domingo, 20 de noviembre de 2011

La entrevista del día

Dr. Gustavo Muñoz en declaraciones al Periódico "El Colombiano" de Medellín

Abogados esperan revisión de 150 casos de militares

DEFENSA DE 150 militares pidió a la Procuraduría que se conceda el beneficio de la duda a los procesos en los que el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo es contraparte. Piden reabrirlos y cambiar jueces y fiscales.
Rafael González Toro | Medellín | Publicado el 12 de noviembre de 2011
La defensa de 800 militares involucrados en procesos cometidos durante el servicio pidió a la Procuraduría General de la Nación que se otorgue el beneficio de la duda a 150 procesos (en curso y con fallos condenatorios) en los que la contraparte es el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, por considerar que "están viciados".

El anuncio lo hizo el abogado Gustavo Adolfo Muñoz, director de la Fundación La Nueva Esperanza de los Secuestrados, que representa a miembros de las Fuerzas Militares, tras conocer las denuncias hechas por el Gobierno y la Fiscalía en donde la mitad de las víctimas de la masacre de Mapiripán (ocurrida en 1997), por la que se cobraron millonarias indemnizaciones en contra del Estado, estarían vivas.

El abogado Muñoz habló con este diario sobre esta petición a la Procuraduría y otros temas que tienen que ver con la defensa de militares procesados por actos del servicio.

¿Por qué se quieren replantear esos procesos donde el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo es contraparte?
"Los procesos están viciados porque se le probó ya dolo en el caso de Mapiripán al Colectivo de Abogados. Asumo que como ese caso tiene dolo presupongo que en los otros también. La petición ya la hice ante el señor Procurador General de la Nación. Los procesos deben ser reabiertos con fiscales y jueces diferentes".

Desde la defensa de los militares procesados en casos cometidos en actos del servicio se habla de que la legislación no es acorde a los tiempos que se vive, ¿qué piensa usted?
"A los militares se los juzga con unas leyes para épocas de paz y un país sin conflicto interno armado. No se puede juzgar a actores que defienden la sociedad colombiana, como son las Fuerzas Militares, con leyes obsoletas que no van a la misma velocidad del conflicto interno armado, reconocido por el presidente Juan Manuel Santos. El Primer Mandatario, antes de reconocer un conflicto interno armado debió, primero, modificar la justicia para producir leyes que estuvieran acordes a este conflicto".

Otras voces dicen que en los casos de muertes en combate habría supuestos testigos que aportan pruebas falsas para lograr indemnizaciones, ¿qué tan cierto es?
"Es necesario que la sociedad entienda lo que hay alrededor de esto. Cuando hay un muerto en combate, la contraguerrilla tiene que parar el combate y no puede seguir persiguiendo a los facinerosos. Ese es el primer error.

Después, el segundo error, es que tiene que salir toda la contraguerrilla del área mientras se hace la investigación. En estos casos ya se han detectado tres oficinas de las Farc, en Arauca, donde entrenan testigos para casos de militares. Cada muerto, por la parte civil en Colombia, vale entre 2.000 y 3.000 millones de pesos y en la Corte Penal Internacional vale 400 mil dólares (unos 760 millones de pesos). Además, dejan al Ejército colombiano como una institución violadora de los derechos humanos y un Ejército de asesinos".

Y, según sus denuncias, ¿cómo repercute esto en las Fuerzas Militares?
"Todo lo anterior configura lo que está sucediendo con las Fuerzas Militares. Ya los militares no quieren pelear ni combatir por miedo, no al enemigo, sino a la justicia colombiana.

Cuando hay un muerto en combate queda para la Fiscalía como un homicidio. Ahí mismo, como le decía sacan a la contraguerrilla que ya conoce el terreno y una posición geográfica. Al sacarla meten unos militares nuevos que no conocen el terreno. Ahí ganan las Farc y el Eln porque a toda esa contraguerrilla la deja quieta un fiscal mientras emiten boletas de captura y se van los militares a la cárcel. Ese es el negocio. Ubican la familia de ese guerrillero muerto, se van a donde vive y les dan a los familiares y vecinos uno o dos millones de pesos".

Entonces, ¿cuál es la situación actual de las Fuerzas Militares si es que le temen a los procesos judiciales?
"El problema va más allá. Empieza y radica en estamentos superiores al Ejército Nacional como son el Gobierno, el poder Judicial y la comunidad internacional, encabezada por algunas ONG que hace algún tiempo tienen asustados y arrodillados a los militares colombianos. Acá han salido comandantes de Brigada a pedirles excusas a los familiares de algún muerto por la acción de algún miembro de su unidad militar sin decisiones judiciales en firme. El mal está empezando desde adentro de las Fuerzas Militares que se están dejando asustar por ONG internacionales que le hacen mucho daño a Colombia. El país, por darle gusto a la comunidad internacional y poder conseguir recursos y firmar tratados como el TLC se tuvo que arrodillar ante la comunidad internacional y suscribirse como miembro de la Corte Penal Internacional".

Según lo que usted afirma, que Colombia integre la Corte Penal Internacional, ¿entonces dificultó la labor de las Fuerzas Militares en su lucha contra las guerrillas?
"Uno de los daños que permitió el Gobierno colombiano fue hacer parte de la Corte Penal Internacional. Ahora resulta que el juez español Baltasar Garzón es asesor en políticas de paz en Colombia. Como si este juez tuviera idea de lo que está pasando en el país. Hay gente extranjera con oscuros intereses en el país. Por eso ahora los militares viven muertos del susto por temor a perder sus carreras y por ir a la cárcel".

Este diario se comunicó ayer con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo en Bogotá y desde esa oficina se respondió que "en el momento no había quien atendiera esta petición".

miércoles, 16 de noviembre de 2011

La Opinión del día

SOMOS PENDEJOS!
·      
·       Diario El Tiempo
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/saludhernndezmora/IMAGEN/IMAGEN-8042920-1.jpg
Salud Hernández-Mora
No sé si somos bobos o lo parecemos. Libramos una guerra contra la barbarie de las Farc y nos dedicamos a pendejear y a concederles facilidades.
No sé si somos bobos o lo parecemos. Libramos una guerra contra la barbarie de las Farc y nos dedicamos a pendejear y a concederles facilidades.
Es increíble que el Ejército encuentre computadores, USB y demás archivos electrónicos en la madriguera de Cano y en lugar de dárselos a inteligencia militar para que los analice y sigan golpeándolos duro, los entregan a la Fiscalía por orden del Gobierno. Eso supone que antes lo conocerán los medios de comunicación que sus verdaderos dueños. O que el día que esté en poder de las FF. MM. ya será material viejo.

Pero hay más. Como no deben considerar lo anterior suficiente ventaja, le agregan una ñapa. Establecen que la operación Odiseo es un caso no solo ordinario, sino sospechoso y se lo dan a un fiscal de Derechos Humanos. Por lo tanto, puede llamar a declarar a los que participaron, incluido el soldado que disparó contra 'Cano', y dejarlos al descubierto. Y si se le antoja ir más lejos, podría solicitar la identidad de los informantes.
Insisto, cada día nos parecemos más a los habituales tontos útiles de las Farc, esto es, Piedad Córdoba y los partidos comunistas latinoamericanos. No es casualidad que Teodora saliera de inmediato a soltar una sarta de mentiras con el fin de sembrar la duda sobre el operativo. Afirmar que la muerte del responsable de incontables crímenes atroces pone en riesgo la paz, así como la vida de los secuestrados, es una villanía, además de un vano intento de revestir de dirigente político pacifista a quien no era sino un desalmado terrorista.

Si 'Alfonso Cano' hubiera apostado por la reconciliación, hoy estarían en sus hogares los 17 compatriotas que padecen el peor martirio que se le puede infligir a un ser humano. El próximo 21 cumplirá catorce años en cautividad el sargento José Libio Martínez, y sus otros compañeros llevan no menos de diez años en el mismo cruel padecimiento.

Y si el amigo de Piedad o Teodora, como quieran llamarla, hubiera estado pensando en ofertar la paz, no habría estallado la chiva bomba en Toribío, que mató a seis inocentes y dejó sin hogar a medio millar de empobrecidos ciudadanos.

Venir a decir que preciso en este instante tenía un mensaje de 'Cano' para el Presidente, tendiendo la mano, y que todo quedó abortado por su muerte, es hacerle el juego a la guerrilla. Piedad sabe mejor que nadie que Santos está dispuesto a dialogar con esa gente, pero antes necesita que muestren gestos serios y no solo comunicados falaces para que los colombianos se traguen el sapo.

La caída del jefe terrorista, un triunfo militar que merecía el excelente general Alejandro Navas, no despeja, sin embargo, las dudas acerca de la moral de la tropa. No es que no quieran pelear, es que, con la Justicia en su contra y la escasa voluntad política de protegerlos, están en evidente desventaja.

Lo prueba la mencionada entrega del valioso arsenal documental al CTI, así como someter el cadáver de 'Cano' a los más estrictos protocolos forenses que existen en el mundo. Con ambas medidas, además, envían al exterior el mensaje de que el propio Estado duda del Ministro de Defensa y del Comandante de las Fuerzas Militares. Porque, conociendo lo tropero que es Navas y la importancia del blanco, él mismo habrá hecho un estricto seguimiento de la misión y es evidente que Pinzón también conocería los pormenores.

Pensar que alguno de los dos permitiría torturas u otras irregularidades resulta humillante. A ver si algún día nos sacudimos ese estúpido complejo de que somos los malos y tenemos que bajarnos los pantalones para agradar a los de afuera.

P. D. No esperen de las Farc nada distinto a guerra y más guerra. No hay ideólogos y políticos en el Secretariado, sino terroristas igual de despiadados.



La muerte de Cano de las FARC

LA IMPOTENTE RABIA DE LOS APOLOGISTAS DE LAS FARC



09-NOV

Era patética la imagen de una Piedad Córdoba descompuesta y como una mitológica furia, condenando la baja de alias Alfonso Cano, ‘denunciando’ que las bombas y ‘el plomo’ del Ejército estaba atacando a las comunidades civiles e indígenas, algo absurdo que ningún colombiano ha creído porque los resultados operativos, con el concurso de la Fiscalía General de la Nación y el CTI, demuestran que no se presentaron daños colaterales y en la Operación Odiseo nunca se puso en riesgo a los pobladores en el teatro de operaciones.


No se entienden la relación de una presunta amenaza contra la vida de los secuestrados que hace la señora Piedad Córdoba en su comunicación de solidaridad con las Farc por la baja del cabecilla narcoterrorista, seguramente las autoridades judiciales tomarán atenta nota de las palabras de la exsenadora para adosarlas al expediente que por farcpolítica se le sigue.


Pero no sólo fue Piedad Córdoba la que se movió para evitar el combate final contra la narcoguerrilla. El MOVICE de Iván Cepeda y SINTRAUNICOL, al tener conocimiento de que se adelantaban operaciones contra el bandolero, no dudaron en adelantar toda una campaña mediática para tratar de torpedearlas, por tal motivo produjeron un comunicado a las 09:45 horas del día 4 de octubre, con amplia difusión nacional e internacional en el que señalaban que estaban ‘denunciando ante la comunidad nacional e internacional’ que “desde las 9:00 a.m. (4 de noviembre), 24 helicópteros del Ejército bombardean indiscriminadamente las veredas (…) Chirriadero y Yarumal del Resguardo Indígena de Honduras[1][1] (…). A su paso, el bombardeo ha dejado animales muertos y multitudes de niños, niñas, mujeres y hombres atemorizados…”[2][2].


Mentían. La balacera fue desde tierra, contra los helicópteros y sus ocupantes. Los tipos del comunicado se jugaron el todo por el todo para obstruir la acción de las autoridades. Pidieron una avalancha de protestas para amilanarlas, porque bastaría un día sin presencia militar para salvar a su líder. Esa desembozada acción criminal no les sirvió. Cano murió y ahora ojalá las autoridades los investigan a ellos[3][3], para determinar la inmediatez modotemporal de la indudable comunicación directa que mantienen con la banda criminal.


Debe recordarse que SINTRAUNICOL fue la organización que otorgó poder al Colectivo de Abogados Alvear Restrepo para denunciar penalmente a miembros del anterior gobierno que señalaron la presencia de sindicalistas colombianos en una reunión de la Coordinadora Continental Bolivariana de las Farc en el Ecuador.


Todas estas ONGs, incluida Colombianas y Colombianos por la Paz de Piedad Córdoba, pretenden ahora señalar que la muerte de Alfonso Cano, no es un duro golpe para las Farc, sino para la paz de Colombia, desarrollando una guerra psicológica a favor del narcoterrorismo al difundir la especie de que “Las poblaciones originarias (definición neocomunista de los indígenas), y los trabajadores del campo serán las principales víctimas de continuarse los enfrentamientos entre los grupos insurgentes y las fuerzas de seguridad de Colombia”[4][4].


Después de descubierta la farsa de las denuncias del Colectivo Alvear Restrepo con relación a los llamados ‘falsos positivos’ y las masacres con complicidad del Ejército, los apologistas de las Farc decidieron quitarse definitivamente la máscara y mostrar que no son ningunos defensores de los derechos humanos, sino los agentes encubiertos del PC3 que adelantan la guerra jurídica y política contra la institucionalidad militar para imponer el modelo neocomunista promulgado en el Foro de Sao Paulo.

[2][2] EL TIEMPO. Movice y Sintraunicol quisieron salvar a Cano.  Opinión. 8 de noviembre de 2011. En: http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/josobduliogaviria/zona-franca_10727944-4

[3][3] Ibíd.

[4][4] MATRIZUR. Piedad Córdoba: “Muerte de Cano es un duro golpe para la paz”.  5 de noviembre de 2011. En: http://matrizur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=15851:-piedad-codoba-qmuerte-de-cano-es-un-duro-golpe-para-la-pazq-&catid=37:patria-grande&Itemid=56

domingo, 13 de noviembre de 2011

La injusta Justicia

The Wall Street Journal - 09-Nov-11 – Latinoamérica

Una estafa de 'derechos humanos' en Colombia

Por:  Mary Anastasia O'Grady

Mientras el movimiento de los indignados en Wall Street causaba revuelo sobre las maldades de la avaricia corporativa, un escándalo internacional de miles de millones de dólares estallaba el mes pasado en Bogotá, dejando al descubierto codicia y corrupción en el mundo de las "organizaciones no gubernamentales" (ONG) de derechos humanos.

La muerte por parte del ejército de Alfonso Cano, el comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), podrá haber conseguido grandes titulares durante el fin de semana. Pero no espere que la historia sobre la ONG reciba mucha atención de la prensa. No encaja con la narrativa pre-aprobada sobre las virtuosas organizaciones, que supuestamente tienen una meta superior que obtener ganancias. Sin embargo, los registros mostrarán que Colombia ha sido estafada por un grupo de abogados de izquierda enmascarados como personas que hacen el bien en pos de los derechos humanos. Esto plantea preguntas serias sobre si las mismas tácticas podrían haberse usado en muchos otros casos.
Esta estafa en particular se produjo en 2005, cuando la ONG colombiana Colectivo de Abogados de José Alvear Restrepo (Cajar) llevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, el caso de una "masacre" en 1997 en la población de Mapiripán. Cajar sostuvo que 49 personas habían sido asesinadas por fuerzas paramilitares, y culpó a las Fuerzas Armadas colombianas. Afirmó que el ejército podría haber intervenido pero no lo hizo, y que las familias de las víctimas merecían una importante compensación del Estado. La corte estuvo de acuerdo. Los contribuyentes colombianos tuvieron que desembolsar unos 15.300 millones de pesos, o US$8 millones.

La semana pasada, un abogado de Cajar admitió que la ONG se quedó con 7.000 millones pesos del dinero de ese arreglo. Nada mal para trabajo de caridad. Sin embargo, quedarse con la mitad de lo que les correspondía a los campesinos podría ser la menor de sus ofensas. Según la oficina del fiscal general de Colombia, una investigación reciente muestra que por al menos 36 de las llamadas víctimas aún están vivas o, si murieron, no fallecieron en Mapiripán. El fiscal general sostiene que la cantidad conocida de muertos en Mapiripán es de seis personas, y siete están desaparecidos. Estos descubrimientos conllevan la fuerte implicación de que el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se construyó sobre un fraude.

De ser así, el engaño no comenzó en San José. Cajar previamente había sostenido lo mismo en cortes colombianas y había tenido éxito. Esto no tuvo como consecuencia grandes sumas para los abogados y demandantes, pero sirvió para condenar a un general del ejército que ni siquiera era comandante de la región en ese momento, y estableció, según la corte, la culpabilidad del Estado por una masacre de dimensiones considerables. Entonces Cajar llevó esa sentencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde reclamó una compensación monetaria para las 49 víctimas.

Cabe anotar que un abogado de Cajar afirma que la organización fue engañada junto con el estado colombiano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Fue una cadena de engaños", afirmó Rafael Barrios durante una reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington hace 10 días. Pero es difícil creer que simples campesinos idearon este plan por su cuenta y engañaron a sofisticados abogados, al sistema legal colombiano y a la corte de derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Por lo menos, una de las "víctimas", Mariela Contreras Cruz, cuenta una historia distinta.

Según informes de la prensa colombiana, Contreras, cuyo esposo fue asesinado por las guerrillas de las FARC, afirma que cuando fue contactada por Cajar por primera vez no estaba enterada de una demanda judicial en busca de compensación. Según entendía, la organización buscaba personas desaparecidas y encontrar a sus dos hijos desaparecidos era lo único que quería en ese momento. "Yo nunca dije que mis hijos estuvieran muertos, yo les dije que estaban desaparecidos". La mujer afirma que en su momento le dijo lo mismo al fiscal general de Colombia pero fue ignorada.

Contreras sostiene que recibió 1.751 millones de pesos en compensación para víctimas y dice que cuando eventualmente encontró a uno de sus hijos, lo llevó a ver un abogado de Cajar. El abogado, afirma Contreras, le dijo que lo "dejaran así".

La revelación de que una supuesta masacre en Mapiripán fue inventada ha desatado indignación en Colombia. "Es una burla al Sistema Internacional de Derechos Humanos, que tanto hemos defendido", afirmó el presidente Juan Manuel Santos en los días posteriores a que se conociera la revelación. "Es triste que situaciones como estas, de avivatos que no pueden llamarse más que corruptos, minen la credibilidad del sistema", agregó.

Colombia ya ha pagado US$25 millones en 12 casos de ese tipo que perdió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante varias ONG. El ministro del Interior Germán Vargas Lleras advierte que el fraude en el caso de Mapiripán podría repetirse en otro lugar. "Si esto ocurrió en un caso tan sonado, no se descarta que comportamientos similares hayan tenido lugar en otras investigaciones".

De hecho, comportamientos similares están documentados. Como informé en esta columna en junio de 2001, se sabe que simpatizantes de las Farc practican la "guerra judicial" al lanzar acusaciones sobre violaciones de derechos humanos contra los militares. Manipular testigos y usar testimonios condicionados son comportamientos habituales.

¿Entonces por qué no se descubrió esto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Un problema es que los testigos pueden presentar su testimonio a través de un apoderado (aunque Contreras acudió a la corte) y en esos casos no hay interrogatorios. Cuando los militares colombianos están tan difamados internacionalmente por la propaganda de las Farc, la presunción de inocencia probablemente quedó perdida en el camino.

miércoles, 9 de noviembre de 2011

La injusta Justicia

FALSOS POSITIVOS: EL PLATO TÍPICO DE LA COCINA CRIOLLA CON MÁS VARIEDADES.  APRENDA A PREPARARLOS
Por Brigadier General (r) Adolfo Clavijo

Si usted desea preparar un manjar que contribuya sustancialmente a alimentar la desestabilización y a nutrir el caos que reina en Colombia, en especial en el contexto de la administración de justicia, a continuación le sugerimos seis recetas que no fallan. En épocas pasadas existía una más que, por haber entrado en decadencia, no forma parte de este recetario, aun cuando se cita.
                                                                             
1.- Falso Positivo Alvear Restrepo. Tome una masacre de los ‘paras’ (con las de la guerrilla no se meta), multiplique por cuatro o cinco el número de víctimas. Una vez obtenido el resultado, busque igual número de personas dispuestas a colaborarle a cambio de alguna dádiva. A cada una de ellas, convénzala de que hay un militar comprometido en la masacre y que, por lo tanto, debe demandar al Estado y cobrar indemnización por cada víctima, verdadera o ficticia. Instrúyala bien sobre cómo mentir y persuádala a que le dé a usted el poder para representarla. Lleve el plato al horno (Fiscalía – Juzgados) y déjelo allí por dos o tres años. Al sacarlo, tendrá una valiosa comida. Por cada porción podrá cobrar 300, 400 y hasta 500 millones de pesos que le representarán como mínimo un 40% de ganancia.

Restaurantes donde esta receta ha tenido éxito: Mapiripán, La Rochela, Pueblo Bello.

Cliente más asiduo: Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

2.- Falso Positivo ONG. Recolecte los resultados de las operaciones militares. Mediante testigos falsos y testimonios amañados, convierta a cada guerrillero dado de baja en un humilde y honesto campesino, víctima de ejecuciones extrajudiciales del Ejército. Averigüe el nombre de los militares que adelantaron la operación y denúncielos ante la Fiscalía. Repita este procedimiento cada vez que los militares golpeen a la guerrilla. Métale papel periódico al fogón para avivar el fuego de manera que todo el mundo se entere de que hay un militar en cocción. Atice el fuego en forma permanente para que el cocido no se enfríe.

Chefs expertos en la preparación de este plato: Comisión Colombiana de Juristas, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Asociación de Familiares de Desaparecidos (Asfaddes).

3.- Falso Positivo Fiscalía. Reúna los platos de Falsos Positivos denominados Alvear Restrepo y ONG, cuyo ingrediente principal es carne de militar; póngalos en una olla a presión -que pite bien fuerte, que haga mucha bulla. No olvide adobarlos antes con sus propios falsos testigos y agregarles montajes de pruebas que le den a la nueva preparación un auténtico sabor a delito de lesa humanidad. Recuerde que como se trata de militares o policías, hay que echarles clavo a como dé lugar. Déjelo  calentar durante un tiempo. Cuando esté en ebullición, llévelo al correspondiente Juzgado pero asegúrese de que el Juez acepte sus condimentos y su guisado. En el juzgado, recubra la vianda con versiones falsas de los que negocian penas, sentencias, a cambio de rebajas y de prebendas, incluidas estadías pagas en EE.UU o Canadá.

Vademécums de recetas: Convenio Mindefensa – Fiscalía y Directivas 10 y 19 del Ministerio de Defensa.

Platos más representativos: Palacio de Justicia, Santo Domingo.

4.- Falso Positivo Juzgados. Reciba los ingredientes acusatorios que le pase la Fiscalía sobre militares. Sazónelos con las hierbas llamadas “declarantes falsarios” y “argumentos incongruentes”, que nunca faltan en su cocina. Deles valor concluyente y métalos al horno por 30, 40 ó 50 años.

Nota: No acepte los ingredientes que la defensa quiera aportar.

Tratado para esta receta: “Cómo disponer lo contrario de lo que las evidencias indican, sin que le pase nada”

5.- Falso positivo CIDH. Asegúrese de que los ingredientes para preparar su plato provengan solamente de proveedores de confianza como la compañía Alvear Restrepo y ONG amigas. No utilice los ingredientes que le lleve el Estado. Agréguele a su fórmula dos dosis de humillación al Estado: oblíguelo a pedir perdón en forma pública y a construir un monumento que le recuerde quién es el que manda.  No olvide que por cada plato puede cobrar entre US$300.000 ó US$400.000.

Los platos rotos de este proceso los paga el Ministerio de Defensa con su presupuesto.

6.- Falso Positivo Militar. Esta preparación estuvo de moda en una época. Hizo mucho daño pero, por fortuna, las fórmulas empleadas para eliminarla están dando resultados. La receta tiende a acabarse definitivamente.

7.- Falso Positivo Estado. Para preparar este pastel, tome la Constitución, sáquele los artículos que tienen que ver con la Justicia, refórmelos, cámbielos, modifíquelos o adiciónelos con participación de las tres Ramas del Poder. Tenga cuidado de no afectar los sabores actuales de ineficiencia, ineficacia, incompetencia, sesgo, politización y tardanza aportados por la Justicia colombiana. Someta la mezcla a ocho hervores: cuatro en la Cámara y cuatro en el Senado. Désela a probar al Presidente y difúndala. Al poco tiempo se dará cuenta de que esa receta no sirvió y que causó algunos malestares. Tendrá que preparar una nueva, pero si no cambia los ingredientes o la forma en que los utiliza, el resultado será tan insípido o tan dañino como el anterior.

COROLARIO

La metáfora anterior refleja una realidad nacional muy grave. El conflicto interno colombiano se ha convertido para algunos en una oportunidad más para defraudar al Estado, empleando artimañas que, bajo una máscara de intención altruista, ocultan la realidad de lo que están haciendo, que es algo perverso. En efecto, hay organizaciones que en apariencia están dedicadas a realizar acciones humanitarias o positivas pero lo que en el fondo buscan es obtener descomunales beneficios económicos. Para ello cuentan con tres circunstancias que favorecen su perfidia. Por una parte, con su falta de dignidad y una maquinación delictiva e inicua como es la de explotar situaciones o tergiversar hechos y mancillar nombres con el exclusivo propósito de lucrarse.

Por otra parte, con la inexplicable actitud de la administración de justicia, que en muchos casos falla muy lejos del derecho, según las evidencias conocidas. La tercera circunstancia tiene que ver con la negligencia de la parte del Estado, distinta a la Justicia, que no toma medidas para impedir que ocurra lo que está ocurriendo en perjuicio de colombianos inocentes, de los dineros públicos y de la paz misma por cuanto estos procedimientos dan lugar a la continuidad indefinida del conflicto.    

Se emplea para este análisis la figura de la metáfora para presentar de la manera más explícita posible la situación que se describe, no para que sea soslayada. Por eso se analizan a continuación los eufemismos puntualizados.

1.       El hecho de matricularse como una organización defensora de los derechos humanos -colectivos de abogados y ONG-, para en la realidad urdir fechorías que llevan al Estado a pagar cuantiosas indemnizaciones, como la que acaba de descubrirse en relación con el caso Mapiripán y otros que están por ser develados, es un engaño. Aquí se aprovecha una causa noble para entrar al mundo de la iniquidad. Es un auténtico falso positivo, término acuñado por la izquierda para conculcar al Ejército, pero se les está devolviendo.  

2.       El hecho de pervertir casi todas las operaciones militares para desprestigiar a la Fuerza Pública, como lo hacen algunas ONG que fungen de defensoras de los derechos humanos, y de ahí buscar réditos políticos, ideológicos y económicos es un verdadero oprobio. Es, indiscutiblemente, un falso positivo demasiado infame; se busca hacer enviar a la cárcel a personas inocentes para obtener dádivas mezquinas.   

3.       Cuando la Fiscalía procesa a militares y sesga las investigaciones por razones políticas, ideológicas o intereses sórdidos de otra naturaleza, le está dando forma a un falso positivo. Aparentemente, cumple con su deber pero lo hace  de manera pérfida.

4.       Cuando el Juez de la causa decide fallar en contra de las evidencias y a favor de intereses improcedentes cae en los terrenos de los falsos positivos: aplica justicia pero dejando de un lado la ecuanimidad y la probidad.


5.       Los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dejan mucho que desear. Siempre sanciona al Estado, incluso en casos en los cuales ya ha procedido la justicia colombiana, como en el caso de La Rochela. Esta Corte, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su instancia superior, deberían ser más diligentes en comprobar las acusaciones, y el Estado colombiano debería, a su turno, ser más acucioso en el nombramiento de los abogados que lo defienden, pues los que lo han hecho hasta ahora siempre han perdido los juicios. La imposición de pedir perdón y construir monumentos alusivos a los hechos es una degradación que sólo favorece a los enemigos del Estado. Entonces, si los fallos de la Corte no están debidamente sustentados en la realidad, pasan a ser fallos incongruentes, por no decir falsos positivos.  

6.       Los falsos positivos militares, que en realidad ocurrieron, ahora, gracias a que los programas y gestiones oficiales que se adelantaron para erradicarlos dieron excelentes resultados, tienden a terminarse; prácticamente ya no se presentan. Por eso no se analiza esa situación.

7.       La Reforma a la Justicia que está en trámite legislativo no corrige ninguna de las graves deficiencias que muestra en la actualidad la administración de justicia. No se necesitaba cambiar o adicionar 28 artículos de la Constitución ni adicionar un nuevo capítulo porque con ello no se corrigen los aspectos relacionados con ineficiencia, ineficacia, parcialidad, politización y lentitud. Se creó una expectativa que tiene cara de falso positivo.

Si el Estado, a raíz de lo que viene ocurriendo en el sector de la justicia, no toma medidas radicales para eliminar las aberraciones que se están presentando, seguimos condenados a tener conflicto por muchos años más. El hecho de no actuar severamente sobre quienes delinquen empleando pretextos que resultan falaces, es perder una de las mejores oportunidades que se han presentado para ir cambiando el rumbo de la confrontación. Ojalá esta omisión no ocurra.


Bogotá, D.C. noviembre de 2011




lunes, 7 de noviembre de 2011

La Opinión del día

El gran golpe
Señor Director:
La muerte de alias 'Alfonso Cano' reafirma el concepto de que el "terrorismo no paga". Muestra unas FF.MM. a la ofensiva, pacientes y perseverantes, a pesar de la injusticia judicial y las críticas con fondo desmotivador y destructivo. Es, también, un mensaje a los integrantes de la organización terrorista de que están a tiempo de desmovilizarse. Que acojan la mano del Estado, que les ofrece la oportunidad de volver a la vida civil. Quiera Dios que en unos años no salga una demanda por violación de DD. HH. y se juzgue y condene a los héroes que planearon y ejecutaron la operación 'Odiseo'.
Felicitación a todas nuestras FF. AA., en especial a los soldados que, noche a noche, con sacrificio y valor, patrullan selvas y montañas de la geografía nacional.
Bogotá, 7 de Noviembre de 2011
Coronel EJC Ricardo García Ch.
Tomado de el diario El Tiempo. Foro del lector

domingo, 6 de noviembre de 2011

Trascendencia político-estratégica de la muerte de Alfonso Cano

Por: Coronel Luis Alberto Villamarín Pulido - Analista de asuntos estratégicos

La baja en combate de Alfonso Cano cabecilla de las Farc significa un punto de quiebre a favor del Estado en la guerra  de Colombia contra el narcoterrorismo comunista, la máxima posibilidad que tiene el gobierno nacional para arreciar la ofensiva militar, política y sicológica contra las estructuras farianas; la oportunidad de oro para desenmascarar y judicializar a todos los cómplices nacionales e internacionales del grupo terrorista, la necesaria revitalización y solución a los problemas de bienestar de las Fuerzas Militares y de policía; y, la posibilidad para incrementar avances hacia la paz, con base en una estrategia integral que contenga elementos de desarrollo socioeconómico y combate al narcotráfico para evitar la incorporación de jóvenes a las cuadrillas.

No es cierto como afirman algunos “expertos”, que las Farc se “bandolerizarán” debido a la muerte de Cano, pues desde siempre han sido bandoleros, y narcoterroristas, en su más reciente etapa. Tampoco es cierto que habrá pugnacidad entre los cabecillas del Secretariado por ocupar la dirección de las Farc. Ese problema se soluciona acorde con los estatutos farianos.

El Plan Estratégico y los documentos programáticos de las Farc indican que  el Secretariado tomará una decisión colectiva para elegir al nuevo cabecilla y escoger al suplente del “Estado Mayor”, que llenará el vacío dejado por Cano. Podría ser Carlos Antonio Lozada. Como es obvio, dadas las condiciones actuales, este proceso tomará un tiempo prudencial, periodo durante el cual pueden ocurrir deserciones, nuevos combates  e inclusive más golpes contra otros cabecillas.

En esencia, el nuevo cabecilla será elegido por consenso del Secretariado. En ese lapso las Farc seguirán la línea impuesta por Cano, de sobrevivir asimilando nuevas circunstancias de la guerra. Así lo han hecho durante cinco décadas y ese es el legado de Tirofijo y los guerrilleros marquetalianos.

En ese orden de ideas, todos los méritos y los honores del trascendental golpe táctico corresponden para los soldados colombianos, verdaderos arquitectos de los logros. Como siempre suele suceder en un gran triunfo, los oportunistas se quieren subir al tren de la victoria con ansias de protagonismo y búsqueda de réditos politiqueros.

Sin inmutarse, ni aceptar la verdadera responsabilidad de la situación de desorden público que hubo en Colombia derivada de su miopía estratégica y falta de carácter, el ex presidente Pastrana se atrevió a decir, que su labor como mandatario, originó este tipo de operaciones. Y la exministra de Defensa  Lucía Ramírez, osó  decir que ella trazó toda esta estrategia. Pero cuando hay fracasos, todos actúan igual a Santos o a Samper, cuyo criterio indica que las cosas malas suceden a sus espaladas.

Las Fuerzas Militares de Colombia son hoy paradigma universal en operaciones aerotácticas contra objetivos de alto valor estratégico. Con base en un esquema sencillo pero efectivo y bien articulado,  los servicios de inteligencia militar dotados con elementos de inteligencia técnica localizan a los cabecillas y las estructuras de mando terroristas; la Fuerza Aérea bombardea con alta precisión y las Fuerzas Especiales terrestres desembarcan de aeronaves en vuelo estacionario sobre los núcleos de resistencia terrorista y combaten con arrojo hasta consolidar el objetivo.

Son operaciones tácticas con profundas connotaciones político estratégicas, que en los casos de Fénix, Jaque, Sodoma, Camaleón y ahora Odiseo contra Cano, no solo fortalecen el espíritu combativo de las tropas, sino que aumentan la sensación de seguridad entre los colombianos y generan enorme desazón y presión sicológica entre los terroristas.

El caso específico la muerte de Cano en combate, trae consigo varias consecuencias político-estratégicas:

1.       Por enésima vez Chávez, Correa, Evo Morales, Daniel Ortega, Fidel Castro, Cristina Kirchner, Dilma Russeff y Lula Da Silva, encuentran un insuperable obstáculo a su propósito totalitarista, de meter a Colombia en la órbita de la pobreza estructural añorada por la dictadura cubana y sus peones, sobre el hemisferio latinoamericano.

2.     Quedan sin piso, todos los planes secretos y tretas amañadas que vienen realizando los  autodenominados colombianos por la paz, con el fin de legitimar a las Farc en contubernio con el Foro de Sao Paulo y los partidos comunistas del continente.

3.       El Plan Estratégico de las Farc y su apéndice el Plan Renacer orientado por Cano, sufren un nuevo revés y encuentran un nuevo escollo, que llegará a ser insuperable, de mantenerse el ímpetu de la ofensiva militar del Estado.

4.       La doctrina político-militar de la Defensa Nacional colombiana recibe nuevos elementos y refuerza conceptos,  que necesitaban más argumentos para darles cariz científico-académico.

5.       Se abre una posibilidad muy amplia para revivir el Plan Lazo ideado en 1962 por el general Alberto Ruiz Novoa por medio de acción sicológica, cooperación civil-militar e integración con la comunidad en proyectos socioeconómicos que junten a los campesinos y personas de estratos 1 y 2, en procesos productivos, que los tengan ocupados en el desarrollo nacional y alejados de las invitaciones a integrar grupos terroristas.

6.       Queda abonado el terreno para que el Ejército Nacional desate un campaña intensa de invitación a la deserción con argumentos sólidos basados en las permanentes bajas de cabecillas, la esterilidad del narcoterrorismo, la evolución del mundo moderno, el retraso que sufre Colombia con la violencia, la necesidad de construir un mejor país, etc. Pero para eso se necesita compromiso real del gobierno Santos y no solo la consuetudinaria politiquería electorera.

7.       Las Fuerzas Militares tienen el sartén por el mango para exigir al gobierno nacional que resuelva de una vez por todas, el inexplicable retraso en el pago de los salarios ordenados por la ley desde 1992; recomponer el vergonzoso servicio de salud de las Fuerzas Militares y recobrar el Fuero Militar así como la inclusión de un equipo de alta calidad de defensa jurídica de los uniformados que participan en operaciones contra los terroristas.

Asimismo la experiencia acumulada durante la etapa de guerra en el escenario político-estratégico, alcanzada en el conflicto colombiano a partir de la muerte de Miller Perdomo en el Sumapaz y la captura de Simón Trinidad en Ecuador, obliga al Estado colombiano a corregir una grave falencia, derivada de la actual realidad de los preceptos de seguridad nacional:

“Ni los militares colombianos saben de política, ni los civiles saben de defensa nacional”, debido a que muchísimos colombianos, creen que el problema del narcoterrorismo comunista se reduce a los choques armados y que la paz es asunto unívoco del presidente de turno con los  cabecillas de los grupos narcoterroristas.

El gobierno colombiano tiene la oportunidad de oro para desenmascarar y judicializar  a los socios nacionales e internacionales de las Farc. Los siete computadores, las 39 USB y los 24 discos duros incautados, a la par con otros documentos hallados a Cano y sus escoltas,  contienen los datos que corroboran los nexos de los gobiernos vecinos cómplices de las Farc, y los vínculos de muchos colombianos que osan de pacifistas, pero que en realidad hacen parte de las Farc por medio del Partido Comunista Clandestino (PC3) y del legal (PCC).

Es inaceptable que estos documentos electrónicos se vayan a convertir en lo que fueron los computadores de Reyes y Jojoy: Herramientas para hacer politiquería barata en consejos comunitarios cada ocho días, decisiones  inexplicables de los altos tribunales, y herramientas para que los estafetas de las Farc, no solo mientan con cinismo sino para que de manera increíble demanden al Estado Colombiano, dizque como víctimas de persecuciones.

La muerte de Cano, igual que la de Jojoy y la de Reyes, entregó al gobierno nacional toda la información con el mapa detallado de los avances y retrocesos del Plan Estratégico de las Farc, sus contactos nacionales e internacionales, sus planes a mediano y largo plazo, sus cómplices, sus propiedades y testaferros, y desde luego las claves de comunicaciones, y otros elementos para que con mucho tino sean golpeadas las demás estructuras farianas.

El balón está en la cancha del gobierno. Presión militar intensa, desarrollo socioeconómico, acción sicológica y combate a la corrupción. Si esto se hace, por sustracción de materia, la paz estará cera y obligará a los terroristas a liberar los secuestrados, última carta que les queda a las Farc y a sus socios para resucitar el cadáver político del grupo criminal.

Esa es la trascendencia estratégica y política de este golpe, que además de una magistral operación de combate aerotáctico en ambientes de guerra de guerrillas, pudiera ser el paso definitivo para derrotar a las Farc; pero no al germen de la revolución comunista, de persistir la arrogancia politiquera de Santos, la ambición egocéntrica de los politiqueros de siempre, el manoseo a las instituciones militares y el rampante desconocimiento de la población civil y sus dirigentes acerca del Plan Estratégico de las Farc.

Si no se actúa con  visión estratégica integral, podría repetirse el fenómeno del resurgimiento del Eln después de la contundente Operación Anorí, que en 1973 terminó con la muerte de los hermanos Vásquez Castaño, equivalentes al mono Jojoy y al Cano de las actuales Farc.

Bogotá, Sábado 5 de Noviembre de 2011

Tomado del sitio:   www.luisvillamarin.com