Lucha por el Fuero Militar

PROYECTO ACTO LEGISLATIVO SOBRE REFORMA DEL FUERO Y DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR

 

Intervención del Brigadier General Jaime Ruiz Barrera, Presidente Nacional de ACORE, en la audiencia pública programada por la Comisión Primera del Senado de la República, el día 15 de noviembre de 2.012

 

El tema del Fuero y de la Justicia Penal Militar, se convirtió de un momento a otro en un asunto de gran actualidad y de gran interés nacional, atrayendo por primera vez la debida atención y la inmensa preocupación de una gran parte de nuestra ciudadanía.

 

ACORE, como la asociación más representativa del cuerpo de oficiales de la reserva activa de las Fuerzas Militares, ha asumido como una de sus tareas prioritarias, acudir a diferentes instancias de la vida nacional, en busca del respaldo requerido para sacar adelante esta importante y urgente iniciativa parlamentaria.

 

Conjuntamente con el Cuerpo de Generales y Almirantes, ha venido participando en diferentes foros y reuniones con distintos sectores de la sociedad civil, periodistas, academia, y parlamentarios de las Secciones Primeras de Cámara y Senado, encontrando por fortuna, una respuesta muy favorable frente a esta preocupante inquietud qué a todos nos afecta.

 

A comienzos del presente año, el proyecto de acto legislativo  que cursaba en el Senado de la República  después de cuatro exitosos debates, se cayó por decisión de la bancada de gobierno que antes lo apoyaba con el argumento de que el nuevo proyecto que fue presentado posteriormente en la Cámara de Representantes sobre este mismo tema, era el que había que respaldar por ser más completo, tener más posibilidades de éxito en su trámite, y quizás menos riesgos de objeción constitucional. Este proyecto ha sido aprobado en seis debates por una gran mayoría, y próximamente  continuara su trámite legislativo, hasta lograr los ocho debates reglamentarios, que según los ponentes, podrían concluir a finales del presente año.

En estas condiciones, la ley estatutaria que lo reglamentaria, solo iniciaría su trámite, hasta la próxima legislatura, o sea la correspondiente al año venidero.

Este proyecto establece la creación de una defensoría técnica financiada por el Estado, normas especiales de tipo carcelario, la competencia exclusiva de la Justicia Penal Militar sobre todo lo concerniente al Derecho Internacional Humanitario (Derecho de Guerra), la competencia exclusiva de la Justicia Ordinaria sobre los delitos de lesa humanidad, desaparición forzada y genocidio, la conformación de un Cuerpo Técnico de Policía Judicial Penal Militar, bajo competencia de la Fiscalía, la creación de un Tribunal de Garantías Penales, la conformación de una Comisión Mixta para dirimir conflictos de competencia, y la instauración de la Justicia Penal Policial en forma definitiva.

En estas circunstancias, y ante el habitual riesgo que tradicionalmente tienen estos trámites, especialmente cuando se trata de un acto legislativo para reforma de la Constitución, y posiciones políticas cambiantes, ACORE  planteo como segunda alternativa, y en forma paralela, propiciar también a través de las instancias respectivas, la revocatoria o la agilización del proceso que hace curso ante el Consejo de Estado, del cuestionado acto administrativo Mindefensa-Fiscalía General, que suspendió temporalmente la aplicación del artículo 221 de nuestra Constitución, el cual establece con mucha claridad todo lo concerniente al Fuero Militar y al juzgamiento de los militares por actos relacionados con el servicio, a través de Tribunales o Cortes Marciales, bajo la competencia expresa de la Justicia Penal Militar.

 

En este momento, se espera un fallo sobre este particular, en respuesta a varios recursos interpuestos por la Procuraduria General de la Nación, que ha solicitado un pronunciamiento urgente  en tal sentido.

 

La grata impresión que tenemos hasta ahora,  es que por fin se entiende la importancia y la gravedad que esta situación representa para la seguridad del país, ya que como es de todos bien sabido, nuestras Fuerzas Armadas requieren con urgencia, de la total y necesaria protección jurídica que les permita cumplir adecuadamente su misión institucional, frente a la constante y creciente agresión terrorista que nos afecta.

 

Paradójicamente, Colombia tal como lo dicen algunos comentaristas de la prensa nacional, es quizás el único país del mundo que ahora reconoce publica e internacionalmente el conflicto armado interno que la afecta, y que inexplicablemente desaparece de un tajo el fuero constitucional que requiere, para proteger a quienes portan las armas de la República en defensa de su soberanía e instituciones.

 

Lo más preocupante es ver la forma tan evidente como el sistema judicial ordinario, a través de algunos de sus operadores, persiguen sin tregua a nuestros militares, más no así, a quienes conforman los grupos armados ilegales, para los cuales hay muy pocos procesos, y los que por casualidad existen, reposan en distintos despachos judiciales durmiendo el sueño de los justos. No conocemos resultados efectivos contra estas organizaciones criminales.

 

El concepto generalizado de nuestros combatientes, ante esta ausencia de garantías jurídicas y procesales, es que:  

  

“en el momento actual nos juzga el enemigo, y no las instituciones del Estado que protegemos, y por las cuales nos jugamos la vida en el campo de combate.”

 

Quien lo creyera, mientras nuestras tropas se desmotivan gradualmente por la constante persecución de algunos jueces  y fiscales, la moral y el triunfalismo se encuentra en poder de los grupos terroristas que nos asechan y que hoy pretenden negociar un proceso de paz que les otorgue total impunidad, por la comisión de crímenes atroces y violación permanente del derecho internacional humanitario contra la población civil indefensa.

 

Desde el momento en que entro en vigencia el nefasto convenio OSPINA-IGUARAN, con el cual se proporciono el puntillazo final a nuestro fuero y a la Justicia Penal Militar, la justicia ordinaria le ha causado aproximadamente trece mil bajas, no en combate, pero si en sus propios estrados, a las Fuerzas Armadas del país. Nuestros mejores combatientes, los mejor entrenados, los más capacitados, los mas condecorados, actualmente incursos en arbitrarios e infames procesos, quedan automáticamente neutralizados, puesto que su condición sub-judice, no les permite ser empleados en las operaciones militares, y ni siquiera prestar servicios de seguridad en sus propias instalaciones.

 

Estas son las cifras que corroboran lo que aquí se afirma: hay ya casi cerca de tres mil militares tras las rejas, alrededor de diez mil procesos activos cursando en diferentes despachos judiciales, dentro de estos procesos, cerca de trece mil imputados por causa o razón de inexplicables decisiones judiciales. Hay mas militares en las cárceles, que miembros de las organizaciones terroristas. Estas son las famosas “bajas judiciales” que nos ha producido el enemigo, a través de este diligente sistema judicial, que tanto lo ha favorecido. No hay la más mínima confianza en el sistema procesal que se les aplica.

 

Y por si esta persecución no fuera poca, la anterior Fiscal General de la Nación, habilito antes de irse, las viejas instalaciones donde funciono el antiguo DAS en el centro de la Ciudad de Bogotá, con cientos de funcionarios dedicados exclusivamente a investigar y armar procesos con la ayuda de reconocidos colectivos de abogados de la extrema izquierda, contra miembros de las Fuerzas Militares, especialmente Oficiales de alto rango, a quienes se les pretende acusar irregularmente, por graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad que nunca prescriben.

 

En aras del equilibrio y del más elemental principio de igualdad, la obligante pregunta es…. ¿El actual Fiscal General de la Nación, quien ya se ha declarado públicamente enemigo del Fuero Militar y en abierta rebeldía contra cualquier determinación que se tome en tal sentido, habilitara de la misma manera dependencias similares, también con cientos de funcionarios para investigar y armar procesos contra militantes y auxiliadores pertenecientes a los diferentes grupos terroristas que actúan en el territorio Nacional?

Lamentablemente, la respuesta es NO. Antes por el contrario,recientemente informo a los medios de comunicación que: “ante los pobres resultados obtenidos en las investigaciones adelantadas contra algunos militares incursos en los llamados falsos positivos, incrementaría considerablemente el numero de funcionarios e investigadores para lograr en el menor tiempo posible, los resultados deseados”.

En esta tarea, lo acompañara el ex juez español Baltasar Garzón, quien ya funge como asesor y funcionario relevante de la Fiscalia General de la Nación.

 

Finalmente, surgen otras preguntas, cuyas respuestas son bastante preocupantes:……… ¿Cuantas otras “bajas judiciales” nos producirá este sistema mientras dure la vigencia del convenio OSPINA-IGUARAN y no podamos recuperar la plena vigencia del Fuero Militar?

 

¿En que momento la Fiscalia General de la Nación se convertirá en un organismo confiable de carácter investigativo y no en un instrumento político represivo o de flagrante persecución contra quienes portan las armas de la República para la defensa de este País?

 

¿Hasta cuándo tanto acoso y hostigamiento contra nuestras Fuerzas Militares?

 

 

 

Brigadier General (RA) Jaime Ruiz Barrera

Presidente Nacional de ACORE

 

Noviembre 14 de 2.012

 

PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA 2012

¿La retórica de la paz por encima de la verdad?

Por Rafael Guarín

Archivo SEMANA

OPINIÓN

El analista en seguridad Rafael Guarín responde, desde el uribismo, a la columna del exministro y exembajador Gabriel Silva publicada el domingo pasado.

Martes 13 Noviembre 2012

A muchos políticos les importa más la retórica de la paz que la verdad y la realidad de las víctimas. Prefieren ocultar o minimizar los atentados terroristas de las FARC o el secuestro de niños, antes que unir a la sociedad en su condena.

 

Le duele demasiado al gobierno que se critique su política frente a la criminalidad. Tal es la preocupación en la Casa de Nariño que pusieron a firmar una columna al exministro de defensa Gabriel Silva para demostrar que el cambio de la Seguridad Democrática por el diálogo con los terroristas no ha deteriorado la seguridad.

Como exviceministro de defensa de la administración Santos y testigo, en primera fila, de lo ocurrido, debo corregir a Silva. 

Si Silva le cree a las estadísticas del propio Ministerio de Defensa no puede decir que se ha “mantenido la cadena de éxitos que se inicio con Uribe”. Según mindefensa lo que hay es un grave deterioro en seguridad. De 1 de enero a 31 de agosto de 2012, comparado con el mismo periodo de 2011, aumentaron los actos de terrorismo en 61%, la voladura de oleoductos en 457%, los ataques a instalaciones de la fuerza pública en 113%, los hostigamientos en 41%, las embocadas en 47%. En total, según el propio gobierno, en un año aumentaron las acciones de las guerrillas en 45%. Para no hablar del regreso del miedo a los ciudadanos, el aumento de la extorsión o del número de hectáreas de cultivos ilícitos. ¿Quién miente? 

Como ministro de defensa en el cierre del gobierno de Álvaro Uribe, sabe muy bien que la retaguardia estratégica de las FARC y el ELN no está en el Catatumbo sino en Venezuela. En nombre del diálogo el Gobierno admitió que las FARC empleen, con la anuencia y complicidad del gobierno Chávez, el territorio de Venezuela como retaguardia. La novedosa forma de acabar con esta fue aceptarla. ¡Eso es claudicar, dr Silva! 

También como exministro le consta que las FARC en el gobierno Uribe, con el liderazgo del general Leonardo Barrero, llegó a estar replegada en las montañas del Cauca y no empeñada en atacar brutalmente a Popayán, los cascos urbanos y la carretera panamericana. Además que se concertó con organizaciones indígenas como la OPIC, mientras no se admitían las vías de hecho y la presión que las FARC pretenden ejercer sobre esos pueblos, ni el abuso y violación de los derechos humanos de nuestros soldados. 

Las propias cifras del gobierno son las que desmienten a Silva. Según el expresidente Álvaro Uribe las bacrim “en los últimos dos años han duplicado el número de integrantes”. Los registros del Ministerio de Defensa señalan que sólo desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de octubre de 2012 han sido “neutralizados” 7535 miembros de bacrim, a los cuales hay que adicionarles los que corresponden al primer semestre del actual gobierno y 4170 que hoy las conforman. Eso datos demuestran que se pasó de 3831 integrantes de esas bandas a 30 de junio de 2010 a cerca de 13.000 individuos que han estado en sus filas durante estos dos últimos años. ¡Uribe se quedó corto en el cálculo! ¡No se duplicaron, se triplicaron! 

Lo que no dice Silva es que la decisión del presidente Santos de adelantar diálogos con las FARC amarró a las FFMM y a la Policía en el combate a las Bacrim. El propio presidente siendo ministro expidió una directiva que permitía bombardear a los Rastrojos o los Urabeños, pero, a partir de febrero de 2011, muy a pesar de nuestras advertencias, se prohibió esa posibilidad argumentando que utilizar la fuerza en el marco del derecho internacional humanitario elevaría a esos grupos a la condición de “partes del conflicto”, similar condición a las de las FARC. Masacres como las de Santa Rosa de Osos son posibles gracias a que las estructuras de bacrim que delinquen en zonas rurales y selváticas, donde solo ese tipo de operaciones garantizan efectividad, saben que están blindadas. 

En nombre de la paz también el gobierno retiró la reforma al fuero penal militar ante presiones de ongs, mientras se la jugó toda para dar impunidad a las FARC con el Marco Jurídico para la Paz. Ahora impulsa un nuevo proyecto que resultará inane, tal y como está, frente a los problemas de seguridad jurídica de los militares. No es cierto que el Acuerdo con la Fiscalía debilitara el fuero. Eliminarlo no resuelve nada porque la policía judicial depende directamente del Fiscal, no de la justicia penal militar. No han podido entenderlo. 

Es cierto que hubo disposición de contacto en el gobierno de Álvaro Uribe con las FARC para buscar su sometimiento a la justicia, no para negociar la agenda de Colombia. Disposición, pero sin reformar la constitución para dar impunidad a los crímenes atroces, nunca validando la violencia y, menos, sin que existiera la decisión de abandonarla y deponer las armas. 

En cambio, el gobierno consiguió que el Congreso reformara la Constitución para garantizar a perpetradores de crímenes de lesa humanidad y de guerra la “renuncia a la persecución penal” en aquellos casos que no sean seleccionados para ser objeto de investigación judicial, que serán la mayoría, conforme a la exposición de motivos del acto legislativo. 

Esa amnistía disfrazada, más la posibilidad que autores de crímenes de lesa humanidad no condenados y de guerra, aún condenados, puedan ser elegidos al Congreso y a la Presidencia de la República, significa que el gobierno legitimó la violencia como medio de acción política en una democracia. 

La diferencia que no quiere ver entre ese Marco Jurídico para la Paz y la Ley de Justicia y Paz es que con esta se busca que se judicialicen efectivamente los crímenes, mientras con el Marco se reformó la Constitución para renunciar a la persecución penal. ¿Y si son lo mismo, dr Silva, por qué el gobierno no admite que se aplique a las FARC y al ELN esa ley, que no era solamente para los paramilitares? 

Al igual que la opinión pública, Silva no sabe, que para no enviar señales inconvenientes a las FARC la propia Presidencia de la República ordenó hundir el delito de pertenencia a organización de crimen transnacional, que logramos aprobar en el Senado dentro del proyecto de ley de Seguridad Ciudadana y que tenía asegurada la mayoría en la Cámara. Tipo penal que establecía penas entre 16 y 25 años con el fin de desarticular la farcpolítica y las milicias. 

Tampoco se sabe que la Presidencia vetó la presentación por parte del Ministerio de Defensa al Congreso de una iniciativa que endurecía las penas para los crímenes de práctica cotidiana y permanente de las guerrillas, como el reclutamiento de niños, al igual que de otra que buscaba resolver problemas jurídicos que afectan la desmovilización, para evitar su reducción. 

Si hubo un problema, que comenzó a solucionarse hasta 2010, fue la ineptitud en responder la adaptación de FARC a la estrategia militar y policial. Esa, ante todo, era responsabilidad de los ministros Santos y Silva, que nos correspondió comenzar a corregir. Lástima que lo que se hizo en el plano militar, la Presidencia lo afectara al desmontar una política de firmeza para apostar por una de debilidad. 

Dr Silva, no le tocará aceptar que hay dos Uribes, en cambio, a nosotros sí nos tocó aceptar que hay dos Santos. Uno que engaño para elegirse en hombros de la Seguridad Democrática y otro que la repudio para dialogar con las FARC, a costa de la seguridad de los ciudadanos.

PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA 2012

La agricultura según las Farc

Por Eduardo Mackenzie

1  de noviembre de 2012

Con sus ideas retrógradas y absurdas en materia de agricultura los leninistas han desatado terribles catástrofes humanas en muchos países. La peor hambruna que haya conocido el mundo fue causada precisamente por los comunistas. Durante el famoso Gran Salto Adelante (1959 -1961), mediante el cual Mao creía que iba a hacer de China, en diez años, una potencia industrial como la Gran Bretaña,  entre 30 y 40 millones de campesinos chinos murieron de inanición.  Según indican los archivos descubiertos en los últimos años, la dictadura de Stalin hizo otro tanto años atrás. Entre 1932 y 1933, en efecto, las falsas soluciones agrarias  y la masiva represión en el campo, llevaron a la muerte a 12 millones de personas.

Como las mismas ideas fueron aplicadas en los otros países donde el comunismo tomó el poder, las economías fueron devastadas y los desastres se extendieron. Durante el régimen de Pol Pot en Cambodia hubo 800 000 muertos de hambre.  Recientemente, en Corea del Norte decenas de miles de personas, sobre todo niños y ancianos, murieron de desnutrición. Toda Europa del Este se hundió en el marasmo económico y su atraso respecto de Europa Occidental es visible aún hoy, a pesar del derrumbe del comunismo y del ingreso de esos países a la Unión Europea. Etiopía, Cuba y Vietnam siguen siendo países en ruina.

La colectivización de los medios de producción fue el dogma generador de esas tragedias. Como la tierra era el principal medio de producción en países como la Rusia de 1917 y la China de 1949,  fue decretada allí su expropiación sin indemnización. La supresión de la agricultura privada y de los mercados libres, la creación de grandes unidades estatales de producción, regentadas por burocracias ineptas y violentas, y el monopolio de la distribución de los bienes agrícolas, desembocaron en tremendas  crisis agrarias, humanitarias y ecológicas.  

Los señores Timochenko e Iván Márquez, herederos de ese sistema atroz, están fanáticamente convencidos de que esas son las “soluciones” para el campo colombiano y que ello nos llevará a la sociedad perfecta (socialista).  Ellos tienen desde luego el derecho a pensar así. Lo malo es que ellos están ahora en posibilidad de ir mucho más lejos: de “dialogar” e imponer ciertas tesis en materia agraria a un gobierno que parece dispuesto a firmar acuerdos con ellos en cuestiones claves para el equilibrio del país.    

El tema agrario, que Santos aceptó como el primero de la agenda del tinglado de La Habana, sin duda ha sido calculado para que tenga un alcance más que peligroso. No es sino oír lo que advertía, con no poca angustia, el senador Juan Lozano en días pasados: “Por falta de una oportuna presentación al Congreso de la ley de desarrollo rural el asunto vital de las tierras se va a discutir primero con las Farc que con la sociedad colombiana que no ha participado en la violencia. Llevamos más de dos años esperando a que radiquen la ley para concertar con campesinos, industriales, gremios y ciudadanía, así que el diálogo agropecuario arrancará primero con la guerrilla que en su escenario natural, el Congreso.” 

¿Ese retraso en la redacción de la ley agraria fue deliberado o se trata sólo de una demora técnica? La alarma es legítima cuando se sabe que la negociación secreta con las Farc duró casi dos años.

A pesar de que Iván Márquez expuso sus ideas agrarias en Oslo, en medio de una retahíla de insultos y amenazas contra Colombia, algunos analistas tratan de hacernos creer que las Farc tienen un programa razonable sobre la cuestión.

El matutino conservador La República dio a conocer, por ejemplo, un documento: la “cartilla agraria de las Farc”. Ese texto que dos de sus redactores acogieron sin mayores objeciones de fondo (por fortuna incluyeron algunas tímidas críticas del sector privado) pretende resumir la política “verdadera” de las Farc sobre el campo.

Llena de acentos ecologistas y de amabilidades hacia los campesinos e incluso hacia los propietarios nacionales del sector, ese texto se muestra intratable y brutal con la inversión extranjera. En realidad, esa  simpática “cartilla” no es más que un chorro de humo que disimula otras  intenciones.  La verdadera concepción marxista de la “reforma agraria” no es la que dicen sus textos sino la que esa corriente  aplicó en otros países, incluida Cuba, y la que Hugo Chávez trata de implantar por la fuerza en Venezuela: la colectivización de la tierra, la destrucción de los propietarios, de los campesinos medios, de la agroalimentación y la liquidación de toda resistencia popular.

Sin embargo, La República afirma que las Farc proponen una serie de bellezas: la “gratuidad de la tierra para los campesinos” y la extinción de dominio sólo para “las tierras inexplotadas o explotadas con vulneraciones al medio ambiente”. ¡Maravilloso! ¡Qué respeto de la propiedad privada! Agrega que esa propuesta prevé dar tierras productivas “a mujeres campesinas jefes de hogar, abandonadas, viudas”. Excelente. Igual tratamiento tendrán “las víctimas de desplazamiento forzado y los profesionales del agro dispuestos a poner su conocimiento al servicio del desarrollo rural”. ¿Quién puede oponerse a eso?

Días después, las Farc  hicieron saber que la discusión en La Habana no será sólo sobre la propiedad de la tierra pues, para ellas, “el elemento tierra es componente esencial del territorio” y que "a partir de este concepto se han de dar las consideraciones fundamentales". Explicación: amalgamar conceptos diferentes como “tierra” (suelo natural no cubierto por el mar) y “territorio” (la extensión que depende de un poder constituido: una ciudad, un departamento, una nación, un reino) busca deslizar la discusión más allá de los cinco puntos aceptados por Santos.  Es decir, que en Cuba la discusión comenzará por el problema crucial de la “soberanía en general”,  de “la soberanía alimentaria” y del “bienestar social”.

Las Farc se niegan pues a cumplir lo firmado con los plenipotenciarios de Santos y buscan llevar a éste a que negocie lo que el ex vicepresidente Humberto de la Calle Lombana había dicho que no se podría ni discutir: la propiedad privada, el modelo económico, la inversión extranjera y el ordenamiento territorial (sin hablar de la acción de las Fuerzas Armadas y la política de defensa).

Ocultar el verdadero sentido de la “revolución agraria” es obligatorio para los comunistas. El proyecto de reforma agrario elaborado por Fidel Castro  en la Sierra Maestra,  que incluía cambios con el acuerdo de los grandes propietarios, cubanos y extranjeros, fue barrido en junio de 1959 cuando éste ordenó el proceso de colectivización de la tierra, bajo la forma de “cooperativas” controladas por el Estado, incluso contra el querer de los campesinos. Las indemnizaciones a los propietarios nunca fueron pagadas. Ese proceso arbitrario se agravó en octubre de 1963 con la ley que extendió la colectivización al 74% de las tierras. La producción cayó desde entonces y nunca se recuperó realmente.

En 2005, un economista y consejero ministerial cubano, Alfredo González Gutiérrez, admitía en un artículo ese fracaso: “El sector primario (agricultura, ganadería y producción azucarera) no produce [en Cuba] un excedente de divisas, requiere por el contrario del aporte de otros sectores para poder satisfacer las necesidades alimentarias de la población”.

Con tales maestros, las Farc hacen temblar a muchos colombianos cuando pretenden que su “revolución agraria” garantizará un “desarrollo sostenible” en materia alimentaria.  Ojo pues, señores negociadores del gobierno colombiano, con las presiones y propuestas beatíficas que saldrán de la boca de los negociadores de la narco-guerrilla en La Habana.

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EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA 2012

¿Reconciliación?

Autor: Darío Acevedo Carmona
Fuente: El Espectador, Bogotá
Fecha: 23/10/2012

Esta es una de las palabras que, al lado de, paz, reparación, verdad, justicia y perdón, estaremos escuchando con inusual frecuencia en estos días de negociación entre el gobierno colombiano y las Farc.

Es una palabra que tiene connotaciones individuales y colectivas, políticas, sentimentales y éticas. Requiere de mutuo acuerdo o compromiso entre dos o más partes y supone el reconocimiento de una agresión o daño producido entre ellas o por una de ellas a la otra.

En su más pura significación ética y política y por tanto, colectiva hay que reconocer que es una viejísima opción en la experiencia humana y que en el caso colombiano la hemos practicado más de una vez: federalistas con centralistas, bolivarianos con santanderistas, liberales y conservadores, guerrilleros y defensores del régimen constitucional. De manera pues, que, excluyo, adrede, toda referencia a reconciliaciones en un ámbito de menor alcance y a otras que son impensables como la que se podría dar con personas, grupos, dirigentes políticos o jefes militares que han causado grave y enorme daño a la humanidad en los que solo cabe el castigo penal. Tampoco procede la reconciliación con bandidos tipo Pablo Escobar o jefes mafiosos.

De la reconciliación en el conflicto armado colombiano hablaremos. En sentido político la reconciliación no consiste en una simple declaración de perdón, de ofrecimiento de disculpas y de hacer votos para evitar que se repitan los daños causados. Tampoco consiste en que los adversarios se den la mano o un abrazo ni mucho menos de que olviden o enmascaren las divergencias ideológicas o sus penas. Por el contrario, debe entenderse que a través de esa acción sublime no se está entrando en el campo de la utópica hermandad absoluta. Sin embargo, sería torpe desconocer que dicho acto exige renuncias explícitas. Los rivales, cada uno en la medida de sus responsabilidades, están conminados a renunciar al uso de las armas y de la violencia, a reconocer una sola institucionalidad a respetar el estado de derecho y la constitución y por tanto el monopolio de las armas por parte de las fuerzas armadas de la Nación. Es ahí donde comienza y se hace factible el acto de la reconciliación.

Las negociaciones en La Habana se vislumbran complicadas si tenemos en cuenta el nada conciliador discurso del jefe fariano Iván Márquez, que coincide con declaraciones previas de Rodrigo Granda y que por tanto, dan cuenta de una línea de pensamiento homogéneamente radical de las Farc. Presentarse como víctima, expresión del pueblo en armas, mantener postulados dogmáticos similares a los que expusieron en sus orígenes, como si nada hubiese cambiado en el mundo y en Colombia. Plantear que la paz solo será posible si se hace lo que ellos consideran justo. No realizar ninguna autocrítica, no hacer reconsideración de la lucha armada. Insistir en la condena al sistema, a los empresarios, a las instituciones, incluida la constitución del 91 y a la vez guardar silencio sobre los crímenes cometidos, sobre el secuestro, el reclutamiento de menores, las masacres, los daños a bienes civiles y públicos, creer que pueden alcanzar en la mesa lo que no en 50 años de alzamiento inútil, no constituye un buen augurio para hablar de paz con sensatez y con esperanza. El discurso de Márquez es una bofetada a las expectativas positivas que tenía gran parte de la opinión pública, de ahí la desilusión lógica que se vio en las encuestas.

Imposible no hacer un comentario sobre el discurso del jefe de la delegación oficial, Humberto de la Calle, en Oslo. Imperdonable la pobreza ideológica exhibida. Se limitó a enfatizar en aspectos procedimentales y metodológicos. Dejó de lado el debate político, con lo que el mensaje, ese sí ideológico y programático, que quedó para la opinión mundial, fue el de una guerrilla víctima de un estado criminal. Ni una palabra sobre el proceso de reformas políticas que se han puesto en marcha en el país en los últimos 30 años, ni una palabra sobre negociaciones exitosas entre guerrillas y gobiernos anteriores, ninguna defensa de las políticas estatales en materia de seguridad y derechos humanos. En cambio, con presteza inusual ofreció y sin que se lo pidieran, participación política a las guerrillas si firman la paz, haciendo omisión de los compromisos internacionales asumido por el país en materia de castigo por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra que la impiden.

Si las guerrillas estuvieran de verdad interesadas en la paz deben aceptar cuanto antes los generosos ofrecimientos que les ha hecho el gobierno Santos y abandonar la exigencia de más concesiones. Se les ha dado reconocimiento político por ley, se ha adoptado una Ley Marco para la Paz a su medida, se les garantiza no ir a la cárcel, se les brinda garantías para participar en política. Muchas personas, con razones respetables, no están de acuerdo con esa benignidad, las víctimas de las guerrillas se sienten ofendidas. Sin embargo, creo que la inmensa mayoría de colombianos no tendríamos opción diferente a tragarnos estos sapos si hacen entrega de las armas, prometen resarcir el daño causado a las víctimas y contribuir a la verdad.

Hay un obstáculo en el camino de una reconciliación así entendida. Es la idea dominante en importantes y representativos círculos académicos, intelectuales, artísticos, literarios y hasta políticos tradicionales según la cual, llegó la hora de poner todo en consideración, de proceder, ahora sí, a realizar las reformas que rediman a la sociedad de la inequidad y la desigualdad o a refundar el Estado como dijeron Márquez y Granda. De esa forma les otorgan a las guerrillas, quiéranlo o no, un poder de representación que no tienen. Una cosa es reconocer la necesidad de reformas de justicia social y otra, ya muy perversa, es descargar esa bandera en manos de quienes no las han facilitado con sus acciones violentas. Pero, la idea de que la lucha armada está inspirada en causas objetivas merece crítica aparte.

EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA 2012

Chávez y la paz colombiana

Por: Darío Acevedo Carmona

Fuente: El Espectador

La formación del poder político bajo el procedimiento democrático está lejos de ser un tema cerrado y totalmente agotado.

La democracia es tan abierta que en muchos países sus enemigos totalitarios usan y abusan de su generosa apertura para luego aplicarle cerrojos y estrecharla hasta la anulación. Lo que acaba de suceder en Venezuela con la elección de Hugo Chávez Frías es un claro ejemplo de cómo atropellar la democracia desde dentro y presentarse como defensor de la misma. Después de haber intentado acceder al poder por medio del golpe de estado en 1992, Chávez lo alcanzó por vía electoral y por la misma vía se ha sostenido en él. ¿Pero, se puede admitir que esa es condición suficiente para sostener que Chávez es un demócrata y que en Venezuela reina la democracia?

Casos documentados brinda la historia acerca de cómo proyectos y caudillos dictatoriales se hicieron al poder por medios electorales. Desde Luis Bonaparte que luego de triunfar por sufragio universal convocó un plebiscito en 1851 para anularlo y proclamarse emperador de Francia, situación que Marx aprovechó para lanzar su famosa frase de que la historia se repite como tragedia o como comedia en su texto “El 18 brumario de Luis Bonaparte” al comparar a este con su tío Napoleón. El experimento de este personaje llevó a acuñar el término “bonapartismo” para caracterizar a aquellos gobernantes que usan la democracia y las elecciones que luego anulan para convertirse en dictadores.

Lenin, a su manera y con la idea de implantar el comunismo, orientó desde la biblia de los comunistas rusos el “Qué hacer”, la tesis de aprovechar la democracia burguesa, que detestaba, como medio para llegar a las masas y preparar la insurrección para instaurar la dictadura del proletariado.

En octubre de 1917 al frente de un partido pequeño pero disciplinado tomó el poder y luego en una encarnizada guerra civil eliminó a todos los partidos desde los zaristas hasta los republicanos, liberales, socialdemócratas y marxistas reformistas. El fallido experimento soviético se sostuvo por métodos represivos y elecciones en las que “participaba” el 99.99% de la población, hasta 1991. Similar proceder usaron los dictadores de extrema derecha, Mussolini en Italia y Hitler en Alemania. Ambos triunfaron en elecciones y convocaron y manipularon sus resultados para legitimar sus proyectos racistas, xenófobos y ultranacionalistas con los que derramaron la sangre de millones de víctimas.

De modo que, elecciones por montones, como las que han tenido lugar en la Venezuela chavista, que despiertan la admiración delirante de poetas y de no pocos liberales, no remiten necesariamente a una democracia. Allí donde el gobernante controla los demás poderes, la libertad de prensa, exorbitantes sumas de petrodólares para repartir entre la población que es tratada, así, como súbdita, donde se halaga a las tropas con prebendas y se las politiza para que dejen a un lado su misión constitucional, entre otras prácticas innombrables, no puede hablarse, seriamente, de una democracia.

Lo que vendrá en los años siguientes para la Región es la consolidación del proyecto bolivariano chavista y la búsqueda de su extensión a los países aún renuentes. Sin embargo, la pregunta obligada para Colombia es ¿de qué forma la victoria de Chávez incidirá en nuestro destino, y, en particular, en las negociaciones de paz? Además de la gratitud con Santos por reconocerle sus méritos en las negociaciones de paz, considero que Chávez tiene dos caminos a seguir. De un lado, le conviene mantener la presión sobre la guerrilla fariana para que llegue a un acuerdo con Santos. Este acuerdo lo proyectaría como líder continental pacifista no interesado en promover o expandir su proyecto a sangre y fuego y desvirtuaría las sospechas de colaboración con las guerrillas.

En otra dirección, y en consonancia con su contundente victoria, puede optar por mantener su apoyo a las negociaciones pero sin presionar a la guerrilla a firmar a cualquier precio un pacto de paz y simultáneamente apoyar con generosos recursos la formación de un amplio movimiento de masas probolivariano en Colombia. A su favor cuenta con avanzadas muy importantes como el grupo Marcha Patriótica que se está posicionando como frente de batalla civil, también hay células prochavistas en el Movimiento Bolivariano Colombiano. Los partidos comunistas, el legal y el clandestino, y hasta el Polo Democrático, apoyan y simpatizan con el proyecto que se propone, en el mediano plazo, transformar a Colombia, de actual piedra en el zapato, en miembro del Alba y del socialismo bolivariano. Intelectuales y políticos “progresistas” así como “personalidades democráticas” están a la expectativa.

Esta última opción es la que mejor encaja en la teoría leninista de la combinación de todas las formas de lucha y es la que satisface a águilas y halcones de la insurgencia y de la izquierda radical que no quieren deponer su voluntad de enrutar el país por el sendero revolucionario. Un paso en esta dirección fue la semana de los indignados que acaba de concluir con la convocatoria, fallida, de un paro nacional. La proclama del Movimiento Continental Bolivariano expedida en el II encuentro realizado en Quito (febrero de 2008) permite apreciar la solidaridad de los socialistas bolivarianos con la causa colombiana. 

En ella reafirmaron “La necesidad de librar todos los combates… de emplear todas las formas de lucha para cambiar el sistema: las luchas pacíficas y no pacíficas, las manifestaciones cívicas, las insurgencias de las clases y sectores oprimidos…” y concluyeron que “En este plano, el proceso colombiano asume una importancia singular, tanto por su ubicación geoestratégica como por la confluencia de altos y nuevos niveles de desarrollo político y militar en las fuerzas de cambio…(y) Se convierte en el eslabón más próximo a una ruptura revolucionaria”. No es difícil concluir, pues, que estamos en la mira del proyecto chavista y que las negociaciones de paz pueden encajar en dicha estrategia.

Darío Acevedo Carmona

* Doctor en Historia y profesor Titular Universidad Nacional de Colombia.

•                     Darío Acevedo Carmona | Elespectador.com

PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA 2012

LA PAZ CON LAS FARC

No me cabe la menor duda de que  se acabará  el conflicto con las FARC. La guerrilla está cansada y  los  Colombianos también de oír malas noticias todos los días. Saber  que otros grupos armados  continúan  vigentes nos preocupa, pues la tarea de las FF.MM. y de Policía seguirán  atajando  a otros violentos .  En tal sentido habrá más  Soldados que morirán tristemente por defender lo que nos es muy  preciado.

No sé si estaré equivocado, pero ya las FARC dieron su gran paso: POLITIZARON EL CONFLICTO. Buscaban precisamente eso para incrustarse como AGENTES DEL GOBIERNO. Es lo  que  sucederá en las conversaciones así haya un MORA RANGEL  y un  NARANJO de por medio como representantes nuestros. Entre otras cosas lo que sí les interesará es la parte económica y la financiación de sus campañas para llegar  a su pregonado afán: LA TOMA DEL PODER. Desde luego que tendremos escoltas a su  disposición defendiendo sus vidas y sus ideas.

No soy ni mucho menos el indicado para presagiar el futuro de LA NACIÓN, pero téngalo muy seguro  que el SOCIALISMO del siglo XXI nos va a arropar. A mí me gusta ver la gente luchando por sus pequeñas cosas; lo que no quiero es que de pronto los arrasen con lo que a brazo partido han conseguido. Proseguiría  diciendo  que el futuro de nosotros no  está en el pueblo  sino en manos  de gobernantes que elegimos algún día. De todas maneras BIENVENIDA SEA LA PAZ; en términos generales  es la querencia de un país  que sufre todos los días LOS RIGORES DE LA GUERRA.

Mayor General

EDUARDO SANTOS QUIÑONES

¿Qué viene a partir de Oslo?

Autor: Marta Lucía Ramírez

Fuente: El Tiempo

Fecha: 14/10/2012

El acuerdo con las Farc no puede hacerse al costo de doblegar a las instituciones, ni de quebrantar el Estado de Derecho.

El debate sobre lo que sucederá en Oslo y la campaña mediática por todo el país con conversatorios sobre la paz no pueden dejar que perdamos el norte la opinión nacional ni la internacional.

Todos los colombianos queremos la paz, estamos dispuestos a trabajar por ella y a hacer sacrificios para que las generaciones que nos relevarán puedan vivir en un país pacífico. Pero nuestra disposición no puede confundirse con ingenuidad e indolencia, ni con tolerancia de lo inaceptable.

Queremos y creemos en el trabajo para garantizar una paz verdadera y permanente. No en victorias cortoplacistas, a pesar de aplausos y adulación mediática e internacional. Un acuerdo que doblegue a la nación y mancille el alma colombiana, o que someta a la institucionalidad, generaría nuevos ciclos de violencia e inseguridad.

El acuerdo con las Farc no puede hacerse al costo de doblegar a las instituciones, ni de quebrantar el Estado de Derecho y el anhelo de los colombianos de conocer la verdad, lograr justicia, reparación, respeto por el DIH y garantía de no repetición.

Entendemos que el proceso debe llevar a la negociación de compromisos para el objetivo de la paz entre las Farc y la sociedad. Sabemos que sería una utopía lograr de entrada el desarme y desmovilización de combatientes ilegales, pero consideramos que un nuevo proceso, luego de tantas decepciones por intentos gubernamentales valientes y fallidos del pasado, debe permitir espacios de construcción de confianza para la sociedad colombiana. En el momento en que se sienten en Oslo el Gobierno y las Farc, deberían ofrecer a Colombia una cosecha temprana del proceso, garantizando unos mínimos, que no son de liberalidad, sino de elemental humanidad y compromiso con el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos.

Los mínimos alcanzables para que nuestros ciudadanos ganen confianza en el proceso deberían ser:

* Inmediata suspensión del reclutamiento de menores para las filas de las Farc.

* Suspender acciones terroristas contra la población civil e infraestructura física que afectan sobre todo zonas rurales pobres. * Compromiso de suspender minado y utilización de armas no convencionales que mutilan y destrozan a los soldados y policías de Colombia, ya que los enfrentamientos militares continuarán mientras se desarrollan las negociaciones, y para lo cual deben contar con fuero militar.

* Compromiso de devolver a todos los secuestrados en su poder.

Estaremos con todos los colombianos atentos a que la negociación no traspase unas líneas rojas infranqueables así:

* El marco constitucional y las instituciones no están en negociación y tendrán el respeto de su integridad y legitimidad, derivadas del orden legal y del Estado de Derecho que nos rige.

* La integridad territorial y la soberanía nacional no están en discusión y no se aceptará ningún compromiso de adoptar otros modelos políticos ni económicos de la región.

* La soberanía del Estado y la legitimidad de su presencia en todo el territorio y en las fronteras colombianas no están en discusión.

* El acceso al poder político por miembros de Farc u otro actor del conflicto cumplirá al menos iguales requisitos que los que actualmente debe cumplir cualquier colombiano para acceder a cargos de elección popular.

* Las obligaciones internacionales de Colombia con el Tratado de Roma y el compromiso de rechazar crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra se preservarán en el proceso.

* Los miembros de la comunidad internacional que participan en el proceso y los que pudieran vincularse posteriormente acordarán con las partes indicadores de seguimiento y verificación internacional del cumplimiento de compromisos.

* Acabar el narcotráfico en el país será propósito de las partes.

A esa paz le apostamos.