LAS INJUSTICIAS CONTRA LAS FUERZAS MILITARES

La justicia en Colombia está en un impasse

Por Eduardo Mackenzie

22 de septiembre de 2011

La justicia en Colombia está en un impasse. Ninguno de sus problemas graves se resolverá realmente hasta que los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá absuelvan, con todas las de la ley, al Coronel Alfonso Plazas Vega.

El TSB lo debe declarar inocente pues al hacerlo le dará de nuevo vida, y un impulso considerable, al debido proceso en Colombia, el cual ha sido pisoteado y abolido de hecho por el mal ejemplo que se desprende de ese proceso-montaje.

Con su absolución, el TSB podrá destapar los horrores que cometieron la fiscal Buitrago y la juez Jara. Esos horrores, si el sistema judicial no los repudia con franqueza y con entereza de carácter, abordando no un punto o dos del mismo sino todos los que constituyeron ese engendro, seguirán alentando a otros operadores venales a seguir en eso. Toda la justicia terminará devorada por esos demonios. Pues ese proceso es un modelo que quiere penetrar todo el cuerpo judicial colombiano. Es un cáncer que amenaza todo el edificio.

En el proceso del coronel Plazas no sólo hubo un ataque ilegal contra la dignidad de un hombre inocente, héroe de Colombia,  que no ha cometido delito alguno. Hubo también un ataque frontal contra las Fuerzas Armadas y contra la tradicional juridicidad colombiana, de la cual millones de colombianos vivíamos orgullosos.

En ese proceso no sólo hubo dos falsos testimonios acusadores (T. Sáenz y R. Gamez), sino que un tercer actor, que fue mostrado como el principal testigo de cargo (E. Villamizar), resultó ser inexistente: un impostor sin nombre substituyó la palabra y la presencia de un hombre real y todo bajo la complicidad de la fiscal. Y algo más: un ex secuestrador del M-19 (R. Guarín) orientaba a su antojo la investigación y alimentaba a la prensa con falsas noticias.

Peor: en ese proceso ocurrió algo mucho más insólito, que produce escalofríos a quien lo descubre por primera vez: 27 cadáveres fueron refundidos, escondidos, escamoteados en circuitos laberínticos de tres instituciones nacionales, durante 25 años, con la venia de la Fiscalía, para que un triste “colectivo de abogados” pudiera fabricar la leyenda de los “11 desaparecidos del Palacio de Justicia”, en desprecio total de la verdad procesal y burlándose miserablemente, durante todo ese tiempo, hasta hoy, de las familias de esas víctimas del terrorismo del M-19.  Pues había que fabricar esa grotesca leyenda para poder inculpar al coronel Plazas, al general Arias Cabrales y a  nueve militares más.

¿Cómo Colombia podrá seguir su camino sin un restablecimiento pleno de la verdad y de la justicia? ¿Sin que la mancha que deja esa farsa procesal, digna de las peores dictaduras, sea lavada? ¿Qué respeto podrán tener los colombianos de la justicia si ésta se agacha y, por cobardía ante los violentos que montaron y sostienen ese complot, deja  que éste, mediante una sentencia inicua, haga tránsito a cosa juzgada?

¿Cómo Colombia puede seguir creyendo que es una nación libre si el poder judicial, una parte de la clase política y los medios de información más prestigiosos, se dejan imponer semejantes  manipulaciones?

Hay que saludar el enorme servicio que el Coronel Plazas le sigue prestando al país. A pesar de estar detenido, y bajo una presión psicológica bestial, el no ha dejado un minuto de luchar y de resistir contra la arbitrariedad. Gracias a él, a su examen crítico constante del expediente, a los excelentes libros que ha escrito sobre el tema, y gracias a su abogado Jaime Granados, y a un puñado de periodistas independientes, dentro del cual se destaca Ricardo Puentes Melo, la verdad ha salido a flote. Gracias a ellos ahora conocemos muchos detalles de cómo fue lanzado y estabilizado ese montaje. Hoy está al alcance del público conocer la relojería más íntima de esa farsa judicial. El país quiere ir más lejos y conocer cada uno de los engranajes de ese asunto y lo sabrá un día. Cuando los intrigantes escogieron al coronel Plazas para cobrarle su combate por la democracia no sabían que el terminaría desnudándolos y mostrando las sofisticadas técnicas que ellos usan para intoxicar a la opinión y a los gobiernos. ¿Por eso fue que trataron de callarlo definitivamente cuando la fiscal Buitrago lo sacó violentamente de un hospital para inyectarle una substancia misteriosa y enviarlo ilegalmente a La Picota? 

El ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra debería enterarse de estas cosas y  tomar cartas en el asunto. El no puede darle la espalda a lo que ha pasado y a lo que está pasando.

Colombia no puede seguir viviendo en la mentira. No puede seguir  creyendo las falsas explicaciones. ¿Qué sabemos de la masacre de las bananeras de 1928, del 9 de abril de 1948, de la terrible explosión de Cali en 1956, del asesinato de José Raquel Mercado en 1976, del asalto y destrucción del palacio de justicia en 1985? Muy poco o nada. Pues ante esos terribles eventos, ante la falta de investigaciones eficientes, siempre la patraña logró imponerse sobre la verdad, siempre una mistificación inventada por la minoría asesina, trató de robarle al país la verdad.

¿No dijeron acaso que la masacre de las bananeras había sido el Gobierno, que el 9 de abril fue el Gobierno (y el “imperialismo”), que a José Raquel Mercado lo asesinó “el pueblo” pues no se “pronunció” para que sus verdugos lo perdonaran? ¿No dijeron que el culpable del palacio de justicia fue el Gobierno por haberle “incumplido” al M-19? Y seguimos en eso.

O seguíamos, pues gracias al proceso del Coronel Plazas y a la tenacidad de unos pocos, es decir a una sociedad civil que se cansó de tragar embustes, la falacia que el terrorismo inventó para culpar al Gobierno y vengarse de los militares y  para evitarle la cárcel a los autores intelectuales de ese abrumador golpe a la democracia, se ha venido al suelo.

Fue muy reveladora la reacción de Alfredo Molano ante la carta firmada por 30 personalidades que preguntan por qué el coronel Plazas sigue en prisión. Con su vulgaridad habitual, Molano dijo que  “los cacaos” querían impresionar a la justicia. ¿Los “cacaos”? ¿Sabe el lector qué es eso? En el lenguaje de los leninistas, “cacao” quiere decir “enemigo del pueblo”, es decir gente fusilable en cualquier momento y sin pretexto. Esa es la visión y ese es el lenguaje cifrado que utilizan algunos, veinte años después del fin de la guerra fría, para tratar a sus “enemigos de clase”.

LA LEYENDA DE MARQUETALIA

Sobre la leyenda de Marquetalia

Por Eduardo Mackenzie

7 de junio de 2011

Casi todos los años, hacia mediados de mayo,  la prensa de Bogotá repite de manera rutinaria los gazapos de siempre sobre Marquetalia: que allí fue donde “nacieron” las Farc, que allí “50 campesinos se  alzaron contra el gobierno de Guillermo León Valencia”, que allí fue “derrotado” el Ejército, que allí surgió la guerrilla “más fuerte” de Latinoamérica, etc.  Ese mito, fabricado por la propaganda  mamerta, tiene la piel dura por una razón: porque los historiadores y los periodistas, quienes deberían ser serios y sentirse obligados a investigar para poder contar lo que allí ocurrió realmente, se contentan con tragar entero las imposturas fabricadas por gente que se burló siempre de la verdad.

Este 28 de mayo, en efecto, Jineth Bedoya Lima, célebre reportera de El Tiempo,  fina conocedora del tema de las Farc  y de las otras bandas ilegales del país, firmó un buen reportaje sobre los esfuerzos del Ejército colombiano para retirar las minas antipersonas con las que las Farc han sembrado la región de Marquetalia. Sin embargo, en ese texto interesante y bien intencionado volvieron a  aparecer los curiosos clichés de marras: que hace 47 años Marquetalia era “una hacienda”  y que  allí  “50 campesinos se alzaron contra el gobierno de Guillermo León Valencia”.

El embuchado fue rematado con el dudoso “testimonio” de un “viejo del pueblo” de  Planadas quien le dió a la periodista, como si nada, y sin que ésta se percatara de la manipulación, dos datos adicionales mentiroso. El “viejo” afirma, por ejemplo, que “el 29 de diciembre de 1964 empezó la histórica operación Marquetalia” y que  allí "el Ejército perdió la batalla y se engendraron (sic) las Farc".

Falso. El Ejército no perdió allí ninguna batalla. Todo lo contrario: del 17 de mayo al 15 de junio de 1964 (nada que ver con diciembre),  el  Ejército desalojó, en brillante acción, las huestes atrincheradas de Isauro Yosa y “Tirofijo”, tras evitar la trampa que éstos, siguiendo el modelo indochino,  habían preparado para masacrar la tropa.  Tras los tropiezos iniciales, debidos más a la geografía que a otra cosa, los militares ingresaron a la tupida zona, pusieron fuera de combate a 35 guerrilleros, capturaron a otros 54, liberaron  la población del yugo terrorista y  se apoderaron de la documentación del grupo armado. Desde el primer empuje de los militares, el astuto “Tirofijo” huyó con una escolta de 48 guerrilleros, hacia un enclave secreto en la región de Guayabero. Los otros escaparon por un sendero hacia el enclave de Riochiquito, donde tratarán de hacerle frente al Ejército sin ningún éxito pues serán  desalojados de allí en septiembre del mismo año.  

Las Farc  no “se engendraron”  en Marquetalia. Esa organización, como estructura militar con una orientación ofensiva bien precisa, ya existía en esa fecha, aunque sin nombre, y estaba consolidando varios frentes en torno de un epicentro,  bajo el control del Partido Comunista, el ojo de Moscú en Colombia. La proclamación de la tenebrosa sigla no había sido hecha, como pensaban hacerlo, pues el rápido asalto del Ejército no les dio tiempo. 

Las Farc fueron una de las creaciones típicas de la URSS para llevar su  Guerra Fría al continente. Pese a ello, y al apoyo material de Cuba, esa guerrilla no fue una de  las más exitosas de Latinoamérica, como algunos predican, pues nunca lograron conquistar el poder (como sí lo hicieron dos guerrillas comunistas del continente). Ni siquiera fueron capaces de conquistar, de manera durable, un sólo kilómetro del suelo colombiano.

Planadas tampoco fue el lugar donde  se formó la primera guerrilla comunista colombiana. Ese lugar fue Viotá, epicentro de la llamada “república independiente del Tequendama”, donde los vieiristas, con la ayuda de Víctor J. Merchán, erigieron su primera escuela de guerrillas, en las barbas mismas de las autoridades, quienes no tenían claro  qué tipo de adversario tenían en frente.

Marquetalia no era una “hacienda” con inocentes labriegos, como pretende la leyenda. Era una meseta, epicentro  de una amplia región llamada Gaitania. El verdadero nombre de ese punto era El Támaro. Quien se inventó el apelativo de “Marquetalia” fue  el guerrillero comunista  Jacobo Prías Alape, alias “Charro Negro”, quien en 1955 le dio ese nombre para rendir homenaje al sindicalista Manuel Marulanda Vélez, el verdadero, no el que después transformó ese nombre en apodo para tratar de quitarse de encima el remoquete de “Tirofijo”.  La etiqueta “Marquetalia” no tiene que ver con la trayectoria de Pedro Antonio Marín.  Este, en enero de 1960, tras la muerte de “Charro Negro”, adoptó  el nombre de “Manuel Marulanda Vélez” .

La región de Gaitanía tenía otro nombre pero fue bautizada así por  Fermín Charry Rincón, un activista  y guerrillero comunista. En 1949,  él se apoderó de ese paraje de difícil acceso para crear la “república independiente de Gaitania”.  Ese lugar dispone de  corredores naturales  hacia Caquetá y Cundinamarca  y limita con cuatro departamentos (Huila, Tolima, Valle del Cauca y Cauca).

Por su carácter estratégico, aislado e inhóspito,  esa región se convirtió en zona de repliegue de bandoleros. Isauro Yosa,  “Charro Negro” (el jefe de Tirofijo)  y Ciro Trujillo, derrotados  en otros departamentos,  se ocultaron y  refugiaron allá, sobre todo desde 1959.  Meses después,  esas bandas se dieron a la tarea de reforzar sus instalaciones: cavaron  túneles  y trincheras y erigieron un bastión que pensaban sería inexpugnable, desde donde lanzaron sus “comisiones”, es decir sus bárbaras expediciones contra los campesinos y los notables de la región para  ponerlos bajo sus órdenes. A ese lugar fueron a dar las huestes errantes de cuatro enclaves armados: Planadas, Rionegro, La Herrera y Miraflores. Por eso, desde 1962, el Ejército había llegado a la amplia región de Gaitania para pacificarla.

Las primeras repúblicas independientes, unas liberales y otras comunistas, aparecieron  durante el gobierno de Laureano Gómez y se extendieron desde entonces, hasta que Jules Dubois, un periodista norteamericano, dió cuenta del fenómeno en el Chicago Tribune, el 20 de noviembre de 1961. Fue a raíz de eso que Álvaro Gómez Hurtado, diez días más tarde, expuso la cuestión ante el Senado colombiano.  En ese momento ya había once “repúblicas independientes”. 

La táctica de los comunistas en esos enclaves fue muy hábil: permitir la coexistencia de grupos adversos para asimilarlos. Los campesinos liberales y conservadores podrían recibir protección de los comunistas bajo tres condiciones: respetar a sus protectores, no hacer proselitismo y asistir, obviamente, a reuniones de adoctrinamiento a cargo de expertos. De ese experimento salió una fauna política de nuevo tipo. En ciertas zonas  apareció gente que se decía “liberal-comunista”, así como “conservador-comunista”, “católico-comunista” o “protestante-comunista”. El país  ha  olvidado eso.

Ello explica, sin embargo,  la aparición de una alianza de las extremas (MRL, comunistas y hasta una fracción disidente laureanista) que se opuso al pacto del Frente Nacional de 1957 el cual abrió  una salida constitucional al problema de quien sería el presidente de la República en 1962. Para los coaligados era impensable otra solución que no fuera de hecho o violenta. Empero,  serán aislados y derrotados gracias a la popularidad del Frente Nacional y su sistema de  alternancia y de paridad política.

Comentario:

Buenas  tardes:

Que  interesante  tratar  estos  temas  que  además  de  históricos,  hacen  evocar  épocas  pasadas  de  nuestras  vidas  en la  carrera  de  las  armas. Para  conocimiento  de  todos  ustedes,  si  es  que  no  lo  recuerdan, la  primera  Operación  Militar  en  la  Zona  de GAITANIA,  la  cumplió en  Batallón  de  Artillería  N° 6 Tenerife, creo  en  1962,    planeada  y  dirigida  por  el  señor  Teniente  Coronel JAIME  SARMIENTO (q.e.p.d.) ,  a  la  cual  se  denominó “Penetración”   que  tenía  como  finalidad  atacar  a  un  grupo  de las  guerrillas  Comunistas,  en  dos  columnas,  cada  una  por  una  margen  del  río Ata. Me  correspondió  por  suerte  la  menos  comprometida  y  al Teniente BONILLA  RUIZ  EDUARDO la margen  que  defendía  el  Sargento  PASCUAS,  quien  con  un  disparo certero  terminó  con  la  vida  del  Joven  oficial unas  pocas  horas  después de   haber  iniciado. Si  la  memoria  no  me  falla  salimos  a  las  03:00  y  el  ataque  fue  como  a  las  06:00 Hs. Sel  señor  Teniente HECTOR  CORREDOR  continuó  con  la  patrulla.  La  tarea   se  completó  y  llegamos  hasta  San  Miguel  ,  lugar  donde permanecimos creo  dos  semanas  y  donde  fuimos  hostigados   en  diferentes  momentos  por  estos  bandidos.  Nunca  olvido el  rescate  de  dos  heridos  hecho  por  el  hoy  señor  General ® MANUEL JAIME  FORERO  QUIÑONEZ  en  un  helicóptero  de  Burbuja el  cual  milagrosamente  logró  tomar  altura luego  de iniciar  el  vuelo  en  condiciones   bastante  difíciles..

Qué  pena,  pero  hay  escritos  que  nos  remueven  el  fondo  del  alma… y  por  eso  escribo  estas  notas… que  espero  hayan  sido  evocación  para  algunos  compañeros.

 Feliz  tarde

CR ALVARO BONILLA LOPEZ

La Opinión del día

La condena al General Jesús Armando Arias Cabrales es una

“ HIJUEPUTADA”

Coronel (RA) Gustavo Laino Moreno.

Cuando el Ejército Nacional rendía el homenaje  póstumo a un gran Soldado, al General  Luis Humberto Correa Castañeda en nuestra Escuela Militar de Cadetes, varios militares recibíamos la noticia de la condena a treinta y cinco años de prisión al integérrimo General Jesús Armando Arias Cabrales y al unísono se escuchó que esa decisión era una    "hijueputada".

Hijueputada es una palabra que no existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pero en el léxico inelegante militar se conoce como: algo incorrecto o inaceptable.

Todo proceso penal no es más que una controversia, donde por una parte la Fiscalía acusa  previa investigación pues le compete la carga de la prueba, otra parte llamada la Defensa que se enfrenta a la acusación,  y finalmente está la función de juzgamiento que la hace un Juez, pero en todo el proceso el inculpado espera que haya total imparcialidad, tanto en la etapa inicial de la Fiscalía, como en el neutral  juzgamiento.

En el caso del intachable General Arias Cabrales, la hijueputada existe desde el primer momento donde se le sindica por ser el  Comandante de las tropas que lograron salvar la democracia en los luctuosos hechos del Palacio de Justicia, acaecidos los días 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando la Empresa Criminal  M-19, asaltando a sangre y fuego el templo de la justicia colombiana, pretendió tomar el control del Estado, previo juicio al Presidente de la República, intento de Golpe de Estado que se abortó por la intervención de las diferentes fuerzas legales del Estado, que a pesar de su reacción descoordinada, neutralizó la demencial empresa.

Es una hijueputada todo el proceso porque ni la Fiscalía, ni la Juez aceptaron un sinnúmero de pruebas necesarias para demostrar la inocencia del General y creen erróneamente que hace 25 años existían medios técnicos como internet, celulares etc, para coordinar una operación de tal magnitud y no vetustos radios que normalmente estaban fuera de servicio por la falta de tecnología adecuada, por lo que era imposible mantener el mando y control, con pequeñas unidades, inclusive a pocos metros.

Una hijueputada, porque no existe ningún testimonio que inculpe al General Arias Cabrales, que lo relacione con cualquier delito, ni siquiera que lo refiera con la desaparición de personas, contraviniendo lo que dice la sentencia y se desconoce injustamente testimonios que reconocen el profesionalismo del oficial, en todo momento procurando la recuperación de civiles y de los honorables Magistrados secuestrados y asesinados por el M-19.

Nadie concibe que se ignore, que si hay desaparecidos, lo que no se concibe es  lo que pudo suceder, que fue la calcinación total de las víctimas, cuyos residuos se perdieron por acción de las llamas, las altas temperaturas  y o por la intervención posterior de bomberos y aseadores, que sin acatar normas modernas de preservación de la escena, removieron, limpiaron, recogieron restos humanos que fueron botados como basura sin intervención de ningún ente investigador.

Es una hijueputada que no acepten ni la Fiscalía ni la Juez,  que los requerimientos de la defensa son tan contundentes que echarían por tierra punto por punto de la sentencia.

Hoy la sentencia a treinta y cinco años proferida, no es más que una cadena perpetua para un señor de 75 años de edad, que a pesar de la indefectible inocencia que resultará en el fallo a la Apelación, no deja de ser una hijueputada, el que se haya condenado a un inocente y a los integrantes de la Empresa criminal M-19 se les considere honorables y hasta presidenciables y nadie los juzgue a pesar de la calificación posterior de los hechos como delitos de Lesa Humanidad.

A más de lo anterior, es una hijueputada aplicar delitos que a la época de los hechos no existían; recordemos que internacionalmente se habló de desaparición forzada en el 06/09/1994; y en Colombia hasta el año 2000; entonces a que juega la rama judicial del poder público?, muy seguramente:  a condenar a nuestros héroes, por el solo hecho de ser militares.

¿QUÉ HAY DETRÁS DE LAS CONDENAS?

Por Brigadier General (r) Adolfo Clavijo

Ante las condenas al Coronel Plazas (30 años) y ahora al General Arias (35 años), surge la pregunta de qué hay detrás de esas penas, porque con ellas se ve que la administración de justicia sigue demostrando perfidia. Un sucinto análisis a la forma en que se viene administrando la justicia en el caso del Holocausto del Palacio de Justicia demuestra que tanto en los procesos como en los fallos están terciando unos intereses de carácter ideológico y económico que vienen alcanzando sus mezquinas metas con base en el trabajo político que despliegan los que buscan sacarle provecho al caso.

Como se sabe, el Ejército hizo fracasar el golpe terrorista del 6 y 7 de noviembre de 1985, el cual tenía fines políticos y meollo ideológico. Frente a la acción del Ejército, que era la que le correspondía, ¿tiene alguna explicación el que, a través de la justicia, se les pase a los oficiales que actuaron una cuenta de cobro, veinticinco años después? Esa factura es el producto de que al proceso le mezclaron presiones e infiltraciones de tipo político con el fin de obtener las dádivas ideológicas y económicas que están dando los resultados planeados. Lo triste es que los administradores de la justicia les hayan hecho eco a esas coacciones y hayan permitido que los procesos y fallos contra los oficiales estén politizados. A la toma del Palacio, a pesar de ser un clásico acto terrorista, se le dio un manejo –político- que terminó brindándoles las mieles de la política a los agresores, gesto que no implicaba necesariamente que a los defensores se les traspasara la culpa de lo ocurrido, pero, lamentablemente, así se hizo. Esta fue una jugada sórdida pero magistral para quienes lograron politizar la justicia con el fin de lograr las condenas que surten sus intereses.

En el mismo proceso del Palacio de Justicia el interés ideológico entró en escena con dos actos. En el primer acto, con la revancha inmisericorde que el comunismo internacional, empleando la administración de justicia, pone siempre en juego contra quienes frustran sus empeños de hacerse al poder de una nación; el precio que cobran en estos dos casos que nos ocupan es alto en castigos judiciales (30 y 35 años, cuando a criminales terroristas se les imponen penas irrisorias). En el segundo acto, con la injuriosa tarea de minar la credibilidad oficial para mantener vigente la opción de un gobierno comunista, que sería eterno como todos los de este tenor. Esta tarea requiere aprovechar todas las oportunidades habidas y por haber para descalificar la institucionalidad y dejar en mente la posibilidad de que entren a gobernar fuerzas radicales. Para este efecto, nada mejor que meter entre las cuerdas de la justicia y el desprestigio a quienes conducen las acciones y reacciones gubernamentales. Estos dos puntos demuestran que en el caso del Palacio de Justicia el interés ideológico buscó y logró inclinar la balanza de la justicia hacia el lado que les conviene a los que quieren deshacerse de la democracia. Se concluye, entonces, que detrás de las condenas está la ambición de poder de ideología marxista, o algo parecido.

Ahora el interés económico. Las demandas contra militares buscan condenas que les abran las puertas a grandes indemnizaciones que lucran a ONG y a colectivos de abogados y, de paso, a reales o hipotéticos familiares de las presuntas víctimas. La inversión para el logro de la indemnización contempla toda forma posible de presión y coacción contra la administración de justicia; se hacen habituales las marchas y manifestaciones ante las sedes de la justicia para “reclamar justicia”, mientras los abogados les hacen la cacería a los reporteros para salir al aire a esgrimir argumentos falaces con los que se pueda distorsionar el pensamiento de la opinión pública. Con los fallos de primera instancia contra el Coronel Plazas y el General Arias el interés económico va ganando la partida pues, al haber condena, hay pago. Aquí se concluye que detrás de las condenas reina la voracidad económica de algunas organizaciones.

Y, ¿qué más hay detrás de las condenas? Una administración de justicia que deja todo por desear. Lo más seguro es que las falencias no están en la letra de los manuales de procedimiento y reglamentos ni en la normatividad en general (que si bien les cabe reformas, éstas no solucionarían el grave problema por el que atraviesa la justicia colombiana) sino en las actitudes y conductas que inciden en las actuaciones de los funcionarios que administran la justicia (magistrados, jueces, fiscales y otros; no todos, por supuesto). Las condenas a los oficiales citados y el desarrollo de los otros procesos que están en curso dejan ver que gran parte de las decisiones jurídicas están influenciadas por organizaciones y personas que manipulan los intereses ideológicos y económicos que acompañan los juicios a los militares. De ahí que, si en los procesos del Holocausto la justicia se tuerce es porque quienes tienen la facultad de manejarla lo hacen con falsedad, parcialidad, prevención, prejuicio. Incurren en lo que podrían llamarse los “falsos positivos de la justicia”, que se traduce, como en los otros falsos positivos, en convertir a alguien en víctima para cobrar o usufructuar dividendos.

Bogotá, D.C. mayo de 2011    

La Opinión de la Semana

¿QUÉ HAY DETRÁS DE LAS CONDENAS?

Por Brigadier General (r) Adolfo Clavijo

Ante las condenas al Coronel Plazas (30 años) y ahora al General Arias (35 años), surge la pregunta de qué hay detrás de esas penas, porque con ellas se ve que la administración de justicia sigue demostrando perfidia. Un sucinto análisis a la forma en que se viene administrando la justicia en el caso del Holocausto del Palacio de Justicia demuestra que tanto en los procesos como en los fallos están terciando unos intereses de carácter ideológico y económico que vienen alcanzando sus mezquinas metas con base en el trabajo político que despliegan los que buscan sacarle provecho al caso.

Como se sabe, el Ejército hizo fracasar el golpe terrorista del 6 y 7 de noviembre de 1985, el cual tenía fines políticos y meollo ideológico. Frente a la acción del Ejército, que era la que le correspondía, ¿tiene alguna explicación el que, a través de la justicia, se les pase a los oficiales que actuaron una cuenta de cobro, veinticinco años después? Esa factura es el producto de que al proceso le mezclaron presiones e infiltraciones de tipo político con el fin de obtener las dádivas ideológicas y económicas que están dando los resultados planeados. Lo triste es que los administradores de la justicia les hayan hecho eco a esas coacciones y hayan permitido que los procesos y fallos contra los oficiales estén politizados. A la toma del Palacio, a pesar de ser un clásico acto terrorista, se le dio un manejo –político- que terminó brindándoles las mieles de la política a los agresores, gesto que no implicaba necesariamente que a los defensores se les traspasara la culpa de lo ocurrido, pero, lamentablemente, así se hizo. Esta fue una jugada sórdida pero magistral para quienes lograron politizar la justicia con el fin de lograr las condenas que surten sus intereses.

En el mismo proceso del Palacio de Justicia el interés ideológico entró en escena con dos actos. En el primer acto, con la revancha inmisericorde que el comunismo internacional, empleando la administración de justicia, pone siempre en juego contra quienes frustran sus empeños de hacerse al poder de una nación; el precio que cobran en estos dos casos que nos ocupan es alto en castigos judiciales (30 y 35 años, cuando a criminales terroristas se les imponen penas irrisorias). En el segundo acto, con la injuriosa tarea de minar la credibilidad oficial para mantener vigente la opción de un gobierno comunista, que sería eterno como todos los de este tenor. Esta tarea requiere aprovechar todas las oportunidades habidas y por haber para descalificar la institucionalidad y dejar en mente la posibilidad de que entren a gobernar fuerzas radicales. Para este efecto, nada mejor que meter entre las cuerdas de la justicia y el desprestigio a quienes conducen las acciones y reacciones gubernamentales. Estos dos puntos demuestran que en el caso del Palacio de Justicia el interés ideológico buscó y logró inclinar la balanza de la justicia hacia el lado que les conviene a los que quieren deshacerse de la democracia. Se concluye, entonces, que detrás de las condenas está la ambición de poder de ideología marxista, o algo parecido.

Ahora el interés económico. Las demandas contra militares buscan condenas que les abran las puertas a grandes indemnizaciones que lucran a ONG y a colectivos de abogados y, de paso, a reales o hipotéticos familiares de las presuntas víctimas. La inversión para el logro de la indemnización contempla toda forma posible de presión y coacción contra la administración de justicia; se hacen habituales las marchas y manifestaciones ante las sedes de la justicia para “reclamar justicia”, mientras los abogados les hacen la cacería a los reporteros para salir al aire a esgrimir argumentos falaces con los que se pueda distorsionar el pensamiento de la opinión pública. Con los fallos de primera instancia contra el Coronel Plazas y el General Arias el interés económico va ganando la partida pues, al haber condena, hay pago. Aquí se concluye que detrás de las condenas reina la voracidad económica de algunas organizaciones.

Y, ¿qué más hay detrás de las condenas? Una administración de justicia que deja todo por desear. Lo más seguro es que las falencias no están en la letra de los manuales de procedimiento y reglamentos ni en la normatividad en general (que si bien les cabe reformas, éstas no solucionarían el grave problema por el que atraviesa la justicia colombiana) sino en las actitudes y conductas que inciden en las actuaciones de los funcionarios que administran la justicia (magistrados, jueces, fiscales y otros; no todos, por supuesto). Las condenas a los oficiales citados y el desarrollo de los otros procesos que están en curso dejan ver que gran parte de las decisiones jurídicas están influenciadas por organizaciones y personas que manipulan los intereses ideológicos y económicos que acompañan los juicios a los militares. De ahí que, si en los procesos del Holocausto la justicia se tuerce es porque quienes tienen la facultad de manejarla lo hacen con falsedad, parcialidad, prevención, prejuicio. Incurren en lo que podrían llamarse los “falsos positivos de la justicia”, que se traduce, como en los otros falsos positivos, en convertir a alguien en víctima para cobrar o usufructuar dividendos.

Bogotá, D.C. mayo de 2011    

La Opinión de la Semana

Otro duro golpe al Ejército Nacional.

La  inmerecida y desafortunada baja del General Gustavo Matamoros Camacho

Por: Centro Colombiano de Pensamiento Político Militar

Todo fue bien preparado. Sucedió el miércoles 20 de abril de 2011 a las 5 PM, cuando  el pueblo colombiano estaba de viaje por Semana Santa y todo el Ejército se encontraba desplegado en los trabajos de Seguridad y de apoyo a los afectados por la ola invernal. Por la mañana el Almirante Edgar Cely salió a los medios de comunicación a decir que en las Fuerzas Militares todo era paz, armonía, comprensión, solidaridad; por la tarde se confirmó lo que se comentaba en los pasillos y en algunos medios de comunicación: "Hay fractura en la cúpula militar".

Estos rumores fueron confirmados por los subsiguientes acontecimientos. El día miércoles 20 de Abril en las horas de la tarde, Almirante Cely llamó al General Matamoros,   para insinuarle que pidiera la baja, el General Matamoros se negó rotundamente, por lo cual fue llamado a “calificar servicios” de acuerdo a la facultad discrecional del gobierno. Un hecho de extrema gravedad por las implicaciones que esto tiene, particularmente al interior de las filas de Ejército Nacional, no se concibe bajo ningún punto de vista el tratamiento dado al segundo al mando de las Fuerzas Militares, sin la más mínima consideración y sin tener en cuenta las consecuencias que esto traerá para la moral de las tropas.  No se concibe que el Ministro de la Defensa Nacional no haya intervenido oportunamente para evitar este agravio o por lo menos haber oído al General Matamoros,  para luego tomar una determinación de esta dimensión; pero sí muy orondo al día siguiente en rueda de prensa, nombró a su reemplazo como si se tratara de un relevo rutinario de un mando medio. 

Lo cierto es que el General Matamoros, había presentado varias diferencias con el Comandante General, sobre temas conceptuales y de fondo, relacionadas con el Fuero Militar, La Justicia Penal Militar, el Fuero carcelario, los Comandos Conjuntos, compras de equipamiento militar y otros temas de alta importancia estratégica, particularmente para el Ejercito, por ser la Fuerza que está afrontando en un 90% los más duros embates de sus enemigos. Indudablemente Matamoros se convirtió en la piedra en el zapato, por oponerse  a la política de apaciguamiento y total abnegación ante los desafueros cometidos contra el Ejército  en los últimos años. No dudamos de las excelentes condiciones y virtudes de Almirante Cely, pero no compartimos su falta de flexibilidad y manejo de un equipo tan importante como es el Comando General.

El señor Presidente de la Republica en uso de sus atribuciones, nombró como Comandante General de las Fuerzas Militares al señor Almirante Cely, incluso años atrás,  había sido ejercido este cargo por el señor Almirante Holdan Delgado, quien efectuó un manejo prudente y cordial sin contratiempos; pero esto no quiere decir que esta decisión haya sido correcta y doctrinaria. No compartimos que una Fuerza como la del Ejército Nacional con más de 220.000 hombres, sea comandada por un marino que es experto en operaciones marítimas. Es como si se nombrara de Comandante de  la Flota Naval del Atlántico o de Comandante de la Armada, por el solo hecho de tener algunas tropas del Ejército,  a un General experto en operaciones terrestres. Si hablamos doctrinariamente y teniendo en cuenta la organización de los Comandos Conjuntos, que es el caso del Comando General, “dice que esta organización, deberá tener como Comandante a un miembro de la Fuerza que tenga el mayor componente”, y esto tiene su lógica desde donde se mire.  Todas las Fuerzas Militares del mundo siguen esta doctrina, no por capricho sino por norma organizacional, lo contrario será la improvisación por inexperiencia.

Respetamos y reconocemos la importancia de nuestra Armada Nacional, en los mares y ríos de nuestra patria, así como los decisivos y valiosos aportes de la Fuerza Aérea Colombiana, que sin su aporte hubiere sido imposible obtener los éxitos en las más importantes operaciones de los últimos tiempos.

Lamentamos profundamente la baja del General Matamoros. Un hombre íntegro, serio, inteligente que por divergencias conceptuales salió de baja con honor como corresponde a los Generales que defienden la Institución. El maltrato sufrido a un General de cuatro soles al darlo de baja en la forma como lo hicieron, es el fiel reflejo de cómo están maltratando al Ejército Nacional.

En este desafortunado hecho perdió el Ejército, perdió la Armada, perdió el Almirante Cely y perdió el país, así traten de minimizar el hecho. Los que deben estar celebrando en estos momentos por esta desafortunada baja del General Matamoros,  son los terroristas de las FARC y los enemigos solapados en las instituciones.

Bogotá, 21 de abril de 2011

CENTRO DE PENSAMIENTO ESTRATEGICO POLITICO MILITAR

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La Opinión de la Semana

Carta al Comandante del Ejército Nacional

Por: General Héctor Fabio Velasco Chávez – Presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes.

Bogotá, 14 de abril de 2011

Señor General

ALEJANDRO NAVAS RAMOS

Comandante del Ejército Nacional

Ciudad

Distinguido General Navas:

 Los Generales y Almirantes de la Reserva Activa integrantes del Cuerpo, intensamente dolidos por las infames y abyectas actitudes de algunos medios de comunicación, que haciendo juego, consciente o inconscientemente, en una guerra política mediática contra las Fuerzas Militares, desde hace algún tiempo han convertido a los miembros de las mismas, y especialmente a los integrantes de la noble arma que usted comanda, en objeto de difamatorias acusaciones que lesionan el ánimo de nuestros soldados, que entre tanto arriesgan y hasta entregan su propia vida en pro de la recuperación del orden interno, a la protección de la vida y bienes de nuestros campesinos, y luchando por la preservación de nuestra soberanía

Este tipo de periodismo, que dista mucho de la objetividad y ética que debe distinguir al comunicador profesional, sirve a innobles e ingratas pretensiones de anárquicos enemigos de la democracia o de ambiciosos políticos que en una actitud carente de gallardía y buen talante, y en busca de réditos electoreros, se aprovechan de errores o del reprochable y condenable proceder de algunos desleales y traidores miembros de la Institución, que abandonaron principios y enseñanzas inculcadas en los institutos castrenses o en los cuarteles.

Señor General, reconocemos, aplaudimos y respaldamos su valiente, gallarda y caballerosa defensa del Ejército que comanda, con ocasión de perversas e imprecisas imputaciones hechas a la Institución en relación con anomalías injustificables detectadas hace algunos meses en la Cárcel Militar de Tolemaida, que han generado hasta amenazas con decisiones gubernamentales que violarían flagrantemente nuestra Carta Magna.

Pero qué diferente ha sido la actitud de dichos críticos cuando se trata de juzgar a algunos militantes de partidos políticos o miembros del Congreso de la República por actos igualmente reprochables… entonces nunca se ha hablado de eliminar los Partidos o las Cámaras Legislativas.

Es que las instituciones no delinquen y es craso error condenar o sancionar a las mismas por faltas o crímenes de algunos de sus hombres, y es de varones y caballeros reconocer los errores, como usted lo ha hecho señor general Navas, y disponer las acciones correctivas pertinentes, en lugar de lavarse las manos como Pilatos, o tratar de “vender el escaño”.

Señor general Navas, tiene usted el solidario y comprensivo respaldo del Cuerpo de Generales y Almirantes de la Reserva Activa en su valerosa  actitud de hacer la apologia del Ejercito de Colombia; estaremos atentos a su convocatoria para cuando y lo que requiera,… que el eco de su voz retumbe, en el empeño de salvaguardar la honra y dignidad de sus hombres, hasta en los lugares más recónditos de nuestra geografía,… actúe con la firmeza y celeridad que lo han caracterizado durante su descollada y prolifera vida profesional, y jamás olvide que el pueblo colombiano, reconocido, grato y justo, siempre ha colocado a su ejército en el PRIMER LUGAR entre la instituciones y organizaciones de la Nación, cada vez que de sondear la favorabilidad pública se trata.

Con toda atención,   

General HÉCTOR FABIO VELASCO CHÁVEZ

Presidente

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