Carta abierta de militares al Presidente de la República sobre proceso de paz en La Habana

Bogotá, D.C. Febrero 20 de 2014

Dr. JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

La Ciudad.-

Señor Presidente:

Con la más alta consideración y respeto, nos dirigimos a usted en su condición de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República, con el fin de advertir algunas realidades y peligros, que no solo son de la mayor importancia para la supervivencia de la Fuerzas Militares, sino también para la estabilidad democrática de la Nación, en el desarrollo de la transición de un eventual  fin del conflicto con las FARC.

En primer término, estamos convencidos que la mayor amenaza no está, de por si, en la dinámica de la mesa de negociaciones, pues hasta el momento es claro que se está dando cumplimiento a lo estipulado en el Acuerdo General. Sin embargo, observamos con incertidumbre y preocupación, la implementación y las leyes que se deban desarrollar  y reglamentar como resultado de la negociación, las cuales de no manejarse adecuadamente podrían ser perjudiciales para el país y sus FFMM.

Igualmente, consideramos de la mayor importancia la grave crisis por la cual está atravesando la justicia en Colombia, producto de fallos y actuaciones emanadas del poder judicial y la Fiscalía que aunque, aparentemente son en derecho ponen en riesgo la vida de miles de colombianos y la integridad de la Fuerza Pública. Su  polarización ha llegado a los niveles más altos, derivada de argumentaciones e interpretaciones político-ideológicas que han venido asumiendo jueces, magistrados y altas cortes; pero lo más absurdo y extraño, son las coincidencias con organizaciones de la extrema izquierda y de las Farc.

Sumado a esto, el Fiscal General de la Nación ha demostrado en sus actuaciones una actitud indulgente con los terroristas, configurando para ellos escenarios de justicia restaurativa, con penas alternativas y muy seguramente con renuncia a la acción penal. Mientras, mantiene una actitud radical con los militares, los cuales son objeto de una justicia retributiva en una especie de "venganza penal", de la cual dan cuenta las frecuentes órdenes de detención y la vinculación a procesos de diversa índole, todo enmarcado en el tema de violaciones de derechos humanos. La Unidad de “Análisis y Contexto”, de la Fiscalía General de la Nación, sistemáticamente viene señalando que los militares en Colombia han actuado dentro del contexto de una “empresa criminal”, por lo cual nos asisten razones para inferir, que los militares están ganando la guerra en el campo de combate, pero la están perdiendo en el campo  jurídico.

En lo que refiere a la reconstrucción de la Verdad Histórica, preocupa enormemente el enfoque del informe ¡Basta ya!, publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica. Allí se pretende mostrar que en Colombia la guerra se presentó entre actores armados, separando al actor estatal de su ligamen con la Constitución Política o sea, “un asunto entre militares e ilegales” una conclusión, bastante grave, que en el fondo tiene una repercusión jurídica y política para la institución.

También es necesario advertir que en todo este desbarajuste institucional, ha contribuido en buena parte la ligereza e irresponsabilidad de los medios, por no decir su intencionalidad, que en el afán de la “chiva” o el “rating”, ponen en peligro la credibilidad y prestigio institucional. Resulta de por demás irresponsable que se presenten inculpaciones sobre supuestos hechos, no comprobados ni debidamente investigados. Consideramos que estos escándalos ameritan mayor prudencia antes de esquilmar la institución y sus miembros. Sabemos que la libertad de prensa forma parte de la democracia, pero cuando trasgrede límites éticos pone en riesgo la seguridad nacional y ciudadana.

En el campo internacional la situación no es menos preocupante; tras efectuar un análisis comparado de diversos procesos de paz y su impacto sobre las Fuerzas Armadas, concluimos que los principales afectados, en gran parte, han sido los militares que enfrentaron a los irregulares, en cumplimiento de la Constitución, políticas y lineamientos trazados por el alto gobierno. No sería extraño, la aplicación de una justicia vengativa impulsada por la izquierda radical, apoyada en ese imaginario internacional que se ha construido sobre los militares latinoamericanos de quienes nos diferencia el contexto, pues muchos de ellos actuaron en un escenario de dictadura, mientras nosotros lo hicimos enmarcados en la democracia. Queremos señor Presidente, conocer y estar seguros de su apoyo y compromiso con los soldados en este trascendente tema.

Otra preocupación, se deriva de la intervención de las Naciones Unidas. Este organismo ha participado en diversos procesos en el mundo, aunque no en todos ha sido exitoso. Particularmente en Colombia, sus delegados se han caracterizado por tener un sesgo político y animadversión contra las Fuerzas Militares. Podrá entenderse, señor Presidente, la gran preocupación que genera que sea esta organización, en el futuro, la que participe a nombre de la comunidad internacional en la implementación del acuerdo, pues no garantiza equilibrio y neutralidad. Por lo cual debería pensarse en otros organismos o países, que ofrezcan las condiciones antes descritas.

Señor Presidente, estamos completamente de acuerdo que el objetivo de cambiar las balas por votos resulta loable y benéfico para la construcción de la paz; sin embargo, la aplicación de este razonamiento no debe verse únicamente como el fin de la violencia, sino más bien, de asegurar el futuro democrático del país.

                                                                   

Consideramos que en el actual panorama nacional existen dos debilidades sustanciales que advierten peligros para el escenario futuro. En primer lugar, la situación de los partidos políticos, hoy día debilitados, fragmentados, polarizados e incapaces de ejercer el poder que antes tenían. Colectividades que cada vez se apoyan menos en el poder de convocatoria en razón de sus ideales y más en maquinarias electorales. En la actualidad, son las organizaciones y movimientos sociales quienes están recogiendo la inconformidad ciudadana, pues hay una enorme desconfianza por la política, los partidos y sus dirigentes. Es allí, donde están ganando espacio las FARC y el ELN.

La segunda debilidad, radica en la visión misma que tienen las partes sobre el proceso. Para el gobierno, es una generosa oportunidad para que dejen las armas y se incorporen a la vida civil como partido político legal; mientras para las FARC, es una oportunidad para ajustar su estrategia, de tal manera que les permita asegurar la supervivencia y preservación el movimiento guerrillero, sin dejar de intimidar con el potencial uso de las armas que pretenden tener a su alcance hasta consolidar la toma del poder, empleando su característica combinación de las formas de lucha. Esta es la razón por la cual existe una ambigüedad entre dejación y entrega de armas. Además que su mayor gestión, actualmente la están realizando fuera de la mesa, con ayuda de aliados que están en la legalidad.  

Sea cual fuere la situación, en cualquier escenario y bajo cualquier circunstancia, no podemos olvidar que nuestros militares y policías nunca han ido a la guerra motu propio, sino bajo la dirección política y estratégica del poder civil, en cumplimiento de órdenes emanadas por gobiernos elegidos democráticamente. Por lo tanto seria no solo indigno, sino también injusto, que esas Fuerzas Armadas que han sido respetuosas de la constitución y han enfrentado el conflicto, ofreciendo la vida e integridad de miles de sus hombres, sean objeto de una venganza política e ideológica de quienes representan la majestuosidad de la justicia, o de aquellos que por gracia del favor que les confiera la sociedad colombiana, alcanzaren el poder. Es en este tema, donde mayor seguridad y tranquilidad esperan los soldados de Colombia de su gobernante.

Señor Presidente consecuente con todo lo anterior, y dada su condición de  Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia, esperamos de usted un pronunciamiento concreto sobre estas realidades y peligros que tanto nos afectan.

Cordialmente.

C. Alm. (ra) Luis Carlos Jaramillo Peña              

        Asesor del Proceso de Paz                                 

                                                                                   BG.EJC (ra) Jaime Ruiz Barrera

                                                                                        Presidente de ACORE 

MG. EJC. (ra) Víctor Álvarez Vargas              

     Asesor del proceso de Paz      

                                                                        Alm. (ra) David Rene Moreno Moreno

                                                            Presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes

MG. FAC (ra) Ricardo Rubianogroot R.          

      Asesor del Proceso de Paz         

                                                                           BG. Ponal (ra) Pablo Rojas  Flórez 

                                                               Presidente del Colegio de Generales Policía Nal.   

                                                                                                                       

Las negociaciones con las FARC en La Habana

Fecha: 7 de marzo de 2014, 12:01
Asunto: Rv: De Fanny Kertzman

AJA Y ENTONCES......?

 Fanny Kertzman                                                                

Es inevitable que el lema de la campaña de reelección “Unidos por la paz” sea el lastre que hunda al candidato de las Farc y de los Castro. Los mismos amigos de Maduro.

No es de extrañar que la oficina de prensa de Palacio, o sea el diario El Tiempo, no haya mencionado nada sobre la vía libre que acaba de dar el gobierno que preside, perdón, presidía, Juan Manuel Santos, a las otrora estigmatizadas Zonas de Reserva Campesina.

El Colombiano (febrero 15 de 2014, pág. 10) tituló: “Catatumbo abre puerta a la creación de las zonas de reserva campesina”. En efecto, el Incoder ha dado vía libre a la creación de las llamadas “republiquetas” donde no puede entrar la fuerza pública. “Hemos llegado a acuerdos con el gobierno...lo que queda es que el consejo directivo del Incoder...constituya la ZRC…en Tibú” explicó Juan Carlos Quintero, integrante de la Zona. Según el mismo, en marzo se emitirá la resolución definitiva. Son 115.000 hectáreas que desde La Habana acaba de “liberar” la guerrilla/mesa.

El 11 de julio 2013 en El Tiempo Santos había declarado enérgicamente: “no vamos a poner en juego la autoridad del Estado y la seguridad de los colombianos” en medio del paro en el Catatumbo, refiriéndose a las ZRC. Palabras vacuas como las “fuerzas oscuras” o las “investigaciones a fondo”.

No es el primer gol de la guerrilla. Humberto de la Calle fue muy claro en decir que no se negociaría nada por fuera de la agenda. En ella no estaba contemplada la salida subrepticia de guerrilleros para huir del ejército, como Pablo Catatumbo. Una semana después de su rescate, que ocurrió cuando el ejército le soplaba en la nuca, Caliche, su segundo, encargado de su seguridad, cayó a manos del ejército.

Para rematar, se levantó la orden de extradición al cantante Julián, que se encontraba dizque preso en Venezuela, para que se refugiase también en Cuba. Las Farc dictan la política carcelaria del país. Esto no es más que un Caguancito: los jefes se refugian en la zona desmilitarizada de La Habana y la guerrilla se toma parte del territorio nacional.

No ha dicho tampoco Santos que la mesa decidió que serán las Farc quienes determinarán la política agrícola y minera. Según el acuerdo publicado, se creará un Fondo de Tierras para repartir entre los campesinos baldíos apropiados y ocupados. Habrá “expropiación administrativa” para tierras “inexplotadas” que incumplan la “función social y ecológica”. Hay un plan no solo para delimitar la frontera agrícola, sino también para proteger las áreas de “especial interés ambiental que incluyen las zonas de reserva forestal”. Léase, la guerrilla determina dónde podrá haber agricultura y minería.

Raya en lo patético que “el acuerdo reconoce que las ZRC son una figura que tiene el Estado para... contribuir al cierre de la frontera agrícola y la producción de alimentos” (subrayado mío). Mejor no lo podíahaber dicho Nicolás Maduro. No desarrollo agrícola en la altillanura porque de golpe producimos más alimentos de la cuenta y nos da por exportarlos, poniendo en peligro la “seguridad alimentaria”.

La Habana también dicta la política de relaciones exteriores. El presidente Santos no ha sido capaz de sacar un solo comunicado oficial ante los graves hechos que están pasando en Venezuela. El miedo a que Maduro, perdón, Diosdado, decida “no apoyar” el proceso de paz impide que el gobierno colombiano se pronuncie como la democracia que pretende ser. Señor Santos, usted no necesita a Caracas para seguir su apuesta de La Habana. Cuba va a continuar apoyándolo porque no se va a perder el vitrinazointernacional. Pronúnciese en nombre de los colombianos, quítese las rodilleras.

Mientras tanto, los militares están encendidos. Los episodios Andrómeda, y ahora el escándalo de contratación, deslegitiman la capacidad del gobierno colombiano como negociador. El garrote se le salió de las manos a Santos y la zanahoria la está entregando ya en medio de la negociación.

Con el descrédito de la Mesa ante tantas irregularidades y abusos, es inevitable que el lema de la campaña de reelección “Unidos por la paz” sea el lastre que hunda al candidato de las Farc y de los Castro. Los mismos amigos de Maduro. Pero no, a Santos lo rescatará un gran salvavidas de mermelada. ¿Vamos a quedarnos de brazos cruzados cuando se entrega el país a las dictaduras, a los narcotraficantes y a los corruptos?

La dimensión humana y de líder militar del nuevo Comandante del Ejército de Colombia

“Las fuerzas militares no son negociables en La Habana”: General Lasprilla

Por  Edgar Artunduaga

@Artunduaga_

Revista KienyKe, Bogotá

5 de marzo de 2014

El General Jaime Alberto Lasprilla Villamizar, nuevo comandante del Ejército Nacional, siempre ha hablado corto y directo. Su lenguaje y sus acciones le han granjeado gran prestigio al interior de las fuerzas militares. La historia lo recuerda al mando de 16 mil hombres de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega en el sur del país. “Inmovilizó” –como dicen en el argot militar- a 600 guerrilleros, entre desmovilizados, capturados y muertos en combate. Y capturó a alias ‘El Boyaco’ y a alias ‘El Payaso’, dos sujetos de la guerrilla de la más alta peligrosidad.

¿Por qué dice que “anhelamos la paz, pero digna y basada en una victoria militar”?

Es un deseo de todos nuestros soldados. Las Fuerzas Militares no son negociables, es decir, no serán tocadas en los diálogos, en las negociaciones que se están llevando a cabo en Cuba, precisamente porque las Fuerzas Militares siempre han sido el bastión de la democracia, de la protección de la soberanía, de la seguridad, de la integridad del territorio nacional. El segundo tema tiene que ver con los beneficios si hubiere lugar en el caso de llegar a un acuerdo para el cierre del conflicto, beneficios posiblemente para los terroristas de las FARC, pero esos beneficios tienen que extenderse a los miembros de las Fuerzas Militares. Y el tercer tema… no habrá un cese al fuego bilateral hasta que no haya un acuerdo para poner fin al conflicto.

¿Cuando usted habla de victoria militar, obligatoriamente es ganarle la batalla militar a la guerrilla?

 Sí. Efectivamente es lo que se ha venido dando. La presencia de las FARC en la mesa de negociaciones es el resultado de una serie de victorias, entendidas como la presencia permanente de las tropas en diferentes regiones del país, garantizando la seguridad en el 95% de los municipios de Colombia que están bajo protección total, gozando de esa seguridad. Estos resultados han permitido la reducción de las capacidades terroristas, entendiendo esto como su capacidad armada, capacidad financiera, logística, sus redes de apoyo al terrorismo. Ha sido un trabajo de varios años, de más de una década precisamente debilitando a las diferentes estructuras de las Farc.

En otras palabras, general Lasprilla, ¿el Ejército no perderá la iniciativa y la ofensiva militar?

Exactamente. Tenemos una hoja de ruta muy clara que está fundamentada en el “plan de guerra espada de honor” del que se deriva nuestro plan de campaña. Buscamos acelerar la derrota militar de los terroristas de las FARC. Es un interés nacional, un deseo ferviente de la población civil y un anhelo anidado en el corazón de los soldados. Pero como le decía, una paz con dignidad, una paz sin imposiciones por parte de los terroristas de las FARC, una paz que le convenga al país para que haya progreso y una seguridad estable.

¿Hay un sector del Ejército que no comparte los diálogos de La Habana y que estaría torpedeando este proceso de paz?

No. Eso no es cierto de ninguna manera. ¿Quién más que el soldado que ha sufrido las hondas heridas y cicatrices de la guerra para querer la paz de los colombianos?

¿Está cohesionado entonces el Ejército, apoya irrestrictamente el proceso de paz que lidera el presidente en La Habana?

 Sí, efectivamente. Nosotros más que nadie somos garantes de esa paz, y precisamente los esfuerzos y los sacrificios, el valor diario que demuestran nuestros soldados, su trabajo en todos los rincones de la geografía nacional, están orientados precisamente para garantizar la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos, en procura de alcanzar esa paz.

¿Hay garantía y seguridad en todo el territorio nacional para actividad proselitista o hay zonas en donde los políticos no deben acceder?

Todo el esfuerzo de Fuerzas Militares, Policía Nacional, está encaminado a garantizar el libre ejercicio del sufragio en todos los rincones de la geografía nacional. Habrá algunos sectores aislados por la parte de infraestructura de carreteras y de pronto por logística en donde tendremos que mover, digamos, las mesas para reubicarlas y para darles una mayor garantía a los ciudadanos en el ejercicio del sufragio.

Sobre otro asunto, ¿desde su comandancia en el Ejército Nacional se va a preparar a los soldados de Colombia para el posconflicto?

Precisamente una de las líneas de acción dentro de los planes de campaña hay el propósito de la transformación. Vamos a determinar cuál es el ejército ideal, el ejército que necesitan los colombianos para protegerse. Las amenazas van evolucionando, cambiando, amenazas internas y externas. En este sentido está trabajando el Ejército Nacional.

General, para que lo conozca más el país, ¿cuál es su trayectoria militar?

Soy un ciudadano normal, un soldado normal. Inicié mi carrera militar en 1977, en la Escuela Militar de Cadetes donde permanecí tres años y medio. He ocupado diferentes cargos de responsabilidad. Fui ejecutivo y segundo comandante de la Escuela de Infantería, comandante de la agrupación de fuerzas especiales antiterroristas urbanas, comandante del batallón Voltígeros en Urabá, oficial de operaciones de la brigada 17 en Urabá, comandante del batallón Ricaurte, comandante del comando de operaciones especiales del Ejército, comandante de la novena brigada en el Huila. Ya de general, comandante de la fuerza conjunta de acción decisiva. Fue una participación significativa en el oriente del Tolima, en el Huila; de igual manera en la fuerza de tarea conjunta Omega, en el área del nudo de Paramillo.

¿Se sorprendió con el nuevo cargo, fruto de un remezón militar?

Nosotros cumplimos unas etapas, escalafones y jerarquías. A veces las cosas llegan de forma intempestiva y esos retos hay que asumirlos con la mayor seriedad, compromiso institucional y responsabilidad, al lado de nuestros soldados.

Guerra política y Jurídica contra las Fuerzas Militares de Colombia

El daño causado por la revista Semana a la dignidad del Ejército Nacional de Colombia

Por General Jaime Ruiz Barrera- Presidente de ACORE

El Jefe de Estado tuvo que reconocer públicamente la amenaza de que está siendo objeto el Ejército Nacional y su equivocación inicial al señalar supuestas actividades ilícitas por parte de la inteligencia militar.

“No solamente las organizaciones terroristas, los grupos armados, sino también la guerra judicial y algunos sectores políticos” se han constituido en los principales enemigos de nuestro Ejército Nacional.

Así lo afirmó, y por primera vez en forma pública, el pasado 21 de febrero  con ocasión del reconocimiento de la nueva cúpula militar en ceremonia realizada en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova.

En tono muy diferente y reconciliador, expreso igualmente “la necesidad de confrontar contundentemente estos enemigos”, cuya evidente  intención es la de desprestigiar y descalificar esta institución en la importante misión que viene cumpliendo en defensa de nuestra soberanía y de la protección ciudadana, frente a la acción terrorista de los distintos grupos armados ilegales y a la guerra política y jurídica que exitosamente vienen realizando algunos sectores minoritarios de la izquierda y extrema izquierda radical de este país, y que tanto daño le están causando a nuestras instituciones democráticas.

Hasta este momento, las distintas y temerarias imputaciones formuladas por la revista Semana, que son motivo de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría y Contraloría, no han sido confirmadas. Ninguno de estos entes de control ha  encontrado  irregularidades en materia de contratación, corrupción o conductas ilícitas realizadas por parte de la inteligencia militar.

El irreparable daño moral y material causado por este medio de comunicación a la buena imagen del Ejercito Nacional y a varios Generales de la República puestos en la picota pública y que fueron sancionados y retirados intempestivamente del servicio activo por parte del Jefe del Estado, sin existir investigación previa y sin oportunidad alguna para  defenderse frente a los muy discutibles y graves señalamientos de este medio de comunicación, ha causado gran indignación al interior de las instituciones castrenses, como también en varios sectores de la sociedad civil colombiana, la cual a través de diferentes escritos y pronunciamientos públicos, está exigiendo claras y rápidas explicaciones sobre la intención, el origen y  manipulación de las grabaciones realizadas por la Fiscalía y que fueron utilizadas irregularmente como fuente de información para este montaje mediático que han originado el  más grande escándalo periodístico sufrido por las FF.MM de este país en los últimos años.

Brigadier General (RA) Jaime Ruiz Barrera

 Ejército Nacional

¿Estarán negociando al Ejército Nacional de Colombia en el proceso de La Habana?

El Presidente, una revista y el Ejército

Por: Darío Acevedo Carmona | Elespectador.com

Colombia es un país de sorpresas y de situaciones inauditas. Lo ocurrido con el ejército colombiano constata lo dicho.

Que las decisiones sobre relevos en la cúpula militar dependan de crónicas periodísticas, que el jefe supremo de la fuerza pública, por mandato constitucional, tome decisiones dando por ciertas las informaciones de una revista dirigida por su sobrino, sorprende y asusta.

Las dos denuncias recientes de la revista Semana, la de las actividades de inteligencia u “Operación Andrómeda” y la de los casos de corrupción de altos oficiales podrían ser vistas como fruto de investigaciones minuciosas, “objetivas”, “independientes”, compromiso ético y cumplimiento de la función periodística.

El presidente Santos dio credibilidad total y plena a las crónicas de Semana, apartó de sus cargos a dos generales responsables de la operación, exigió investigación interna, habló de la intervención de “fuerzas oscuras”, aunque al día siguiente, hubo de corregir al reconocer que las actividades de inteligencia eran legales. Pero, el daño quedó hecho.

Ante la segunda denuncia la reacción del presidente Santos fue todavía más desconcertante. Llamó a calificar servicios a varios generales de distintas fuerzas por no haber realizado los controles debidos para evitar la corrupción, y, llamó a calificar servicios al comandante general de las fuerzas militares, el general Barrero, que había llegado al cargo en agosto de 2013, precedido de una aureola de lealtad, entrega, sacrificio y servicios a la patria. No salió por acusaciones de corrupción sino por una desafortunada frase dicha de manera privada, vía telefónica, a un alto oficial involucrado en los “falsos positivos”.

En nombre pues, del honor militar y de la buena imagen, el presidente optó por sacrificar generales y coroneles, sin fórmula de juicio, sin darles la oportunidad de ser escuchados, mucho menos de defenderse o de tener derecho al debido proceso. De buenas a primeras, oficiales con una hoja de servicios de 35 o más años se encuentran de bruces en el asfalto, cargando el fardo de la mala fama y de la deshonra.

Yo no voy a defender a priori a ninguno de ellos, pero, tampoco voy a hacerle coro a una revista que no actúa con transparencia ni al grupito de columnistas e intelectuales a quienes el uniforme militar institucional les produce urticaria y vómito. Creo que, como en toda comunidad u organización compleja, en particular, como es el ejército nacional, pueden darse casos de corrupción y violación de normas del servicio, disciplinarias y éticas que merecen ser investigadas y, comprobada la culpa, sancionadas. 

Pero, la carrera militar está rodeada de ingratitud, cualquier falla, desliz, arbitrariedad o infracción puede dar al traste con toda una trayectoria. Más allá, la carrera militar en un país con tantos retos y peligros de grupos armados irregulares que apelan de forma sistemática a la violencia contra las instituciones y la sociedad, puede tornarse dramática y azarosa.

Los gobernantes les dan la orden de hacer inteligencia, por ejemplo, para luego despedirlos a las patadas porque un medio o una Ong entabla denuncias. Les ordenan hacerle la guerra al terrorismo y a la vez les imponen un cúmulo de condicionantes y les montan un batallón judicial que les dicen cómo deben hacer la guerra como si no hubiese guerra, luego, les exigen resultados y, por último, se pueden ver involucrados en campañas de propaganda y denuncias de sus enemigos jurados, que se traduce en llamados a calificar servicios y muchas veces en la cárcel antes de ser vencidos en juicio.

Está muy bien que se adelanten investigaciones a aquellos oficiales y agentes que violen las leyes o que abusen de sus galones y de su autoridad por corrupción o por el afán de ganar albricias con falsos positivos. Pero, lo que es inadmisible es que se les niegue el derecho elemental de hablar, ofrecer explicaciones y defenderse. Es una situación insostenible: tienen en sus manos la defensa del país y son tratados como ciudadanos de segunda.

Estos dos últimos episodios dejan muchas dudas, además del sinsabor en las tropas y su efecto negativo en la moral de sus integrantes. La revista Semana es dirigida por un sobrino del presidente Santos, el hijo de Enrique, el principal animador de los diálogos de La Habana. Es válido preguntarse si el interés de la información era periodístico o si se trató de una maniobra calculada para sacar del camino a oficiales críticos. Preguntar por la fuente que proporcionó las grabaciones es inútil, dirán que existe el derecho a no revelarla. Si la información salió de la Fiscalía puede constituir una violación de la reserva de sumarios de militares investigados. ¿Por qué en este coyuntura? ¿Por qué información de inteligencia recabada por el ejército está en poder de quien ha defendido la tesis de impunidad de las guerrillas?

Demasiado peligroso y desestimulante para cualquier oficial la destitución del General Barrero por una conversación hecha dos años atrás sin que se compruebe que tal frase haya tenido efectos nocivos constatables y cuando el general no tenía el rango actual. Mucho más grave y, además, sospechoso, que se denigre así al oficial que diseñó y dirigió la operación en que fue abatido el comandante máximo de las FARC, Alfonso Cano.

El presidente Santos es el funcionario público colombiano que más generales, coroneles y otros oficiales ha descabezado en los últimos años, como ministro de Defensa y presidente. Demuestra una gran vulnerabilidad a la presión de los medios y al bullicio propagandístico de ONG caracterizadas por sus prejuicios contra la institución militar, entre las cuales las hay que sostienen la insólita tesis de que el estado y su ejército son los únicos que cometen crímenes de guerra, y las guerrillas no porque no son signatarias del derecho internacional humanitario ni de los protocolos adicionales de Ginebra.

Suenan hueras las reiteradas declaraciones del presidente sobre su amor y respeto por la institución más querida y respetada por los colombianos, a la que tanto ha maltratado y dado señales equívocas.

* Darío Acevedo Carmona

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