LOS COSTOS DE LOS DIÁLOGOS DE LA HABANA
Mayor
General Víctor Álvarez Vargas
Miembro del
CCPPM del Cuerpo de Generales y Almirantes
A la luz de los actuales acontecimientos resulta conveniente hacer
algunas reflexiones sobre lo dicho en un análisis publicado del 22 de Noviembre
del 2012 por el CCPPM[1],
en donde se decía:
“Las FARC
se dieron cuenta que están en el mejor momento para aceptar un proceso de paz
honroso, que los deja libres de pecado, y así poder participar libremente en
política legal, no sin antes decirle al país, una y otra vez, las causas que
consideran que los llevaron a tomar las armas y sus propósitos “nobles” para
solucionar todos los problemas del país; pero esto no lo harán hasta que no
perciban que su aparato político les garantice que el poder está a su alcance”.
Para lograr una ventaja estratégica
las FARC plantean posiciones duras que manejan en un doble discurso: conciliatorio
y ajustado al preacuerdo ante los negociadores en la mesa y radical y malintencionado
ante los medios de comunicación, con el propósito de ganar la confianza de los
colombianos desprevenidos. Así quedó demostrado al final del primer acuerdo (acceso
y uso de la tierra), en el cual renunciaron a sus radicales posiciones ante los
medios, a cambio de un logro político importantísimo, al obtener, así sea en el
papel, la reforma rural integral, la que el Estado no ha podido hacer en los
últimos cincuenta años.
¿De qué lado creen que quedó el
partido en el primer tiempo? Como parte de su estrategia y con
el argumento de no aceptar una “paz
exprés”, como la han denominado, seguirán dilatando el proceso, a fin de
dar tiempo a su aparato político y propagandístico de fortalecerse, para lo
cual resulta apropiada la tradicional y perversa combinación de todas las formas
de lucha, mediante la que, a través del terrorismo y uso de las armas,
mantienen vigente su presencia, mientras generan en la ciudadanía la necesidad
de llegar a un acuerdo de paz.
Las FARC siempre han demostrado una
extraordinaria habilidad para aprovechar y sacar ventaja de las oportunidades que
les brinda el sistema, aprovechando el sincero anhelo de paz de todos los
colombianos y las ambiciones políticas de la clase dirigente. En el supuesto de
que un acuerdo con el grupo terrorista va a poner fin a la violencia, la idea
que quieren vender resulta fascinante y seductora para colombianos y
extranjeros, ansiosos de ella pero desprevenidos de las verdaderas intenciones
y sus consecuencias, ya que el terrorismo, como estrategia, se trasladaría a
otros protagonistas. Las FARC han manifestado en repetidas oportunidades que
los acuerdos de paz son un paso estratégico hacia la toma del poder, pero los
colombianos no quieren creerlo.
Las FARC no pretenden renunciar a
sus pretensiones de más de medio siglo y han convencido a los colombianos que
ahora van tras sus postulados a través de la participación política. ¡Qué
equivocados están los que así lo creen! El sistema electoral existente no es
trasparente, los votos se compran y cuando no, se sujetan a la presión armada
en muchas regiones del país. ¿Por quién votarían los habitantes de las zonas
donde tuvo predomino las FARC tantos años y qué países financiarán la campaña política del nuevo partido?
Debido a la corrupción, la falta de
liderazgo, la pérdida de los principios y de identidad en sus postulados, la
clase política ha sufrido un gran desgaste y muestra un grave deterioro en su
credibilidad en los últimos años. La falta de cohesión, producto del sistema
electoral, falta de lealtad y componendas burocráticas, han llevado a que
minorías de izquierda se impongan en los procesos electorales, como lo ocurrido
con la alcaldía de Bogotá. Frente a eso, nos preguntamos, ¿Estarán preparados
los dirigentes de los partidos tradicionales para enfrentar una izquierda unida,
con el apoyo de los supuestos desmovilizados de las FARC y otros grupos que
sigan este camino?
Dentro de este proceder de la clase
política, que se ha vuelto habitual desde hace ya por lo menos un cuarto de
siglo, en que la prudencia cede el puesto a las ambiciones personales, no sería
de extrañar que surjan alianzas con los terroristas supuestamente arrepentidos,
con el fin de ganar curules y mantenerse en el poder.
Hablando de costos, ¿qué le espera
a las Fuerzas Armadas? Si bien el Presidente Santos ha dicho que no se tocará
la estructura y doctrina de la Fuerza Pública, sus promesas no tienen ya
ninguna credibilidad ante el país. En este proceso de paz, durante más de un
año en que afirmó no estar negociando con las FARC, secretamente adelantaba con
su hermano y dos de los actuales delegatarios, diálogos en la Habana con los
terroristas.
En el punto tres, numeral cinco de la
secreta negociación se estableció que “El
gobierno nacional revisará y hará las reformas institucionales necesarias para
hacer frente a los retos de la construcción de la paz”. En el lenguaje
convencional de los políticos y frente a la permanente deslealtad, hoy norma de
conducta y, como ya lo han reclamado los terroristas, una drástica reforma y
reducción de las Fuerzas Militares viene en camino. Y, aunque no lo fuera,
¿Cuál sería la suerte de éstas en caso de que las FARC llegaran al poder? y cabe
preguntarse si saldrá el Estado colombiano a defender a los militares ante las
acusaciones de los "nuevos congresistas" y de las cortes
internacionales en el futuro. Para despejar estas dudas basta conocer lo que
está sucediendo en otros países del cono sur y Centro América.
Sin ir demasiado lejos, ya el
Fiscal General fijó su posición de olvidar, frente a los delitos de lesa humanidad
cometidos por las FARC, mientras que para los militares argumentó ser problema
del Congreso; sin embargo, en diciembre de 2012 expidió la Directiva 001, por
la cual se crea la Unidad de Análisis y Contexto, cuya finalidad no es otra que
perseguir a los mandos militares y policías, como los más altos responsables de
los delitos más representativos en los últimos años, lo que se refleja en el
llamamiento a indagatoria y detención diaria de militares de alta graduación.
Y qué decir de la intromisión y falta
de respeto de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU y otras
organizaciones internacionales, a las que les hemos dado patente de corso a
través de los acuerdos firmados por Colombia respecto de los DDHH.
Con todos estos mensajes no pinta
muy halagüeño el futuro de los militares que enfrentamos a los narcoterroristas
de las FARC en los últimos cuarenta años, como tampoco lo pinta el de Colombia
de seguir en el camino que dicta la estrategia artera de las FARC y el acomodo
de la clase dirigente del país.
[1] Centro Colombiano de Pensamiento Político
Militar, adscrito al Cuerpo de Generales y Almirantes de las FFMM. (http://www.pensamientopolitico-militar.blogspot.com/).
