lunes, 12 de agosto de 2013

La estrategia secreta de las Farc

TOMADO DEL PERIÓDICO EL TIEMPO DE BOGOTÁ
La estrategia secreta de las Farc
Las recientes protestas del Catatumbo pusieron a sonar las zonas de reserva campesina.

Según Plinio Apuleyo, el 'plan Renacer' tiene como última táctica: las zonas de reserva campesina.

No habría, en principio, motivo para alarmarse. Las zonas de reserva campesina tienen la bendición de una ley, la 160 de 1994, que les confirió toda legalidad, así como los mejores propósitos. Se buscaba, en efecto, un ejercicio de asociación campesina que permitiera mayor productividad agrícola.
El tema, sin embargo, ha encendido duras y enconadas controversias, desde el momento en que en la mesa de diálogo de La Habana las Farc han propuesto la creación de 59 zonas de reserva campesina, que tendrían una extensión de 9 millones de hectáreas y gozarían de la misma autonomía política, económica y cultural de los resguardos indígenas o los territorios de los afrodescendientes.
“¡Es un disparate!”, exclamó en su momento el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo. “Las Farc –afirmó– quieren dividir y convertir al país en un mosaico de republiquetas independientes, y eso es algo que va contra la ley, contra la Constitución. Este gobierno no lo va a hacer.”
Analistas y calificados voceros de la izquierda saltaron de inmediato para rebatir esta interpretación del ministro Restrepo. Alfredo Molano, entusiasta defensor de las ZRC, que ha recorrido las regiones donde se han establecido las primeras de ellas, afirma que la propuesta de las Farc no tiene nada de revolucionario e insurreccional. “Simplemente es una idea que en una democracia liberal no tendría mayor relevancia.” De su lado, el expresidente Ernesto Samper sostiene que estas zonas, si se ciñen a la ley, serían la fórmula que permitiría la restitución de tierras de manera colectiva a muchos campesinos y evitaría “que los terratenientes los sigan cazando como palomas para ampliar sus propiedades”.
Propósitos encomiables, desde luego, ¿pero se reflejan ellos en la realidad de las zonas de reserva campesina constituidas? No sería la primera vez que entre nosotros una ley sufre graves distorsiones en su aplicación.
Primer rasgo evidente e inquietante: las ZRC se encuentran ubicadas en territorios donde los campesinos están ocupados esencialmente en el cultivo de coca. Lo han comprobado los funcionarios de la Unidad de Consolidación Territorial que se ocupan de la erradicación de cultivos ilícitos. Su sorpresa –nos lo han dicho– suele ser muy grande cuando los propios campesinos les confiesan con zozobra: “Cada vez que ustedes asperjen, erradican y se van, nos meten en problemas con las Farc”. “‘Vuelvan a sembrar’, nos dicen”.
Realidad inquietante. Todas, o casi todas las zonas de reserva campesina, se encuentran establecidas en la proximidad de frentes o bloques de las Farc. Es el caso de Pato-Balsilla, al norte del Caguán, que sirve de refugio y campamento principal a la columna móvil Teófilo Forero. De su lado, la ZRC del Retorno Calamar, en el Guaviare, principal zona cocalera de la región, alberga campamentos del bloque Oriental de las Farc. Y la que se encuentra en los municipios de Arenal y Morales, en el sur de Bolívar, cuenta con la presencia del bloque del Magdalena medio, de la misma guerrilla.
Dos zonas llaman especialmente la atención. La de Cabrera, en Cundinamarca, por hallarse en la provincia de Sumapaz. De su lado, la del valle del río Cimitarra, tiene la dominante presencia de la asociación campesina que lleva su nombre y la sigla ACVC. Recordemos que, luego de denuncias hechas por campesinos de la región, fueron allanadas sus sedes y detenidos varios de sus más reconocidos líderes por sus estrechos vínculos con las Farc.
Pero nada de esto es casual. Si uno revisa los correos incautados de Tirofijo a los miembros del secretariado de las Farc, en marzo del año 2005, descubre que las primeras ZRC eran vistas por él como territorios de apoyo y protección, en la medida que habían sido conformadas por familias cercanas a los guerrilleros. Estas zonas debían servir, en efecto, para conseguir abastecimientos y medicinas y servir de punto de encuentro de sus agentes urbanos con los dirigentes de los bloques.
El nuevo poder de las Farc
Pero quien le dio un real viraje a la acción de las Farc fue Alfonso Cano. Tras los severos golpes recibidos en el campo militar, se le hizo a él evidente que la lucha armada no era definitivamente la vía para llegar al poder. Y si observamos de cerca su famoso plan Renacer, descubrimos que su nueva estrategia comprende instrumentos políticos, económicos y sociales de peligroso alcance.
Los primeros, aparecen con la creación del PC3 (Partido Comunista Colombiano Clandestino), de las Milicias Bolivarianas y últimamente de la llamada Marcha Patriótica, capaz de movilizar huestes desde la Guajira hasta los confines amazónicos. A estos sustentos políticos se suman hoy, como lo hemos visto en el Cauca y otras amplias zonas del Pacífico, los resguardos indígenas y las comunidades afrodescendientes bajo su influencia y control. De esta manera, donde antes se encontraban frentes guerrilleros con el único poder intimidatorio de las armas, hoy, gracias a estos brazos políticos, que se mueven con mayor amplitud y penetración, se dominan municipios y regiones enteras, que se extienden no solo en el Pacífico, sino en el Putumayo, Caquetá, Vichada, Arauca y Catatumbo.
Tal poder político se consolida con los millonarios recursos que a las Farc les suministra el narcotráfico y ahora la minería ilegal. El dinero permite pagarles a los campesinos en vastísimas regiones del país los cultivos de coca, comprar fincas, pagar juntas de acción comunal e, incluso, financiar campañas electorales de sus más cercanos aliados.
Pero el más inesperado de los instrumentos de poder que hoy tienen las Farc lo acabamos de ver en el Catatumbo. Consiste en la captura de la protesta social. Lo han conseguido gracias a su penetración en toda suerte de sindicatos y organizaciones agrarias. Desde luego, se aprovechan de la real penuria que viven hoy en día millares de campesinos desplazados. Y aunque muchos de estos sean ajenos a la violencia que bloquea carreteras e incendia tractomulas, no pueden evitar que esta labor la cumplan milicianos organizados por las Farc. Al hacer explotar estos movimientos de manera casi simultánea en las más diversas regiones del país, Iván Márquez y sus compañeros muestran en La Habana su propósito de hacerse sentir como una contraparte de igual poder y fuerza que el propio Estado.
Sin duda ha sido un grave error considerar que se adelanta un diálogo con una guerrilla derrotada. Si bien militarmente nunca antes había recibido golpes tan rotundos, su nueva estrategia de lucha le permite considerar que está en camino de cumplir lo que se ha propuesto.
No es algo tan delirante como parece. A su favor juega hoy el descrédito de nuestro mundo político por obra del clientelismo y la corrupción; la debilidad del Estado; la ausencia de partidos fuertes y la irremediable bronca entre partidarios de Uribe y partidarios de Santos, que divide a las corrientes democráticas del país. Pero el arma más inquietante de las Farc es hoy su infiltración en la justicia gracias a abogados, jueces o fiscales cercanos a su ideología, a la compra de falsos testigos y otras maniobras con las cuales han conseguido crear una aguda zozobra en las Fuerzas Armadas. Por si fuera poco, el nuevo contexto continental les resulta favorable con la presencia de gobiernos promotores del llamado socialismo del siglo XXI, interesados en conseguir su penetración en Colombia.
En aras de su nueva estrategia, no es descartable que las Farc busquen el cese del conflicto armado, pero a condición de venderlo como quien quiere salir de un carro viejo, tratando de lograr por él el mejor precio posible. Este carro viejo –la lucha armada– ya no le sirve para la toma del poder. El Gobierno, por su parte, intenta no pagar un precio muy alto por esa compra y ganar con ello la vistosa lotería política de un acuerdo de paz. El mundo, de su lado, puede recibirlo de una manera muy positiva. Pero el riesgo de este desenlace es el de encontrarnos con unas Farc dueñas de amplias zonas del territorio, con un partido político de insospechada fuerza (la Marcha Patriótica) y la posibilidad de que, como ocurrió en Venezuela, Bolivia y Ecuador, aparezca en el panorama electoral un outsider, aparentemente inofensivo, capaz de abrirles las puertas del poder. Tal es el riesgo que debemos ver de frente, sin olvidar que las Farc están moviendo nuevas y peligrosas fichas en su tablero para alcanzar, sin pausa y sin prisa, su supremo objetivo.
PLINIO APULEYO MENDOZA
Especial para EL TIEMPO

La estrategia secreta de las Farc

TOMADO DEL PERIÓDICO EL TIEMPO DE BOGOTÁ
La estrategia secreta de las Farc
Las recientes protestas del Catatumbo pusieron a sonar las zonas de reserva campesina.

Según Plinio Apuleyo, el 'plan Renacer' tiene como última táctica: las zonas de reserva campesina.

No habría, en principio, motivo para alarmarse. Las zonas de reserva campesina tienen la bendición de una ley, la 160 de 1994, que les confirió toda legalidad, así como los mejores propósitos. Se buscaba, en efecto, un ejercicio de asociación campesina que permitiera mayor productividad agrícola.
El tema, sin embargo, ha encendido duras y enconadas controversias, desde el momento en que en la mesa de diálogo de La Habana las Farc han propuesto la creación de 59 zonas de reserva campesina, que tendrían una extensión de 9 millones de hectáreas y gozarían de la misma autonomía política, económica y cultural de los resguardos indígenas o los territorios de los afrodescendientes.
“¡Es un disparate!”, exclamó en su momento el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo. “Las Farc –afirmó– quieren dividir y convertir al país en un mosaico de republiquetas independientes, y eso es algo que va contra la ley, contra la Constitución. Este gobierno no lo va a hacer.”
Analistas y calificados voceros de la izquierda saltaron de inmediato para rebatir esta interpretación del ministro Restrepo. Alfredo Molano, entusiasta defensor de las ZRC, que ha recorrido las regiones donde se han establecido las primeras de ellas, afirma que la propuesta de las Farc no tiene nada de revolucionario e insurreccional. “Simplemente es una idea que en una democracia liberal no tendría mayor relevancia.” De su lado, el expresidente Ernesto Samper sostiene que estas zonas, si se ciñen a la ley, serían la fórmula que permitiría la restitución de tierras de manera colectiva a muchos campesinos y evitaría “que los terratenientes los sigan cazando como palomas para ampliar sus propiedades”.
Propósitos encomiables, desde luego, ¿pero se reflejan ellos en la realidad de las zonas de reserva campesina constituidas? No sería la primera vez que entre nosotros una ley sufre graves distorsiones en su aplicación.
Primer rasgo evidente e inquietante: las ZRC se encuentran ubicadas en territorios donde los campesinos están ocupados esencialmente en el cultivo de coca. Lo han comprobado los funcionarios de la Unidad de Consolidación Territorial que se ocupan de la erradicación de cultivos ilícitos. Su sorpresa –nos lo han dicho– suele ser muy grande cuando los propios campesinos les confiesan con zozobra: “Cada vez que ustedes asperjen, erradican y se van, nos meten en problemas con las Farc”. “‘Vuelvan a sembrar’, nos dicen”.
Realidad inquietante. Todas, o casi todas las zonas de reserva campesina, se encuentran establecidas en la proximidad de frentes o bloques de las Farc. Es el caso de Pato-Balsilla, al norte del Caguán, que sirve de refugio y campamento principal a la columna móvil Teófilo Forero. De su lado, la ZRC del Retorno Calamar, en el Guaviare, principal zona cocalera de la región, alberga campamentos del bloque Oriental de las Farc. Y la que se encuentra en los municipios de Arenal y Morales, en el sur de Bolívar, cuenta con la presencia del bloque del Magdalena medio, de la misma guerrilla.
Dos zonas llaman especialmente la atención. La de Cabrera, en Cundinamarca, por hallarse en la provincia de Sumapaz. De su lado, la del valle del río Cimitarra, tiene la dominante presencia de la asociación campesina que lleva su nombre y la sigla ACVC. Recordemos que, luego de denuncias hechas por campesinos de la región, fueron allanadas sus sedes y detenidos varios de sus más reconocidos líderes por sus estrechos vínculos con las Farc.
Pero nada de esto es casual. Si uno revisa los correos incautados de Tirofijo a los miembros del secretariado de las Farc, en marzo del año 2005, descubre que las primeras ZRC eran vistas por él como territorios de apoyo y protección, en la medida que habían sido conformadas por familias cercanas a los guerrilleros. Estas zonas debían servir, en efecto, para conseguir abastecimientos y medicinas y servir de punto de encuentro de sus agentes urbanos con los dirigentes de los bloques.
El nuevo poder de las Farc
Pero quien le dio un real viraje a la acción de las Farc fue Alfonso Cano. Tras los severos golpes recibidos en el campo militar, se le hizo a él evidente que la lucha armada no era definitivamente la vía para llegar al poder. Y si observamos de cerca su famoso plan Renacer, descubrimos que su nueva estrategia comprende instrumentos políticos, económicos y sociales de peligroso alcance.
Los primeros, aparecen con la creación del PC3 (Partido Comunista Colombiano Clandestino), de las Milicias Bolivarianas y últimamente de la llamada Marcha Patriótica, capaz de movilizar huestes desde la Guajira hasta los confines amazónicos. A estos sustentos políticos se suman hoy, como lo hemos visto en el Cauca y otras amplias zonas del Pacífico, los resguardos indígenas y las comunidades afrodescendientes bajo su influencia y control. De esta manera, donde antes se encontraban frentes guerrilleros con el único poder intimidatorio de las armas, hoy, gracias a estos brazos políticos, que se mueven con mayor amplitud y penetración, se dominan municipios y regiones enteras, que se extienden no solo en el Pacífico, sino en el Putumayo, Caquetá, Vichada, Arauca y Catatumbo.
Tal poder político se consolida con los millonarios recursos que a las Farc les suministra el narcotráfico y ahora la minería ilegal. El dinero permite pagarles a los campesinos en vastísimas regiones del país los cultivos de coca, comprar fincas, pagar juntas de acción comunal e, incluso, financiar campañas electorales de sus más cercanos aliados.
Pero el más inesperado de los instrumentos de poder que hoy tienen las Farc lo acabamos de ver en el Catatumbo. Consiste en la captura de la protesta social. Lo han conseguido gracias a su penetración en toda suerte de sindicatos y organizaciones agrarias. Desde luego, se aprovechan de la real penuria que viven hoy en día millares de campesinos desplazados. Y aunque muchos de estos sean ajenos a la violencia que bloquea carreteras e incendia tractomulas, no pueden evitar que esta labor la cumplan milicianos organizados por las Farc. Al hacer explotar estos movimientos de manera casi simultánea en las más diversas regiones del país, Iván Márquez y sus compañeros muestran en La Habana su propósito de hacerse sentir como una contraparte de igual poder y fuerza que el propio Estado.
Sin duda ha sido un grave error considerar que se adelanta un diálogo con una guerrilla derrotada. Si bien militarmente nunca antes había recibido golpes tan rotundos, su nueva estrategia de lucha le permite considerar que está en camino de cumplir lo que se ha propuesto.
No es algo tan delirante como parece. A su favor juega hoy el descrédito de nuestro mundo político por obra del clientelismo y la corrupción; la debilidad del Estado; la ausencia de partidos fuertes y la irremediable bronca entre partidarios de Uribe y partidarios de Santos, que divide a las corrientes democráticas del país. Pero el arma más inquietante de las Farc es hoy su infiltración en la justicia gracias a abogados, jueces o fiscales cercanos a su ideología, a la compra de falsos testigos y otras maniobras con las cuales han conseguido crear una aguda zozobra en las Fuerzas Armadas. Por si fuera poco, el nuevo contexto continental les resulta favorable con la presencia de gobiernos promotores del llamado socialismo del siglo XXI, interesados en conseguir su penetración en Colombia.
En aras de su nueva estrategia, no es descartable que las Farc busquen el cese del conflicto armado, pero a condición de venderlo como quien quiere salir de un carro viejo, tratando de lograr por él el mejor precio posible. Este carro viejo –la lucha armada– ya no le sirve para la toma del poder. El Gobierno, por su parte, intenta no pagar un precio muy alto por esa compra y ganar con ello la vistosa lotería política de un acuerdo de paz. El mundo, de su lado, puede recibirlo de una manera muy positiva. Pero el riesgo de este desenlace es el de encontrarnos con unas Farc dueñas de amplias zonas del territorio, con un partido político de insospechada fuerza (la Marcha Patriótica) y la posibilidad de que, como ocurrió en Venezuela, Bolivia y Ecuador, aparezca en el panorama electoral un outsider, aparentemente inofensivo, capaz de abrirles las puertas del poder. Tal es el riesgo que debemos ver de frente, sin olvidar que las Farc están moviendo nuevas y peligrosas fichas en su tablero para alcanzar, sin pausa y sin prisa, su supremo objetivo.
PLINIO APULEYO MENDOZA
Especial para EL TIEMPO

miércoles, 24 de julio de 2013


Autor: Alfredo Rangel
Fuente: Boletín Debate Nacional
Fecha: 23/07/2013

En una decisión que ha sido alabada por casi todos como un gran logro, el Congreso acaba de darle el puntillazo final al fuero militar. En adelante, la Justicia Penal Militar solamente se encargará de juzgar al centinela que se duerme en la guardia, o al soldado que deserta de las filas. Todos los demás delitos cometidos en ejercicio de sus funciones militares serán investigados y juzgados por la justicia ordinaria, o sea, por jueces civiles. Justicia que no les ofrece ninguna garantía a los militares ni a los policías. Al contrario, es un terreno adverso y hostil.

Hay que decirlo hasta la saciedad. El fuero militar no es un privilegio, ni es sinónimo de impunidad. Es una garantía jurídica que tienen todos los ejércitos del mundo desde hace centenares de años –de hecho, desde los tiempos del Imperio romano– para ser juzgados por sus pares por los delitos que se comenten en la guerra o en desarrollo de operativos militares. Así lo tiene establecido la inmensa mayoría de los países democráticos del mundo.

Retomando una centenaria tradición nacional, así lo estableció en Colombia la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que en su artículo 221 señaló que todos los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo y en desarrollo de sus funciones serían juzgados por tribunales castrenses, sin excepción alguna. Ahora la reforma del Congreso ha excluido del ámbito de la Justicia Penal Militar cerca de 18 delitos, casualmente los que se cometen con mayor frecuencia en desarrollo de operaciones militares.

Prácticamente ningún ejército del mundo tiene un fuero militar cuyo alcance sea tan limitado como el que tendrá ahora el Ejército colombiano. Y no creo que exista ningún caso a nivel internacional en el que se le limita tan radicalmente el fuero militar a un ejército en la mitad de una confrontación armada. El contentillo es que ahora la justicia militar va a ser más rápida y más eficiente para juzgar a los centinelas dormilones.
La reforma les quedó muy bonita para un país en absoluta paz, que no tuviera que enfrentar más de 60 frentes guerrilleros, bacrim muy poderosas y extendidas, sangrientas mafias del narcotráfico y múltiples expresiones del crimen organizado. Ideal para Suecia o Dinamarca. Catastrófico para Colombia. Y después se preguntan por qué será que nuestros mejores militares están saliéndose del Ejército y se están yendo para Arabia Saudita.

Es obvio: aquí si les va mal, los mata o los deja inválidos la guerrilla, pero si les va bien y son heroicos combatientes, los meten a la cárcel. Para ello es suficiente una acusación, un simple señalamiento de haber provocado desplazamiento forzoso de civiles durante un combate, o de haber maltratado a un prisionero en un interrogatorio, o que los familiares de un guerrillero muerto en combate digan que fue asesinado extrajudicialmente. Con eso basta.

El argumento de que la justicia ordinaria es más rápida, más justa y más efectiva es falaz. Basta observar el caso de los supuestos desaparecidos del Palacio de Justicia. Después de más de 20 años, todavía no ha sido absuelto ni condenado definitivamente el coronel Plazas Vega. Eso sí, en su juicio le han violado todos y cada uno de sus derechos procesales. Jamás se presumió su inocencia. Nunca pudo enfrentar al único (falso) testigo en que se basó su condena. Uno de los dos magistrados que lo condenaron fue candidato del Polo en el Huila. Al general Arias Cabrales lo condenaron sin una sola prueba en su contra, sólo por ser dizque “jefe de una organización criminal”, o sea, comandante del Ejército Nacional de Colombia. Las condecoraciones por orden público de los militares son consideradas por los jueces civiles indicios de un comportamiento criminal.

Y así se repiten por decenas los casos de militares y policías injustamente acusados, procesados, juzgados y condenados por una justicia ordinaria caracterizada por su fobia contra la fuerza pública. Es fácil constatar que durante décadas ha sido el Partido Comunista el que tiene las mayorías en Asonal Judicial, el sindicato que agrupa a jueces y fiscales.

El temor de ser involucrado injustamente en la justicia civil en un juicio eterno y sin garantías, que les arruina su carrera, su honor y su economía familiar, inhibe y desestimula a la fuerza pública para combatir con más denuedo a los criminales. Por eso, aprovechando ese desaliento, los criminales han incrementado sus acciones violentas en los últimos años. Las bacrim están fuera de control. Las guerrillas han multiplicado por cinco sus retenes ilegales y por 15 sus atentados contra la infraestructura económica nacional entre el 2010 y el 2013. La extorsión se generalizó. El narcotráfico ha vuelto a crecer.

Con la práctica supresión del fuero militar por el Congreso, algunas ONG de derechos humanos de clara orientación izquierdista pueden darse por satisfechas, aunque siempre querrán más. Las múltiples expresiones del mamertismo y todo su espectro de acólitos estarán de fiesta. Los medios, que ni se enteran, los acompañarán en el brindis de celebración. Pero la fuerza pública, en su callado y republicano silencio, sabe que le han dado un golpe certero. La opinión pública debería solidarizarse con ella.

jueves, 18 de julio de 2013

¿PARA DÓNDE VAN LA FARC?

Por: Plinio Apuleyo Mendoza
Fuente: Periódico El Tiempo
Fecha: 23 de Mayo de 2013


Si el Gobierno llegara a aceptar las condiciones que pretenden, las Farc tendrían abierto el camino del poder a la manera patentada por Chávez.

Sí, ¿para dónde van? El Gobierno cree saberlo. Y muchos colombianos, detrás de él, piensan que las Farc, severamente golpeadas, pueden aceptar el fin del conflicto armado si son eximidas de castigos penales y si tienen opción de llegar al Congreso con sus ‘Timochenko’ e ‘Iván Márquez’ a la cabeza.

Se trata, creo yo, de una ilusión engañosa. Las Farc van mucho más lejos. Desde hace algunos años, y por inspiración de ‘Alfonso Cano’, se han trazado una exitosa estrategia política que compensa de sobra los golpes sufridos por ellas en el campo militar. El punto de partida de esta estrategia fue su llamado Plan Renacer. Descarta la toma del poder por la vía de las armas para sustituirla por otra, secreta y más eficaz, que es la captura del Estado, lograda en el continente por movimientos de su mismo perfil ideológico ligados al socialismo del siglo XXI.

El papel fundamental de esta estrategia no gravita ya para las Farc en su aparato armado, sino en estructuras políticas clandestinas como el PC3 y el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia (MB), transformado ahora en la Marcha Patriótica. No olvidemos que estos sigilosos brazos políticos les han permitido a las Farc una hábil infiltración en el Poder Judicial, los sindicatos, las universidades y las comunidades indígenas. Peligrosa realidad ignorada por la opinión pública y hasta por el propio gobierno.

Ahora bien, el punto culminante de esta nueva estrategia es precisamente el actual proceso de paz. En torno a él hay algo inquietante. Las fuerzas democráticas del país se encuentran divididas en un candente debate que no les permite ver las secretas cartas de las Farc. De un lado se ubican quienes consideran moral y legalmente imposible dar indulto y participación política a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Y del otro lado, el Gobierno y los partidos que lo apoyan, para quienes una justicia transicional (con extrañísimos subterfugios jurídicos capaces de eximir reales penas) es la única vía para poner fin al conflicto armado.

¿Se conformarían las Farc con el indulto y curules en el Congreso? No seamos ingenuos. Alfredo Rangel, en un cuidadoso estudio, muestra todas las estrategias que están aplicando las Farc en La Habana. Por una parte, pretenden modificar las estructuras de poder regional a través de un nuevo mapa productivo, con limitaciones a los TLC y a la explotación minera, y sobre todo con la creación de zonas de reserva campesina bajo su control. A tales iniciativas buscan darles soporte con los llamados foros temáticos y asambleas populares integradas por organizaciones bajo su influencia.

Finalmente, su más peligrosa petición, vista como culminación del proceso, sería una posible reducción de nuestras Fuerzas Armadas a tiempo que las Farc dejan en veremos la entrega de sus armas. Lo que buscan, pues, es en definitiva una fuerza igual a la del Estado.


Si el Gobierno llegara a aceptar tales condiciones, las Farc tendrían abierto el camino del poder a la manera patentada por Chávez. Con estos nuevos instrumentos en su mano, que fortalecerían su presencia en todas las regiones del país, tan solo les bastaría para lograr su máximo objetivo una coyuntura electoral favorable. Y, cuidado, pueden tenerla el próximo año. Si el candidato uribista es Pacho Santos (el de mayor opción en las encuestas internas), la pugna entre él y su primo Juan Manuel dejaría apático a un amplio sector de la opinión pública, circunstancia muy favorable para un candidato único de la izquierda. Y por tranquilizadora que fuera la imagen de este último, detrás suyo estarían todos los amigos de las Farc, además de los Maduro y los Castro. Sería para ellas un camino abierto hacia el socialismo del siglo XXI. Bonito fin del conflicto armado, ¿verdad?

martes, 16 de julio de 2013

Editorial   

EL FUSILAMIENTO PREVENTIVO EN COLOMBIA

Por: Centro Colombiano de Pensamiento Político-Militar

En la obra “Diccionario comentado del español actual en Colombia” de Ramiro Montoya o en la obra “Medellín en la memoria” de Ricardo Olano es fácil encontrar una frase, al parecer muy utilizada en nuestras guerras civiles: “Vayan fusilando mientras llega la orden” Pareciera que su vigencia sigue actual pero empleada en sentido figurado, ya no es quitando la vida sino arrebatando la libertad y derechos y solo aplicada a  los militares por operadores de justicia o disciplinarios, generalmente ignorantes del tema militar o simplemente sesgados política o ideológicamente.

Un claro ejemplo de ello es el texto aprobado en sesión plenaria del Senado del proyecto de ley 92 de 2012 en el que so pretexto de la aprobación o no  de ascensos militares y policiales en la jerarquía de oficiales Generales o de Insignia, se incluyó un tradicional y popular “mico”, aprobado a pupitrazo y sin conocimiento del grave e injusto contenido por los honorables senadores y que textualmente reza:

 “Articulo 12(nuevo) DEGRADACIÓN MILITAR Y POLICIAL. Crease la figura de la degradación militar y policial, la cual consistirá en una sanción impuesta por el Juez Penal Militar o Policial, el Juez ordinario o el operador Disciplinario cuando el investigado haya sido encontrado culpable por un delito o una falta disciplinaria.

La degradación producirá la disminución de la asignación salarial, privación del grado, insignias, distintivos, condecoraciones o medallas militares o policiales, además de las sanciones o penas principales impuestas. La degradación puede afectar a miembros activos o retirados.”

A todas luces esta injusta, oprobiosa e infame medida, constituye un fusilamiento preventivo  no solo del militar o policía, sino que también se ensaña con el entorno familiar;  es odiosa, peligrosa, abusiva, inequitativa y con peligrosos visos de venganza hacia lo militar o policial; es inconstitucional dado que en las funciones del senado consignadas en el articulo 173 numeral 2 solo se le faculta para “aprobar o improbar los ascensos militares que confiere el gobierno nacional” y no para degradar.

Cabría preguntar para efectos de equidad, si por ejemplo los congresistas condenados por parapolítica, los funcionarios condenados por corrupción o por cualquier sanción disciplinaria, también perderían sus pensiones, prerrogativas y condecoraciones que, al igual que a los miembros de la Fuerza Pública, de ser aprobada la ley de marras se aplicaría.

¿Por qué pasa esta ley de “agache”?, ¿Por qué el gobierno nacional a través del ministerio de Defensa no se ha pronunciado ni ha protestado?, ¿Será que esto tiene que ver con los diálogos de La Habana?

Es increíble que avanzado el siglo XXI todavía siga vigente la tenebrosa frase “Vayan fusilando mientras llega la orden”; que ironía, que el premio por defender la patria sea recibir el “fusilamiento preventivo”…





lunes, 3 de junio de 2013

Los militares frente al proceso de paz con las FARC

LOS COSTOS DE LOS DIÁLOGOS DE LA HABANA

Mayor General Víctor Álvarez Vargas
Miembro del CCPPM del Cuerpo de Generales y Almirantes

A la luz de los actuales acontecimientos resulta conveniente hacer algunas reflexiones sobre lo dicho en un análisis publicado del 22 de Noviembre del 2012 por el CCPPM[1], en donde se decía:

 “Las FARC se dieron cuenta que están en el mejor momento para aceptar un proceso de paz honroso, que los deja libres de pecado, y así poder participar libremente en política legal, no sin antes decirle al país, una y otra vez, las causas que consideran que los llevaron a tomar las armas y sus propósitos “nobles” para solucionar todos los problemas del país; pero esto no lo harán hasta que no perciban que su aparato político les garantice que el poder está a su alcance”.

Para lograr una ventaja estratégica las FARC plantean posiciones duras que manejan en un doble discurso: conciliatorio y ajustado al preacuerdo ante los negociadores en la mesa y radical y malintencionado ante los medios de comunicación, con el propósito de ganar la confianza de los colombianos desprevenidos. Así quedó demostrado al final del primer acuerdo (acceso y uso de la tierra), en el cual renunciaron a sus radicales posiciones ante los medios, a cambio de un logro político importantísimo, al obtener, así sea en el papel, la reforma rural integral, la que el Estado no ha podido hacer en los últimos cincuenta años.

¿De qué lado creen que quedó el partido en el primer tiempo?  Como parte de su estrategia y con el argumento de no aceptar una “paz exprés”, como la han denominado, seguirán dilatando el proceso, a fin de dar tiempo a su aparato político y propagandístico de fortalecerse, para lo cual resulta apropiada la tradicional y perversa combinación de todas las formas de lucha, mediante la que, a través del terrorismo y uso de las armas, mantienen vigente su presencia, mientras generan en la ciudadanía la necesidad de llegar a un acuerdo de paz. 

Las FARC siempre han demostrado una extraordinaria habilidad para aprovechar y sacar ventaja de las oportunidades que les brinda el sistema, aprovechando el sincero anhelo de paz de todos los colombianos y las ambiciones políticas de la clase dirigente. En el supuesto de que un acuerdo con el grupo terrorista va a poner fin a la violencia, la idea que quieren vender resulta fascinante y seductora para colombianos y extranjeros, ansiosos de ella pero desprevenidos de las verdaderas intenciones y sus consecuencias, ya que el terrorismo, como estrategia, se trasladaría a otros protagonistas. Las FARC han manifestado en repetidas oportunidades que los acuerdos de paz son un paso estratégico hacia la toma del poder, pero los colombianos no quieren creerlo.

Las FARC no pretenden renunciar a sus pretensiones de más de medio siglo y han convencido a los colombianos que ahora van tras sus postulados a través de la participación política. ¡Qué equivocados están los que así lo creen! El sistema electoral existente no es trasparente, los votos se compran y cuando no, se sujetan a la presión armada en muchas regiones del país. ¿Por quién votarían los habitantes de las zonas donde tuvo predomino las FARC tantos años y qué países financiarán  la campaña política del nuevo partido?

Debido a la corrupción, la falta de liderazgo, la pérdida de los principios y de identidad en sus postulados, la clase política ha sufrido un gran desgaste y muestra un grave deterioro en su credibilidad en los últimos años. La falta de cohesión, producto del sistema electoral, falta de lealtad y componendas burocráticas, han llevado a que minorías de izquierda se impongan en los procesos electorales, como lo ocurrido con la alcaldía de Bogotá. Frente a eso, nos preguntamos, ¿Estarán preparados los dirigentes de los partidos tradicionales para enfrentar una izquierda unida, con el apoyo de los supuestos desmovilizados de las FARC y otros grupos que sigan este camino?

Dentro de este proceder de la clase política, que se ha vuelto habitual desde hace ya por lo menos un cuarto de siglo, en que la prudencia cede el puesto a las ambiciones personales, no sería de extrañar que surjan alianzas con los terroristas supuestamente arrepentidos, con el fin de ganar curules y mantenerse en el poder.

Hablando de costos, ¿qué le espera a las Fuerzas Armadas? Si bien el Presidente Santos ha dicho que no se tocará la estructura y doctrina de la Fuerza Pública, sus promesas no tienen ya ninguna credibilidad ante el país. En este proceso de paz, durante más de un año en que afirmó no estar negociando con las FARC, secretamente adelantaba con su hermano y dos de los actuales delegatarios, diálogos en la Habana con los terroristas.

En el punto tres, numeral cinco de la secreta negociación se estableció que “El gobierno nacional revisará y hará las reformas institucionales necesarias para hacer frente a los retos de la construcción de la paz”. En el lenguaje convencional de los políticos y frente a la permanente deslealtad, hoy norma de conducta y, como ya lo han reclamado los terroristas, una drástica reforma y reducción de las Fuerzas Militares viene en camino. Y, aunque no lo fuera, ¿Cuál sería la suerte de éstas en caso de que las FARC llegaran al poder? y cabe preguntarse si saldrá el Estado colombiano a defender a los militares ante las acusaciones de los "nuevos congresistas" y de las cortes internacionales en el futuro. Para despejar estas dudas basta conocer lo que está sucediendo en otros países del cono sur y Centro América.

Sin ir demasiado lejos, ya el Fiscal General fijó su posición de olvidar, frente a los delitos de lesa humanidad cometidos por las FARC, mientras que para los militares argumentó ser problema del Congreso; sin embargo, en diciembre de 2012 expidió la Directiva 001, por la cual se crea la Unidad de Análisis y Contexto, cuya finalidad no es otra que perseguir a los mandos militares y policías, como los más altos responsables de los delitos más representativos en los últimos años, lo que se refleja en el llamamiento a indagatoria y detención diaria de militares de alta graduación.

Y qué decir de la intromisión y falta de respeto de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU y otras organizaciones internacionales, a las que les hemos dado patente de corso a través de los acuerdos firmados por Colombia respecto de los DDHH.

Con todos estos mensajes no pinta muy halagüeño el futuro de los militares que enfrentamos a los narcoterroristas de las FARC en los últimos cuarenta años, como tampoco lo pinta el de Colombia de seguir en el camino que dicta la estrategia artera de las FARC y el acomodo de la clase dirigente del país.



[1]  Centro Colombiano de Pensamiento Político Militar, adscrito al Cuerpo de Generales y Almirantes de las FFMM. (http://www.pensamientopolitico-militar.blogspot.com/).