La otra cara de la moneda: El asalto a la propiedad privada en Colombia y a los dineros del Estado
La impostura de Las Pavas: invasión y tentativa de expropiación ilegal
Resumen de Colombian News
Con La Hora de la Verdad, Periodismo sin Fronteras
y numerosos artículos de la prensa colombiana
1 de enero de 2012
Los parámetros esenciales del affaire
Don José Macías, dueño de la hacienda “Las Pavas”, corregimiento de Buenos Aires, jurisdicción de El Peñón, sur de Bolívar, le contó al noticiero La Hora de la Verdad, de Fernando Londoño Hoyos, el 29 de diciembre de 2011, la historia de su familia y de su predio. Su abuelo, un agricultor huilense, fue víctima de las Farc pues tuvo que salir de su tierra en noviembre de 1971 ante las amenazas de esa gente. José Macías y su familia se trasladaron entonces al norte del departamento del César, donde compraron, cerca de Copey, una finca para cultivar algodón y arroz. A principios de los años 1990, tuvieron que huir de nuevo ante la violencia guerrillera. Sólo pudieron regresar en 2003, luego de que el Ejército, al mando del coronel Hernán Mejía Gutiérrez, pacificara la región. En venganza por esa heroica acción, amigos de la guerrilla, mediante la técnica del falso denuncio, logran que el coronel Mejía sea puesto preso. El autor del falso denuncio salió del país protegido por la Fiscalía. El coronel Mejía sigue preso.
Don José Macías y su familia se trasladaron pues al sur de Bolívar. Compraron allí, en 2003, una finca, “Puerto Libre”, de 620 hectáreas, en el municipio de Regidor. Esta les fue vendida por los herederos de don Máximo Sanabria. En abril de 2004, José Macías, junto con la firma Palmeros de la Costa, empieza a negociar la compra de otra finca de la región, Las Pavas, en el corregimiento El Peñón. Su propietario, el ganadero Jesús Emilio Escobar, quería apartarse un poco de la actividad por temor a la guerrilla la cual le había robado 1 500 cabezas de ganado y trataba de secuestrarlo, por lo cual él se ausentó provisionalmente dejando a sus administradores y trabajadores en la hacienda. Escobar nunca “abandonó” sus tierras. En diciembre de 2006 culminó la compra-venta. Los compradores nunca supieron que algunas personas reivindicaban esas tierras. Don José Macías y sus socios del grupo Daabon (Dávila-Abondano, que nada tienen que ver con el grupo homónimo involucrado en el pleito de AIS), poseen hoy l4 predios de Las Pavas (1 123 has, de un total de 2 842 has). De finca ganadera, Las Pavas comenzó a ser adecuada para el cultivo de la palma de aceite (o africana). Las primeras siembras en 80 has fueron hechas en 2008. En 2010 había sembradas 150has. En 2012 hay sembradas 230 has.
Aprovechando el desorden causado por las fuertes lluvias y las inundaciones en la región, doce individuos armados irrumpen en la finca Las Pavas, el 15 de enero de 2009, en nombre de una Asociación Campesina de Buenos Aires (Asocab). Llegan armados con machetes y otras armas blancas. Obligan a los trabajadores y contratistas a cesar el trabajo y a abandonar la hacienda. Los líderes de la ocupación son cuatro. Entre éstos se destacan tres: el jefe, Misael Payares, un propietario de dos hectáreas de tierra en la vecina San Martín de Loba, Eliud Alvear Cumplido, un falso campesino que podría ser un profesor de colegio (contra él cursa un proceso por falsedad en documento en un juzgado de la región), y Etni Torres Moreno. Los jefes de la invasión anuncian que han decidido “retomar sus parcelas tras ocho años de desalojo”. Otros aducen que “en 2003 fueron obligados a salir de allí por los paramilitares”. Otro activista asegura que esa finca había sido “abandonada” por los dueños originales “hace más de una década”. Eliud Alvear sostiene por su parte que “las tierras [de Las Pavas] son nuestras”. El objetivo de los invasores, dicen, es “recuperar” más de mil hectáreas de tierra por haber sido “expulsados” de ellas. Algunos de los invasores son ex trabajadores de Las Pavas.
José Macías y sus socios denuncian ante la policía la invasión y piden el desalojo de los invasores. Estos no son desalojados pues los asesores de Asocab, grupo dirigido por el cura Francisco de Roux, Provincial de los jesuitas en Colombia, instauran una tutela. El modus operandi de los invasores es curioso: permanecen en la hacienda durante el día y por la noche se van a sus casas. La ocupación durará seis meses. Durante ese tiempo los invasores no cultivan la tierra. No hacen nada. La acción de desalojo que había sido proyectada por la policía es suspendida por orden de un juez de San Martín de Loba quien, sin practicar pruebas, acoge el punto de vista de los agresores. Esa decisión es apelada y los dueños de la finca ganan el recurso. El 14 de julio de 2009, la policía hace, por fin, el desalojo por orden judicial, sin incidentes ni violencias, y con la participación de varios organismos oficiales.
La transmisión de la propiedad de los terrenos atacados por Asocab es totalmente clara. Jesús Emilio Escobar, quien no es pariente ni “testaferro” del difunto criminal Pablo Escobar, como los agitadores trataron de hacer creer, compró en 1983 varios terrenos que el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, había adjudicado a campesinos. Esos predios son: Las Pavas, Si Dios Quiere, No te Canses, y Peñaloza, ubicados en los corregimientos Playitas y Papayal, del municipio de San Martín de Loba. En marzo de 2007, Jesús Emilio Escobar registró en la Notaría 9 de Barranquilla la venta de esas tierras (1.717 has) a C.I. Tequendama S.A. y a Aportes San Isidro S.A. La primera es filial del grupo Daabon y la segunda es de propiedad de José Macías, quien más tarde le compra el 50% al grupo Daabon.
Tras la expulsión, Asocab instaura una segunda tutela. Esta es repartida al mismo juez de San Martín de Loba quien falla de nuevo a favor de los invasores. Gracias a eso, tres mujeres siguieron ocupando la finca. Pero se retiraron definitivamente por su cuenta semanas más tarde, dice José Macías.
El 5 de febrero de 2010, una pretendida “clínica jurídica” de la Universidad Javeriana, de la cual hace parte el abogado Juan Felipe García, y que cuenta con el respaldo de Francisco de Roux, presentó un memorial sobre el caso de Las Pavas ante la Corte Constitucional. Dos meses más tarde, el 8 de abril, ésta avala la tesis de Asocab sobre el supuesto “abandono” de la finca. En julio de 2010, dicha Corte ordena “devolver” la hacienda a las 121 familias en razón de que éstas habían sido “desplazados por las autodefensas unidas de Colombia”.
Probablemente advertida de que la Corte Constitucional fallaría en ese sentido, Asocab lanza la segunda ocupación de Las Pavas, el 4 de abril de 2010. De nuevo, un grupo armado de machetes irrumpe en la hacienda. La violenta operación había sido anunciada desde febrero de 2010. ¿Los invasores contaban con que hubiera sangrientos incidentes el día de la toma? Es factible. Hábiles, los propietarios de la hacienda evitan las provocaciones. Los invasores dicen representar “131 familias”. Pero el listado de las mismas varía sin razón. Algunas familias son fraccionadas para hacer aparecer dos familias en lugar de una. En realidad, el núcleo central está integrado por cuatro o cinco familias. Algunos de los presuntos “desplazados” no viven siquiera en Colombia. Otros viven en ciudades lejanas, como Bogotá. Otros han fallecido (pero piden parcelas). Junto con los falsos “desalojados”, el día de la segunda invasión se presentan varias Ongs colombianas y extranjeras, como Christian Aids, Swiss Aids y The Body Shop, así como el representante comunista Iván Cepeda, invocando la falsa calidad de “garante” de ese “retorno”. También llegan 43 “guardias indígenas” del Cauca (probablemente del sindicato indígena Cric), a bordo de un bus pagado por el grupo de Francisco de Roux. Cuatro días después, el 8 de abril, la Corte Constitucional da a conocer su fallo en el que pretende (sin haber investigado en el lugar de los hechos) que hubo un “abandono” de la finca por parte de José Emilio Escobar. Los dueños de Las Pavas refutan esa tesis. En vano pues Rodolfo Campo Soto, directivo del Incoder (el antiguo Incora), sin practicar pruebas, inicia una acción de extinción de dominio de Las Pavas.
Seguros de su triunfo, los invasores cometen entonces un error: exigen el apoyo del vicepresidente Angelino Garzón. Se reúnen con él en Bogotá y éste envía el expediente a la Fiscalía para que verifique si hubo o no un desplazamiento forzado en Las Pavas. Una fiscal de Cartagena, Myriam Martínez Palomino, Fiscal Quinta Especializada de la Unidad Nacional contra los Delitos de Desaparición Forzada y Desplazamiento, abre la investigación a finales de 2010 y entrega su informe el 11 de noviembre de 2011. La providencia de la fiscal dice que no hubo despojo de tierras ni incursión de paramilitares, que no hay desplazados, que la Asocab miente. En efecto, Pedro Moreno, miembro de la Asocab, quien había hecho en 2009 la primera denuncia de desplazamiento, se retracta ante la notaría única del municipio de El Peñón, el 15 de junio de 2011. Dice que todo eso hacía parte de un “montaje”, que no hubo desplazados ni en 2003, ni en 2006, ni en 2009. En su declaración agrega: “Me siento arrepentido de haber denunciado a esas 131 familias como desplazadas de la finca Las Pavas, cuando eso era una farsa, guardé silencio durante muchos años, pero no resistí el temor y la mentira, pido perdón porque incurrí en un falso testimonio, que nunca hubo ese desplazamiento como tampoco hubo ese asentamiento en la finca”. Pedro Moreno subraya que su grupo nunca estuvo asentado en Las Pavas, que el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM), dirigido por el padre Francisco de Roux, los asesoró, que en esas discusiones apareció la idea de hacerse pasar por desplazados, acusar al señor Escobar de narcotráfico y organizar un falso retorno a la finca, el cual se cumplió en 2009.
La fiscal Martínez también estudió la declaración de Rafael de Jesús Cárcamo García, de Asoproducacao. Este había sido intermediario en la venta de la hacienda Las Pavas al grupo Daabon. Cárcamo informó que el señor Escobar estuvo dispuesto a entrar en negocios con Asocab pero que el Incoder había dicho que no tenía el dinero para el préstamo. Cárcamo declaró que en esa aventura participaban intelectuales de izquierda y que en algunas reuniones había hombres armados con camuflado y botas y que varios campesinos y el sacerdote Francisco de Roux eran guerrilleros. En vista de eso, la fiscal quinta ordenó abrir investigaciones por falsedad y rebelión contra ellos.
La fiscal Myriam Martínez Palomino agregó: “Se le investigará por su relación y vínculos con las guerrillas colombianas en especial al señor Etni Torres Moreno quien en sus reuniones asistía vestido de uniforme camuflado… de la misma manera se indagará quien es ese (sic) intelectual llamado Francisco conocido dentro de los miembros de Asocab como ‘Pacho’ según informaciones de Cárcamo García, en el mismo sentido al profesor Eliud (sic) Alvear Cumplido si tenemos en cuenta que existen señalamientos de sus vínculos con la guerrilla”.
Para la fiscal cartagenera no hubo desplazamiento y la zona del pleito “no aparece referenciada como zona de desplazamiento forzado producto de la violencia”. Tampoco existe siquiera un registro de prensa sobre un pretendido desplazamiento de 2003. Tras interrogar a numerosos testigos, así como a funcionarios del Incoder, la fiscal constató que “ninguna de las familias del corregimiento de Buenos Aires ha sido objeto de actos violentos como producto del conflicto armado en esta zona, que haya permitido el trasteo o desplazamiento de sus respectivas residencias”. Es decir que los campesinos del caso nunca tuvieron la calidad de desplazados.
La funcionaria constató que tal desplazamiento nunca ocurrió, que los miembros de Asocab eran personas que jamás vivieron en la finca Las Pavas, que no tenían casa ni vivienda allí, que todos vivían en el corregimiento de Buenos Aires, municipio El Peñón, y que eran propietarios de casas. Las falsas victimas vivían y trabajaban en ese lugar y nunca fueron desplazados. Estableció además que los jefes de la invasión tampoco eran campesinos: uno era albañil, otro ex concejal, un tercero antiguo inspector de Policía, un cuarto topógrafo. La mayoría de los adultos eran trabajadores de la hacienda, con contratos y salarios.
La fiscal concluyó que se está ante un caso de “falso desplazamiento forzado” y que esas personas habían recibido toneladas de ayuda humanitaria del programa presidencial Acción Social, el cual no verificó si se trataba efectivamente de desplazados. Por ello, dijo la fiscal, las falsas victimas tendrán ahora que reembolsar al Estado. Ella explicó que los invasores recibieron ayudas pues sabían que debían fingir la calidad de desplazados para “pedir que les otorgaran esos predios de las Pavas”. Y que al actuar así obraron “dolosamente y violaron la ley penal, el debido proceso, entre otros principios” de derecho.
En otras palabras, que el caso de Las Pavas, no era más que una operación ilícita con falsas víctimas y que en ello operaban varias Ongs que estaban decididas a robar enormes sumas de dinero tanto a particulares como al Estado colombiano, bajo la apariencia de un acto de justicia social.
Ante esas revelaciones estalló el escándalo en la prensa. Bajo la presión de los medios, que comenzaron a hablar de un posible nuevo intento de Ongs radicales para apropiarse de bienes ajenos y desfalcar ilegalmente dineros del Estado colombiano, bajo el pretexto de una acción “social” y “humanitaria”, como había ocurrido en el caso de la presunta “masacre” de Mapiripán, la Fiscal General, Viviane Morales declaró que respaldaba el informe de la fiscal Myriam Martínez Palomino y pidió que se abriera investigación penal por fraude procesal contra el grupo del sacerdote de Roux (la Ong PDPMM) y los abogados que hacen parte de la “clínica jurídica” de la Universidad Javeriana, propiedad de los jesuitas. La Fiscal General anunció también que investigará personalmente el caso. Por su parte, Germán Vargas, ministro del Interior, declaró a la prensa que “se están prefabricando víctimas de desplazamiento para interponer recursos y reclamar millonarias indemnizaciones al Estado”.
Furiosos con las revelaciones de la valiente fiscal Myriam Martínez, los jefes de la invasión iniciaron una campaña para desacreditar e intimidar a la funcionaria. Tratan, al mismo tiempo, de convencer a los medios y a la justicia de que la ocupación de Las Pavas es una recuperación de tierras legítima y que las familias son “víctimas de los paramilitares”. Su argumento central es éste: como en la región hubo guerrillas (Farc y Eln) y paramilitares, las 131 familias son “desplazados forzados individuales” de unas tierras que habían sido “abandonadas” por Jesús Emilio Escobar y ocupadas por ellos. Como deben reconocer que la zona de Las Pavas no ha sido corredor estratégico de las guerrillas (pues no hay allí cultivos ilícitos, ni explotaciones mineras, ni pasan carreteras importantes, ni ferrocarriles, ni oleoductos, aunque la guerrilla Eln sigue teniendo una cierta influencia) los abogados de la operación hablan de desplazados forzados “individuales” pues no hay registros oficiales de masivos desplazamientos violentos.
También han desatado una campaña en Colombia y el extranjero contra el cultivo de la palma de aceite, basados en la idea absurda de que ese cultivo “causa daños a la naturaleza”. Eso es falso. El cultivo de palma de aceite es un vector importante de rehabilitación socio-económica en Colombia y otros países. La industria de los combustibles vegetales ve también en esa planta una gran promesa de desarrollo.
El congresista comunista Iván Cepeda, quien detesta la idea de una redención de la población campesina mediante los ingresos que deja la palma de aceite, podría ser objeto de una investigación disciplinaria de la Procuraduría General por haber participado en la segunda invasión de Las Pavas, informó la prensa el 27 de diciembre de 2011. Presentada el 5 de diciembre de 2011 por los dueños de la hacienda ante el Procurador General, Alejandro Ordoñez, la denuncia dice que Iván Cepeda “pudo haber cometido una gravísima falta disciplinaria por haber apoyado el supuesto delito de invasión perpetrado por las más de 120 familias que se tomaron la hacienda Las Pavas, en abril del presente año”. Los demandantes aportaron como prueba un video de la televisión colombiana donde se ve a Cepeda hablando con uno de los ocupantes durante la invasión.
Los funcionarios oficiales que intervinieron en esta aventura, así como los voceros campesinos y los instigadores políticos y “jurídicos” de la invasión a Las Pavas podrían haber incurrido en graves delitos, como falsa denuncia, corrupción agravada, intento de robo de tierras, cuatrerismo, asociación para delinquir, tentativa de secuestro, tentativa de homicidio y rebelión. De esos delitos podrían ser acusados igualmente los activistas de Ongs como Christian Aids, Swiss Aids y The Body Shop, quienes se prestaron a una farsa “humanitaria” francamente delictuosa. La Compañía de Jesús debería examinar sin duda la conducta del su agitado Provincial Francisco de Roux.
En la operación también están involucrados agitadores extranjeros. Mauricio Valiente, del comité ejecutivo del Partido Comunista Español, es miembro de un “colectivo” que dirige violentas campañas difamatorias contra Colombia en Europa. Valiente acompañó al falso desplazado Misael Payares en un costoso viaje de propaganda de éste por España y Suiza. En todo caso, el grupo de Francisco de Roux parece ejercer el férreo control toda la operación. Los miembros de Asocab no tienen autorización para dar declaraciones a la prensa. Ésta solo puede (en principio) interrogar a los voceros del PDPMM.
El plan inicial de Asocab era comprarle a precio vil la finca a Jesús Emilio Escobar cuando vieron que éste sufría las arremetidas de las guerrillas. Según la investigación de la fiscal, una parte menor del precio (40%) sería financiada por las Ongs extranjeras y el 60% restante por un crédito del Incoder. Asocab reconocía entonces la existencia de un propietario legítimo de esas tierras. Empero, por una razón que no ha sido aclarada del todo, Asocab cambió de orientación y decidió atacar los derechos de propiedad de Jesús Emilio Escobar. A partir de ese momento fabrican la versión de que ellos, los miembros de Asocab, son los “legítimos ocupantes” de Las Pavas “desde 1996”, y que habían sido “desalojados violentamente en 2006”. Añaden que Jesús Emilio Escobar era un “mafioso”. En vista de eso y de la falta de dinero de Asocab, Escobar optó por vender esas tierras a conocidos empresarios. La operación para expropiar ilegalmente Las Pavas arreció entonces.
El Incoder había emitido, en junio de 2006, un concepto en el que “reconoce” (sin haberlo verificado lo dicho por los interesados) la “posesión” de Las Pavas por los campesinos “desde 1998”. Sin embargo, el Incoder, en una resolución del 25 de mayo de 2010, corrigió esa versión errónea y excluyó todo proceso de extinción sobre los predios de Las Pavas y aledaños pues esas haciendas, dice, tienen dueño y están siendo explotadas. Las firmas Aportes San Isidro y C.I. Tequendama tienen allí, en efecto, cultivos de palma de aceite. En mayo de 2011, fue archivado el proceso por extinción de dominio. Pero la citada “clínica jurídica” pidió a la Corte Constitucional que ordenara reabrir ese proceso.
En 2010, los invasores inventaron otro ángulo de ataque. Alegaron ante el Incoder que los dueños de Las Pavas violaron las normas ambientales porque “secaron los ríos” para favorecer los sembrados de palma de aceite. En vista de eso, en mayo de 2011, el Ministerio de Ambiente emitió un concepto favorable al grupo invasor en el que se afirma que en Las Pavas existen cultivos extensivos de palma de aceite y que eso ha generado “impactos sobre el medio ambiente y la biodiversidad” y, por lo tanto, un “deterioro a los ecosistemas". Tales afirmaciones son rechazadas por los propietarios de Las Pavas pues, dicen, el Incoder no ha comprobado la existencia de los pretendidos “daños ecológicos”. Don José Macías explica que los humedales que se encuentran en Las Pavas no han sido alterados ni afectados por los cultivos de palma.
La situación actual de la finca Las Pavas es incierta, a pesar de la providencia de la Fiscalía: el predio sigue ocupado permanentemente por cinco u ocho personas. En algunas ocasiones logran reunir a 80 personas para hacer mítines y convocar a la prensa. Entre tanto, los invasores siguen amenazando con armas blancas a los propietarios y a los trabajadores, y les impiden trabajar. Al mismo tiempo, los invasores están entrando ilegalmente ganado a Las Pavas. Ni el Incoder, ni la policía, ni la prensa han informado de dónde viene ese ganado. Todos parecen ignorar si éste ha sido robado en otros predios, o si pertenece a los invasores. Este asunto del ganado confirma, en todo caso, que los supuestos “desplazados” están, por el contrario, sedentarizados en alguna parte y son poseedores de tierra, sobre todo en Buenos Aires.
En julio de 2011, la Corte Constitucional emitió un fallo en el que ordenaba entregar Las Pavas a las 121 familias, “desplazadas por paramilitares”. Tras las revelaciones de la Fiscalía, el presidente de la CC, Juan Carlos Henao, declaró que tal sentencia, basada únicamente en reportes vagos del programa Acción Social, podría ser “reversada si se encuentran irregularidades”. Henao pidió a los organismos del Estado ser “más exigentes” al reunir y entregar información sobre temas tan delicados como el de los desplazamientos forzados de población.
Los propietarios de Las Pavas piden que el Estado ordene la expulsión definitiva de los invasores y restablezca los plenos derechos de los dueños de la hacienda. José Macías pide al ministro del Ambiente visitar el lugar para verificar personalmente que no es cierto lo que dicen los invasores acerca de los “daños ambientales” en su finca. Irresponsable, Juan Manuel Ospina, director del Incoder, sin verificar nada, sin haber ido a la finca, y sin enviar siquiera un inspector, pontifica a través de los medios acerca de esos supuestos “daños ambientales”. El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, quien había apoyado varias veces a Asocab y ordenado incluir Las Pavas en el programa de Restitución de Tierras del Gobierno, tampoco responde a los llamados urgentes de don José Macías.
El escándalo de Las Pavas alertó a la opinión pública sobre los atropellos que algunos extremistas están cometiendo contra el Estado y la empresa privada. No solo está el caso de las falsas victimas de Mapiripán y de Santo Domingo, sino que ahora estalla el siniestro asunto de Las Pavas. ¿Cuántos otros casos semejantes al de Las Pavas pueden haber existido en el pasado y cuántos otros están en gestación en Colombia?
