Maniobras Políticas de las FARC

Dentro de la famosa combinación de formas de lucha, han surgido nuevas maniobras de las FARC en las conversaciones de la Habana, como la de exigir, insistentemente, la creación de espacios para estructurar la participación de diferentes sectores de la población;  la denominada “sociedad civil” conformada por ONGs, universidades, gremios, campesinos, estudiantes; todos ellos con una clara ideología de izquierda radical. En dichos espacios se socializarán y concertarán todos los temas de la agenda y sus conexos, para que de allí surjan las propuestas para la mesa de negociación.

Como es conocido, esta iniciativa fue aceptada por el gobierno y ya se han reunido más de treinta mesas regionales y nacionales, solo para el tema agrario, las cuales llegaron a unas conclusiones, enviadas en varios volúmenes a la mesa de negociación. A manera de ejemplo, podemos citar el Foro “Ruta social Común por la Paz” realizado por la Marcha Patriótica en la Universidad Nacional, los días 4,5 y 6 de diciembre del 2012 y el Foro Agrario los días 17,18 y 19 de diciembre pasado, evento que rechazó FEDEGAN, por las razones explicadas ampliamente en la edición del El Tiempo del jueves 20 de diciembre del 2012.

Dentro de este panorama, vemos que el “Movimiento Bolivariano por una Nueva Colombia” y demás organizaciones clandestinas, están empeñados a trabajar a fondo en su labor política legal y soterrada. Es evidente que las FARC están manejando sus pretensiones con gran habilidad, manipulando, hasta donde sea posible, cuanto foro o conferencia se realice, para imponer sus criterios en las discusiones sobre las reformas. No ahorrarán esfuerzo para desprestigiar permanentemente al gobierno y sus instituciones, afirmando, como siempre lo han hecho, que la paz solo se logrará después de realizar cambios sociales estructurales, dando así la razón a la violencia y el terror al que han sometido a Colombia.

 Otra maniobra de las FARC para dilatar el proceso a su favor, ha sido la de utilizar al CICR para obligar a que las partes no se levanten de la mesa sin haber llegado a un acuerdo de paz, con el fin de hacerlo rehén del proceso, mientras que sostienen que no habrá reforma posible sin un cambio de modelo económico, asunto que no quedó plasmado en los acuerdos iniciales y que el gobierno no está dispuesto a negociar.

Por otra parte, su acción política se concentrará en involucrar, a través de las minorías activas, a la mayor cantidad de inconformes, aspirando que con el tiempo vayan creciendo, hasta que logren un grupo de presión significativo, para que actúen sobre las decisiones de los negociadores y así ganar, lenta pero constantemente, mayor espacio político en el ámbito nacional e internacional.

Como van las cosas, la situación para el gobierno será cada vez más complicada y estrecha. Como gestor de los diálogos, se verá cada vez más prisionero del proceso, por el ritmo e iniciativa impuestos por las FARC, hasta el punto que, en un momento dado, se podrá ver acorralado por las presiones de aquella “sociedad civil” afín a las pretensiones de las FARC. El gobierno conoce, desde hace décadas, de lo que adolece y lo que es imperativo para mejorar las condiciones de vida de los colombianos, pero la indiferencia, la corrupción y el desgreño administrativo lo tienen contra la pared, hasta el punto de verse abocado a concertar reformas, con quienes han sido los grandes depredadores del campo colombiano en los últimos cincuenta años.

Para contrarrestar lo anteriormente expresado, el gobierno deberá convocar a la unidad nacional, fijando sus propias posiciones y defendiendo sin cuartel los principios que rigen la estructura básica del Estado y sus instituciones y darle estricto cumplimiento a la agenda propuesta en los preacuerdos pactados y plazos fijados, sin caer en las veleidades que le impongan las FARC. Deberá reservarse el derecho de levantarse de la mesa en el momento que considere que la negociación no avanza o que va por el camino equivocado. Realizar como Estado, una ofensiva frontal contra la corrupción, para darle vía a las importantes reformas sociales que están en curso, antes de que sean usurpadas por las FARC.

Todos los colombianos reconocemos que serán bienvenidas las reformas que sean necesarias, con el fin lograr una sociedad más igualitaria, pero no como consecuencia de las presiones de la FARC y su aparato político y mucho menos menoscabando los principios fundamentales de un estado social de derecho y de nación democrática. Lo contrario resultaría a todas luces deshonesto e injusto  contra la moral nacional.

CENTRO COLOMBIANO DE PENSAMIENTO POLITICO MILTAR

El Fuero Militar

Autor: EditorialFuente: El País Cali
Fecha: 13/12/2012

Cumpliendo los trámites que exige la Constitución Nacional y atendiendo la necesidad que tiene la Nación de precisar la forma en que deben ser procesados y juzgados los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía, por actos cometidos en ejercicio de su deber, el Congreso aprobó el pasado martes el llamado Fuero Militar. Fue un largo y amplio debate en el cual tuvieron cabida todas las corrientes de opinión.

El proyecto debatido no fue el atropello apresurado que entidades como Human Rights Watch y otras de origen nacional pretenden mostrar, en esfuerzo notorio por deslegitimar las instituciones democráticas colombianas. Fue el resultado del compromiso de ilustres juristas, de exmagistrados y presidentes de la Corte Constitucional, que buscó ante todo organizar la Justicia Penal que toda nación civilizada tiene para atender los casos derivados del monopolio de las armas y su uso en defensa del país y del Estado. Tampoco fue una emboscada para favorecer la impunidad, y mucho menos de delitos atroces. Por el contrario, con el fuero se fijan claramente los límites que deberán tener los jueces de la jurisdicción militar y de Policía, empezando por prohibir que actúen en casos de violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, en un país que padece el lastre de un prolongado conflicto.

En ese orden de ideas, Colombia no se siente atemorizada por quienes desde afuera y desde adentro descalifican cualquier acción del Estado que busque garantizarles sus derechos a los miembros de la Fuerza Pública que deben combatir a los enemigos de los colombianos. Ahora, y a diferencia de países como los Estados Unidos donde no se toman la molestia de distinguir los delitos que cometen sus soldados y reconocen sólo la Justicia Militar para su juzgamiento, el nuestro ha tomado una decisión que da claridad en las reglas de juego y acaba el intento por mantener el asunto bajo la duda y en medio de la politización que busca descalificar nuestra democracia.

Se termina así un proceso en el que pudo opinar la totalidad de las organizaciones políticas. Fueron ocho debates durante cerca de doce meses y una prolífica participación de la sociedad a través de los medios de comunicación. Ahora empieza la responsabilidad de la Fuerza Pública en la tarea de fortalecer una justicia que actúe con conocimiento de causa, la gran diferencia con la justicia ordinaria. Y que no sea permeable a la solidaridad de cuerpo que lleva a justificar hechos ilegales, o a ocultar actuaciones que violen los derechos humanos, sea cual sea la justificación.

Se cumplieron los términos y requisitos constitucionales para dotar a nuestro país de una legislación acorde con sus necesidades. Y para quienes fracasaron en su intento de hundir la iniciativa y ahora amenazan con acudir a instancias internacionales, por demás inocuas e igual de politizadas, la notificación es clara: Colombia nunca renunciará a ejercer su derecho soberano a legislar, así existan el chantaje, las campañas mediáticas y los esfuerzos interesados en sembrar la duda sobre el carácter democrático de nuestra Nación.

Así quedó el mapa de Colombia después del injusto raponazo de la Corte Internacional de La Haya en favor de los nicaraguenses. Hasta cuando nuestros gobiernos legalistas siguen firmando cuanto acuerdo internacional se les pone frente a sus ojos sin entrar a mirar si de esta manera estan entregando nuestra soberanía. Nos falta pantalones para decir No a tanta propuesta. No sigamos entregando nuestra soberanía. 

GRAN INDIGNACION Y DOLOR DE PATRIA

Golpe mortal a nuestra soberanía.

El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina fue vergonzosamente fracturado, y nos enclavaron dos de nuestros cayos en el mar territorial de un vecino.

Perdimos unos 75.000 o 90.000 kilómetros cuadrados de mar territorial que teníamos en el mar caribe.

Una Corte extranjera cambio el mapa de Colombia.

Colombia, se ha venido achicando a lo largo del tiempo. Hemos perdido territorios en la zona amazónica. También perdimos Panamá y regalamos las islas de los monjes.

La comunidad raizal del archipiélago, reclama gobierno autónomo asociado con Colombia.

 Brigadier General Jaime Ruiz Barrera

      Presidente Nacional ACORE

El pasado 23 de noviembre, con motivo de la celebración de los cincuenta y dos años de nuestra Asociación, en ceremonia militar realizada en la plaza de armas de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, en uno de los apartes de las palabras alusivas al acto, textualmente exprese:

“La primera y gran  preocupación de las reservas activas por el reciente fallo proferido por la Corte Internacional de Justicia, dada su gravedad por la forma que afecta nuestra soberanía sobre una gran porción marítima de más de 75.000 Km2 que sin duda alguna siempre nos ha pertenecido, constituye el mayor problema que afronta el país en las actuales circunstancias.

Frente a esta preocupante situación, las reservas activas pertenecientes a nuestra asociación, se solidarizan plenamente con la totalidad del pueblo colombiano y respaldan la posición asumida por distintos sectores de la sociedad, en cuanto a estudiar la posibilidad de  no acatar esta absurda y lesiva sentencia.

Respaldan también la decisión del gobierno nacional de recurrir a todas las instancias jurídicas internacionales para lograr su revocatoria, y mantener con nuestra flota naval la vigilancia del meridiano 82, para proteger la actividad pesquera y los intereses de la población raizal.”

Unos jueces extranjeros en un injusto, humillante y doloroso fallo,

resolvieron alterar inexplicablemente una realidad nacional, y violentar la soberanía y el bienestar de mas de ochenta mil colombianos residentes en nuestro archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Con esta sentencia, llena de complejidades y argumentos contradictorios, se rompe la unidad del archipiélago sin que exista sustentación jurídica suficiente, atropellando de esta manera, los derechos fundamentales de unos pobladores nativos que los venían ejerciendo de manera sana y pacifica, desde hace muchísimo tiempo.

No existe antecedente alguno, en que una decisión de este tipo, modifique el mapa de un archipiélago, dejando dos de sus islas, enclavadas en el mar territorial de un vecino.

Los 75.000 o 90.000 kilómetros de mar territorial que hemos perdido, son muy ricos en fauna, flora y minerales. Existen varios estudios que señalan la posibilidad de encontrar importantes yacimientos de hidrocarburos.

La imparcialidad de estos jueces y de esta Corte para justificar su fallo, haciendo uso de un procedimiento  acomodaticio de “proporcionalidad”, bajo el concepto muy particular de“disparidad relevante” (1 a 8.2 por longitud de cada costa), se ha puesto en duda. Han surgido serios indicios que comprometen a unas compañías petroleras holandesas en presuntos acuerdos exploratorios establecidos previamente con Nicaragua, país que supuestamente conoció  también el fallo, mucho antes de que fuera notificado formalmente. Hay que recordar, que Holanda es la sede de este Tribunal, y que algunos de sus funcionarios son de esta nacionalidad.

Sobre este particular, Colombia, desde tiempo atrás, ha hecho una advertencia reiterativa, de no aceptar en el área de influencia del archipiélago, explotación petrolera, ya que esta zona por sus características ecológicas especiales, ha sido considerada por la UNESCO, como reserva y área protegida de la  biosfera mundial.

Para muchos estudiosos del derecho internacional, esta Corte se ha convertido en un organismo poco confiable y de baja  credibilidad.  A veces “medio legal, a veces medio jurídico, a veces medio político” y al cual, “a veces se le acepta y otras veces no.” Siempre se ha pronunciado, según determinadas circunstancias.

Hay quienes afirman, que no es el organismo apropiado para la solución de este tipo de conflictos, ya que el procedimiento mas adecuado, es el de recurrir a tratados internacionales de carácter recíproco para lograr delimitaciones equitativas. Se le cuestiona en tal sentido, ya que muchas de sus decisiones las sustenta, no en derecho como corresponde, sino bajo un discutible y cuestionable  concepto de equidad. (“Decisión Salomónica”).

Sin embargo, para nuestro caso y desde este punto de vista, tampoco hubo fallo en equidad plena, ya que generó gravísimos desacuerdos entre las partes. Para reforzar su sentencia, aplico irregularmente, una convención del mar, de la cual no somos parte. ¡Inexplicable!

Colombia ha recurrido en dos ocasiones a esta Corte, y en ambos casos su fallo le ha sido adverso. Nunca estas Cortes Internacionales, llámense de Justicia o de Derechos Humanos, nos han sido favorables, ya que siempre han actuado  bajo un evidente interés político e ideológico.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), tuvo su origen en el llamado Pacto de Bogotá (tratado interamericano de soluciones pacificas), firmado entre veintiún países del Continente el 30 de abril de 1.948. Este pacto, solo ha sido ratificado por quince países, de los cuales, ocho han presentado algunas reservas sobre distintos artículos de su contenido.

Frente a esta inaceptable agresión a nuestra soberanía, se ha venido generando en el país, muchos pronunciamientos por parte de distintas instituciones del Estado e inmensos sectores de la sociedad civil, en el sentido de no acatar este lesivo fallo bajo ninguna circunstancia, y exigir su  revisión inmediata para que sea modificado en aquéllos aspectos en que, sin sustentación jurídica justificable, nos sea desfavorable, particularmente en aquellos casos en que se vulneran derechos ancestrales de la población raizal del archipiélago.

Para muchos especialistas, este fallo no es fácil de aplicar, porque impone la renegociación o revisión de  tratados limítrofes existentes con varios vecinos, tales como Honduras, Jamaica, Costa Rica y Panamá. También obliga a una reforma constitucional, ya que la norma establece, que los limites territoriales, solo pueden ser definidos, mediante tratados internacionales.

Consecuente con esta situación, el gobierno nacional, tomo la decisión de retirarse del llamado “Pacto de Bogotá” y de no aplicar el fallo de la CIJ, hasta tanto no se garanticen los derechos que han sido vulnerados a la población raizal del archipiélago.

Estas medidas, permitirían en parte, tratar de evitar las consecuencias de otras  posibles demandas por parte de Nicaragua, en el sentido de alegar una mayor extensión de mar territorial, dadas las características de su plataforma continental extendida y el derecho a las doscientas millas que esto representa. Para esto hay que tener en cuenta, que la demanda presentada sobre el pacto, solo tendrá efectos prácticos un año después de ser aceptada. También podrían acarrear algunos  efectos diplomáticos, tales como otras demandas de países vecinos que estuvieran interesados en exigir derechos de soberanía sobre nuestros  territorios.

De todas maneras, según concepto de expertos, el hecho de que un país decida denunciar un pacto, como sería este caso, no se le puede dar el calificativo de “paria”. Hay que dejar a un lado esa recurrente  concepción santanderista, basada en la excesiva fascinación por el derecho y la institucionalidad jurídica sobredimensionada. Desacatar o no aplicar este fallo, no es lo ideal, pero en este momento, si es lo más conveniente. No podemos permitir que el fallo de una Corte extranjera, afecte nuestra soberanía.

En contraprestación a este inexplicable fallo, podríamos a manera de ejemplo, reclamar también la costa de los Mosquitos y otros cayos que fueron colombianos (con títulos reales), y recuperar de esta manera, todo el mar que nos fue arrebatado.

Dentro de lo absurdo que caracteriza esta sentencia, tampoco tendría nada de raro, que Nicaragua nos reclame ahora, algún tipo de indemnización, por la explotación del  mar territorial que usufructuamos, y que ahora se les ha entregado. El fallo al parecer, permite esta posibilidad.

Es difícil y quizás inoficioso, establecer responsabilidades a posteriori por el fracaso de esta negociación. Puede ser un tema muy controversial. Fallamos cuando fuimos a la Corte y nos colocamos en situación de riesgo, frente a un habilidoso contendor para el cual todo le era favorable:…… no tenía nada que perder, pero si  mucho que ganar. También es posible que nuestros negociadores orientaran equivocadamente su esfuerzo principal, solamente hacia la soberanía de las islas (zona terrestre), descuidando todo lo concerniente, al mar territorial. De ahí, estos terribles resultados.

La situación generada al interior del archipiélago, obviamente, es bastante preocupante. Se han producido marchas de protesta con la bandera de las islas y no con la colombiana. Reclaman con justa razón, los perjuicios económicos causados  por la perdida de mar territorial y sus recursos pesqueros. Consideran que les han quitado un área vital para su subsistencia. El raizal siempre se ha sentido más sanandresano que colombiano. Después de este fallo, ese sentimiento se ha acrecentado.

Un movimiento independentista integrado  por   raizales de las islas, liderado por un nativo de nombre Raymond Howard Britton, pastor de la primera Iglesia Bautista del archipiélago, donde siempre se ha impulsado el regionalismo y el sentimiento de autodeterminación de los sanandresanos, ha hecho nuevamente su reaparición, utilizando la denominación de “LOS INDIGNADOS”, bajo la consigna de luchar por la autonomía étnica nativa y sus derechos ancestrales. Este movimiento independentista tuvo alguna actividad entre el año de 1.999 y el 2.007. Al parecer,  sobrepasa en este momento los diez mil adeptos, con posibilidades de seguir creciendo, ante el inconformismo reinante en la zona. 

Pregonan un nuevo estatus político, que les permita tener un gobierno autónomo, asociado con Colombia. Su actual gobernadora, propone un estatuto especial para los raizales y una mayor oportunidad para auto determinar el desarrollo de este Departamento.

Últimamente se ha difundido la especie que los sanandresanos no acataran el fallo de la Corte Internacional de Justicia, y si es del caso, se declararan en franca y abierta desobediencia civil, hasta tanto no recuperen todos los derechos que les fueron arrebatados.

Por fortuna, la presencia en el área de  unidades a flote de nuestra Armada Nacional, ha sido determinante en el mantenimiento de la soberanía de nuestro territorio insular. El Ministro de Defensa y nuestros mandos militares, han sido claros y enfáticos al afirmar,  que allí estaremos para proteger la actividad pesquera y garantizar la seguridad de nuestros connacionales.

De acuerdo con la legislación internacional, todas las aguas podrán ser navegadas por nuestros buques de guerra, a excepción de las doce millas de mar territorial que le corresponde a las islas y costas de los países vecinos.

Diciembre 2 de 2.012