¿QUÉ HAY DETRÁS DE LAS CONDENAS?

Por Brigadier General (r) Adolfo Clavijo

Ante las condenas al Coronel Plazas (30 años) y ahora al General Arias (35 años), surge la pregunta de qué hay detrás de esas penas, porque con ellas se ve que la administración de justicia sigue demostrando perfidia. Un sucinto análisis a la forma en que se viene administrando la justicia en el caso del Holocausto del Palacio de Justicia demuestra que tanto en los procesos como en los fallos están terciando unos intereses de carácter ideológico y económico que vienen alcanzando sus mezquinas metas con base en el trabajo político que despliegan los que buscan sacarle provecho al caso.

Como se sabe, el Ejército hizo fracasar el golpe terrorista del 6 y 7 de noviembre de 1985, el cual tenía fines políticos y meollo ideológico. Frente a la acción del Ejército, que era la que le correspondía, ¿tiene alguna explicación el que, a través de la justicia, se les pase a los oficiales que actuaron una cuenta de cobro, veinticinco años después? Esa factura es el producto de que al proceso le mezclaron presiones e infiltraciones de tipo político con el fin de obtener las dádivas ideológicas y económicas que están dando los resultados planeados. Lo triste es que los administradores de la justicia les hayan hecho eco a esas coacciones y hayan permitido que los procesos y fallos contra los oficiales estén politizados. A la toma del Palacio, a pesar de ser un clásico acto terrorista, se le dio un manejo –político- que terminó brindándoles las mieles de la política a los agresores, gesto que no implicaba necesariamente que a los defensores se les traspasara la culpa de lo ocurrido, pero, lamentablemente, así se hizo. Esta fue una jugada sórdida pero magistral para quienes lograron politizar la justicia con el fin de lograr las condenas que surten sus intereses.

En el mismo proceso del Palacio de Justicia el interés ideológico entró en escena con dos actos. En el primer acto, con la revancha inmisericorde que el comunismo internacional, empleando la administración de justicia, pone siempre en juego contra quienes frustran sus empeños de hacerse al poder de una nación; el precio que cobran en estos dos casos que nos ocupan es alto en castigos judiciales (30 y 35 años, cuando a criminales terroristas se les imponen penas irrisorias). En el segundo acto, con la injuriosa tarea de minar la credibilidad oficial para mantener vigente la opción de un gobierno comunista, que sería eterno como todos los de este tenor. Esta tarea requiere aprovechar todas las oportunidades habidas y por haber para descalificar la institucionalidad y dejar en mente la posibilidad de que entren a gobernar fuerzas radicales. Para este efecto, nada mejor que meter entre las cuerdas de la justicia y el desprestigio a quienes conducen las acciones y reacciones gubernamentales. Estos dos puntos demuestran que en el caso del Palacio de Justicia el interés ideológico buscó y logró inclinar la balanza de la justicia hacia el lado que les conviene a los que quieren deshacerse de la democracia. Se concluye, entonces, que detrás de las condenas está la ambición de poder de ideología marxista, o algo parecido.

Ahora el interés económico. Las demandas contra militares buscan condenas que les abran las puertas a grandes indemnizaciones que lucran a ONG y a colectivos de abogados y, de paso, a reales o hipotéticos familiares de las presuntas víctimas. La inversión para el logro de la indemnización contempla toda forma posible de presión y coacción contra la administración de justicia; se hacen habituales las marchas y manifestaciones ante las sedes de la justicia para “reclamar justicia”, mientras los abogados les hacen la cacería a los reporteros para salir al aire a esgrimir argumentos falaces con los que se pueda distorsionar el pensamiento de la opinión pública. Con los fallos de primera instancia contra el Coronel Plazas y el General Arias el interés económico va ganando la partida pues, al haber condena, hay pago. Aquí se concluye que detrás de las condenas reina la voracidad económica de algunas organizaciones.

Y, ¿qué más hay detrás de las condenas? Una administración de justicia que deja todo por desear. Lo más seguro es que las falencias no están en la letra de los manuales de procedimiento y reglamentos ni en la normatividad en general (que si bien les cabe reformas, éstas no solucionarían el grave problema por el que atraviesa la justicia colombiana) sino en las actitudes y conductas que inciden en las actuaciones de los funcionarios que administran la justicia (magistrados, jueces, fiscales y otros; no todos, por supuesto). Las condenas a los oficiales citados y el desarrollo de los otros procesos que están en curso dejan ver que gran parte de las decisiones jurídicas están influenciadas por organizaciones y personas que manipulan los intereses ideológicos y económicos que acompañan los juicios a los militares. De ahí que, si en los procesos del Holocausto la justicia se tuerce es porque quienes tienen la facultad de manejarla lo hacen con falsedad, parcialidad, prevención, prejuicio. Incurren en lo que podrían llamarse los “falsos positivos de la justicia”, que se traduce, como en los otros falsos positivos, en convertir a alguien en víctima para cobrar o usufructuar dividendos.

Bogotá, D.C. mayo de 2011