Opinión: Fuero y Justicia Penal Militar

FAVOR ENVIAR UN COMENTARIO PARA MEDIR EL IMPACTO DE ESTE ESCRITO

Fuero Militar y Justicia Penal Militar

CARTA DEL DOCTOR HERMES PEREZ IZQUIERDO AL GENERAL ARTURO CAMELO PIÑEROS A PROPÓSITO DEL ARTICULO “PARA QUÉ UN NUEVO CODIGO PENAL”

Tenga un buen día General. Me tomé mi tiempo para leer esta nota y la verdad es que convoca a pronunciarse.

El nuevo Código Penal Militar no es tal, es simplemente un código adjetivo. Establece procedimientos y no demandó un mayor esfuerzo pues es una mala copia de un mal procedimiento como lo es el penal ordinario. 

Y lo más preocupante es que se acudió a copiar ese código (Ley 906 de 2004) para convertirlo en el procedimiento penal militar sin tener en cuenta todos los problemas que ese sistema ha enfrentado y los niveles enormes de impunidad que él encarna. Es más, es tal la ineficacia de esa Ley 906 de 2004 que lo único que tiene para mostrar es un salvaje y frontal ataque contra los miembros de la fuerza pública, especialmente el Ejército, a quienes se les ha despojado de manera ilegítima del fuero, por miles de caminos, para poder hacer justicia espectáculo y justificar un sistema que es un fracaso. Tanto es así que día a día lo que muestran es la lapidación pública de militares a quienes se les presenta como culpables cuando los juicios recién empiezan, pero nada dicen de los miles de casos represados y sin solución, más graves incluso que los de los militares, donde en realidad campea la impunidad. En esta cortina de huma la leña que arde son los soldados de Colombia.

 No se observa en el legislador la intención de solucionar el problema de la administración de justicia, se envían distractores, o será que acaso ya tienen fondeados los recursos para pagar la estructura investigativa de este nuevo sistema penal militar? Cómo van a crear el cuerpo técnico de investigaciones de la justicia penal militar?. No hay con que, toca acudir al de la Fiscalía y los demás organismos que cumplen funciones de policía judicial, quienes dicho sea de paso ya no dan más con las investigaciones de la justicia ordinaria y tendrán que hacerse los de la vista gorda con los casos de justicia ordinaria y entregar resultados con los casos de los militares, a como de lugar, para pasar como eficientes cuando en realidad lo que vivimos hoy día es un porcentaje de más del 95% de impunidad en los casos de la justicia ordinaria.

 Ahora, a esto nos llevó no la impunidad reinante en la justicia penal militar, a estos nos llevaron unos pésimos administradores de la justicia militar y una personas (Jueces y Fiscales Penales Militares) que olvidaron que eran especiales, olvidaron que tenían su razón de ser en el fuero de quienes serían por ellos investigados y juzgados, unos Jueces y Fiscales que sin dar la lucha entregaron el fuero, se auto acorralaron pues, si el hecho era evidentemente delictual no correspondía entregarlo a la justicia ordinaria sino que lo que tenían que hacer era tomar las decisiones que la Ley permitía tomar, entiéndase imponer medidas de aseguramiento, encarcelar, acusar, juzgar, condenar. Por ello y aunque suene manido, el error fue pensar que la JPM estaba solamente concebida para absolver, que error tan grande, acá en la JPM también se puede condenar y no solamente a los desertores, a los que abandonan el servicio, al centinela, y a esas conductas menores, faltó carácter y decisión, faltó compromiso y lealtad con el fueron para tomar decisiones, así fuesen duras y para que, en últimas, la JPM castigara a sus hijos que tomaron el camino incorrecto y no tenérselos que entregar al vecino para que él lo hiciera e incluso para que se tomara la atribución de mancillar su honor de manera injusta.

 A guisa de ejemplo, conozco en mi desempeño profesional, muchos casos que la JPM ha enviado a la justicia ordinaria y que ahora están regresándolos pues las razones para desprenderse del fuero eran infundadas.

 Sería bueno que alguien se metiera en las estadísticas de Jueces y Fiscales Penales Militares, les hiciera una auditoria de verdad, para que dejen esa "Tramadera", pues lo que van a encontrar es que mensualmente reportan movimiento en los procesos por delitos contra el servicio (Abandono del servicio, abandono del puesto, delito del centinela, desobediencia, ataque al inferior, ataque al superior, etc) y los casos de las bajas están en los anaqueles.

 Ese hijo llamado JPM se ha portado mal, ha sido inferior a su responsabilidad, ha presentado mensualmente unos resultados (Que tengo entendido se incentivan económicamente) con fundamento en casos de poca trascendencia y por ello los reales asuntos importantes y trascendentes se han ido quedando allí, y por ello para la justicia ordinaria ese se convirtió en un "objetivo" fácil para recuperar su imagen desprestigiada, para resurgir ante esos altos niveles de impunidad, para sacarlos a la luz pública a través de medios que presentan como culpables a quienes tienen intacta su presunción de inocencia, el espectáculo que brinda la justicia ordinaria son los militares, así como en la antigua Roma el espectáculo eran los gladiadores, quienes buenos o malos tenían la obligación e morir para divertir al pueblo.

 El tema de los jurados es optimo para los procesos castrenses, esos jurados en esta jurisdicción si que serían mucho más que de conciencia, serían oficiales y suboficiales calificados, destacados, condecorados, que con conocimiento de las condiciones en que se desarrolla una operación militar, cualquiera ella sea, podrán adoptar determinaciones en apoyo de las decisiones de un Juez, pero de un Juez comprometido con la verdad, con la justicia y con el fuero, porque el fuero no es un beneficio, el fuero es una distinción necesaria para quienes actúan en condiciones distintas, especiales.

 Por último, esto viene de más atrás, de la Constitución de 1991, allí hubo presencia de todas las fuerzas vivas de la nación, estuvieron los políticos de siempre, estuvieron los sindicalistas, los indígenas, los negros, los guerrilleros desmovilizados y los guerrilleros en armas (a través de sus destacados milicianos) y hasta los narcotraficantes que consiguieron lobistas para buscar beneficiarse, la pregunta es, quienes fueron los lobistas de las Fuerzas Militares? Las Fuerzas Militares son lo más glorioso que tiene este país, el Ejército es la dignidad misma de hombres humildes dispuestos a morir por la patria, por ello merecen que se les defienda animada y adecuadamente, con compromiso, con conocimiento de los procedimientos militares para que no se les siga atropellando. El Estado a cada Soldado le da entrenamiento, doctrina, lo uniforma, lo alimenta, le brinda salud, múltiples beneficios, le da las armas y le enseña a usarlas, pero, qué le da para defender se en este nuevo campo de batalla que es la justicia ordinaria?

En las batallas se establecen objetivos militares. En esta batalla jurídica los Jueces y Fiscales ordinarios que no han podido dar resultados con el nuevo sistema penal acusatorio, han fijado como su objetivo a los militares, es la única manera de dar resultados, así sean mediáticos. Ante ello hay que reaccionar.

 Hermes Pérez Izquierdo

Alianzajuridica928@hotmail.com

Abogado

Bogotá, 16 de Noviembre de 2010

Opinión: Fuero y Justicia Penal Militar

PARA QUÉ UN NUEVO CÓDIGO PENAL MILITAR

Brigadier General JOSE ARTURO CAMELO PIÑEROS*

Promulgada la ley 1407 del 17 de agosto del 2010, nace a la vida jurídica un nuevo Código de Justicia Penal Militar en Colombia, luego de un dilatado proceso que incluyó la renuncia colectiva de su comisión verificadora antes de su aprobación final y una mora en el  proceso de sanción durante la administración anterior.

A escasos días de regir el ejercicio pleno de la nueva presidencia y del nuevo Ministerio de Defensa, apareció sancionada la nueva ley de la cual ya nadie se acordaba  y se mostró de manera silenciosa o mas bien recatada, puesto que si bien su gran avance se fundamentaba en copiar el proceso penal acusatorio ordinario, el supuesto modelo  está presentando graves fallas y  se evidencia su reforma;  se continúan solicitando ingentes recursos para su funcionamiento, se perpetúa el argumento de la congestión judicial, se valora el sistema penal ordinario como uno de los mas ineficientes del mundo  y al fin de cuentas de administrar verdadera justicia poco se ha visto a través de ejemplos que la opinión pública ha evidenciado, principalmente frente a las causas que se siguen en la justicia ordinaria contra  personal militar. 

En la Jurisdicción Ordinaria se siguen adelantando procesos por presuntos delitos que fueron cometidos por personal en servicio activo y con ocasión del servicio, sin que sea aplicable el argumento según el cual, se trata de investigar delitos de lesa humanidad, puesto que en casos tan conocidos como los del Palacio de Justicia y Santo Domingo, nunca se podría argumentar  que obedecieron a acciones deliberadas sino todo lo contrario, a hechos realizados como reacción inmediata en contra de los verdaderos culpables.

Las graves fallas de la Justicia Ordinaria son  reconocidas por el mismo sistema, pero de manera velada como en el caso igualmente conocido como la masacre de Jamundi, calificada así por el Jefe del ejecutivo quien también asignó su conocimiento a la Justicia Ordinaria.  Aquí es claro que la misma reconoce el error de haber conocido del proceso  al calificar el delito como doloso y una diferente instancia de su misma jurisdicción lo califica como culposo. Cual es el error? Pues, si en ultimas el delito se considera culposo no es de lesa humanidad y sino es de lesa humanidad no correspondía a la justicia ordinaria su conocimiento, quedando así solo dos caminos por recorrer: La nulidad del proceso por violación al principio del juez natural  que motiva la falta de competencia de la Justicia Ordinaria o la entrega del proceso a la Justicia  Penal Militar. Pero el caso sigue ahí sin que nada hubiera pasado. Con razón un eminente catedrático nos decía: Lo que pasa es que a ustedes nadie los defiende!

¿El nuevo Código Penal Militar puede evitar que se sigan cometiendo estos hechos injustos?  La respuesta debe ir acompañada de la certeza de conseguir mayor credibilidad y eficiencia. Sabio es aprender de los errores y absurdo persistir en los mismos.  La Justicia Penal Militar de la época de los consejos verbales de guerra desde 1958 y hasta 1999, era el sistema acusatorio al cual hoy se pretende llegar y su proceso llegó a tener tal credibilidad y eficiencia que se decidió encomendarle funciones que no le correspondían ante la incapacidad de la justicia ordinaria. Ahora lo absurdo es presenciar que es la misma Justicia Penal Militar la que copia de manera deliberada un sistema procesal penal que obedece a una política criminal distinta, desconociendo su  principio de especialidad.

¿Porqué  el recién sancionado Código de Justicia Penal Militar, tampoco acertará en la sagrada misión de administrar justicia a los miembros de la Fuerza Pública, por causas relacionadas con el servicio, según lo dispone la Constitución Política, generando así mayor inseguridad jurídica?

Tratando de ser lo más objetivo y puntual posible para facilitar la comprensión de mis afirmaciones, creo que la nueva norma no aportará nada nuevo, tendiente a solucionar el actual problema de falta de credibilidad y eficiencia que afronta la Justicia Penal Militar, por las siguientes razones: 

1. Porque no se trata de un procedimiento penal propio de una Justicia Penal Militar especializada, sino de una copia sin criterio del procedimiento penal acusatorio ordinario, lo cual resulta inadecuado, porque el fin de cada sistema corresponde a una política criminal totalmente diferente. Mientras uno combate el crimen y la violencia, el otro encausa la disciplina y garantiza la eficacia de las Fuerzas Armadas de la República.  Por ello, en ningún País del mundo un sistema de Justicia Penal Militar toma como referencia el procedimiento penal del sistema criminal porque ello equivale  a instituir, lo que en su oportunidad calificaron los doctrinantes  españoles en un caso similar  en 1887, como :  “un código de paisano con gorra de cuartel”.

Lamentablemente en nuestro país el error se comete por segunda vez, ya que el anterior código (ley 522 de 1999),  había hecho lo mismo con el código penal ordinario de 1980 y gracias a ello, desde el año 1.999 nuestra Justicia carece de rumbo y ya no tiene dolientes porque queriendo desligar el mando de las funciones judiciales, se separó de la Institución Militar a quien le debe su naturaleza y razón de ser.   

2. Porque la etapa del juicio no se hace frente a un jurado como corresponde a los sistemas judiciales militares del mundo y es característica esencial del sistema penal acusatorio. No debe olvidarse que el juicio por jurado (no necesariamente jurado de conciencia), fue dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-145 de 1998, lo cual no ha logrado cumplirse hasta el momento por causas que por su extensión no son del caso analizar. La importancia del jurado, radica en que incrementa la credibilidad del fallo y elimina en la mejor forma la subjetividad del juez y la injerencia de los asuntos políticos y económicos en las decisiones judiciales.

El recientemente promulgado código de Justicia Penal Militar continúa desconociendo el mandato constitucional contenido en el artículo 221, el cual impone el juzgamiento de las causas de la Justicia Penal Militar, mediante el establecimiento de Cortes Marciales o Tribunales Militares y equivocadamente persiste en la creencia de que dichos institutos pueden ser reemplazados por la figura de la audiencia oral.

3. Porque la Defensoría Militar, dispuesta como órgano dependiente del sistema, presenta graves fallas. Por ahora lo que preocupa es, al decir de los gobernantes, conseguir mayores recursos para atender la defensa individual de casos críticos que se presentan en contra del personal militar, cuando lo más importante es mantener y preservar las instituciones jurídicas militares, los fundamentos básicos de la Justicia Penal Militar y dentro de estos uno muy importante: El Defensor Militar.  A pesar de que las palabras lo definen, el proyecto de ley de defensoría militar considera su integración con civiles, lo cual no deja de ser un contrasentido,  como en su momento fue calificado en la exposición de motivos que dio lugar al acto legislativo No. 2 de 1995.

 Aun se encuentra en firme la ofensiva sentencia de la Corte Constitucional que declaró inexequible la figura del defensor militar, cuando este correspondiera a un militar en servicio activo y a pesar de ser abogado, debido a que su jerarquía militar se consideró incompatible con su función, con fundamento según los honorables magistrados en una presunción de mala fe en contra de la Institucionalidad  Militar.

4. Porque la conformación del Cuerpo Técnico de Investigaciones propio de la Fuerza Pública, tal como lo enuncia el código recientemente promulgado, requiere de recursos impensables para su funcionamiento y porque tal como está previsto en dicha norma, facilita que el Congreso Nacional al momento de su reglamentación, entregue la facultad de investigación técnica al cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía General, con el apoyo del gobierno, legalizando lo que hasta ahora se ha formalizado a través de un inconstitucional convenio de carácter administrativo entre el Ministerio de la Defensa y el  órgano investigador. Con esto se terminarán de plano las colisiones de competencia.

Aquí es importante, acudir al derecho comparado y a la organización de las Fuerzas Militares más desarrolladas del mundo, para comprender, que organismo vela por el mantenimiento de la disciplina y la investigación de las causas penales militares y se trate de implantar en nuestra Nación, un sistema efectivo que comprenda las situaciones delictivas que se presentan en el ámbito militar. Corresponde al cuerpo especializado de la Policía Militar en aquellos Ejércitos cumplir con estas funciones y la ausencia de soporte legal en nuestra presunta Policía Militar, va a facilitar que sean otros organismos, ajenos a las Fuerzas Militares  los que desempeñaran estas funciones vitales para la institucionalidad militar.

Bogotá, Octubre de 2010

*Ex. Dir. Ejec. Justicia Penal Militar, Magister en Derecho Penal U.Ext. de Col, Consejero Fiscal Asoc. Internacional de Justicias Militares, Miembro Fundación Cóndor y Centro Colombiano de pensamiento Político Militar.

Deterioro de la verdad

PALACIO DE JUSTICIA: LO QUE OLVIDÓ RCN

Por Fernando Londoño Hoyos

·        Diario La Nación, Neiva

·        Blog Colombian News

 14 de noviembre de 2010

RCN dedicó un especial al asalto del Palacio de Justicia, acaecido hace 25 años. Nos indigna su parcialidad en hecho tan doloroso para la República, y sobre todo las escandalosas omisiones y falsedades que cometió en su desarrollo. Llamaría la atención de cualquier espectador desprevenido, la ausencia absoluta en aquella presentación de los miembros de la Fuerza Pública que con el riesgo de sus vidas rescataron el honor de Colombia y su derecho a vivir libre y en democracia. Para ellos no hubo una oportunidad. El especial se dedicó entero a los asaltantes y a los familiares de los supuestos desaparecidos. Ya cargada la mano de ese modo a favor de los asesinos, quedaría esperar que los hechos quedaran lealmente expuestos. Vana esperanza. La verdad fue la gran víctima de ese nuevo holocausto.

En ninguna parte de su documental, tuvieron tiempo los periodistas de RCN para recordar el hecho capital de esa tragedia. El ataque se organizó y ejecutó con el designio fundamental de impedir que la Corte Suprema de Justicia dictara la sentencia que reconocería la legitimidad de la Ley aprobatoria del tratado de extradición con los Estados Unidos. Esa circunstancia definitiva, le quita al asalto y a los asaltantes cualquier principio de justificación. RCN desenvuelve la tesis de que el M-19 buscaba un diálogo con el Presidente. No dice sobre qué y mal podría decirlo cuando la consigna era asesinar la Sala Constitucional, incendiar los expedientes y amedrentar de tal manera a los Magistrados que sobrevivieran como para que se negaran a darle vía libre a la extradición de los mafiosos, lo único que por aquellas calendas les inquietaba. El M-19 fue instrumento servil de la mafia para destruir el Estado de Derecho. Se puede pensar de eso lo que se quiera. Lo que no se puede, como lo hizo RCN, es eliminar semejante elemento fundamental del drama.

El Presidente de la República se negó a comparecer como reo de los mafiosos y guerrilleros coaligados y ordenó la recuperación del Palacio. Los asesinos no quisieron entregarse. Prefirieron luchar hasta su aniquilación definitiva, matando de paso a cuantos eran sus rehenes. RCN olvidó que 260 personas salieron con vida y que casi todas ellas recuerdan con devoción y gratitud a los que expusieron sus vidas por salvar las suyas. Ni una palabra sobre ese sentimiento. Tampoco recordó RCN que a su regreso hacia los cuarteles, los soldados y oficiales fueron vitoreados como héroes por el pueblo. Que la Escuela de Caballería fue invadida por una multitud fervorosa, admirada y agradecida. Que el país entero entendió la magnitud del sacrificio, pero que reconoció que el Presidente no tuvo alternativa distinta de la que asumió. La otra hubiera sido claudicar ante las mafias y entregarles la Nación.

RCN habló del testimonio del Cabo Villamil o Villamizar o Villarreal, la única prueba con la que ha sido condenado a 30 años de prisión el Coronel Alfonso Plazas Vega, el Héroe de aquella batalla. Olvidó, los olvidos otra vez, que ese sujeto nunca salió de Granada Meta en esos días y nunca pudo presenciar los acontecimientos. Que su firma fue falsificada por la Fiscal Buitrago y que después de su supuesta declaración se perdió sin que haya sido posible encontrarlo para el necesario contrainterrogatorio. Menuda omisión.

RCN da por hecho que varios familiares de los trabajadores de la cafetería salieron con vida de Palacio. Sabe que esos reconocimientos están desvirtuados, que fueron tardíos y que son interesados. Ni una palabra sobre el tema. RCN interrogó al tal Guarín Cortés, hermano de una de las muertas en la toma y olvida que ese sujeto era miembro del M-19, capturado en un secuestro y portador del fusil de un Policía que había sido asesinado en un asalto a Nemocón. Todas las pruebas de esos hechos han sido reveladas. Pero Guarín es un héroe y nuestros Oficiales y Soldados, unos bandidos. RCN puede pensar y decir lo que quiera. Así es la Democracia. Lo que criticamos es que defienda sus tesis escamoteando la verdad.

LA VERDAD VERDADERA

RENE GUARIN Y EL MONTAJE DE LOS DESAPARECIDOS DEL PALACIO DE JUSTICIA

Por el Consejo Editorial de “Talante”

·        Periódico universitario Talante, Bogotá

·        Diario El Nuevo Siglo, Bogotá

·        Diario La Patria, Manizales

29 Octubre de  2010

 Todo el proceso contra los militares que salvaron el Estado de Derecho y rescataron no menos de 260 personas, de manos de las hordas criminales que asaltaron el Palacio de Justicia el 6 y 7 de Noviembre de 1985, se ha montado sobre el cuento de los desaparecidos de la cafetería.  Para ello han sido utilizados como idiotas útiles algunos medios de comunicación. No vale la pena mencionarlos. Los hemos leído con estupor.

A través de esos medios ha enseñado a los colombianos que los empleados de la cafetería del Palacio de Justicia salieron con vida y ahora no aparecen, razón por la cual se deduce (sin indicio alguno) que el General Arias Cabrales y el Coronel Plazas Vega los secuestraron y desaparecieron. A esa calumnia los jueces la han llamado “inferencia”. Y con esa inferencia condenaron al Coronel Plazas a 30 años de prisión. Sin una sola prueba válida.

¿Cómo montaron el cuento? Mediante unas imágenes de televisión en las cuales se ve a unas figuras borrosas saliendo del Palacio de Justicia en brazos o al hombro de soldados o policías que los rescataban. Y quién hace el reconocimiento: dos personas René Guarín y Cesar Rodríguez.

LOS “RECONOCIMIENTOS DEL SECUESTRADOR DEL M-19”

René Guarín Cortés quien fue descubierto por los periodistas Ricardo Puentes Melo y Claudia Morales de RCN radio, como miembro del M-19 y autor de secuestros, indultado simultáneamente con los autores intelectuales del asalto al Palacio de Justicia en 1992, es el hermano de la supuesta desaparecida Cristina Guarín Cortés.

Guarín aceptó en el programa de radio “la W” de Julio Sánchez Cristo,  que había sido guerrillero del M-19. Y en el diario El Espectador, reconoció no solo haber  secuestrado al industrial Jorge Valencia Ángel, el 27 de mayo de 1988, sino el robo de por lo menos un automotor, y el asalto a un banco. Reconoció además el porte ilegal de armas cometido en la casa de sus padres.

Los periodistas que investigaron lo que la “Fiscal de hierro” Ángela María Buitrago no investigó, descubrieron que Guarín fue capturado con la carabina M-1 y 130 cartuchos de dotación del policía Jesús Antonio Villamil, asesinado el 06 de agosto de 1986  en asalto del M-19 a Nemocón (Cund). En ese asalto el M-19 asesinó a  tres policías y un cabo del Ejército y dejó dos civiles heridos.

Pues bien, ese personaje René Guarín  Cortés es una de las dos personas que dice reconocer varios “desaparecidos” en el Palacio de Justicia. La otra es Cesar Rodríguez, hermano de otro de los “desaparecidos”: Carlos Augusto Rodríguez Vera.

René Guarín reconoce a

·        1.- Cristina Guarín Cortés

·        2.- Carlos Augusto Rodríguez Vera

·        3.- Bernardo Beltrán Hernández

·        4.- Héctor Jaime Beltrán Fuentes

·        5.- David Suspes Celis

·        6.- Gloria Stella Lizarazo

Estos falsos reconocimientos unidos a los de Cesar Rodríguez Vera, son los que le permiten a la Justicia Colombiana afirmar que está “plenamente comprobado” que esas personas salieron con vida. ¡No hay nada más! La Justicia no reparó en que esos dos testimonios pueden ser falsos. De hecho el testimonio de Guarín debe descartarse por evidente interés en proteger al  movimiento M-19, responsable del fallecimiento de los empleados de la cafetería según el Tribunal Especial de Instrucción en su cláusula decimo séptima del informe presentado a la Corte Suprema de Justicia del 31 de mayo de 1986, sobre los hechos del Palacio de Justicia. Informe que en forma inexplicable los nuevos operadores judiciales de este proceso desde 2005, han desconocido.

LOS CONCEPTOS DE LOS PROCURADORES

Los Procuradores Jesús Villabona Barajas en el juicio del Coronel Alfonso Plazas y Hernán Suarez Delgado en el juicio del General Arias Cabrales, coinciden en afirmar que no hay una sola persona que reconozca como rescatadas del Palacio de Justicia, a tres de las “desaparecidas”, luego murieron al interior del Palacio. Ellas son:

1.- Norma Constanza Esguerra

2.- Luz Mary Portela León

3.- Gloria Anzola de Lanao.

NUBIA STELLA HURTADO TORRES TAMBIEN SE RECONOCE

Nubia Stella  Hurtado Torres funcionaria rescatada por las tropas del Palacio de Justicia frente al video de otra “desaparecida” dice: esa no es ninguna desaparecida, esa soy yo. Se trata de

·        Lucy Amparo Oviedo Bonilla.

Recordemos que en una diligencia presidida por la “ex Fiscal de hierro” Ángela María Buitrago, el abogado José Vicente Pedraza, defensor del Coronel Plazas, renunció al descubrir que con la anuencia de la Fiscal se estaba insinuando a la declarante Nubia Stella Hurtado que no se identificara cuando saliera su imagen en la televisión. La renuncia del abogado por considerar que no hay garantías para la defensa quedó en el proceso.

Es un caso igual al de la ascensorista del Palacio María Nelfi Díaz quien se ha reconocido reiteradamente en más de siete ocasiones a lo largo de estos 25 años, frente a una imagen que René Guarín identifica su hermana Cristina Guarín.

DESAPARECIDA DURANTE 16 AÑOS

Una empleada de la cafetería del Palacio de Justicia figuró como desaparecida hasta el año 2001, cuando fue identificado su cadáver con pruebas de ADN dentro de los exhumados de una fosa común del Cementerio del Sur al cual fueron llevados los restos de 36 fallecidos en el Palacio de Justicia, por no estar identificados o no reclamados en Noviembre de 1985, se trata de:

·        Ana Rosa Castiblanco

Sus restos fueron entregados a la familia mediante Acta, el primero de noviembre de 2001. Sin embargo René Guarín la tiene incluida entre las fotografías que colocan con el letrero de “Sin Olvido” que él mismo organiza y arenga en cada diligencia judicial contra los militares.  Olvida eso sí el señor Guarín, cuando pregunta donde están los desaparecidos, que los restos de la señora Castiblanco, víctima del M-19, movimiento al cual él perteneció y en el cual delinquió y atropelló a la sociedad, ya se sabe donde están.

Con relación a las once personas anteriormente relacionadas hay una coincidencia: nadie las vio en la casa del florero, lugar al cual hubieran llegado, de ser cierto que salieron con vida, puesto que allí llegaban todos los rescatados, y al respecto fueron interrogados los más de 260 rescatados con vida en aquella ocasión.

Finalmente hay otra persona que figuró como desaparecida hasta el año de 1988, cuando apareció en México: Clara Helena Enciso. Era una de las terroristas del M-19 que asaltó el Palacio de Justicia, y fue responsabilizada por tres Jueces, por delitos de Lesa humanidad cometidos en esa ocasión contra los Magistrados y funcionarios de la Justicia Colombiana.

Figuró como desaparecida y se responsabilizó de su desaparición al General Arias Cabrales y al Coronel Edilberto Sánchez Rubiano. En esa época no se estaba inculpando de desapariciones al Coronel Plazas Vega, pues todavía no se había desempeñado como Director Nacional de Estupefacientes, cargo en el cual le propinó serios golpes a los bienes y las finanzas de los narcotraficantes.

OTROS ASUNTOS SOBRE RENE GUARIN

1.- Que estuvo preso en la cárcel nacional modelo hasta el año de 1992 cuando se acogió a la amnistía ofrecida al M-19 en virtud de la Ley 77 de 1989.

2.- Que iba en compañía de María Antonia Espitia Barrero, residenciada en Zipaquirá, barrio Bolívar 83 fortín del M-19, del grupo de Gustavo Petro Urrego.

3.- Que el 28 de noviembre de 2005 el Ejército abatió a dos guerrilleros de las FARC en Colombia (Huila), les encontró una USB y cuatro cuadernos, en los cuales figuraban los nombres de miembros de las FARC, con tareas de proselitismo en la Universidad Nacional, entre ellos María Antonia Espitia Barrero actual docente en dicho claustro. En esos cuadernos se les relaciona con el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia (patrocinado por Hugo Chavez) y el Partido Comunista Colombiano Clandestino (PC3), que es la dirigencia política de las FARC.

6.- René Guarín Cortés estuvo preso en la cárcel modelo de Bogotá, por el delito de “Concierto para delinquir”, artículo 7 del Decreto 180 de 1988, por orden del Juzgado Cuarto de Orden Público de Bogotá, sumario No. 06 del 10 de junio de 1988.

7.- El Juzgado Cuarto de Orden Público de Bogotá en oficio 47017 del 17 de Enero de 1989 solicita su captura por el proceso señalado en el numeral anterior, y adicionalmente otro proceso, circular 11 del 23-Ene-89.

8.- Cristina Guarín, siendo abogada graduada en la Universidad Nacional, se empleó como cajera de la Cafetería del Palacio pocos días antes de la toma por el M-19:

“yo tenía 22 años, mi hermana 26, …durante los 36 días que ella  trabajó allí varias veces fui a recogerla cuando salía de trabajar, pude así conocer a Bernardo Beltrán y Héctor Jaime Beltrán, es de aclarar que yo conocía años atrás a Carlos Rodríguez Vera y por su mamá María Helena llegó mi hermana a trabajar a la cafetería. María Helena la mamá de Carlos llama a mi mamá a comentarle que Carlos está administrando la cafetería del Palacio y que su esposa Cecilia entra a licencia de maternidad…y propone que Cristina vaya allí. Mi hermana en principio no quería aceptar eso. Ella tenía previsto irse para España a hacer un post grado…pero finalmente acepta…mientras le sale la beca…” (cuaderno 11, proceso 9755, folio 196)

La pregunta es:

Pueden considerarse válidas los reconocimientos de René Guarín, para abrir un proceso por “secuestro” y “desaparición forzada”, pasando por encima de:

·        La investigación del Tribunal Especial de Instrucción firmada por dos Magistrados después de una completa investigación, adobada por el principio de la inmediatez, la cual establece que esas personas murieron en el cuarto piso?

·        La Resolución de Acusación del Juez 30 de Instrucción Criminal que considera que una de las supuestas desaparecidas, está muerta y según el dictamen del médico forense se trata de Norma Constanza Esguerra, sepultada equivocadamente como el Magistrado “Pedro Elías Serrano Abadía”, cadáver que tiene el “útero no preñado, carbonizado”?

·        Las siete veces que en más de 20 años, ante Jueces, Fiscales y Procuradores, María Nelfi Díaz, ascensorista rescatada por las tropas se reconoce a sí misma en los videos afirmando: “esa soy yo” y no Cristina Guarín?

·        La evidencia en el proceso de que nadie vio a ningún trabajador de la cafetería del Palacio en la casa del Florero, luego nunca salieron vivas. Y ahora figuran como desaparecidas, por el reconocimiento que hace el secuestrador del M-19 René Guarín?

¿Qué espera la Justicia Colombiana, para declarar de oficio la nulidad de todo el proceso contra el General Jesús Armando Arias Cabrales y el Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, cuando ha quedado desvirtuado que hay desaparecidos?

¿Qué espera la Justicia Colombiana para hacer una investigación seria sobre los cadáveres que tanto tiempo permanecieron en el laboratorio de Antropología de la Universidad Nacional en flagrante violación de la Ley, y que solo hasta Octubre de 2009 y a escondidas de los abogados defensores de los militares los regresaron al Instituto de medicina Legal y Ciencias Forenses, lugar donde han debido permanecer por estar  cobijados por procesos penales que no han concluido?

Los colombianos no entendemos porque están presos los oficiales mencionados. ¿O es que la Justicia nos quiere demostrar que su poder es tan grande que pueden mantener privado de la libertad a un inocente y condenarlo sencillamente porque así lo desean los operadores judiciales?

¡Qué vergüenza! Como decía el diario El Colombiano de Medellín.

Hechos Históricos

LOS YO NO FUI

Por Coronel Alfonso Plazas Vega

Que no se hagan los "yo no fui". En el tema del Palacio de Justicia el narcotráfico fue el principal actor, el mandante y el M-19 su mandatario. Ahora los mandatarios del narcotráfico, LOS QUE ASESINARON A LA CORTE, dan clases de moral después de que Gobiernos corruptos les han dado patente de corso.

Recordemos: Cesar Gaviria nombró a Navarro Wolf como Ministro de Salud. Luego se inventó una circunscripción especial de paz para que con solo unos pocos votos (2.000) llegaran la Asamblea Nacional Constituyente, mientras el resto de ciudadanos necesitaban 15.000. Como resultado el movimiento narcoterrorista que se había tomado el Palacio de Justicia se convirtió en mayoría en una Constituyente que ellos mismos proyectaron para favorecer al narcotráfico. Otros miembros del M-19 sustituyeron a Navarro en el Ministerio de Salud, cartera que durante todo ese Gobierno estuvo en manos de ellos.

 El 3 de Agosto de 1994, cuando faltaban escasos cuatro días para la entrega del poder, Cesar Gaviria nombro a los guerrilleros mas importantes del momento en cargos diplomáticos así. Gustavo Petro en Bruselas, Vera Grabe en Madrid, Anibal Palacios en Londres, Bernardo Gutiérrez en La Haya y Eduardo Chavez en Paris. Si amigos, los nombró el Presidente Cesar Gaviria, el mismo que en condicion de Presidente de la Cámara de Representantes y Director alterno del liberalismo convocó un debate en el Congreso en 1985 contra el Presidente Betancur por haber empleado la Fuerza Pública para reprimir la acción terrorista del M-19. Y algo importante, los nuevos "honorables diplomáticos" fueron destinados para manejar el tema de "Derechos Humanos" en sus respectivas Legaciones. ¿Captan Uds. por donde va el agua al molino?

 Curiosamente el mismo Cesar Gaviria fue el gestor de la "reinserción" del M-19, y la entrega de armas, que no la hicieron al Gobierno Colombiano. Sino a sus propios Jefes políticos, es decir a la Internacional Socialista. A la misma a la cual Horacio Serpa en el año 2000 y en su condición de Director vinculó al Partido Liberal, luego de convertirlo de Partido Liberal en partido socialista, mediante el cambio de sus estatutos.

 ¿Recuerdan la foto famosa del "Comandante papito" envolviendo su pistola con la cual asesinó a miles de colombianos, en una bandera de Colombia (¡qué verguenza!), y entregándola al delegado de la IS ?  Si la recuerdan? Ese Comandante era Carlos Pizarro Leongómez, a quien el Museo Nacional le ha abierto salón especial para presentarlo como modelo de ciudadano. Eso que está haciendo quien quiera que haya dispuesto ese homenaje, se llama "apología del delito". Pero los colombianos nos quedamos callados. Estamos en la época del terror y no nos damos cuenta.

 Por eso la importancia de por lo menos difundir estas notas para crear conciencia.

 El M-19 fue el representante del narcotráfico en los hechos del Palacio de Justicia.

 E investiguen bien los crímenes de Álvaro Gómez y de Luis Carlos Galán.

Bogotá, 14 de Noviembre de 2010

La distorsión de la verdad

El espantoso silencio

Por Saúl  Hernandez Bolívar

El Tiempo, Bogotá

9 de noviembre de 2010

Debemos estar nadando en un mar de amnesia y confusión como para que 25 años después nos estén reescribiendo la historia sobre unos hechos que la mayoría de los que estamos vivos seguimos en directo por radio y televisión, y de los que se escribieron ríos de tinta en tantos rollos de papel que se podría envolver a Colombia con ellos. Y es que referirse hoy a los sucesos del Palacio de Justicia sin siquiera mencionar al M-19, el autor del crimen, es un acto de perfidia y mala fe que no puede considerarse como una ligereza o un asunto de mala memoria, sino como una acción calculada para transferir a otros la responsabilidad de esa atrocidad que no podemos olvidar jamás.

Esa estrategia es usada con frecuencia por la izquierda marxista, como en aquel comunicado del Polo 'Democrático', con ocasión de la masacre de los diputados del Valle, en el cual se abstuvieron de mencionar a las Farc, como si aquellos hubieran muerto en un accidente de tránsito. Y el país deja pasar, silenciosamente, todas esas artimañas sin reparar en lo que nos corre piernas arriba; nos están ganando, en escritorios, una guerra que perdieron en el campo de batalla.

Dicen muchos, por estos días, que hay que sacar a la luz la verdad sobre los luctuosos hechos del Palacio. Yo diría, más bien, que hay que develar las mentiras que se han tejido para tender un manto de oscuridad y de impunidad sobre ellos, con las que se pretende limpiar el nombre de los terroristas para, acaso, allanar su camino al poder.

Con este objetivo, los sucesos se han tergiversado detalladamente, de principio a fin, con evidente intención política. Por ejemplo, la llamada Comisión de la Verdad afirma que el Palacio de Justicia fue usado como una ratonera; es decir, que los altruistas guerrilleros del 'M' -o sea de esos que matan para que todos vivamos mejor- cayeron en una trampa del Ejército, que conocía al dedillo la operación de los subversivos y retiró la vigilancia para que aquellos sucumbieran en sus garras. Como quien dice, de un momento a otro, los que eran sagaces (robo de armas del Cantón Norte, toma de la embajada de República Dominicana) se volvieron torpes, y los ineficientes, astutos.

Se descarta de plano la posibilidad de que el narcotráfico, patrocinador oficial de la toma y la quema -cosa que muchos, como la 'investigadora' Ana Carrigan, desestiman-, también hubiera engrasado con su dinero las bisagras para que las puertas se abrieran. Asimismo, mientras el Tribunal Especial de Instrucción que se creó en la época, con juristas verdaderamente eminentes, para rendir informe sobre el holocausto, concluyó, entre otras cosas -basado en testigos directos-, que el fuego lo propició el M-19 para quemar los expedientes, la fiscal Buitrago replica que el causante fue el Ejército. Pero hay algo más importante: el TEI determinó fehacientemente que no hubo desaparecidos.

Hoy, el coronel Alfonso Plazas Vega está condenado a 30 años por la 'autoría mediata', de esas supuestas desapariciones, un tipo penal inexistente. Su proceso judicial estuvo plagado de tantas irregularidades -testigos fantasmas, pruebas falsas, contradicciones enormes-, que haría sonrojar a un estudiante de primer año de Derecho. Y hace pocos meses (gracias a Ricardo Puentes y Claudia Morales, los verdaderos 'periodistas del año'), nos hemos venido a enterar de que René Guarín Cortés, quien hace el reconocimiento de varios de los 'desaparecidos', en imágenes nebulosas, es un guerrillero indultado del M-19, un detallito que les resta toda credibilidad a sus palabras.

Este solo hecho, en cualquier parte, derrumbaría esta pantomima que nos debería avergonzar a todos. Pero no, el país calla y deja pasar. Es el silencio de los inocentes. Ya decía Martin Luther King que le preocupaba más "... el espantoso silencio de la gente buena".

Editorial de la Semana

LA HISTORIA SE REPITE

Otros 7 militares destituidos sin el debido proceso

La destitución pública de 27 militares el 29 de octubre de 2008, realizada en una desafortunada rueda de prensa con participación del presidente y el alto mando militar, en la cual, sobre los derechos de  aquellos, prevalecieron los intereses personales, mostrados como si fueran los de la Patria y la ciudadanía. Sus efectos negativos sobre las operaciones militares todavía se observan.

El 2 de noviembre la historia se repite y todo el alto mando militar, como ayer, sale a anunciar la destitución de siete militares, entre ellos tres coroneles. En aquel entonces se dejó la sensación de que el retiro se daba por los que, malintencionadamente, se denominaron los “falsos positivos”; el argumento ahora es la violación y asesinato de tres criaturas. Los resultados de la investigación de aquel entonces, hoy todavía son desconocidos. ¿Será que en esta oportunidad los mandos militares si habrán realizado una investigación seria que permita vincular a los destituidos con los execrables hechos? ¿O habrán de pasar varios años antes de que la investigación no arroje resultados que comprometan a los destituidos?

En todo caso, el afán de proteger intereses personales de entonces, con el aparente afán de proteger intereses institucionales de hoy, parece tener un denominador común: la ligereza en las investigaciones y el atropello de los derechos fundamentales de aquellos lanzados a la picota pública. No se pretende que aquellos vinculados a los hechos no puedan ser investigados, ni tampoco que no deban sancionarse, por supuesto que así debe hacerse. Lo que no se puede saltar son las barreras de la presunción de inocencia, la honra y la dignidad de estos seres humanos, que, en aras de desligar a la Institución Militar de los bochornosos actos, han sido pisoteadas en otra bochornosa rueda de prensa.

De por vida han sido condenados anticipadamente, sin derecho a defensa, al hacer pública su destitución en relación con el abominable homicidio. Si alguno de ellos era autor responsable, bien merecido tendría este deshonroso procedimiento y la máxima condena que la ley establezca sería poca. Pero vincular a los comandantes o superiores, simplemente por el hecho de serlo, es dar pie a las elucubraciones de todo tipo contra aquellos y contra la misma institución. No solo los coroneles, seguros estamos que no tuvieron participación en los hechos, sufrirán los señalamientos, sino sus familias serán víctimas del dedo acusador del Mando Militar. Tendrán razón los hijos en preguntar a sus padres si son ellos los autores de tamaño crimen y avergonzarse de serlo y serán injustamente vejados por compañeros de colegio cuando los acusen de ser hijos de monstruos.

El irregular procedimiento, que está haciendo carrera con Santos de ministro y ahora de presidente, no puede continuar siendo el expediente para limpiar conciencias ni expedientes ni para proteger espaldas. Si bien el crimen cometido reviste características imperdonables, no puede el mando militar dejarse llevar por las presiones y los afanes mediáticos, cuando la cordura y la ponderación exigen decisiones razonadas y prudentes. Esta desafortunada y precipitada decisión fortalece la tesis que nos quieren aplicar sobre la Teoría de Roxin con relación a la responsabilidad mediata de los comandantes. El  exceso de celo institucional no puede conducir al abuso de una herramienta equivocada y desgastante, para dar sensación de diligencia, en ausencia  de una juiciosa y responsable investigación. Eso no es celeridad, es precipitud innecesaria que conduce a injusticias, aclaraciones y arrepentimientos.

Centro Colombiano de Pensamiento Político Militar

La Opinión del día

Los tigres de papel

En Colombia es común analizar la guerra tras los escritorios. Los expertos creen conocerlo todo, excepto la experiencia de quienes enfrentan la crudeza del conflicto en el campo de combate.

Por César Castaño

A raíz del repudiable atentado terrorista cometido, por las Farc contra el coronel Édgar Javier García Nieto, comandante del Batallón de Ingenieros 27, en Puerto Asís, escuché en un programa de opinión a un reconocido analista, un académico que, al ser preguntado por un periodista sobre el hecho, comentó que el oficial había muerto por exceso de confianza y falta de aplicación de medidas de inteligencia.

La ligereza con que se refirió al tema este experto hace pensar que en el país abundan los tigres de papel, analistas de escritorio que sin jamás haber pisado un área de combate, desarrollan rigurosos estudios sobre el quehacer militar. 

Para algunos de ellos, Colombia es una especie de extensa gramilla sobre la cual patrullan cómodamente los soldados, esos mismos que por “descuido” permiten que los hieran o asesinen.

Vale decir que estos “analistas” se han formado en prestigiosas universidades y especializado en el exterior, sus ingresos les permiten vivir seguros en las ciudades, aferrados a no pocas comodidades, protegidos por trincheras que se alzan tras cómodos escritorios y modernos teclados.

 Entre ellos los hay quienes se atreven a ser temerarios, que se internan en el Country Club o en Los Lagartos, quizá para recrear la sensación de caminar por selvas y montañas. Igual que los militares, los “expertos” enfrentan cada día difíciles decisiones, como aquel instante en que deben seleccionar el vino que acompañará un exquisito platillo, una circunstancia nada comparable con las frías raciones de campaña que deben comer los soldados cuando están en áreas difíciles.

Por lo general son invitados obligados a actos sociales, lo cual les garantiza aparecer en retocadas fotografías en las páginas de periódicos y revistas, siempre luciendo esa tímida sonrisa que les ayuda a reforzar una pose intelectual. Su fama es tal, que son invitados, generalmente los mismos tres o cuatro, como panelistas en programas de opinión. Dirigen además conversatorios sobre la guerra, planean foros y encuentros, pero además han descubierto en sus “conocimientos” una excelente fuente de ingresos, constituyendo fundaciones para estudiar el conflicto.

La verdad no se puede descalificar de lleno a un experto pues, al igual que tantos otros, ellos han convertido la guerra en un negocio lucrativo. Sin embargo, guardo serias reservas sobre el valor de esas sesudas apreciaciones que aparecen a diario en los medios. Reconozco que el estudio de la guerra es necesario, pero ojalá este vaya acompañado del conocimiento de esas “peculiaridades” que ella encierra, algo muy común en otros países, donde los analistas son generalmente veteranos de guerra e incluso ex guerrilleros, claro está, con la debida formación académica.

Esta reflexión no es una crítica a quienes desde el ámbito civil abordan estos temas, pero sí un llamado de atención para que más allá de teorías y ligeras apreciaciones, conozcan de primera mano todas aquellas situaciones que enfrentan los soldados en las zonas de combate.

Ojala los analistas que tanto saben del conflicto supieran qué es caminar de noche en el monte, pensando en dar el siguiente paso cuidadosamente, para evitar accionar una mina o caer a un abismo. Ojalá conocieran que se siente al recibir, en la selva, una noticia sobre la muerte de uno de los padres o el nacimiento de un hijo, sin poder tomar contacto con los suyos. Ojalá esos expertos de mirada adusta y amplio recorrido académico comprendieran qué pasa por la mente de un soldado cuando enfrenta a un grupo armado ilegal que en medio de un nutrido fuego, toma como escudo a una familia o a los pequeños alumnos de una escuela.

 Ojalá nuestros analistas, cuando estén elaborando sus frías estadísticas, entendieran lo que siente un militar al ver caer sin vida a un compañero, o peor aún, cuando se ven enfrentados a la impotencia que provoca una lenta agonía en un alejado paraje. Ojalá los expertos conocieran todas esas realidades que esquivan en sus análisis, pues generalmente escriben fríos y calculados artículos que pretenden “orientar” la opinión de sus extraviados admiradores.

No necesariamente un analista del conflicto debe tener experiencia militar para ejercer su oficio, pero ojalá aprendieran de las enseñanzas de hombres como el coronel de ingenieros Édgar García. Este valioso soldado asesinado por las Farc, casado y padre de cuatro niños, en 21 años de servicio se formó académicamente como pocos. Su conocimiento del país le permitió interactuar con autoridades civiles y pobladores, honrando siempre su uniforme y promoviendo el respeto por los derechos humanos, un perfil que, seguramente, causaba gran molestia al grupo terrorista que lo asesinó. El oficial contaba con una amplia experiencia profesional, producto de enfrentar cada día nuevas batallas, bien con las ideas, bien con las armas. 

Son estos los soldados que, en ocasiones y sin contemplación, critican los expertos. Tigres de papel que sugieren permanentemente a la opinión pública, qué deben pensar sobre el conflicto. Ellos en el fondo saben, con contadas excepciones, que en algún momento de sus vidas se enfrentaron a una comprensible cobardía, pues rehusaron aprender por experiencia propia las lides militares, aunque dirán que en estos casos, los de la guerra, es mejor vivir de ella y de paso, por aquello de la supervivencia, echar mano de la experiencia ajena, que en el caso del coronel García sólo se puede entender en una palabra, aquella que los versados en complejas teorías de la guerra desconocen: heroísmo.

*Historiador militar

La Opinión del día

La desaparición forzada

Publicado 21/10/2010 Diario El Otún

Óscar Alberto Díaz García

Permítanme referirme a una clase de desaparición, diferente a la que hoy se conoce  y ventila en estrados judiciales  nacionales, en medios de comunicación, y en muchos estados del mundo.

Nos dicen las noticias, que Colombia  ratificaría los convenios  ante la ONU,  para dilucidar y juzgar este delito ante instancias internacionales. 

De hecho, en nuestro país, la figura ha venido en uso de manera atractiva para los colectivos de abogados, que tan sólo buscan esquilmar las arcas de la nación.  

Buscar un par de testigos que juren ante un juez haber visto  a  Pedrito Palotes rezando en el atrio de una iglesia,  y que sostengan  que era el mejor ciudadano, antes de que unos uniformados  se lo llevaran,  acotando que tales uniformados son miembros del Ejército,  parece ser suficiente para que un fiscal  acoja tales testimonios como  prueba, y un juez dicte sentencia condenatoria contra el  Estado colombiano.

Además, como objetivo político produce aún mejores resultados; tomemos como ejemplo el caso del coronel Alfonso Plazas Vega,  a quien una fiscal y una juez se encargaron de encarcelar por mas de treinta años, aplicándole la figura  que no existía cuando los hechos del Palacio de Justicia.

Pero nos preocupa también en grado sumo,  las consecuencias de todos estos juicios amañados, que además de condenar  a la nación a pagos estrafalarios,  estarían llevando a  la desaparición de la imparcialidad de la justicia, y  también,  la desaparición forzada  de la moral de la fuerza pública.

El  elemento humano, es factor decisivo en  el desarrollo  de las estrategias del conflicto armado, de la guerra  injusta que le ha declarado el narcoterrorismo a Colombia,  acompañado del accionar bandolero con disfraz de subversión política.

Con un agravante: los comunistas del eje Cuba-Nicaragua-Venezuela-Ecuador-Brasil,  bajo las indicaciones del llamado Foro de Sao-Paolo, se vienen apoyando cada vez con mas fuerza en la seudo-guerrilla colombiana,  para desestimular la acción de nuestras Fuerzas Armadas,  a través de la guerra jurídica desatada en contra de cada soldado, de cada profesional militar, o policía, que van a los estrados enjuiciados por cumplir con su mandato,  con el sagrado deber de la defensa de nuestra soberanía.

Sin embargo, es evidente que en Colombia, los amigos de la libertad soberana somos muchísimos más,  que los adictos al socialismo del siglo XXI,  el disfraz que usan los obsoletos comunistas de la ex unión soviética.

Hoy, debemos permanecer unidos, para evitar la desaparición forzada de la  moral de la fuerza pública, y el traslado de  las armas de la República a otras manos.

oscaralbertodiazgarcia@hotmail.com