción marxista de la “reforma agraria” no es la que dicen sus textos sino la que esa corriente  aplicó en otros países, incluida Cuba, y la que Hugo Chávez trata de implantar por la fuerza en Venezuela: la colectivización de la tierra, la destrucción de los propietarios, de los campesinos medios, de la agroalimentación y la liquidación de toda resistencia popular.

Sin embargo, La República afirma que las Farc proponen una serie de bellezas: la “gratuidad de la tierra para los campesinos” y la extinción de dominio sólo para “las tierras inexplotadas o explotadas con vulneraciones al medio ambiente”. ¡Maravilloso! ¡Qué respeto de la propiedad privada! Agrega que esa propuesta prevé dar tierras productivas “a mujeres campesinas jefes de hogar, abandonadas, viudas”. Excelente. Igual tratamiento tendrán “las víctimas de desplazamiento forzado y los profesionales del agro dispuestos a poner su conocimiento al servicio del desarrollo rural”. ¿Quién puede oponerse a eso?

Días después, las Farc  hicieron saber que la discusión en La Habana no será sólo sobre la propiedad de la tierra pues, para ellas, “el elemento tierra es componente esencial del territorio” y que "a partir de este concepto se han de dar las consideraciones fundamentales". Explicación: amalgamar conceptos diferentes como “tierra” (suelo natural no cubierto por el mar) y “territorio” (la extensión que depende de un poder constituido: una ciudad, un departamento, una nación, un reino) busca deslizar la discusión más allá de los cinco puntos aceptados por Santos.  Es decir, que en Cuba la discusión comenzará por el problema crucial de la “soberanía en general”,  de “la soberanía alimentaria” y del “bienestar social”.

Las Farc se niegan pues a cumplir lo firmado con los plenipotenciarios de Santos y buscan llevar a éste a que negocie lo que el ex vicepresidente Humberto de la Calle Lombana había dicho que no se podría ni discutir: la propiedad privada, el modelo económico, la inversión extranjera y el ordenamiento territorial (sin hablar de la acción de las Fuerzas Armadas y la política de defensa).

Ocultar el verdadero sentido de la “revolución agraria” es obligatorio para los comunistas. El proyecto de reforma agrario elaborado por Fidel Castro  en la Sierra Maestra,  que incluía cambios con el acuerdo de los grandes propietarios, cubanos y extranjeros, fue barrido en junio de 1959 cuando éste ordenó el proceso de colectivización de la tierra, bajo la forma de “cooperativas” controladas por el Estado, incluso contra el querer de los campesinos. Las indemnizaciones a los propietarios nunca fueron pagadas. Ese proceso arbitrario se agravó en octubre de 1963 con la ley que extendió la colectivización al 74% de las tierras. La producción cayó desde entonces y nunca se recuperó realmente.

En 2005, un economista y consejero ministerial cubano, Alfredo González Gutiérrez, admitía en un artículo ese fracaso: “El sector primario (agricultura, ganadería y producción azucarera) no produce [en Cuba] un excedente de divisas, requiere por el contrario del aporte de otros sectores para poder satisfacer las necesidades alimentarias de la población”.

Con tales maestros, las Farc hacen temblar a muchos colombianos cuando pretenden que su “revolución agraria” garantizará un “desarrollo sostenible” en materia alimentaria.  Ojo pues, señores negociadores del gobierno colombiano, con las presiones y propuestas beatíficas que saldrán de la boca de los negociadores de la narco-guerrilla en La Habana.

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