Por:
Mayor General (RA) Carlos Quiroga Ferreira
Miembro
del Centro Colombiano de Pensamiento Politico-Militar
Poco a poco se van
conociendo antecedentes y causas de lo que paso entre los días 15 y 18 de julio
de este año en el Cauca, con las bases
militares del Ejército, que lleva a desenmascarar la asonada de algunas comunidades
indígenas y otros personajes, como Piedad Córdoba.
En el mes de mayo se
conoció que se estaba buscando un despeje del departamento del Cauca para
iniciar diálogos de paz con las FARC;
después vino la marcha patriótica que promovía estos diálogos y por último los
hechos que todos conocemos de humillación al Ejército Nacional en Toribio y
otros sectores del norte del Cauca.
Tal como lo hemos visto en el video revelado
por un medio de comunicación, la exsenadora Piedad Córdoba, que todos sabemos
aboga por las FARC, se
reunió con indígenas en territorio del municipio de Miranda(Cauca), donde podemos ver y
escuchar su incitación a los indígenas a sacar al Ejercito Nacional de lo que
ellos llaman sus territorios, rechazando la existencia de bases
militares, con estas palabras: “No queremos más guerra, no queremos bases
militares y, sobre todo, no queremos que desprecien a la comunidad con el
argumento de una base militar, que se gasta la plata de los impuestos en una
guerra que la gente no quiere y no necesita"; incitando a tumbar al Presidente Santos y utilizar la
guardia indígena para cumplir estos propósitos; además de acusar al Ejercito de
sembrar minas antipersona.
Más claro no canta un gallo: despeje para las FARC.
Si se hace un
análisis de estos hechos, se puede concluir que nada de lo que sucedió entre el
15 y 17 de julio es gratuito, obedece a una bien planeada estrategia presentada por la exsenadora, que incluye a los indígenas, donde
la voz ha sido Feliciano Valencia, con el fin de evitar que el Ejercito cumpla
su tarea constitucional, además deber moral, de combatir y sacar de esos
territorios a las FARC, con quienes, tal como lo revelan las informaciones de
prensa, están protegidos por indígenas, con quienes mantienen una relación de
contubernio, que llega a negocios de narcotráfico.
Lo que se ha querido
es evitar que el Ejército pueda actuar, con lo que se favorece a las FARC, para lograr una zona
despejada para esta organización terrorista, bajo el falso argumento de la
autonomía y la neutralidad en el conflicto de los indígenas, posición, que
además de mentirosa y engañosa, es perversa.
Es muy diferente la
protesta social a la incitación a la violencia y al desconocimiento de la
constitución. En ninguna parte del video divulgado se aprecia que Piedad
Córdoba promueva entre los indígenas la unión para sacar a las FARC de sus
territorios. Vemos que la cacareada consigna de liberar a sus territorios de la
presencia armada, no es más que el favorecimiento a estos terroristas, para
alcanzar una zona despejada. Aquí no hay nada que vaya encaminado a la justicia
social. Todo se ve más claro ahora.
Tal como lo dijo el señor Ministro de
Defensa: "Es
impensable. Las Fuerzas Armadas no emplean hoy minas por una serie de
protocolos internacionales que el país ha venido firmando. El tema de las minas
es una actividad del terrorismo y no se puede desviar la atención de la
realidad que es que esos artefactos, que ponen indiscriminadamente las FARC,
afectan a campesinos y niños"; por tanto, lo que buscaba la exparlamentaria,
era incitar a los
indígenas a acusar al Ejercito de los muertos o lesionados por minas y a librar
a las FARC de la culpa de los actos de terrorismo, que tanto daño le han
causado a la población y al Ejercito.
Pero a pesar de
estas revelaciones y realidades, lo que causa aún más desazón, es que el Fiscal
General de la Nación salga a decir que las personas tienen el derecho a la
protesta social y pueden deslenguarse en su protesta. Este es el mismo Fiscal
que manifestó a los medios que investigaría al General Santos y al Mayor Galvis
por hacer unos comentarios en
privado en los que “que había que
revocarle el mandato al presidente”, que no constituye ningún delito, diferente
a la arenga realizada por Teodora, que
es una clara incitación al delito.
Diferente la actitud
del Señor Procurador, que ve claramente los hechos y pide que se investiguen,
tal como lo manifestó a los medios, porque, “lo que hubo fue una instigación al delito, lo que
hubo una instigación a la asonada. Eso es un concierto para delinquir y hay
toda una serie de conductas que pueden ser investigadas".
Al país lo están empujando a un
abismo y quienes lo estamos permitiendo, no tendremos una segunda oportunidad,
para salvarlo. Miremos a Venezuela para darnos cuenta de lo que allí pasa.
Bogotá, Julio de 2012
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