Autoridad y control territorial en Colombia

Autoridad y control territorial en Colombia

Mayor General (RA) Javier Arias Vivas

“Cuando un país es débil, los países poderosos ganan el control de sus regiones, de sus vías de comunicación y de sus recursos” (Agnew, 1998, p.129)

Resumen

Este escrito pretende demostrar que algunos de los elementos claves por los cuales, Colombia no ha consolidado la seguridad y el bienestar de sus habitantes, es por la falta de autoridad que raya en la ingobernalidad, el dudoso control total del territorio y las fallas del Estado para responder con eficiencia a los requerimientos y necesidades de la población.

Introducción 

La crónica de Salud Hernández Mora intitulada “Yo la paz aún no la veo, lo que tenemos es más desorden”, publicada en el diario El Tiempo del 1 de mayo de 2017, en donde, se relata la situación crítica en seguridad y bienestar de algunas comunidades del Departamento del Chocó, que se replica en muchas poblaciones de la periferia del país, sirve de fondo, para ambientar este escrito que se relaciona con la precariedad del Estado colombiano para imponer autoridad y hacer presencia llevando tranquilidad, orden y servicios esenciales a los ciudadanos en estado de vulnerabilidad.

En concordancia con lo anterior, del citado documento se extractaron los siguientes apartes, que constituyen una radiografía exacta de lo que sucede en muchas regiones de Colombia en cuanto a falta de autoridad, control territorial y solución a las necesidades de la gente:

“…En el momento en que la Armada se vaya, la gente sale detrás”; “Lo que necesitamos para volver es que se quede la infantería en Venado”; “Tampoco el San Juan es fuente de comida. A su caudal vierten aguas residuales los poblados ribereños y mercurio los mineros. Mataron la vida del río”; “Los proyectos que han traído son inservibles porque los hacen fundaciones, sin consultarnos. Y son muchos los que comen en el camino y poco lo que llega”; “hay un centro de salud para las comunidades de esta zona, pero no tiene médico, ni enfermera, ni drogas”; “Debían mandar tres profesores en enero y sólo llegó uno, que salió por miedo”; “En las demás poblaciones, la problemática es igual: ausencia de Estado, miedo a la confrontación armada, poblaciones en fuga, futuro incierto. “Plomo y desplazamiento es lo único que recibimos”, resume un funcionario de la Alcaldía” (1 de mayo de 2017, p.10).

El anterior contexto, conduce a la formulación de la siguiente pregunta: ¿Tiene gobernalidad un Estado que no ejerce autoridad con rigor, que es dudoso el control total de su territorio y que no soluciona los requerimientos básicos de sus pobladores? La respuesta que se plantea a este interrogante, que se incorpora como la tesis de este ensayo, es la siguiente: Colombia es un Estado, con una dudosa autoridad, que no controla la totalidad de su territorio, y que es incapaz de responder con prontitud y eficiencia a las necesidades de seguridad y bienestar de la población que habita el territorio nacional.

Para la argumentación de la anterior tesis se desarrollarán los siguientes temas generales: en primer lugar, se analizará si el ejercicio de la autoridad en Colombia es efectivo; luego, y en relación con lo anterior, se navegará en las cuestiones del control territorial donde subyace la geopolítica y la geoestrategia; y, por último, se abordarán los contenidos de la velocidad de respuesta a las necesidades más sentidas de la población en los diferentes territorios. Al final y agotada la argumentación, se concluirá si Colombia en esta coyuntura es viable o si, por el contrario, corre peligro su supervivencia e integridad como Nación.  

El ejercicio de la autoridad en Colombia

Thomas Hobbes (1588-1679), y su obra cumbre, El Leviatán, es uno de los artífices de la teoría del Estado Moderno. Al respecto, el profesor Augusto Hernández Becerra, en su libro “Las ideas políticas en la historia”, relata:

En el Estado de naturaleza, por ausencia de un poder común que los atemorice a todos, dice Hobbes, los hombres viven en constante guerra de todos contra todos. Siendo insoportable vivir indefinidamente en medio de tal zozobra e infelicidad, la racionalidad humana permite a los hombres discernir una solución. Es necesario prescindir de la violencia privada para la solución de los conflictos, y eso sólo será posible si, de común acuerdo, los hombres renuncian a su derecho de gobernarse a sí mismos a favor de un hombre (monarca) o una asamblea de hombres (república). Este es el pacto contrato de donde surge el Estado, que en adelante ejercerá el monopolio de la violencia para ponerla al servicio de la seguridad de los ciudadanos y la defensa exterior o, como Hobbes dice, para asegurar la paz y defensa común (Hernández, 2008, p.205).

La cuestión es que, el Estado para imponer el orden en una nación, debe someterse a la Constitución y las Leyes, teniendo para ello, unos órganos coercitivos tales como la Rama Jurisdiccional, los Organismos de Control con sus normas fiscales y disciplinarias y, unas Fuerzas Militares y de Policía que conservan el monopolio de las armas y de coacción para hacer cumplir la Ley. Explícitamente, el catedrático del derecho, Vladimiro Naranjo lo explica de la siguiente manera: “Todo Estado supone una estructura jurídica que lo soporte, llámese o no Estado de derecho. Es esa estructura la que le da vida y sustenta sus funciones. No sería dable concebir un Estado sin derecho. A la inversa, el derecho tiene su campo de aplicación natural en el Estado y deriva de este, sus instrumentos de coerción, que le son indispensables para garantizar el cumplimiento de su normatividad” (Naranjo Vladimiro, 2010, p.257).

Pero, la fatalidad de Colombia, es que el Estado ha sido incapaz de imponer a través de sus medios de coerción una autoridad lo suficientemente rigurosa y eficaz que asegure la paz, la tranquilidad y el bienestar de todos los colombianos sin menoscabar los derechos humanos. La Ley se cumple a medias, y por eso, la desconfianza de la ciudadanía en su operación y en sus determinaciones.

Además, en la actualidad la gran polémica surgida en el país en los medios académicos, es que, a criterio de muchos funcionarios judiciales la cárcel no restituye al hombre a la sociedad y argumentan que hay otras formas de resocialización diferentes al confinamiento. Por tal razón, los llamados delitos menores que son los que más daño le están haciendo a los ciudadanos, son excarcelables. Así las cosas, lo que existe es una justicia laxa que no disuade el delito y no sienta las bases de un Estado con suficiente autoridad.

Los procesos para impartir justicia en Colombia tienen unas demoras inusitadas, incluso los que se refieren a las pequeñas causas. Por el contrario, en algunas regiones abandonadas por las Farc, como consecuencia de su concentración en zonas acordadas en la negociación de La Habana, hay personas que añoran la justicia que imponía este grupo delincuencial. En la entrevista que le hizo María Isabel Rueda a Ariel Ávila, investigador y subdirector de la fundación Paz y Reconciliación, éste anota:

Le doy otro ejemplo: en el sur del Tolima, al frente 21 de las Farc lo llamaban “el juzgado 21” …era un sistema de regulación social. Regulaba desde las infidelidades hasta la toma de trago después de las 10 PM. Por ejemplo, en Antioquia, en el nordeste, colocaban multas hasta de $200.000 pesos al que se peleara con otro en una cantina…Montaron un sistema de regulación paralelo, vuelvo y repito, déspota, autoritario, pero eficiente…aquí hay un tema de conflictividad social que las Farc habían resuelto a su manera” (2017, p.13).

En esta época de postacuerdo con las Farc, la justicia en Colombia tiene que evolucionar hacia la eficiencia. Entendiendo ésta, como la capacidad de lograr decisiones jurídicas en derecho y en el menor tiempo posible. Según el abogado José Miguel de la Calle en el escrito titulado “Ensayo sobre una solución de los problemas de la justicia en Colombia”, la justicia es lenta e inoperante y afirma, además:

No es posible llegar a alcanzar verdaderamente la paz y mucho menos a consolidarla en el tiempo, sin haber logrado previamente un sistema sólido, eficaz, equitativo, abierto y rápido de justicia. Por esta razón, conseguir que el servicio de administración de justicia funciones es un asunto particularmente relevante para los colombianos (…) el elemento más notorio de toda la ineficiencia del sistema es la mora en el trámite y decisión en los procesos (…) el inventario de procesos civiles en retraso es de 1.800.000 expedientes y la mora judicial se calcula en más de 8 años (…) (De la Calle, 2005, p.103)

Aparte de la inoperancia del aparato judicial, la corrupción es un tema que marca hondamente la falta de autoridad del Estado colombiano. Es un poder judicial politizado y sindicalizado, en el cual, muchas de las decisiones y sentencias están marcadas por el sesgo ideológico, la retribución de favores y las conveniencias; y al lado de esto, el dinero y las dádivas para que la balanza de las decisiones se incline hacia el mejor postor (Revista Semana, 2006, p. Nación).

En este sentido, uno de los casos más sonados de la corrupción de la justicia en 2015, fue el ofrecimiento o exigencia de un soborno millonario en el cual se vieron involucrados un abogado y un magistrado de la Corte constitucional para favorecer a una empresa petrolera. El destacado columnista de El tiempo, Abdón Espinoza Valderrama no dudó en llamar este evento como un “Absceso purulento” y agrega: “(…) reviste gravedad inusitada en cuanto saca a la luz un caso específico de corrupción en la rama jurisdiccional al más alto nivel e indirectamente viene a corroborar la verosimilitud de rumores afrentosos sobre “carruseles” de testigos y otras irregularidades (…) (2015, p.19).

En síntesis, para componer el problema de la justicia en Colombia se requiere una reforma estructural que la haga accesible, imparcial, equilibrada, rápida, transparente, desideologizada, rigurosa y eficiente para que recobre su credibilidad y para que la gente “deje de añorar un sistema de justicia déspota autoritario pero eficiente”, que imponen los grupos armados ilegales en las zonas de su dominio.

El Control territorial

Sobre el control territorial, como elemento vital para construir la victoria sobre las organizaciones terroristas y delincuenciales, se puede afirmar con el profesor Carlos Alberto Patiño Villa, que: “en el siglo XX y hasta el comienzo del XXI, el Estado aún carece de un control territorial pleno de su geografía” (2010, p.291).

Por control territorial se debe entender el hecho de que el Estado ejerza soberanía sobre todo el territorio nacional, -incluyendo mares, ríos y espacio aéreo-, haciendo presencia con todas las instituciones nacionales encargadas de llevar bienestar y seguridad a la población, bajo la tutela de las fuerzas armadas. Algo muy importante que soporta este tema del control territorial es el mandato expresado en el Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia que a la letra dice:

Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (Art.2 CN, 2001, p.52).

Si las fuerzas militares y de policía en armonía con la rama judicial operaran el pleno control territorial, haciendo presencia permanente o transitoria sobre áreas geográficas  proclives a la acción de los grupos delincuenciales, ejerciendo con celo el monopolio de la coerción del Estado dentro de los parámetros de la normatividad vigente, para respetar los derechos de la gente, las organizaciones criminales de todo tipo estarían desmanteladas y todas las instituciones del Estado podrían llegar con todos sus servicios a las zonas remotas de la  Nación, para darle seguridad y bienestar a la población. Sin duda, las zonas de fronteras terrestres, marítimas y aéreas al estar protegidas con fuerzas rápidas y poderosas ejercerían disuasión a las ambiciones expansionistas de algunos países limítrofes.

De otro lado, se argumentará por parte de algunos políticos, economistas, sociólogos y académicos, que para hacer control territorial total en los términos ya descritos, se necesitaría ingentes recursos fiscales para mantener unas fuerzas armadas suficientes para este propósito, lo cual es cierto. Pero un gobierno que logre controlar la corrupción y desarrollar su economía en el largo plazo, tendrá los suficientes recursos para sostener un aparato de coerción poderoso que imponga el orden justo, la autoridad y al mismo tiempo, satisfaga con rapidez los requerimientos y las necesidades de la población.

Se arguye, que no es lógico que en ejercicio de un control total del territorio, haya bandas delincuenciales y terroristas, tales como:

 (…) el clan del Golfo que tiene ya cerca de 2000 efectivos (…) las autodefensas Gaitanistas de Colombia -dueños del comercio ilícito del oro y líderes indiscutibles del mercado de la droga en las pequeñas y grandes poblaciones- (…) con presencia en 23 departamentos y con cerca de 2000 efectivos (…) y se les añaden los 3500 miembros activos de los diferentes grupos subversivos como el ELN y el EPL, ya se acercan a 9000 bandidos. Si se agregan la infinidad de bandas organizadas, tipos los Urabeños y la Cordillera, dedicadas al microtráfico, a la minería ilegal y al contrabando, la cifra asciende a 12000, casi el doble de las Farc. Paz lo que se llama paz, no hay (Botero, C, M, 4 de junio 2017, p.41).

Además, con un control territorial eficiente, las rutas del narcotráfico por los dos mares y por las fronteras terrestres hacia Estados Unidos y Europa, estarían interceptadas y neutralizadas. Y, unas fuerzas armadas con capacidad de disuasión suficiente serían la clave para que países limítrofes como Venezuela y Nicaragua, no se atrevieran a pretender posesiones históricas colombianas marítimas y terrestres. Pero, el principal argumento de los políticos es que hay la necesidad de reducir presupuestos de la guerra para la paz, lo cual es ilógico en una situación tan conflictiva como la que se encuentra Colombia.

Así las cosas, lo que ha faltado es voluntad política para financiar, organizar y entrenar, un aparato coercitivo contundente, eficaz y de largo plazo para sentar rigurosa autoridad y  controlar el territorio. Con los dineros del Estado perdidos por la corrupción, el clientelismo y las malas administraciones fácilmente se puede financiar un sistema judicial eficiente y unas fuerzas armadas lo suficientemente poderosas para controlar totalmente el territorio, disuadir las intenciones de los vecinos y responder de inmediato los requerimientos de la población para evitar el inconformismo, los paros y las huelgas que tienen azotado el país.   

Velocidad de respuesta a las necesidades de la población

Norberto Bobbio, filósofo y académico de la ciencia política, en su libro Estado, gobierno y sociedad, refiriéndose a la gobernalidad y a la legitimidad de un gobierno afirma:

(…) una sociedad se vuelve más ingobernable en cuanto más aumentan las demandas de la sociedad civil y no aumenta paralelamente la capacidad de las instituciones para responder a ellas. Más aún: la capacidad de respuesta del Estado ha alcanzado límites quizás insuperables (de donde proviene el tema, por ejemplo, de la crisis “fiscal”). Estrechamente relacionado al tema de la gobernabilidad, aparece el tema de la legitimación: la ingobernabilidad produce crisis de legitimidad (p.44).

Los bajos resultados de las encuestas del actual gobierno y de las instituciones, los paros en Quibdó y Buenaventura, sumados a la huelga de maestros, hechos que se realizan en la actualidad, hacen pensar en la incapacidad que tiene el Estado para responder rápidamente a las demandas de la población. Lo anterior, sumado a los graves actos de corrupción que estremecen al país como los casos de Obebrecht, Reficar, Interbolsa, la alcaldía de Cartagena y la gobernación de La Guajira, para mencionar unos pocos, confirma la percepción de ingobernabilidad que se cierne sobre el actual gobierno y sus instituciones.

Al respecto, el profesor Fukuyama afirma:

“Hay una estrecha relación entre la eficacia del gobierno y el control de la corrupción. Tener un Estado fuerte y eficaz implica algo más que el simple control de la corrupción, pero los gobiernos muy corruptos acostumbran a tener grandes problemas a la hora de prestar servicios, hacer cumplir las leyes y representar el interés general” (Fukuyama, 2016, p.114).

El otro aspecto que genera incertidumbre y decepción, es el incumplimiento de las empresas privadas nacionales y extranjeras, en el desarrollo de los proyectos de infraestructura. La obra para habilitar el túnel de La línea está paralizada; la construcción de la autopista del Sol que comunica el centro del país con la Costa atlántica, está detenida en muchos de sus tramos por incumplimiento de los consorcios. Alguien comentaba que las empresas ganadoras de licitaciones para las grandes obras del país, en vez de ingenieros contrataban una legión de abogados para demandar al Estado y apoderarse de los presupuestos, sin terminar las obras que se comprometieron; de tal manera, que aquí se configura también una especie de corrupción en cadena donde intervienen funcionarios públicos y privados y la reacción del Estado es lenta para la solución de estos problemas.

Conclusión

Las declaraciones obtenidas de la población en general y de las autoridades en el Departamento del Chocó, por la periodista Salud Hernández, que se replican en otras regiones del país, ya relatadas en la introducción de este ensayo, y con  los argumentos esgrimidos, confirman que Colombia es un Estado, con una dudosa autoridad, que no controla la totalidad de su territorio, y que es incapaz de responder con prontitud y eficiencia a las necesidades de seguridad y bienestar de la población que habita el territorio nacional. En estas circunstancias, Colombia como Estado se acerca a la categoría de inviable.

Consecuentes con lo anterior, se requiere para la solución de estos problemas: 1. Voluntad política inquebrantable para asegurar los recursos necesarios y suficientes para la Justicia, la Seguridad y Defensa. 2.  La reestructuración de las instituciones de justicia. 3. Combatir la corrupción. 4. Entender que el Estado es un sistema en que todos sus componentes deben trabajar interconectados y en armonía, para buscar un destino manifiesto que esté por encima de las ambiciones políticas y del corto plazo que impone el gobierno de turno. 5. Aplicar con rigor la autoridad, respetando los derechos. 5. Controlar totalmente el espacio terrestre, marítimo y aéreo. 6. Y por último, solucionar y mejorar rápidamente las demandas y las condiciones  de la población menos favorecida.

Referencias

Agnew, J. (2003). Geopolitics. New York: Routledge

Ávila, A. (15 de mayo de 2017). ¿Qué está pasando en los territorios abandonados por las Farc? El Tiempo. P.13. Bogotá

Bobbio, N. (1997). Estado, gobierno y sociedad. Santa Fe de Bogotá: Fondo de Cultura Económica

Botero, C, M. (4 de junio, 2017). Una falsa dicotomía. El Espectador. P.41

De la Calle, J, M. (2007). Ensayo sobre una solución de los problemas de la Justicia en Colombia. Recuperado de http://sitemasjudiciales.org/content/jud/archivos/notaarchivo/697.pdf

Espinoza, V, Abdón. (5 de marzo de 2015). Absceso purulento. El Tiempo. p.19. Bogotá

Fukuyama, F. (2016). Orden y decadencia de la política. Bogotá: Editorial Planeta

Hernández, A. (2008). Las ideas políticas en la historia. Bogotá: Ed. Universidad Externado de Colombia

Naranjo, V. (2010). Teoría constitucional e instituciones políticas. Bogotá: Ed. Temis

Patiño, V, C. (2010). Guerra y construcción del Estado en Colombia.1810-2010. Bogotá: Debate

Revista Semana. (2006). El juez y la mafia. Recuperado de http://www.semana.com/nacion/articulo/el-juez-mafia/82276-3

  

¿Democracia liberal, Comunismo o Populismo?

Disyuntiva de los colombianos de cara a las elecciones del 2018

“La democracia liberal necesita de constantes defensas intelectuales”

Eduardo Posada Carbó

Por: Mayor General (RA) Javier Hernán Arias Vivas, Magíster en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra de Colombia

Resumen:

Este escrito se enfoca a hacer un análisis desde la perspectiva de las ideas políticas, para ofrecer elementos de juicio que al final, ayuden a tomar una decisión de votar por los candidatos que mejor le convengan al país a las instituciones y a las fuerzas armadas.

1.        Introducción

Colombia se alista para votar en dos elecciones en el 2018. La primera, para los miembros del Congreso de la República (11 de marzo) y la segunda, para Presidente y Vicepresidente de la República (27 de mayo). El contexto en que estas dos actividades se van a llevar a cabo está signado por la complejidad: (I)Unas Farc desmovilizadas como grupo armado pero con disidencias, en franca acción política hacia su principal objetivo que ha mantenido a lo largo de su historia que es “la toma del poder”; (II) una opinión pública dividida ideológicamente: unos, que propugnan por una paz a cualquier precio y otros, en franca crítica hacia un proceso de reconciliación con las Farc que consideran violatorio de la constitución nacional y de completa impunidad con los crímenes cometidos por este grupo subversivo; (III) escándalos de corrupción atribuidos a altos dignatarios del gobierno, de las altas cortes y de la justicia en general; (IV) un ambiente económico en deterioro por la inercia del aparato productivo del país y por la parálisis de la inversión y la prevención de las familias para estimular el gasto; (V) y un ambiente de inseguridad interna y externa deteriorado por la acción de bandas delincuenciales y las tensiones que se perciben por la situación que se vive en Venezuela.  

La gran pregunta que muchos colombianos se hacen es ¿Por quienes votar? La respuesta es igual de difícil en medio de la multiplicidad de ofertas que se encuentran en el mercado político de candidatos a senadores, representantes, presidente y vicepresidente de la república. Por lo tanto, este trabajo se enfoca a hacer un análisis desde la perspectiva de las ideas políticas para ofrecer a los electores, elementos de juicio con el fin de tomar decisión de votar por los candidatos que mejor le convengan al país y a sus instituciones.

Para el cumplimiento de este cometido, en primer lugar, se hará una descripción de las principales características de la Democracia Liberal enunciando los partidos políticos o movimientos que más se acercan a esta tendencia ideológica en Colombia. Luego, se abordará brevemente al Socialismo o Comunismo, teniendo en cuenta cuáles son los movimientos inscritos en Colombia proclives a esta corriente ideológica. Finalmente, se analizarán diferentes elementos del universo llamado Populismo y los peligros que encarna para una Nación como la colombiana.

2.        La democracia liberal

La democracia liberal, es el sistema que combina armónicamente los conceptos de democracia y liberalismo. Democracia, significa que “las instituciones políticas descansan sobre los principios fundamentales siguientes: soberanía popular, elecciones, parlamentos, independencia de los jueces, libertades públicas, pluralismo político”. Gracias a ello, los ciudadanos poseen un amplio margen de autonomía y de medios de presión eficaces sobre los gobernantes (Duverger, 1982, p.51).

En cuanto al liberalismo, el profesor Augusto Hernández Becerra, en su libro “Las ideas políticas en la historia”, lo caracteriza de la siguiente manera: 

Liberalismo, desde el punto de vista político, “es la corriente doctrinal que pregona la supremacía de las leyes naturales y cuyos presupuestos básicos son: la exaltación del individuo y sus derechos, la fe en el progreso humano, la tolerancia como norma de convivencia, la no injerencia del Estado en la vida social y económica, el origen parlamentario de las leyes, la democracia representativa, la supremacía del derecho sobre el poder político, la igualdad de los hombres, la supremacía de la Constitución en el ordenamiento jurídico, la concepción del orden político como producto de un pacto social, la tridivisión de los poderes del Estado como mecanismos para garantizar la libertad,

Desde la perspectiva del liberalismo económico es una doctrina que da sustento teórico al desarrollo del capitalismo y evoluciona paralelamente al liberalismo político. El liberalismo económico está fundado en la libertad personal, la propiedad privada de todos los bienes, la libre iniciativa de los individuos para dedicarse a la industria y el comercio con el ánimo de obtener lucro, la libre competencia como fuerza reguladora de la producción y de los precios, y el libre juego de los precios y el libre juego de las leyes económicas naturales o leyes del mercado.

Una breve historia de la democracia, nos señala según Giovanni Sartori en su obra “Elementos de teoría política”, que la democracia precedió al liberalismo y éste a la democracia liberal. Desde la antigüedad la democracia fue asumida en sentido negativo. “Para Aristóteles, la democracia es la forma corrompida del gobierno de muchos: y ello, porque en la democracia los pobres gobiernan en su propio interés (en lugar de gobernar en el interés general)” (2012, p. 36). Continúa Sartori diciendo que:

Durante milenios el régimen político óptimo se denominó <> (res pública, cosa de todos) y no democracia. Kant repite una opinión común cuando escribía, en 1795, que la democracia <>; y los padres constituyentes de los Estados Unidos eran de la misma opinión pues en los Federalist Papers se habla siempre de <>, y nunca de democracia (salvo para condenarla) (p.29).

Fue a partir de 1848, en cabeza de Tocqueville cuando expresó que “La democracia y el socialismo están unidos sólo por una palabra, la igualdad; pero hay que notar la diferencia. La democracia quiere la igualdad en la libertad, y el socialismo quiere la igualdad (…) en la servidumbre” (Sartori, 2012, p.42). A partir de este momento nace la gran polarización entre Socialismo y Democracia Liberal, que se profundizó en la llamada Guerra Fría, en donde se enfrentaron dos ideologías poderosas, la una, el Comunismo, representada por la URSS, -Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas- y la otra, la Democracia Liberal, practicada por Estados Unidos, Europa Occidental y sus aliados y que se desarrolló desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, hasta el año 1991, que marca el inicio de la caída del Imperio Soviético con su ideología Socialista.

Enfatizando el anterior argumento, Eduardo Posada Carbó, en su habitual columna de El Tiempo, afirma:

“¿El fin de la historia?” es el famoso título del ensayo de Francis Fukuyama publicado en The National Interest en 1989. Todavía estaba en pie el muro de Berlín. Glasnot y perestroika, las políticas de Gorbachov, seguían su curso, pero el derrumbe del imperio soviético ocurriría en 1991. Fukuyama, no obstante, se adelantó a proclamar el triunfo de la democracia liberal sobre el comunismo. (Posada, C, 25 de agosto 2017, p.15).

En Colombia, los partidos políticos que más se acercan a este ideal de la democracia liberal son entre otros: el partido Liberal Colombiano, el Partido Conservador, el Nuevo Liberalismo, Cambio Radical, el Partido de la U, y el Centro Democrático; cada uno, con sus características particulares y de liderazgo, pero en general, dentro de esta órbita.

Sin embargo, el Partido Liberal Colombiano, de la mano de su líder Alfonso López Michelsen se inscribió en el año 1999 a la Internacional Socialista como integrante de los partidos socialistas del mundo, estableciéndose de esta manera una contradicción de difícil interpretación: ¿Es el partido liberal colombiano, de doctrina Liberal o Socialista? Esta dualidad, es la razón por la cual algunos políticos señalados como socialistas o comunistas pertenecen a la nómina de este partido confundiendo de esta manera al electorado colombiano.

3.        El comunismo o socialismo

Las doctrinas socialistas modernas emergieron a la par con la revolución industrial que nació inicialmente en Inglaterra a finales del Siglo XVIII y luego se extendió a toda Europa y a los Estados Unidos. Esta revolución industrial materializada por invenciones e innovaciones tecnológicas, trajo consigo profundas desigualdades sociales y brutales condiciones de vida y de trabajo para los obreros y el surgimiento de una clase económica opulenta y poderosa que se enriqueció por la producción industrial a gran escala de productos y bienes de consumo (Hernández, A, 2008, p.291).

Frente a este panorama económico, surgen varios tipos de socialismo clasificados en utópico, marxista y anarquista. En la búsqueda de un alivio en la vida de la clase obrera se esgrimen varias propuestas. “Unas proponen medios exclusivamente pacíficos, otras no descartan el uso de la fuerza, algunas plantean la revolución violenta y hay las que sostienen que debe acudirse sencillamente al terrorismo general e indiscriminado” (Ibíd, p.292).

En este escrito, para su descripción, se escoge al socialismo marxista o comunista por la importancia de contener las raíces de la mayoría de los socialismos del Siglo XX y XXI. Raíces, principios y formas de acción, a las cuales acudirán los líderes de estos movimientos de izquierda una vez instalados en el poder. Cabe advertir, que el término “Comunismo”, “designa los regímenes políticos inspirados en ideologías marxistas y, en general, el conjunto de partidos escindidos en 1919, del movimiento socialista para agruparse en la III internacional. El filósofo Ludwig von Mises, aclara esta dualidad de la siguiente manera:

Fue únicamente en 1928, que el programa de la Internacional Comunista que adoptó el VI Congreso celebrado en Moscú, comenzó a distinguir entre comunismo y socialismo y no solamente entre los comunistas y los socialistas…Conforme a esta nueva doctrina existe una tercera etapa en la evolución económica de la humanidad, entre la etapa histórica del capitalismo y la del comunismo, esto es, la del socialismo. Este es un sistema social que se basa en el control público de los medios de producción y en la dirección total de todos los procesos de la producción y de la distribución, por conducto de una autoridad central planeadora. Desde este punto de vista es igual al comunismo, pero difiere de él en que no hay igualdad en las porciones que se reparten a cada individuo para su propio consumo (…) (Mises, 1968, p.566)

      

Con lo anterior, se aclara que es apropiado designar indistintamente al socialismo marxista como comunismo.

Consiste el Socialismo marxista o Comunismo, en un sistema político de carácter totalitario que enfatiza sobre: (I) Abolir la propiedad privada; (II) Eliminar las clases sociales a través de la dictadura del proletariado; (III) Empleo de todas las formas de lucha para la toma del poder; (IV) Tomarse el poder una Nación para implantar la “dictadura del proletariado”; (V) No existen los incentivos para que los particulares participen en el progreso; (VI) Purgas internas para neutralizar intentos de opinión o actuación diferente a los profesados por el gobierno; (VII) Existen dos documentos rectores: El Capital y el Manifiesto Comunista; (VIII) El régimen es de un Estado policial que vigila permanentemente la opinión y las actividades de la población; (IX) El Estado planea, produce, almacena y distribuye los bienes de consumo; (X) Existencia sólo de un partido político: El Comunista.(Sabine, 2006, pp.595-605)

Ahora bien, dice el profesor Andrés de Francisco, que “no hay en la tradición marxista una teoría del socialismo mínimamente articulada (…) Este gigantesco experimento social -la construcción del socialismo- degeneró, como hoy ya nadie ignora, en la tiranía de un partido macrocefálico, en la corrupción burocrática y en la esclerosis económica” (De Francisco, 1994, p.236).

Tras la generalización del descrédito de la ideología socialista marxista o comunismo, a partir de 1989, -inicio de la caída de la URSS-   los actuales partidos llamados de izquierda, que tienen sus raíces cercanas o lejanas en esta ideología política, se reorientan permanentemente para acoger, junto a la tradicional identidad economicista, la reivindicación de causas políticas y culturales propias de cada país o región (Ramírez, 2005, p.245).

Y en esta esfera, se inscriben las diferentes corrientes políticas colombianas tales como el partido Comunista Colombiano, Marcha Patriótica, el Polo Democrático del senador Jorge Robledo, Alianza Verde de Claudia López, Compromiso Ciudadano del exalcalde de Medellín Sergio Fajardo, el Partido Progresista de Gustavo Petro y el recientemente creado partido de las FARC (Vargas M, 10 de septiembre 2017, p.7).

Es así que, para las elecciones del 2018 en Colombia los movimientos y partidos de la izquierda colombiana, se están apropiando de temas coyunturales tales como: la defensa del medio ambiente y la lucha contra la minería extractiva de gran escala (Polo Democrático y Alianza Verde); la defensa de los derechos humanos (Partido Progresista); la lucha contra la corrupción (Alianza Verde y Polo Democrático); Crisis en la salud y en la educación (Compromiso Ciudadano) la defensa de las minorías étnicas (Marcha patriótica); la defensa de la paz (FARC); y, últimamente, la defensa de los acuerdos de La Habana entre el gobierno colombiano y las guerrillas de las FARC. 

4.        Los peligros del populismo en las próximas elecciones

El populismo nace de un líder carismático que es percibido como parte del pueblo, y que, como parte de este, entiende sus problemas y dificultades. Generalmente, los líderes populistas explotan el sentimiento de opresión de las masas y las injusticias sociales para movilizarlas en contra de las élites sociales o políticas (Banco de la República, 2017, p.2). Así, por ejemplo, cuando Hugo Chávez asumió el poder en Venezuela en 1998, lo hizo, antecedido por un furor popular cansado de la corrupción y la decadencia de la justicia y de los partidos políticos.

En apoyo del anterior concepto, el economista Carlos Caballero Argáez, en su columna de El Tiempo del 8 de julio de 2017, afirma:

Un populista “divide al mundo en un pueblo virtuoso, de un lado, y unas elites corruptas y amenazantes, de otro” (Martín Wolf, Orígenes económicos de la oleada populista, Portafolio 1 y 2 de julio de 2017, p.23). El “antielitismo” es una característica. Otra sería el “anti pluralismo”, un peligro para la democracia. El populista considera que sus competidores son inmorales y corruptos y, por supuesto al llegar al poder no reconocen a la oposición como legítima (…) no confían en las instituciones, en las cortes en los medios de comunicación, en la burocracia o en las reglas monetarias. Sospechan de los mercados libres y del libre comercio (…) En Colombia, la irresponsabilidad es otra característica del populismo.  Uno no entiende el afán populista del legislativo de aprobar gastos que el pueblo parece no estar pidiendo (…) si a esto se suma la campaña electoral en este entorno mundial y en medio de la polarización interna, la tecnocracia tiene motivos para estar inquieta sobre el futuro de Colombia (p.27)  

A lo precedente, habría que agregarle otra característica igual de grave de un populista, y es el hecho, de que tan pronto llega al poder, de inmediato ambienta y lleva a cabo una asamblea constituyente, para mediante una nueva constitución política, cambiar las estructuras de un país y lo que es más perturbador, perpetuarse en el poder tal como está sucediendo en Venezuela y Cuba.

De la misma manera, el populista sabe que en el poder de las armas de las fuerzas militares y de policía, se encuentra el peligro para impedir sus fines, por lo tanto, hay que debilitarlas, conquistarlas, penetrarlas, cambiar los mandos no adeptos. Se debilitan, disminuyendo su presupuesto y mediante la amenaza de cárcel a través de la Jurisdicción Especial para la Paz. Se conquistan, mediante dádivas, concesiones y privilegios. Se penetran, mediante un nuevo modelo de doctrina y educación militar. Se cambian mandos, asegurando el ascenso y promoción de los que muestren lealtad al nuevo régimen.

5.        Conclusión

El electorado, tiene que estar atento a la escogencia de sus candidatos y en sus análisis, debe contemplar los engaños a los cuales puede estar sometido. ¿Por quién votar? Hay que votar por un candidato que ofrezca las mayores y mejores garantías de libertad en todos los aspectos, progreso, respeto a la Constitución y las Leyes, respeto a la propiedad individual y a las instituciones. En síntesis, hay que votar por un demócrata liberal de reconocida solvencia moral y lealtad a los ideales y causas que encarna.

De otro lado, hay que desechar de forma contundente a los candidatos populistas asociados a las ideas socialistas o comunistas porque ellos son el germen del totalitarismo, de la privación de las libertades individuales, de la abolición de la iniciativa privada, del irrespeto a la Constitución y las Leyes y de la concentración de la autoridad en el ejecutivo, en detrimento de los otros órganos del poder. Colombia no puede convertirse en otra Cuba o Venezuela.

Recordar que en partidos de tradición demócrata liberal se esconden o camuflan políticos de corrientes opuestas que una vez en el poder, inclinan su balanza hacia las determinaciones que favorezcan su verdaderos ideales o intereses.

Las Fuerzas Armadas de Colombia, en este ambiente de polarización, de crisis económica y social y de incertidumbre en la cual se encuentra el país, tienen también un futuro no claro, especialmente en cuanto al presupuesto para cumplir su misión, su desarrollo y bienestar de los hombres en actividad y en retiro, así como, con los riesgos que encarna la Jurisdicción Especial para la Paz convenida en los acuerdos de La Habana con las Farc. La reserva activa tiene que estar unida y votar por los que convengan al interés general de la Nación y a su propia utilidad. Es decir, por un demócrata liberal de firmes convicciones republicanas.

Referencias

Caballero A, Carlos. (2017). La horrible realidad del populismo. El Tiempo del sábado 8 de julio de 2017. Bogotá: El Tiempo

De Francisco, Andrés. (1994). Del Ideal socialista a la teoría del socialismo. Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), No.85, julio-septiembre 1994, 235-260. Madrid, España. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1166

Duverger, Maurice. (1982). Instituciones políticas y derecho constitucional. Barcelona: Editorial Ariel

Hernández, B, Augusto. (2008). Las ideas políticas en la historia. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Mises, Ludwig von. (1968). Socialismo. Buenos Aires, Argentina: WB

Ramírez, Q, Clímaco. (2005). Ideas democráticas y regímenes totalitarios. Bogotá: Editorial 8 Serie, Universidad Militar Nueva Granada.

Sabine, George. (2006). Historia de la teoría política. México: Fondo de Cultura Económica

Sartori, Giovanni. (2012). Elementos de teoría política. Madrid: Alianza Editorial

Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015). Populismo (y Neo-populismo).  Recuperado de: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica/populismo_y_neo_populismo

Vargas, Mauricio. (2017). La izquierda en 2018. El Tiempo del 10 de septiembre de 2017. Bogotá: El Tiempo

Proceso de Paz para los miembros de las FF.AA

MG (R) VICTOR ALVAREZ VARGAS

Miembro de la Mesa de Transición del MDN

Son muchas las discusiones, análisis y reflexiones que los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia, activos y de la reserva,  hemos realizado en estos dos últimos años sobre las incidencias, consecuencias y participación en el proceso de paz iniciado por el gobierno desde febrero del 2012.

El análisis ha sido basado en un cuidadoso estudio de procesos similares vividos en otras latitudes y en la experiencia adquirida durante muchos años de trasegar por nuestro territorio, del cual hemos sido testigos de excepción sobre la problemática social y de inseguridad que viven los colombianos, especialmente de las regiones más apartadas, donde la presencia del Estado ha sido precaria producto del desinterés, descuido y corrupción en muchos niveles de la dirigencia política del país.

La mayoría de las veces esa presencia se limitaba, y aún persiste, a un alcalde o inspector, un juez, ocasionalmente un puesto de salud mal equipado, en medio de la más absoluta carencia de oportunidades  de progreso y desarrollo.

En casi todos los casos, la respuesta a los brotes de violencia, fue el envío  de tropas para reducir o apaciguar el desorden público, pero casi nunca llegaron los recursos para mitigar las urgentes necesidades de esas poblaciones, lo que siempre reclamamos los militares como la consolidación, considerada esencial para erradicar definitivamente la violencia, que urgía la presencia de otras entidades del Estado, tales como: educación, salud, justicia, vías de comunicación, servicios públicos, entre muchos otros. 

De esa problemática social, la guerrilla de las FARC ha derivado sus exigencias en la mesa de conversaciones, no sin razón, pero sin autoridad moral, pues ella ha sido la principal  causante de la depredación y miseria del campo colombiano, a través de prácticas criminales como el asesinato, la extorsión, el reclutamiento forzado y la destrucción de la infraestructura económica, lo que ocasiono un gran atraso  económico y un irreparable perjuicio ambiental a la nación.

Sin embargo, ahora pretenden surgir como los grandes redentores, pretextando su lucha cruel y despiadada por la desigualdad social y el abandono del Estado en el campo colombiano. No obstante, de su fracaso en la lucha armada, esta negociación les ha traído grandes réditos políticos, entre ellos, el reconocimiento como actores legítimos del conflicto, además de obtener del gobierno el compromiso, por lo menos en el papel, de resolver las grandes necesidades del campo colombiano, así como otras urgentes reformas  del Estado que han estado pendientes por más de cincuenta años; validando con este compromiso, utópico por cierto, las razones de su ataque aleve contra el pueblo colombiano.

Después de recordar y analizar brevemente todo este devenir histórico de nuestro acontecer nacional, los militares y policías debemos meditar con profundidad, cuál debe ser nuestra actitud ante este proceso en que se ha empeñado el actual gobierno y del cual no nos podemos sustraer.

Es conveniente para nuestro equilibrio emocional, superar resentimientos y prevenciones, con el fin de concentrarnos en los aspectos en los cuales podemos influir, para tratar de salir lo mejor librados de una realidad que al parecer es irreversible.

Es razonable que la mayoría de los miembros la reserva activa, estemos abrumados por la incertidumbre, la desconfianza y el escepticismo, particularmente, por el doble lenguaje que se maneja en los diálogos, la actitud desafiante y mendaz de los terroristas, las concesiones que les puedan otorgar y particularmente por el desamparo jurídico en que nos encontramos.  

Aun con todos estos inconvenientes, debemos hacerle frente a esta realidad con criterio analítico sin pasiones que nos pueden desorientar. ¿Será que oponiéndonos ante una realidad política, en la cual nosotros no tenemos mayor injerencia por carecer de poder político, podremos cambiar la situación? Consideraría que no. Creo más bien, que debemos mantenernos al margen de la contienda política y dedicarnos a lo que nadie va a ser por nosotros, que es nuestra justa y legítima defensa, de la cual muy pocos están interesados.

De nuestros estudios y mesas de trabajo en la reserva, han surgido muchas posiciones, desde las más radicales hasta las más equilibradas, pero siempre con el mejor interés y preocupación por buscar un trato digno para nuestras Fuerzas Militares y de Policía, que tanto sacrificio  han tenido que aportar, para preservar la seguridad y supervivencia de la nación, unos con mayor dedicación que otros, pero siempre con la mayor voluntad por salvaguardar la legitimidad de nuestra Institución.

La verdad es que en el pasado poco pensamos en las consecuencias de una salida negociada del conflicto, y ahora ante esta realidad, la tenemos que afrontar con apremio para adaptarnos a una eventual negociación con los grupos de irregulares que combatimos durante los últimos sesenta años.

Cuando estuvimos en actividad y los que aún lo están, nunca analizamos en detalle cual podría ser el final del conflicto, sencillamente se avanzaba y avanzaba sin pensar cual sería el final, las ocupaciones del día a día, las responsabilidades de la guerra y los afanes por la victoria, no nos permitieron ver que el asunto tendría un final político, el cual podría traer graves consecuencias para nuestro futuro.

Es lógico entender que en nosotros exista prevención y resentimiento, son muchas las cicatrices producto de esta larga y sangrienta guerra, en la cual nos vimos involucrados en cumplimiento de una misión constitucional. Sobre esto último, no se puede olvidar lo que algunos quieren desconocer, que siempre estuvimos sujetos al poder civil legítimamente constituido, sin faltar a nuestro juramento.

Aun en medio de la injusticia con que se nos trata en algunos sectores del mismo Estado al cual defendemos. La injusta persecución, la incomprensión y la ingratitud de algunos colombianos, no nos deben amilanar; por el contrario, debemos hacerle frente y construir una memoria histórica que permita develar a los verdaderos culpables de la violencia.

No podemos llevarnos a equívocos, por la satisfacción y orgullo que nos producen las encuestas de aceptación y favorabilidad, donde las FFMM resultan ampliamente recompensadas por la gratitud del pueblo colombiano, pero desafortunadamente, esas mayorías no tienen capacidad de decisión ni influencia sobre la orientación pública del país, son los poderes del Estado y los medios de comunicación quienes dirigen nuestro destino, por tanto es allí donde debemos influir.

Por todas estas razones, nuestra atención se debe concentrar, no en oponernos al proceso, sino en procurar mantener la legitimidad e integridad de nuestra institución y  conseguir un tratamiento justo y equitativo para nuestros hombres que se encuentran privados de la libertad, por lo menos igual al que se propone a los alzados en armas en términos jurídicos, así haya sido por excesos en el cumplimiento de su deber, que en todo caso fue en legítima defensa de una agresión sistemática contra el Estado.

Nuestra preocupación no debe ser únicamente por lo que suceda en la mesa, allí existe una agenda previamente pactada que se deberá cumplir. Lo más grave está sucediendo aquí en el país y en la agenda internacional; en los últimos dos años se han desatado los peores agravios que menoscaban la integridad y prestigio de la institución armada y de sus miembros. La persecución judicial cada día se acentúa más, la inteligencia militar que es la base de los éxitos operacionales, es cada vez más difamada y puesta en la picota publica; tal pareciera que existiera una consigna para llevar la mayor cantidad de militares a la cárcel, que hoy superan ampliamente los detenidos por  actos terroristas y otros delitos de los grupos terroristas.

Tenemos que desarrollar una estrategia, con la ayuda de expertos y el apoyo de quienes creen en sus FFMM., con el fin de poner fin al desprestigio sistemático que  contribuye a los intereses de nuestros detractores, como es el caso de los llamados “falsos positivos”, un señalamiento en el que la ficción ha venido superando la realidad, y que de no ponerse en contexto, provocará graves lesiones a la institución y sus miembros. Recordemos que uno de los objetivos de quienes nos consideran sus enemigos es destruir nuestra legitimidad.

Así mismo, y en el supuesto caso de que se superen favorablemente los grandes escollos que aún quedan por discutir, debemos asumir una actitud positiva a la decisión que adopte el pueblo colombiano, cualquiera que esta sea en beneficio del futuro de nuestra nación. Me atrevo a pensar, que dicha decisión estará sujeta a una demostración sincera de arrepentimiento por los crímenes cometidos por parte de los  grupos que actuaron fuera de la ley, a la entrega de las armas y a la desmovilización definitiva como una muestra real de paz y reconciliación; claro está, que esto dependerá de cómo se desarrolle en punto cuarto de la Agenda, DDR (Desarme, Desmovilización y Reinserción).

También será necesario estar dispuestos a reconocer nuestros errores como producto de una guerra desigual y sin legislación adecuada, que se prolongó demasiado en el tiempo; a perdonar si la situación lo requiere (aunque es una decisión personal no colectiva), pero buscando siempre un tratamiento justo y por lo menos equitativo, que asegure a los militares y policías de retaliaciones y venganzas futuras, que pongan en peligro su seguridad jurídica y personal.

Es allí donde debemos concentrar nuestro esfuerzo, no para salvar el honor, como alguna vez se hizo, sino para sobrevivir a la indiferencia, la injusticia y la condena a la cual muchos nos quieren llevar.