¿Perdimos la guerra? MIGUEL GÓMEZ MARTÍNEZ

El mayor triunfo de la guerrilla es haber convencido a los líderes de opinión en Colombia que la victoria militar no es posible. Con la excepción de Álvaro Uribe, todos los mandatarios colombianos desde la época de Belisario Betancur repiten sin cansarse que la única opción que tenemos es la negociación. También lo sostienen la totalidad de los medios de comunicación, los líderes empresariales, los políticos, las ONG e incluso algunos militares.

Si existe este consenso tan amplio, ¿por qué no es posible la paz? ¿Por qué llevamos décadas sin resolver el problema? ¿Por qué Colombia tiene el conflicto interno más largo de la historia? Contrario a lo que creen los oportunistas de la paz, no hay paz porque no hemos querido ganar la guerra. La historia de la humanidad confirma una y otra vez que la paz es el fruto del triunfo en la guerra. No hubo paz en Europa mientras no se derrotó a Hitler. No hubo paz mientras no se derrotó a Napoleón, no hubo paz en Vietnam hasta que las guerrillas comunistas no derrotaron a los Estados Unidos.

Algunos dirán que Colombia sí ha pagado el precio de la guerra. Invocarán los miles de muertos, los secuestrados, los mutilados, los huérfanos, las viudas y los millones de víctimas. A pesar de esas horribles y dolorosas cifras, la verdad es que esta sociedad, desde su independencia, ha tenido violencia pero no ha enfrentado una guerra. El siglo XIX es la demostración evidente de que los conflictos nunca se resolvían de manera definitiva y por ello resucitaban periódicamente. Las victorias y por lo tanto las derrotas eran simbólicas; las negociaciones de paz no eran sino altos al fuego temporales esperando un cambio de entorno más favorable para alguna de las partes. Tal vez la excepción sea la Guerra de los Mil Días -en la que un ejército venció militarmente al otro- y por ello pudimos gozar de más de cuarenta años de paz ininterrumpida.

El Gobierno tiene una agenda para volver a justificar la apertura del diálogo con la guerrilla. Con gran habilidad ha ido moviendo sus fichas para convencernos de que, en esta ocasión, la guerrilla tiene el deseo de no engañarnos. La reforma constitucional denominada “marco jurídico para la paz” define lo que el Estado le ofrece a la guerrilla: impunidad para las acciones contra los derechos humanos y los crímenes de guerra. Luego de haber aprobado la ley para las víctimas, el Congreso aprobaría para tal fin una ley para los victimarios.

A pesar de las múltiples frustraciones de los procesos de paz, la mente de los colombianos sigue dominada por el escenario del diálogo. Estamos convencidos de que podemos evitar el duro camino de la victoria militar. Muy a la colombiana, queremos comernos el pastel sin engordar. Así no sea políticamente correcto afirmarlo, el camino de la paz ha estado siempre antecedido del horror de la guerra.

La guerra podemos haberla perdido ya en las mentes. Y como la hemos perdido, las condiciones de paz nos las impondrá el triunfador, en otras palabras la guerrilla.

Suena fuerte pero para tener derecho a la paz hay que pagar el precio de la guerra.

 

*Representante a la Cámara

LA PAZ EN COLOMBIA

La paz, ganando la guerra

Por: SAúL HERNáNDEZ BOLíVAR | 6:31 p.m. | 27 de Agosto del 2012

Saúl Hernández Bolívar.

Tomado del periódico de El Tiempo

Ganar la guerra es debilitar al enemigo tanto como sea necesario hasta lograr que este resigne sus aspiraciones y se someta a la legalidad.

Todos los colombianos queremos la paz, pero ¿cuál paz? La que sueñan los farianos y sus adláteres es la de una Cuba continental gobernada por ellos; un 'paraíso' comunista, dictatorial y retrógrado. La que soñamos los demás es una Colombia en relativa calma, donde todos tengan oportunidades de progreso bajo el marco de unas reglas claras que todos debamos cumplir.
Sobre esto, creo que surgen dos preguntas: una, si es válido o no firmar una paz en la que se configura más de lo primero que de lo segundo, y dos, si unos diálogos son el camino obligado a la terminación del conflicto. En ambos casos, la respuesta es un no rotundo. Por eso, las conversaciones secretas de Santos con las Farc tienen mucho de cuestionable.

En cuanto a lo primero, no sabemos qué concesiones graciosas vaya a hacer un gobierno débil, ostentoso y falaz, que no tuvo reparos en cambiar todo el libreto de su programa de gobierno. En cuanto a lo segundo, es un sofisma deleznable equiparar la búsqueda y consecución de la paz con diálogos de paz o negociación política, puesto que los diálogos no conducen necesariamente a la terminación del conflicto. Por el contrario, sabemos que las negociaciones con las Farc -desde Belisario hasta Pastrana- han conducido a su fortalecimiento y no a su disolución.

Es cierto que el artículo 22 de la Constitución Nacional dice que "la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento", pero en este caso no es el Estado el que incumple y, por ende, el que estaría obligado a cumplir. El Estado no es un actor del conflicto ni es el que está haciendo la guerra. Por tanto, creer que el gobernante está obligado a hacer 'lo que sea' para conseguir la paz es tan absurdo como creer que esta se consigue si se desmantela el Ejército. Esa es una falacia idéntica a esa de que "si no hubiera medios no habría terrorismo".

Muy al contrario de lo que algunos creen, el artículo segundo de la Constitución expresa claramente que las autoridades no están para hacer concesiones sino "... para proteger a todas las personas (...) en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares".

Combatir a los violentos es un mandato constitucional que no puede confundirse con 'guerrerismo', pues en ningún momento se pretende el exterminio hasta del último guerrilleropara dar por terminado el conflicto. No, ganar la guerra es debilitar al enemigo tanto como sea necesario hasta lograr que este resigne sus aspiraciones y se someta a la legalidad. De hecho, si el gobierno de Uribe hizo acercamientos 'secretos', era precisamente para averiguar si ya había disposición de abandonar la lucha armada. Sobra decir que esa estrategia de debilitamiento se estaba haciendo muy bien hasta que el presidente Santos cambió de línea.

Pensar con el deseo no es una actitud responsable. Sería idílico que los acercamientos en Cuba conduzcan a un cese del fuego de aquí a diciembre y que las Farc se desmovilicen -de una vez y para siempre- justo a tiempo para que Santos sea premiado con la reelección. Pero estamos muy grandecitos como para andar creyendo en fábulas y dudamos de que haya una sincera voluntad de paz por parte de las Farc. Presidente Santos: la paz es la victoria, sí, pero como bien dice el general Navas, esta se obtiene ganando la guerra.

Antioquia Presente cumple

Antioquia Presente cumple hoy su promesa de entregar en este mes de agosto 40 soluciones de vivienda para familias damnificadas por la tragedia de La Gabriela, ocurrida en Bello (Antioquia) el 5 de diciembre del 2010. La obra fue financiada con donaciones de la ciudadanía por 1.465 millones de pesos y un aporte de 977 millones del Gobierno Nacional. Felicitaciones a la Corporación y a su acuciosa directora, Margarita Inés Restrepo.

@SaulHernandezB

La lucha por los derechos de los militares

¿POR QUÉ SE HACEN LOS LOCOS?

Por Coronel Gentil Almario Vieda

Toda Colombia, su Presidente, el pueblo, los medios de comunicación, los poderes del Estado saben que las Fuerzas Militares enfrentan una guerra sin protección jurídica y que la Justicia que los destroza está en manos del enemigo y sus secuaces, con muy contadas  excepciones.

El tema se ha tratado a regañadientes y con sordina en la televisión, la radio y la prensa escrita, intentando farisaicamente jugar a todas las bandas al  publicar lo que dicen y escriben   quienes no comulgan con el estado de cosas que están haciendo que el país recaiga en poder de los terroristas de las FARC y el ELN.

Debe tomarse conciencia de la apología que por la mayoría de los medios se hace a los bandidos, el despliegue que se da a los agentes de los terroristas, secuestradores y narcotraficantes. El apoyo que esos medios dan a miembros de las FARC  y el ELN cuando abierta y descaradamente arengan a los delincuentes alentándolos en contra del Ejército y del gobierno con el argumento de que todo el mundo es libre de decir lo que quiera.

No pretendo enumerar la cantidad de afrentas, injusticias y desafueros de que son víctimas los militares y que conoce la opinión pública, como son las condenas con testigos falsos o comprados y en general fabricadas por fiscales y jueces siguiendo consignas manchadas con ideologías políticas contrarias a los principios que defienden las Fuerzas del Orden en cumplimiento de la Constitución Nacional.  

Es sabido también que el sistema operacional del Ejército ha sido intervenido en forma tendenciosa y absurda de manera tal que se favorece al terrorista y se vulnera la protección legal del combatiente que lucha por la integridad del Estado. Es conocido que el Comando General de las Fuerzas Militares con la presión y auspicios de  un genio que fue Viceministro de Defensa estableció un compendio de normas que se llamó pomposamente “REGLAMENTO JURÍDICO OPERACIONAL” que deben  cumplir como  guía  las Fuerzas en combate y que atentan contra el soldado en su integridad y favorecen escandalosamente al bandolero.

Solo me referiré a una de esas monstruosidades que consiste en que en acciones de combate el soldado no puede disparar su arma contra su enemigo sino hasta cuando el bandido lo haya hecho contra él. Esto solo tiene una manera de entenderlo: debe dejarse matar.

Este demoníaco mamotreto no tiene antecedentes en Colombia ni en ningún ejército del mundo. Fue producto  de  presiones de organismos internacionales como La Cruz Roja Internacional y otros engendros en su condición de ONGs, favorecedoras de los derechos humanos de los terroristas. Es oportuno recordar que el militar colombiano no tiene derechos humanos.

¿Quien en estas circunstancias, adobadas con otras de igual estupidez, que están en plena vigencia, querrá entrar en combate a sabiendas de que el Estado no le brinda la más mínima seguridad jurídica?

¿O es que alguien se imagina que el militar no piensa y no ve lo que jurídicamente se está haciendo con él poniéndolo ante la alternativa de su sacrificio o su ingreso a La Picota?

Se dice en diversas formas y con palabras diferentes que la Fuerza Pública está desmoralizada y que es una de las causas por las cuales la Seguridad Democrática está en retroceso.

El presidente de la República ha dicho que hablar de desmoralización del Estamento Militar es una afrenta. Cambiémosle el nombre y digamos entonces que no están desmoralizadas sino desmotivadas que a la postre es lo mismo.

A pesar de lo dicho tenemos la convicción de que las Fuerzas Militares están combatiendo a pesar de todo y están mostrando resultados. Si hubiera la honestidad política y jurídica indispensables para dar la mencionada protección jurídica al combatiente la guerra ya hubiera terminado y otra sería la historia.

La guerra no se gana sin el respaldo de toda Colombia y Colombia es el Pueblo, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Desafortunadamente da la impresión de que cada uno de ellos  anda por su lado. No existe como Objetivo Nacional ganar la guerra. Todos los argumentos que se esgrimen al respecto son para favorecer y apoyar  a los terroristas enemigos del Estado en el logro del objetivo fundamental  que no han logrado,  de quebrar la voluntad de lucha de sus Fuerzas Militares.

Todo esto es sabido ampliamente. También se sabe cuál es el remedio. Entonces ¿por qué se hacen los locos quienes tienen la obligación moral y legal de poner coto a tamaña injusticia en lugar de todos los días quejarse como las vírgenes necias a sabiendas del mal que están haciendo al país en el orden social, económico y moral?

                               

                           Cor. GENTIL  ALMARIO  VIEDA.

SIGAMOS PENSANDO Y HABLANDO

Por: MG. Carlos Quiroga Ferreira

Miembro del Centro Colombiano de Pensamiento Politico-Militar

Un prestigioso general de la reserva activa, en un almuerzo de Generales, nos sugirió que no podemos hablar de la seguridad en Colombia o criticar la forma en que el gobierno ha enfrentado este reto y menos criticar al Presidente  Santos, porque eso era politizar la seguridad y que esta no se debe politizar, además de decir que no se puede hablar de la manera como están actuando las Fuerzas Militares y de Policía, porque esto se convierte en una politización de las Fuerzas.

Vaya posición tan política y entregada, al asumir una defensa a ultranza, para lo que  se es libre, pero que no nos venga a decir que al ver como se deteriora la seguridad, como mueren nuestros hombres, como perdemos control territorial, como atacan y retoman poblaciones, como tratan de sacarnos de algunas regiones del país, como se reanudaron los paros armados y los ataques a la infraestructura petrolera, no podemos opinar y decir lo que pensamos y tenemos que esperar que al amparo del marco jurídico para la paz y la no existencia de fuero y justicia penal militar, los terroristas se adueñen del país y nuestros hombres los maten, mutilen o los manden para la cárcel 40 0 50 años, como ha venido sucediendo, y a nuestro Ejército lo humillen y maltraten, permitiendo que lo saquen de donde las FARC o las ONG ordenen.

¿Eso es lo que esperamos que suceda? Yo no creo que debamos esperarnos hasta allá.

Este es un gobierno que calla y acalla, calla al aceptar todo lo que pasa, guarda silencio, para no incomodar a las FARC y a su mejor amigo, y acalla a quienes informan o alertan al país sobre lo que está pasando.

Mientras tanto, reparte la mermelada en la tostada del Congreso y las Cortes; congreso corrupto, lleno de lagartos y clientelistas, con muy pocas excepciones; y cortes, representación de la justicia, también corrupta, politizada, ideologizada y perseguidora de los militares.

Estoy seguro que los militares retirados podemos hacer mucho, no plegándonos a los designios de los políticos de turno, luchando por el fuero y la justicia penal militar , siendo críticos positivos y desenmascarando todo lo que pasa con los políticos y la política, con la justicia.

Algunos de nosotros todavía creen en el Congreso y el Ejecutivo, que la cosa se arregla con buenas relaciones, con lobby. Vaya equivocación, eso no es por ahí. Lo que hay que hacer es cambiar las costumbres políticas de este país a través de leyes que hagan que la política sea un servicio público y no una carrera, que exista una ley de defensa y seguridad bien hecha, marcada por nuestros conceptos y experiencias, que obligue al Presidente de la Republica a seguir unos lineamientos en esta materia y no sea el capricho del gobernante, que haga perder lo que se ha conseguido. Nosotros podemos hacer mucho en esto.

Quiero recordarles que las FARC actúan como actúan porque tienen armas y dinero.

MG (RA)  CARLOS O QUIROGA FERREIRA

PIEDAD CÓRDOBA  INCITA AL DELITO

Por: Mayor General (RA) Carlos Quiroga Ferreira

Miembro del Centro Colombiano de Pensamiento Politico-Militar

Poco a poco se van conociendo antecedentes y causas de lo que paso entre los días 15 y 18 de julio de este año en el Cauca,  con las bases militares del Ejército, que lleva a desenmascarar la asonada de algunas comunidades indígenas y otros personajes, como Piedad Córdoba.

En el mes de mayo se conoció que se estaba buscando un despeje del departamento del Cauca para iniciar diálogos de paz con las FARC; después vino la marcha patriótica que promovía estos diálogos y por último los hechos que todos conocemos de humillación al Ejército Nacional en Toribio y otros sectores del norte del Cauca.

Tal como lo hemos visto en el video revelado por un medio de comunicación, la exsenadora Piedad Córdoba, que todos sabemos aboga por las FARC, se reunió con indígenas en territorio del municipio de Miranda(Cauca), donde podemos ver y escuchar su incitación a los indígenas a sacar al Ejercito Nacional de lo que ellos llaman sus territorios,  rechazando la existencia de bases militares, con estas palabras: “No queremos más guerra, no queremos bases militares y, sobre todo, no queremos que desprecien a la comunidad con el argumento de una base militar, que se gasta la plata de los impuestos en una guerra que la gente no quiere y no necesita";  incitando a tumbar al Presidente Santos y utilizar la guardia indígena para cumplir estos propósitos; además de acusar al Ejercito de sembrar minas antipersona. Más claro no canta un gallo: despeje para las FARC.

Si se hace un análisis de estos hechos, se puede concluir que nada de lo que sucedió entre el 15 y 17 de julio es gratuito, obedece a una bien planeada estrategia presentada por la exsenadora, que incluye a los indígenas, donde la voz ha sido Feliciano Valencia, con el fin de evitar que el Ejercito cumpla su tarea constitucional, además deber moral, de combatir y sacar de esos territorios a las FARC, con quienes, tal como lo revelan las informaciones de prensa, están protegidos por indígenas, con quienes mantienen una relación de contubernio, que llega a negocios de narcotráfico.

Lo que se ha querido es evitar que el Ejército pueda actuar, con lo que se favorece a las FARC, para lograr una zona despejada para esta organización terrorista, bajo el falso argumento de la autonomía y la neutralidad en el conflicto de los indígenas, posición, que además de mentirosa y engañosa, es perversa.

Es muy diferente la protesta social a la incitación a la violencia y al desconocimiento de la constitución. En ninguna parte del video divulgado se aprecia que Piedad Córdoba promueva entre los indígenas la unión para sacar a las FARC de sus territorios. Vemos que la cacareada consigna de liberar a sus territorios de la presencia armada, no es más que el favorecimiento a estos terroristas, para alcanzar una zona despejada. Aquí no hay nada que vaya encaminado a la justicia social. Todo se ve más claro ahora.

Tal como lo dijo el señor Ministro de Defensa: "Es impensable. Las Fuerzas Armadas no emplean hoy minas por una serie de protocolos internacionales que el país ha venido firmando. El tema de las minas es una actividad del terrorismo y no se puede desviar la atención de la realidad que es que esos artefactos, que ponen indiscriminadamente las FARC, afectan a campesinos y niños"; por tanto, lo que buscaba la exparlamentaria, era incitar a los indígenas a acusar al Ejercito de los muertos o lesionados por minas y a librar a las FARC de la culpa de los actos de terrorismo, que tanto daño le han causado a la población y al Ejercito.

Pero a pesar de estas revelaciones y realidades, lo que causa aún más desazón, es que el Fiscal General de la Nación salga a decir que las personas tienen el derecho a la protesta social y pueden deslenguarse en su protesta. Este es el mismo Fiscal que manifestó a los medios que investigaría al General Santos y al Mayor Galvis por hacer unos comentarios en privado en los que “que había que revocarle el mandato al presidente”, que no constituye ningún delito, diferente a la arenga realizada por  Teodora, que es una clara incitación al delito.

Diferente la actitud del Señor Procurador, que ve claramente los hechos y pide que se investiguen, tal como lo manifestó a los medios, porque, “lo que hubo fue una instigación al delito, lo que hubo una instigación a la asonada. Eso es un concierto para delinquir y hay toda una serie de conductas que pueden ser investigadas".

Al país lo están empujando a un abismo y quienes lo estamos permitiendo, no tendremos una segunda oportunidad, para salvarlo. Miremos a Venezuela para darnos cuenta de lo que allí pasa.

Bogotá, Julio de 2012

Guerra jurídica contra los militares colombianos

Redireccionamiento

Por: MG Ricardo Rubianogroot Román

Miembro del Centro Colombiano de Pensamiento Político-Militar

Máster en Seguridad y Defensa Nacional.

Es inquietante y causa intranquilidad el evidente deterioro del nivel de seguridad que el país había alcanzado; por ello, aunque faltaba mucho camino por recorrer, sin duda aquella situación resultaba mejor que la actual.

Ese notorio menoscabo de las condiciones, que el gobierno ha calificado de percepciones, se ve reflejado en encuestas, como la recientemente publicada por varios medios de comunicación, en la cual se plasma la realidad dominante de nuestra Nación.  Resultaría redundante e  innecesario repetir en este escrito el contenido de la misma, ya que lo procedente y aconsejable es hacer propuestas para corregir el rumbo de lo que está sucediendo y sugerir acciones que permitan retomar el sendero y encauzar la orientación que hoy se echa de menos.

Ante todo, resulta indispensable aceptar que hay errores y buscar su solución. Por ello, el Gobierno no puede seguir insistiendo en desconocer la realidad, en aras de una pretendida popularidad, que está resultando, además de inconveniente para el país, contraria a sus pretensiones, como claramente lo mostraron las encuestas. Ese autoengaño, que insulta la inteligencia de cualquier colombiano medio y que trata de tergiversar realidades y presentar estadísticas acomodadas que lesionan su propia credibilidad resultan contraproducentes ante el real crecimiento de la inseguridad, que se vive, se siente y se percibe, más cuando la tecnología y la globalización del mundo permite conocer en tiempo real detalles de acontecimientos de los lugares más recónditos y lejanos, inocultables, aun por la prensa más comprometida con el régimen, la que, tardíamente ha tenido que publicar la realidad de la situación en el Departamento del Cauca, la posición de la población indígena y los atropellos contra el Ejercito Nacional, la peligrosa escalada del terrorismo contra la infraestructura petrolera, adicionalmente a que los más independientes, ya venían registrando la evolución  constantemente creciente de sus acciones contra la población y la Fuerza Pública.

Esa estrategia minó la confianza e hizo que se perdiera la fe en los anuncios del Gobierno y puso en evidencia la posición meliflua y acomodaticia del primer mandatario, en particular y del Ejecutivo en general.

El ministro de defensa ha pretendido, tal vez de buena fe, comandar las Fuerzas Militares  y fungir en la práctica como comandante de cada una de las Fuerzas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), con los resultados que hoy se observan. No sobra recordar que los Ministros están para plantear estrategias globales y orientar las grandes  decisiones y asuntos de su cartera, sin pretender intervenir en cada uno de los asuntos particulares de su desarrollo, ya que ello conduce al descuido de los grandes objetivos. Su nivel es gerencial, su trabajo está en la toma decisiones y no en la ejecución

En el Ministerio de Defensa, responsable de la seguridad, principal y actual preocupación de los colombianos, desde las épocas del Ministro Pardo se ha incurrido en un error garrafal, que ha tenido repercusiones graves, cuando ministros muy preparados en temas diferentes a la defensa y seguridad, pero sin la formación ni experticia en temas militares,  que solo se obtiene con los años en contacto real y no teórico con el combate, pretendieron asumir el papel de comandantes operativos y muy a menudo tácticos. El Ministro puede ser el estratega del primer nivel, quien dice “qué hacer” y señalar el objetivo final, pero es el Comandante Militar el conductor, quien dice cómo hacerlo, es el Comandante Militar y solo él, quien fija y ejecuta la táctica operativa, es el militar quien tiene la maestría en el arte operacional y el combate, y quien, para ese oficio, se ha preparado a lo largo de muchos y duros años. Pretender incursionar en sus responsabilidades e imponerle sus opiniones, apoyado solo en  la autoridad del cargo, conduce a descalabros y reveses.

Las intervenciones del Presidente y su Ministro de Defensa, deben orientarse a la solución de los problemas graves, que los hay, del campo militar, como son la desaparición del fuero militar y su correlativo de la pérdida del espíritu de combate, el desaliento y desmoralización que producen decisiones como la de la Corte Constitucional que ordena, sin considerar los intereses más grandes del Estado, el desalojo de parte de una importante base de operaciones en la Orinoquía colombiana, o la presencia en el país como asesor del mismo gobierno de un calificado enemigo de la Institución y delincuente de su país, en donde fue despojado de su investidura de juez por actos criminales que, en Colombia llevaron a la cárcel a numerosos funcionarios de la administración.

No se trata de discursos y oratoria, se trata de que desarrollen las acciones necesarias, sin engaños ni concesiones a quienes pretenden paralizar las operaciones militares, para atender las reclamaciones urgentes del estamento militar, que pide seguridad jurídica para cumplir con la misión constitucional sin entorpecimientos de las mismas autoridades del país. Se trata de adelantar con diligencia las acciones judiciales contra quienes atentan contra la institución militar y contra la seguridad del país, sin abstenerse por simple conveniencia política o personal del presidente o sus ministros.

Estamos convencidos que alguna parte del gobierno está bien intencionada y coincidente con nuestro deseo de construir una patria digna, grande, próspera y responsable como herencia para las generaciones venideras, pero esto solo se logra con responsabilidad, sin intereses mezquinos, con voluntad real, pero sobre todo con respeto por la majestad de las instituciones como en el caso de las FFMM, patrimonio valioso legado por nuestros ancestros. Corresponde al gobierno redireccionar el rumbo, anteponiendo a sus intereses personales los propios del país, sin condenar a quienes tienen el valor de expresar su preocupación en forma leal y abierta. 

Guerra jurídica contra los militares

Editorial

LA LEGALIZACIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS ABUSOS

A la fiscalía ya deja de preocuparle la vigencia del acuerdo que firmara en 19967 con el ministerio de defensa, porque ya obtuvieron una norma de muchísima mayor jerarquía  con la consagración constitucional que se pretende hacer de sus pretensiones.

El abuso que algunos miembros de la fiscalía hacen de sus atribuciones, materializado en la maximización, agravamiento y manipulación de los cargos, como expediente para empapelar a militares, constituye una práctica común y muy frecuentemente utilizada. Este perverso subterfugio utilizado con plena conciencia de que constituye un desborde ilegal que la práctica ha permitido, ha llevado ya a demasiados inocentes a investigaciones y privación de la libertad total y absolutamente injustas.

La consagración constitucional que pretende establecer como excepción del conocimiento de la Justicia Penal Militar de algunas conductas delictivas, no es más que la legalización de estos abusos que elementos de la fiscalía han venido haciendo desde tiempo atrás; los crímenes que se proyecta excluir son los que, sin corresponder y como estrategia siniestra, ordinariamente se atribuyen casi todos los militares que son investigados por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía.

Esta maniobra ha avanzado, y cada día cobra mayor impulso, gracias a la inadvertida concientización de la opinión, la que terminó convencida de que las operaciones militares han sido la máscara para tapar conductas criminales y nadie, por ello, se atreve a cuestionar estas acciones, que asumen una apariencia de legalidad; a la consolidación de la artimaña, contribuye también la poca o nula oposición de quienes conocen la falsedad de estas premisas y por comodidad, temor o necesidad, callan y permiten que estas prácticas y las teorías que las soportan, hagan carrera, independientemente de su inaceptable injusticia y del perjuicio que han generado a las Fuerzas Militares y Policía y al país, que pareciera paralizado o indolente.

La persecución de los culpables, que los hay, no puede llevar al abandono de los inocentes en manos de un cuerpo de investigadores cargado de intenciones de diferente índole, en donde bajo el mismo parapeto se escudan, entre otros, fines ideológicos, políticos o de venganza, junto con  consideraciones de conveniencia, de aplauso, promoción o premio.

La desprotección de los militares investigados de hoy y de ayer, alcanzará su más alto nivel cuando el Congreso apruebe el proyecto de Fuero Militar que hace trámite allí. La Constitución, entonces, garantizará a quienes desde la Fiscalía persiguen fines políticos para paralizar, definitivamente, las operaciones militares contra los grupos terroristas. Quienes se llamen a engaño y sigan creyendo en la bondad del proyecto, mañana serán sus víctimas o los testigos  del descalabro, pero su lamento será tardío y sin posibilidad de dar marcha atrás para revertir el desorden.

Centro Colombiano de Pensamiento Político-militar